Trasversales
Jordi Sevilla Segura
Una España mejor unida

revista Iniciativa Socialista 77, otoño 2005. Jordi  Sevilla Segura es ministro de Administraciones Públicas en el actual gobierno de España

En los últimos 25 años, el desarrollo del Estado autonómico ha supuesto un intenso proceso de descentralización administrativa y política que ha permitido aproximar la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos y mejorar el nivel de eficacia de la Administración Pública. Los Estatutos de Autonomía se han desarrollado con éxito y casi en su totalidad, hasta cubrir un amplio repertorio de demandas sociales y consolidar la percepción de las instituciones autonómicas, por parte de los ciudadanos, como instrumentos útiles de Gobierno.
Es cierto que ha existido una cierta dinámica de la confrontación a lo largo del proceso autonómico, pero eso resulta normal en un proceso de reparto de competencias, que siempre supone que exista un debate sobre lo que les corresponde a unos y a otros. Ahora, tras la constatación de que existe un buen número de problemas que ninguna de las tres administraciones, ni la Central, ni la Autonómica ni la Local, pueden resolver en solitario, se ha hecho evidente que es necesario alcanzar pactos para gestionar conjuntamente, mediante la cooperación, muchos aspectos de lo público. De ahí que el Gobierno considere prioritario que se establezcan espacios de encuentro, como son, por ejemplo, la nueva configuración del Senado que plantea la reforma que estamos proponiendo, o la Conferencia de Presidentes.
España es un estado plural, complejo y unido en torno a un proyecto de convivencia, y son las Comunidades Autónomas la expresión de esa pluralidad. No podemos considerar que el actual modelo autonómico esté ni agotado, ni superado. El objetivo fundamental del gobierno, a partir del éxito que ha supuesto la evolución del estado de las autonomías, es mejorar lo existente para que la acción de lo público alcance mayor eficacia. A tal efecto, entendemos que debemos conseguir, por una parte, una mayor coordinación de los esfuerzos de las tres administraciones, para lo que hemos generado un clima positivo de relación institucional y estamos poniendo en marcha instrumentos de cooperación, entre los cuales el nuevo Senado, después de su transformación definitiva en una genuina cámara territorial, será sin duda el más relevante. Por otra parte, tenemos que sentirnos todos mucho más cómodos, para lo que es importante que exista ese clima de colaboración institucional, así como un ajuste de los estatutos de autonomía que permita un mejor encaje territorial de todas las Comunidades Autónomas, para avanzar en la adecuación del sistema autonómico a la actual realidad española, dentro del respeto al marco constitucional.
En los últimos años, ha habido varias Comunidades que han reformado sus Estatutos de Autonomía, con una creciente y constante asunción de competencias por parte de las administraciones autonómicas, sin que ello generase ningún tipo de problemas para el sistema. Ahora, existe la voluntad de acometer reformas en los Estatutos de las llamadas Comunidades históricas, aunque existen otras, que no han sido consideradas así, que también han planteado reformas estatutarias. El Gobierno entiende que la modificación de determinados aspectos estatutarios debe servir para mejorar el sistema autonómico en general, por lo que se debe articular procedimientos que permitan esos cambios, siempre y cuando éstos respeten la Constitución y cuenten con el máximo consenso posible, en todo caso superior a las simples mayorías mecánicas.
Que existe la necesidad de efectuar tales reformas se ha hecho patente en aspectos como la financiación autonómica, cuyo sistema actual no garantiza la suficiencia financiera de las autonomías, como han puesto de manifiesto todas ellas. El Gobierno considera que hay que lograr un nuevo sistema de financiación, más eficaz que el actual y que garantice el impulso a la cohesión entre los ciudadanos y los territorios de España.
El desarrollo del gobierno local es otra tarea pendiente, y sin duda de gran importancia. Los ayuntamientos son las instituciones más próximas a los ciudadanos y cuya gestión incide de forma más directa en la vida cotidiana. En la actualidad, los entes locales en España gestionan el 13% del gasto público, lo que está lejos de la media europea, que se sitúa cerca del 25%. Además, los ayuntamientos están teniendo que gestionar, desde hace unos años, una serie de servicios que sus ciudadanos les reclaman pero cuyas competencias, y su financiación correspondiente, no tienen reconocidas. Es por ello urgente que se proceda a las reformas necesarias para dotar a los entes locales en España de más competencias y más medios, con el reconocimiento de su autonomía política, por una parte, y con el impulso a nuevas formas de cooperación institucional, por otra. En la reforma de los estatutos que está en marcha, se debe recoger estas consideraciones relativas al desarrollo del Gobierno local.
La reforma de la Constitución que plantea el Gobierno, por otra parte, responde a la necesidad de adecuación de algunos aspectos que no pudieron ser previstos en la redacción de la Carta Magna en 1978. Los cuatro puntos concretos que consideramos necesario modificar son los siguientes: enumerar las autonomías, hacer referencia a la Unión Europea, transformar el Senado en Cámara territorial y eliminar la discriminación de género en la sucesión a la corona, a partir del actual Príncipe de Asturias. Éstas son las cuatro reformas concretas que el Gobierno quiere impulsar. No entendemos, por tanto, como secuencia lógica que a las reformas estatuarias corresponda una posterior reforma constitucional, porque la reforma de un estatuto de autonomía no es una vía de reforma de la Carta Magna.
Lo que pretendemos es que se ajuste el sistema para mejorar el autogobierno, para que las administraciones públicas puedan actuar con más eficacia, en beneficio de los ciudadanos, pero sin que ello suponga una quiebra en el marco de convivencia que nos hemos dado y del que está satisfecha una amplia mayoría de ciudadanos. No obstante, existen muchas iniciativas que no requieren reformar la Constitución ni los estatutos, y algunas que ni siquiera suponen la reforma de ninguna Ley, como ocurre, por ejemplo, con la Conferencia de Presidentes o la participación de las Comunidades Autónomas en las instituciones de la Unión Europea. Este tipo de mejoras requiere, simplemente, voluntad política para hacerlas.
El concepto de la España plural no sólo refleja la existencia de distintas realidades, sino también de distintas visiones sobre España. Y esto exige que se establezca un doble pacto institucional para cogobernar este país: por una parte, que las Comunidades Autónomas se reconozcan definitivamente como Estado, del que deben asumir, sin duda alguna, la máxima representación en sus respectivos territorios; por otra parte, que reconozcan que el Gobierno central tiene, a su vez, unos derechos y deberes constitucionales que debe cumplir para garantizar la igualdad de derechos, la cohesión y la solidaridad entre todos los ciudadanos y los territorios españoles.
Tenemos que abandonar las suspicacias entre las distintas administraciones, tenemos que dejar, por fin, de mirarnos de reojo y ponernos a mirar, todos juntos, hacia delante. Eso es lo que quiere, en definitiva, este  Gobierno: que busquemos entre todos una España mejor unida.
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