Los comportamientos de la Conferencia Episcopal española durante los últimos años ponen de manifiesto que el actual Concordato entre España y el Vaticano está completamente obsoleto. Los ingentes privilegios económicos y representativos de la Iglesia Católica, heredados del franquismo y poco acordes con la Constitución de 1978, no han impedido sus actitudes prepotentes y agresivas, más propias del papel de esa institución en el Antiguo Régimen que en una sociedad democrática. Además, en la actual legislatura ha protagonizado una intervención política permanente de carácter partidista alejada de los comportamientos admitidos en la mayor parte de los países de la Unión Europea.

Hay que tener presente que el respeto a la libertad de conciencia implica la protección pública de la pluralidad de creencias propia de una sociedad libre, sin tratos de favor hacia los creyentes religiosos, ni a unas confesiones sobre otras, ni favoreciendo a los creyentes respecto a los agnósticos o ateos.

Sin embargo, la Iglesia Católica considera que su situación de privilegio es intocable y que tiene el derecho "natural" a reclamar más dinero y más presencia social, sin el deber por su parte de  respetar los derechos del conjunto de los ciudadanos, creyentes o no, a un estatuto donde lo religioso no invada los ámbitos públicos ni los ámbitos privados no estrictamente religiosos.

Estas razones generales me llevan a considerar que en la próxima legislatura, como parte de la agenda 2008-2012, el nuevo Gobierno debería proceder a una denuncia del actual Concordato y a plantear un nuevo estatuto de la Iglesia Católica acorde con el tiempo en el que estamos.

Opino que ese nuevo estatuto podría inspirarse en algunas reglas sencillas como las siguientes:

1-La financiación de las actividades religiosas debe ser exclusivamente privada. El sostenimento de los lugares de culto y de los sacerdotes y demás  personal confesional debe recaer exclusivamente sobre el bolsillo de quienes quieran libremente contribuir a las finanzas religiosas.
2-Las actividades de interés social o de mantenimiento cultural o artístico realizadas por la Iglesia Católica podrán ser subvencionadas por el Estado en igualdad de condiciones con los apoyos que reciban las instituciones privadas sin ánimo de lucro que realicen similares tareas.
3-Los privilegios fiscales de la Iglesia Católica deben ser completamente suprimidos pues atentan radicalmente al principio de igualdad tributaria consagrado por el artículo 31.3 de la Constitución española.
4-Las entidades religiosas estarán sometidas a las mismas obligaciones contables y de control y transparencia que el resto de instituciones privadas.
5-La enseñanza de la religión debe salir completamente de la escuela. Se impartirá exclusivamente en las parroquias, mezquitas, sinagogas, etc.
6-El ejercicio de la enseñanza por centros privados propiedad de instituciones relacionadas con la Iglesia Católica u otras confesiones deberá respetar los valores constitucionales democráticos y pluralistas. La protección de los derechos de la infancia impide el adoctrinamiento, que representa un atentado a la libre formación de la personalidad humana. Cualquier subvención pública estará condicionada al respeto efectivo a los valores constitucionales.
7-El Estado eliminará completamente tanto en el orden civil como militar los símbolos confesionales, suprimiendose la presencia institucional en cualquier ceremonia o fiesta religiosa.

Estamos en el siglo XXI. Franco murió hace 32 años. ¿No es ya el momento de abordar estas cuestiones que pueden ser compartidas por una mayoría social, incluyendo una gran parte de los ciudadanos que se consideran católicos?