El 21 de abril de 2005 el Congreso de los diputados aprobó por amplia mayoría el Proyecto de Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de matrimonio, permitiendo que sea contraído por personas del mismo sexo, lo que pondrá fin a una discriminación oscurantista que aún sigue vigente en la inmensa mayoría de los Estados de nuestro planeta, siendo más de setenta aquellos en los que las relaciones homosexuales son consideradas como delito.
En la fiesta que esa noche tuvo lugar en Madrid, Pedro Zerolo y Beatriz Gimeno, que fue el uno y es ahora la otra, respectivamente, presidente y presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, nos hicieron notar que ese momento era uno de los que, dentro de muchos años, nos haría decir: ¡yo estuve allí! Así es.
Posteriormente, el 5 de mayo el proyecto entró en la Cámara del Senado, donde la amplia presencia del Partido Popular, combinada con las reticencias de UDC y la postura “confesionalista” de algún senador socialista pone una carga de incertidumbre sobre el resultado. No obstante, la última palabra corresponde al Congreso de diputados, en el que esperamos que durante el mes de junio tenga lugar la aprobación definitiva de esta histórica y trascendental Ley.

Estamos ante un acontecimiento histórico, no sólo para lesbianas y gays, sino para toda persona amante de la libertad y de la democracia. Esta reforma es una revolución. Y su alcance excede las fronteras de España.
Hasta hace muy pocos años, “maricón” era uno de los insultos que se consideraban más ofensivos en este país. Y ahora, España, junto a Holanda, va a pasar a tener la legislación más avanzada en lo que se refiere a la abolición de la discriminación por orientación sexual. La desaparición de una discriminación arbitraria, dolorosa y dañina sufrida por un amplísimo sector de la población española es un magnífico hito libertario, que también repercutirá positivamente sobre la formación y desarrollo ético e intelectual de las futuras generaciones, pues quienes crecen bajo leyes discriminatorias sufren la marca de un imprinting social que presenta como  “natural” la injusticia y como “aberración” la libertad.
Esta “excepcionalidad” española adquiere, además, relevancia específica a escala planetaria, en un periodo en el que muchos de los discursos y de las prácticas más letales y amenazadoras tienen como eje común, aunque en grados diferentes, un pensamiento y un proyecto teocrático, integrista y antiliberal. Ese es el caso de Bush y los neocon estadounidenses, del fundamentalismo islámico y de la jerarquía vaticana. El estruendo de las palabras de guerra entre los Bush y los Bin Laden nos oculta con frecuencia las alianzas efectivas que en el seno de instituciones como las Naciones Unidas tienen lugar contra derechos humanos básicos, como puso de relieve, por ejemplo, la resolución presentada en 2003 por Brasil ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU para que la diversidad sexual fuese considerada como parte integrante de los derechos humanos universales, apoyada por la Unión Europea y algunos otros países, pero con una fuerte oposición liderada por el Vaticano y la Organización de Comunidades Islámicas, cuyo lobby ha encontrado el apoyo de la Administración Bush en muchos temas relacionados con las libertades individuales. La evolución positiva en la acción contra la homofobia que se observa en la Unión Europea o países como Brasil, Argentina, Chile, Nueva Zelanda o Canadá entra en colisión directa e irreconciliable con los proyectos de “los políticos de dios”.

Además, la lucha contra la homofobia ha puesto y pone sobre el tapete, en toda su radicalidad y universalidad, la cuestión de la libertad, de la autonomía y de la democracia, entroncando directamente con el antagonismo que política, filosófica, ética e incluso epistemológicamente recorre la historia de la humanidad desde el momento en que un ser humano se cuestionó “las reglas”: el antagonismo entre el “esto es así porque sí y siempre será así” y el “¿por qué es esto así? ¿debe ser así? ¿puede cambiar?”
 Con gran acierto, la Comunidad Homosexual Argentina tiene como lema En el origen de nuestra lucha está el deseo de todas las libertades. Por ello, la afirmación radical de la igualdad de derechos y de la diversidad sexual se coloca en un terreno que excede “lo político” en el corto y medio plazo, pues se sitúa a la altura de los retos civilizatorios de nuestra época, aquellos que no sólo requieren que cambiemos la política y las instituciones, sino también que nos cambiemos.

