La corrupción asociada a los negocios inmobiliarios, al blanqueo de capitales y a la utilización al servicio privado de las instituciones públicas ha tenido en Marbella uno de sus paradigmas. Por tanto, es una buena noticia que los poderes del Estado hayan iniciado una amplia operación de saneamiento. Llega tarde pero es importante que prosiga hasta sus últimas consecuencias.

Hay que señalar que lo ocurrido en Marbella no es una excepción. En muchos otros lugares de la Costa del Sol, pero también de forma notoria en Valencia, en Murcia, en Madrid, por citar algunas zonas, se han producido y se están produciendo fenómenos muy parecidos. Hace falta por tanto que la cirugía que empieza a utilizarse con la gangrena marbellí se extienda a otros lugares donde la simbiosis entre grupos mafiosos (nacionales o extranjeros), políticos locales e intereses empresariales (fundamentalmente inmobiliarios) se está reproduciendo según el mismo modelo.

Las responsabilidades de esta situación son numerosas. Entre ellas no podemos olvidar la de los ciudadanos que a través de su voto facilitan el camino de indisimulados proyectos mafiosos (y en ello Marbella es un caso evidente), ni la lenta reacción de los controles policiales y judiciales (que en Marbella ha sido particularmente desesperante). 

En el orden normativo debe señalarse la urgencia de una reforma a fondo de la regulación de los delitos contra la Hacienda Pública que deje de considerar delitos leves los relacionados con la alta delincuencia económica y facilite la aplicación de penas privativas de libertad a quienes cometen delitos fiscales o de blanqueo de capitales y, muy especialmente, a los colaboradores bancarios y a los despachos de abogados especializados en esas actividades delictivas tan dañinas para la sociedad.

Los ciudadanos y las instituciones deben adoptar una divisa de beligerancia permanente frente a tales comportamientos. La lucha contra la delincuencia económica debe abordarse como uno de los más graves problemas de la democracia española.

La gangrena está muy extendida. Los corruptos y los corruptores instalados en el seno o en los aledaños de las instituciones políticas son una podredumbre insoportable. Contra ellos se debe actuar de forma tajante con todos los instrumentos del Estado de Derecho.