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En este momento, 19,45 h. del sábado 30 de diciembre de 2006, hay razones fundadas para temer que el atentado terrorista realizado en Barajas haya asesinado a dos jóvenes ecuatorianos, Carlos y Fiego Armando. También hay razones fundadas para sospechar que pueda tratarse de un atentado de ETA.
Si tal autoría se confirma, resulta evidente que ETA ha roto el "alto el fuego permanente" que declaró. Diga lo que diga ETA y diga lo que diga Otegui, tal "alto el fuego", deteriorado por diverso actos de violencia anteriores, se habrá roto definitivamente.
No hay ninguna excusa para que ETA siga matando, ni para que los antiguos dirigentes de la ilegalizada Batasuna sigan sin condenar la infamia y pedir abiertamente que ETA deje de matar.

En tales condiciones, más allá de las diversas opiniones políticas, se ponen en primer plano dos tareas urgentes:
- Que se realicen todas las actuaciones policiales y judiciales precisar para detener, procesar y condenar a los culpables directos y a todos los que hayan colaborado en el atentado. Tengo pleno convencimiento de que así será, ya que en ningún momento el gobierno, la policía o los jueces han dejado de perseguir a los miembros de ETA y a sus cómplices.
- Que los ciudadanos nos movilicemos de las formas más diversas condenado el atentado y exigiendo a ETA el fin incondicional y definitivo de sus actos de violencia, así como el inicio del proceso que lleve a su disolución. ¡ETA NO!

Considero indecente todo intento de culpar al Gobierno por este atentado. Antes, desde la derecha extrema se le acusaba de que había hecho concesiones ocultas a ETA para que no matase. Mentían y sabían que mentían. Ni el Gobierno ni el conjunto de fuerzas parlamentarias (todas menos el PP) que aprobaron la resolución del Congreso de diputados, que sigue siendo totalmente válida, han hecho la menor concesión a ETA, a diferencia de lo que sí hizo Aznar. El Gobierno se ha comportado correctamente, con coraje y dignidad.

En la medida que no hay voluntad por parte de ETA de poner fin a la violencia, no habrá "diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia". Y cada nuevo acto de violencia disminuirá la generosidad que la sociedad podría tener para facilitar el fin de la violencia.
Si el fin de la violencia se retrasa, toda la sociedad pagará un alto precio por ello. Pero no crean los asesinos y sus cómplices que sus crímenes les saldrán gratis. Van a pagar por ello y por haber roto el "proceso de paz".