En torno a esta ley, la derecha más recalcitrante, azuzada y avalada por el PP, pero inequívocamente liderada en este caso por la jerarquía católica española y también, de forma directa, por el Vaticano, ha puesto en marcha su primer gran desafío al gobierno socialista presidido por ZP y, sobre todo, a una evolución cultural y ética de la sociedad a la que quieren oponerse.
Tras interponer todo tipo de obstáculos institucionales a la reforma -frente en el que veremos aún nuevas maniobras- y lanzarse a una recogida de firmas que les ha ido bastante mal, andan ahora organizando una manifestación para el 18 de junio. La jerarquía eclesiástica lanza un desafío abierto a la democracia con su llamamiento a que políticos electos, funcionarios y hasta jueces prevariquen impidiendo a ciudadanas y ciudadanos el ejercicio de los derechos que las leyes les reconozcan. En democracia, un ciudadano puede sentirse éticamente obligado a recurrir a la insumisión y la desobediencia civil ante una ley que considera injusta, asumiendo el castigo que corresponda. Pero un juez, al que no corresponde hacer leyes sino velar por ellas, no tiene más forma de insumisión digna que la proclamación de la injusticia de las leyes, aplicándolas, o la renuncia de su oficio.

El gobierno socialista no se “ha precipitado” ni ha obviado el diálogo. Ha hecho lo que tenía que hacer y en el momento en que correspondía. La súbita conversión de algunos a una “unión civil” que no se llame “matrimonio” no es más que humo para sembrar la confusión. Ni la jerarquía católica acepta esas “uniones”, que condena de forma explícita, ni el Partido Popular permitió que saliese adelante durante sus ocho años de gobierno ninguna iniciativa parlamentaria que pudiese ir en ese sentido.
La conversión de la derecha a la bondad de las “uniones civiles” llega muy tarde. No podemos admitir que ahora se empeñen en llamar de forma diferente a aquello que, en tanto que matrimonio civil contraído por dos personas,  debe ser igual ante la ley. Ni vamos ignorar que bajo esa dualidad “matrimonio-unión” quieren colar la marca de la segregación y del estigma, la prohibición de las adopciones por parejas “homo”, etc.
Esta derecha clerical carece, pura y simplemente, de argumentos. Su rechazo al matrimonio homosexual no forma parte de una “visión diferente” sobre cómo regular los mismos derechos, sino que es el rostro de la homofobia “de siempre” adaptado a las condiciones impuestas por las características de la sociedad española de comienzos del siglo XXI. Pueden marear la perdiz todo lo que quieran, pero sus puntos de vista al respecto sólo se fundamentan en la doctrina de que “la homosexualidad es mala”, al igual que dicen que es malo el divorcio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio o el uso de preservativos y medios anticonceptivos, etc. Pero tales cosas, que figuran claramente en los documentos de los obispos, deben cuidarse un poco ante el “gran público”. Así que sus portavoces políticos o mediáticos tratan de dar algunas “razones”, aunque tras ellas no hay otra cosa que machismo y condena de la homosexualidad e, incluso, de la sexualidad.
Dicen ellos que el matrimonio siempre ha sido entre hombre y mujer, y que, si sólo dos Estados en todo el mundo reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, “por algo será”. Lo cierto es que si ningún Estado hubiese sido el primero en abolir la pena de muerte, ésta seguiría vigente en todos. Si ningún Estado hubiese sido el primero en reconocer el derecho de voto de las mujeres, en ninguno lo habría hoy. El que España se vaya a colocar en el año 2005 a la cabeza de un proceso de liberación global sólo nos apena en la medida que da medida del arraigo de la homofobia sobre el planeta -hace sólo quince años la homosexualidad aún era catalogada como “enfermedad mental” por la Organización Mundial de la Salud-, pero desde luego nos alegra y enorgullece en la medida que nos sentimos actores en un paso de gigante en el combate interminable por la libertad.
Dicen ellos que el matrimonio entre hombre y mujer es un bien social que debe ser especialmente protegido, por su papel en la reproducción de la especie y la educación de las nuevas generaciones. De tal discurso sólo podría deducirse, en todo caso, que la sociedad debería prestar apoyo y dotar de ciertos beneficios a quienes cuiden de niñas, niños y adolescentes, hijos biológicos suyos o adoptados, con o sin matrimonio por medio y sea cual sea su sexo. Numerosos matrimonios “hetero” no tienen hijos ni los adoptan. Parejas “hetero” tienen y cuidan niñas y niños sin haberse casado. Muchas parejas “homo” quieren adoptar, han adoptado ya bajo la fórmula individual o, en el caso de las parejas lésbicas, tienen hijos biológicos de una de ellas. La indisolubilidad del pack “matrimonio hetero / sexualidad / reproducción” es una doctrina religiosa, no algo que las leyes puedan asumir ni con lo que “comulgue” nuestra sociedad en particular. Hijos sin matrimonio, matrimonio sin hijos, sexualidad sin reproducción ni matrimonio, fecundación asistida o adopción con o sin matrimonio, matrimonio homosexual, etc., son posibilidades y opciones tan válidas como cualquier otra.
