Trasversales
José Luis Redondo
¿Se rompe España?

revista Iniciativa Socialista 77, otoño 2005. José Luis Redondo es profesor de secundaria y miembro del consejo editorial de la revista Trasversales


El proceso de globalización actual ha disminuido los poderes de los Estados para regular la economía y la sociedad. Los organismos internacionales, OMC, FMI, BM, ONU, las empresas multinacionales y los fondos financieros han socavado las competencias de los Estados, aunque de forma desigual en función de su papel en el mundo. Al mismo tiempo se han reactivado diversos asideros para los ciudadanos frente al río de la globalización, elementos identitarios que parecen fantasmagoricamente defenderles de las desregulaciones del trabajo y del capital.
En el caso de España su inserción en la UE ha debilitado todavía más al Estado. Las agrupaciones regionales, de las que la UE es la de mayor éxito, son una forma de pesar en el mundo globalizado. La UE ha asumido funciones esenciales de los Estados que la forman, de las que la moneda común, el euro, es una de las más significativas. La legislación y demás regulaciones que provienen de la UE afectan a la vida cotidiana de sus ciudadanos. Aunque la unión económica va muy por delante de la política, ésta tiene que desarrollarse para que Europa pueda ser un polo de referencia a escala mundial.
En este proceso de pérdida de referencia de la instancia estatal han aumentado dos elementos identitarios, la religión y el nacionalismo. En España nos ha tocado sobre todo el segundo. Los nacionalismos se reconstruyen a partir de resaltar los aspectos diferenciales, como puede ser la lengua, hábitos y costumbres y  una relectura de la historia que lleva la existencia de la comunidad hacia atrás en el tiempo.
La Constitución española estableció un Estado descentralizado, rompiendo con el intervalo centralista del franquismo, pero sin llegar a conectar con la situación durante la República. La existencia diferenciada de Cataluña, Euskadi y Galicia no se asumió en la forma que tenía durante la República y se apostó por el “café para todos”, es decir el intento racional de formar una descentralización del poder equilibrada. Independientemente de las vías que planteaba la Constitución todas las Comunidades Autónomas han conseguido competencias semejantes. Sin embargo, los nacionalismos se han sentido frustrados porque sus Comunidades no se diferencian suficientemente.
Ahora bien, ya es imposible volver a esa posible salida, porque todas las comunidades pretenden tener competencias y poder semejantes. La excepción del País Vasco, con una situación privilegiada, no es generalizable porque supondría la liquidación  del Estado que quedaría sin competencias ni recursos. Tampoco parece posible replantear la situación de Euskadi, donde además el terrorismo de ETA hace especial su inserción en el Estado Español y exige un tratamiento propio.
El desarrollo actual de las autonomías hace de España un estado prácticamente federal. Un estado fuertemente descentralizado pero que no ha sido capaz de crear los mecanismos de decisión e integración unitaria que se dan en los estados federales. Aquí el Senado no ha sido una segunda cámara territorial y no se han formado otros mecanismos de colaboración, de forma que cada reivindicación de competencias se transforma en  una lucha entre la Comunidad Autónoma y el Estado central.
Sin duda esta tarea, que pretende abordar el gobierno de Zapatero, es esencial para asegurar una estabilidad en el futuro.
La estructura autonómica no ha acercado la posibilidad de tomar decisiones a los ciudadanos, sino que ha conducido a nuevos centros administrativos y a la formación de nuevas élites de poder político ligadas a los gobiernos autonómicos Son estas élites las que pretenden  más competencias y más recursos, en definitiva más poder. El cambio autonómico no es una demanda de los ciudadanos, basta ver las encuestas de opinión, en esto tiene razón el PP. Sin embargo el proceso en el  que está inserto el Estado Español, analizado anteriormente, hace imprescindible el cambio.
Dejando de lado la excepción de Euskadi, es Cataluña la que puede marcar la evolución general del proceso autonómico. En Cataluña se debaten “fuerzas nacionalistas” con otras más proestatales. Hay que incluir entre las primeras, con énfasis diferentes, no sólo a los partidos nacionalistas como ER y CiU sino también a Maragall y una parte del  PSC y de Iniciativa. Esto se manifiesta con la prioridad que se ha dado, en el gobierno catalán, a  la elaboración de un nuevo estatuto. Prioridad que no era la de los catalanes, más preocupados por la resolución de problemas cotidianos, como el del Carmelo. El fracaso en esta tarea, que está siendo ampliamente conflictiva, podría suponer el final del tripartito y poner en crisis el gobierno de Zapatero si se desmarcase Esquerra Republicana.
Se viene afirmando, sobre todo por las fuerzas políticas catalanas, que hay dos tiempos, y ahora toca  el de Cataluña, sólo después será el del Parlamento español. Hay que señalar con énfasis que hay un solo tiempo, el pacto en Cataluña debe llevar implícito o explícito el de la mayoría del Parlamento, con acuerdo en los aspectos esenciales. Un pacto que tuviera que ser rechazado por el PSOE, por ser inconstitucional, supondría abrir un contencioso de alcance incalculable entre el Estado central y Cataluña. El acuerdo tiene que darse entre las posiciones de CiU, que es imprescindible en el Parlament, y las del PSOE.
Los derechos históricos que se proclaman pueden ser una declaración sin contenido o una vía para un camino posterior hacía la independencia, dependiendo de cómo se regulen en el estatuto, lo mismo pasa con la consideración de Cataluña como nación. Sin embargo, el problema fundamental es el impositivo. Si el poder de recaudación pasará a Cataluña que luego cedería  parte de sus ingresos al Estado central, eso difícilmente podría ser aceptado por el PSOE. Más allá de la voluntad de Zapatero, las otras Comunidades Autónomas pretenderían lo mismo y así se quebraría la posibilidad de existencia del Estado, sin recursos propios. En este tira y afloja no sería táctico situar la negociación o el choque sólo  entre el  Parlamento español y el catalán, sino que deberían jugar un papel las otras comunidades. Es de esperar que antes de llegar a esta situación se den acuerdos previos, probablemente fuera de los focos, entre PSOE y PSC, así como entre éste y CiU. La actitud de CiU en este momento es ambigua y, con sus propuestas -inconstitucionales según el Consejo Consultivo-, parece preferir que no se apruebe el estatuto. Sin embargo el fracaso del estatuto no sólo sería el de Maragall con su apuesta prioritaria por éste, sino mucho más el de CiU, que podría ser acusada de forzarlo, teniendo en cuenta que no intentó cambiarlo mientras gobernaba.
En cualquier escenario el cambio autonómico seguirá adelante, pero si hay acuerdo en y con Cataluña, su estatuto servirá de marco para los otros cambios, aunque el estatuto valenciano va a debatirse antes en el  Parlamento.
La política del PP frente a la reforma del Estado es puramente reactiva, sólo espera que fracase el proceso y seguir clamando en su relativo desierto que España se rompe, al tiempo que llega a acuerdos para la renovación de otros estatutos, como ha pasado en el País valenciano. Mantiene una política general que se autodestruye en las autonomías y por lo tanto fracasada de antemano.

20 de septiembre de 2005

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