Bueno, el lío seguirá armado. El PP tiene nuevo pretexto: algunas candidaturas de Acción Nacionalista Vasca concurrirán en las elecciones municipales.
No es para mí asunto evidente. Pero la exigencia del PP de que la presencia de candidaturas de ANV se evitase ilegalizando deprisa y corriendo al partido es pura demagogia.
El PP hace mala lectura de la Ley de Partidos,. que no establece que se ilegalice a los partidos que tal y cual… si se presentan a las elecciones. No, fija las condiciones por las que ciertos partidos pueden ser ilegalizados, se presenten o no a las elecciones.
Pues bien, si el Partido Comunista de las Tierras Vascas o Acción Nacionalista Vasca cumplían tales condiciones deberían haber sido ilegalizados por el gobierno Aznar, a la vez que ilegalizó Batasuna y unas cuantas siglas más en aplicación de la ley de Partidos. Si no lo hizo, sólo puede haber dos motivos: o bien fueron unos irresponsables que no se molestaron entonces en seguir todos los hilos de la trama, como no siguieron la trama islamista, o bien no tenían pruebas para hacerlo. Más aún: en 2001, el ministerio del Interior dirigido por Rajoy dio a ANV casi 700.000 euros en concepto de restitución por bienes encautados por el franquismo. Cierto es que en esa fecha aún no había ley de partidos, pero también lo es que no se resistió a entregar tal dinero a un grupo que ahora considera parte de ETA.
Bien, ahora ANV presenta candidaturas. ¿Se la puede ilegalizar por eso? No, menos aún cuando según sus estatutos recusa el uso de la violencia. Eso no excluye, desde luego, que ahora pueda ser una máscara de Batasuna. De hecho, hay motivos para sospecharlo. Pero para ilegalizar un partido no bastan sospechas, hacen falta pruebas. Si el PP las tenía ya, ¿por qué no lo ilegalizó? Y si la única novedad es que sus candidaturas hay personas que estuvieron ligadas a Batasuna en el pasado, eso no es legalmente razón suficiente si no se encuentran otras vinculaciones con ETA y la violencia. Al elegir la vía "ley de partidos", y no la vía penal que había inicado Garzón, se escogió un camino que no condenaba individualmente a los miembros de Batasuna, que en tanto que ciudadanos no pierden ningún derecho, incluido el de ser elegibles.
Recopilar pruebas -si las hay-, lanzar el proceso de ilegalización, etc., para eso, simplemente, no había tiempo.
La Fiscalía y la abogacía del Estado han optado por pedir la anulación de las candidaturas de ANV en las que había indicios de "contaminación" por Batasuna. Realmente, no había otra vía. Cierto es que bien podía el Gobierno haberles incitado a que se pidierá la anulación de todas las candidaturas de ANV y pasar así la patata caliente al Tribunal Supremo. Así, el Gobierno habría dejado sin argumentos al PP, se habría quitado muchos problemas políticos de en medio y posiblemente mantendría votos que puede perder en las próximas elecciones. ¿Debería haberlo hecho, pese a no tener pruebas sólidas de la implicación de Batasuna en más de cien candidaturas? Pues no sé que decir, la verdad. Por interés electoral, sí. Pero tampoco parece muy serio pedir a los jueces que anulen una candidatura sin ofrecer más prueba que "la mosca detrás de la oreja" que tenemos todos. Vaya lío.