Dicen ellos, con especial empeño, que los matrimonios entre personas del mismo sexo no deben ser permitidos por el “bien de los niños”. Lo que en ese argumento destaca no es el aducido interés por el bienestar de la infancia, sino la arbitraria, indemostrada, indemostrable, refutable y refutada suposición de que las familias homoparentales no son un espacio adecuado para las niñas y los niños. De hecho, en las familias de ese tipo en las que la pareja desee casarse, el que no pueda hacerlo repercute también sobre las niñas, niños y adolescentes ya a su cargo o que puedan adoptar en el futuro, pues crea graves dificultades para que éstos dispongan, respecto a la madre o el padre no oficialmente reconocido, del derecho a heredar, recibir apoyo en caso de disolución de la pareja, contar con su capacidad de dar autorización para tratamiento médico en situación de emergencia, etc. Más aún, en caso de muerte de la persona reconocida oficialmente como su madre/padre, el niño, mientras no se apruebe la nueva ley, puede ser separado de quien realmente también es su madre/padre, a quien quiere y por quien es querido, para ser puesto bajo el cuidado de personas con las que puede haber tenido escaso o nulo trato y afecto. En consecuencia, la reforma del matrimonio, además de ser una exigencia del respeto de la libertad y la autonomía de cada persona, aporta también vías adicionales de protección a las niñas y los niños de las familias homoparentales, y todas y todos crecerán en una sociedad más libre y no tendrán que sufrir la inoculación de prejuicios discriminatorios. Las chicas y chicos homosexuales no crecerán bajo la marca de un estigma y las chicas y chicos heterosexuales no se educarán en un desprecio a “lo diferente” en el que se incuba el odio y la intolerancia.

A través de nuestra alegría queremos mostrar una sombra de inquietud. Nos preocupa el escaso entusiasmo que muestran algunos sectores de la izquierda política y social. Hay personas que preferirían que se hubiese “aguado” esta reforma aceptando una nueva denominación, una especie de “matrimonio de segunda” y sin derecho de adopción. Pero también encontramos otras que la “ven bien” -ya sea por convencimiento o por oportunidad-, pero ignoran su trascendencia y se niegan a darle la relevancia que merece, considerándola, prácticamente, una “minucia”, algo que se votará y punto, a la espera de los “grandes cambios sociales”.
Creemos que la reforma del matrimonio es revolucionaria en sentido estricto. Es, con mucha diferencia, la medida más progresista que ha adoptado hasta ahora el Gobierno ZP -incluyendo la retirada de las tropas Irak-, y es altamente probable que sea la más importante de toda la legislatura 2004-2008. En cierto sentido, podríamos decir que es la decisión política más avanzada entre las adoptadas por la democracia española desde 1977, ya que algunas de las decisiones anteriores representaron aquí grandes cambios que permitían a España sumarse a un camino ya recorrido por otros muchos países democráticos, pero en esta ocasión estamos hablando de un papel de avanzadilla a escala planetaria, junto a Holanda, y en un momento histórico clave.
Si hacemos constar esta inquietud no es por un gusto malsano en la crítica de las opiniones diferentes de la nuestra. Lo hacemos porque creemos que va a ser preciso “poner toda la carne en el asador”.
