El Gobierno  presidido por José Luis Rodríguez Zapatero está impulsando una intensa agenda de reformas sociales y políticas desde marzo de 2004. Por ello, y porque el programa electoral del PSOE contenía algunas propuestas fiscales interesantes, parecía llegado el momento de una reforma importante de la desoladora herencia dejada por el Partido Popular en materia tributaria, como en tantos otros ámbitos de la realidad española.
Debo decir que las líneas generales de la proyectada primera reforma  fiscal del Gobierno Zapatero resultan notoriamente decepcionantes, insuficientes y preocupantes.
En primer lugar, no sólo no se da un giro en los planteamientos de tributación de las rentas del capital de los Gobiernos de Aznar, sino que se profundiza en esa dirección. Es inconcebible que un euro ganado no tribute igual cualquiera que sea sus fuente de origen. Si procede de las rentas del trabajo o de actividades profesionales y empresariales tributa de acuerdo a una tarifa progresiva que puede llegar al 43% en la reforma proyectada. En cambio, las rentas del capital tributarán al 18% (actualmente lo hacían al 15% las generadas en un plazo superior al año y a tarifa progresiva las obtenidas en menos de un año).
En segundo lugar, la reforma no adopta como eje básico remediar la injusticia que supone el desmedido peso de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo (que suponen un porcentaje próximo al 80% de las rentas declaradas en el IRPF) y que, además, sufren por la vía del consumo el mayor efecto del IVA. No se acomete una reforma decidida de la tributación del sistema de módulos de las pequeñas empresas, ni una eliminación de los regímenes de privilegio de que gozan las sociedades de inversión mobiliaria ni de los numerosos regímenes especiales privilegiados existentes en el Impuesto sobre Sociedades. En resumen, con la reforma planteada la presión fiscal seguirá recayendo desmedidamente sobre los asalariados.
Finalmente, y posiblemente, es el capítulo más importante, sigue pendiente abordar la lucha contra el fraude fiscal como prioridad política del Gobierno.
A finales del año 2004 se elaboró un Plan de Prevención del Fraude, puesto en marcha en 2005 con algunos buenos resultados prácticos, pero carente de la suficiente fuerza política. Ello se pone de manifiesto en la anunciada Ley de Prevención del Fraude (prevista para el primer semestre de 2006)  que es un proyecto descafeinado, donde ni se aborda la necesidad de creación de una policía fiscal, ni una reforma de los delitos fiscales y de blanqueo de capitales, ni mejorar la potestades públicas para la lucha contra el fraude organizado. Mientras tanto, las tramas y las mafias siguen gozando de una gran impunidad y España sigue siendo un paraíso del blanqueo de capitales en la Costa del Sol y en otros muchos lugares.
Esperamos que las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno sean capaces de remediar el enfoque inicial de la reforma fiscal de Solbes, muy alejada de las necesidades de más justicia fiscal y de un mejor reparto de las cargas tributarias entre los ciudadanos.