Esto es un circo. Las gentes tenemos la impresión de que todo lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional no tiene nada que ver con un verdadero ánimo de valoración profesional sobre la compatibilidad entre determinadas leyes y la Constitución.
Lo evidente: hay una ofensiva derechista para cargarse las leyes que no le gustan, no porque no sean constitucionales sino porque no le gustan. Eso es un verdadero escándalo. Han conseguido que nadie crea ya en el Tribunal Constitucional como garante de la "constitucionalidad".

Pero obviando las muchas consecuencias políticas que puede traer todo esto a corto plazo, quiero decir que se ha puesto de relieve lo absurdo del funcionamiento regulado por la ley. ¿Alguien cree realmente que, por ejemplo, porque 6 personas opinen que una cosa es o no constitucional, mientras que cinco opinan lo contrario, se puede realmente llegar a la conclusión de que una resolución del Parlamento es o no constitucional? Más aún, ¿resulta admisible que la constitucionalidad de una ley llegue a depender, pura y simplemente, de la opinión del miembro del Tribunal de más edad? Para anular una ley del Parlamento los argumentos deberían ser muy contundentes, evidentes y compartidos.

Propongo pues esta reforma: el Tribunal Constitucional sólo podrá declarar inconstitucional una resolución parlamentaria si toma la decisión con una mayoría cualificada (dos tercios o tres cuartos, por ejemplo). Eso favorecerá a unos o a otros, según el caso, pero siempre a la democracia, ya que lo que resulta inadmisible es que las leyes aprobadas por mayorías parlamentarias queden expuestas a un voto más, un voto menos, en el Tribunal Constitucional.

Si tan grande es la división de opiniones sobre la constitucionalidad de una ley, sólo caben dos interpretaciones posibles: o bien a quienes toman la decisión no les importa nada en realidad el asunto de la constitucionalidad y votan por otros motivos -¡líbrenos el respeto al poder judicial de suponer tal cosa!- o bien, como debemos suponer, es que se trata de algo de gran complejidad jurídica que ni siquiera  los más grandes especialistas llegan a alcanzar un consenso razonable. Y, en tal caso, ¿es razonable que una mayoría simple o un empate con voto cualificado del presidente, se pueda cargar la labor de una legislatura?