En primer lugar, porque el pájaro no está aún en la mano a la hora en que escribimos esta declaración, aunque quizá sí cuando esta revista llegue a tus manos. Es preciso seguir haciendo llegar a los senadores la voz progresista de la calle, tanto a los del PP como a aquellos individuos de otros grupos que puedan dudar en dar su apoyo a esta ley o están pensando en negárselo. Aunque el Senado no tenga la última palabra, la estrategia eclesiástica y del PP apunta a lograr una derrota de la reforma en el Senado para tratar de ponerla el sello de cierta “deslegitimación” y dar “munición” a los sectores del PSOE más cercanos al Vaticano para que presionen al Gobierno y al grupo parlamentario pidiendo que asuman ciertas enmiendas. Suponemos que esa estrategia no tendrá éxito, pues el compromiso del Gobierno parece muy firme, pero más vale trabajar ahora para que no lo tenga.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la ofensiva clerical-derechista es decidida y de largo alcance. La jerarquía eclesiástica quiere hacer de cada iglesia un centro político de organización, y el PP -al menos, quienes siguen su actual línea oficial- se encargará de poner el mayor número de trabas institucionales. Podemos presenciar recursos ante el Tribunal Constitucional, alcaldes y jueces que de forma abierta o camuflada sigan las consignas de boicot lanzadas desde el Vaticano, campañas de intoxicación en los muchos colegios privados que controlan y que sigue financiando el dinero público, presiones infames sobre la intimidad de las parejas homosexuales e incluso actos de violencia. Sabemos muy bien hasta donde puede llegar alguna de esta gente. ¿O debemos olvidar las concentraciones que realizan ante los centros sanitarios que realizan abortos legales, por citar sólo un ejemplo, abordando incluso a las mujeres que entran en ellos, por no hablar de casos de agresión?
Van a seguir tratando de imponer sus reaccionarias doctrinas. Unas leyes sin discriminación, además de lo que implican de forma inmediata en la vida de muchas personas, tienen también consecuencias de pedagogía social. Pero hay que ser conscientes que la eliminación de las leyes homofóbicas no hace desaparecer de inmediato la homofobia social aún muy presente en España, aunque haya pasado de ser una actitud culturalmente hegemónica a una postura mal vista y minoritaria, pero influyente y todavía muy difundida socialmente. De hecho, en algunos casos la aceptación de la reforma del matrimonio es una especie de “que hagan lo que quieran” que representa un paso adelante en ciertas mentalidades pero que a veces sigue acompañado de una visión “negativa” de la homosexualidad y cierta prevención hacia ella. Estamos logrando una gran victoria para la libertad, pero no está aún consolidada ni puede darse por definitiva si no seguimos trabajando para que así sea.

Así que reivindicamos más entusiasmo social, más activismo y más compromiso a favor de esta ley y, una vez aprobada, de su cumplimiento sin zancadillas y boicot como los que siguen haciendo aún casi imposible abortar en un centro público. Hasta ahora, el peso de este esfuerzo ha recaído en los propios movimientos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, sin que hayan recibido socialmente el apoyo efectivo que se merecían. Pero esto es cosa de todas y de todos. Hay que movilizarse hasta conseguir definitivamente la ley, y después para lograr su consolidación plena. Al decir “movilizarse” no nos referimos sólo a participar en acciones en la calle, como la gran manifestación que tendrá lugar el 2 de julio con motivo del Día del Orgullo y que, “homos”, “heteros” o “bisex”,  deberíamos llenar aún más que en años anteriores en defensa de la libertad, sino en su sentido más profundo, cotidiano, en nuestros comportamientos, en nuestras palabras, en lo que transmitimos a los demás, en lo que consentimos que se diga y haga en nuestra presencia sin expresar nuestra discrepancia.
Esta no es la ley de “lesbianas y gays”, aunque la han ganado con su lucha y con escasos apoyos durante gran parte del camino. Esta no es la ley del PSOE ni la ley del gobierno. Ni siquiera es la ley del conjunto de grupos parlamentarios que la apoyan y que la hacen posible. Esta es la ley de una sociedad que quiere ser libre y vivir a su manera, no siguiendo los dogmas de tal o cual grupo religioso o político. Es ley de libertad. Así que, queridas amigas y queridos amigos, ¡más entusiasmo y más empuje! Ellos tienen los púlpitos, desde los que uno predica a varios. Nosotras y nosotros tenemos nuestras voces, que permiten la comunicación de muchos con muchos. Usémoslas.
Y el día que la ley sea definitivamente aprobada... ¡¡¡FIESTA!!! Pero no para pararnos en lo conseguido, que es mucho. Toca ahora reivindicar, primero, y, esperamos, celebrar después la futura aprobación de una ley de identidad de género que reconozca los derechos  de las personas transexuales. Ese es también un compromiso del Gobierno y debe cumplirlo en esta legislatura. Porque hay que seguir avanzando.
La libertad con más libertad se conserva y crece.