“Si corres siempre endins / de la nit del teu odi,/ cavall foll Sepharad / el fuet y l´espasa / t´han de gobernar” (Si buscas siempre así / en la noche del odio / caballo Sepharad, / el azote y la espada / te han de gobernar).
“Escolta, Sepharad: els homes no poden ser / si no son lliures”


En un reciente encuentro organizado por Citadans pel Canvi en L´Escala (Girona) con la presencia de Maragall y algunos consejeros de la Generalitat, me llamó poderosamente la atención la coincidencia en considerar como oportunidad única, en mucho tiempo, la posibilidad de una articulación diferente de la España plural. Para ello se dan unas condiciones políticas que no habían estado presentes en el escenario español: gobiernos progresistas en Catalunya y Galicia, con presencia de los nacionalistas de izquierda; derecha nacionalista española con el shock de una derrota electoral no esperada en las elecciones generales; pérdida de poder autonómico y local de la derecha; resultado electoral en Euskadi que frena la deriva rupturista del PNV y aísla las políticas más españolistas; un gobierno de España y especialmente un presidente proclive a una nueva articulación del Estado; un PP aislado políticamente y enrocado en una deriva ultranacionalista. Todo ello configura una escenario único de oportunidades pero a la vez enormemente complicado y lleno de riesgos.
La España plural consta de un sustantivo y un adjetivo. Sobre el primero, el desacuerdo es amplio, y el segundo actúa de balón de oxigeno para evitar definir el sustantivo. Precisamente ahí está una de las claves de la discusión y sobre todo de la manera de abordar el debate de forma honesta. ¿Existe un espacio común de convivencia, de historia, de vinculaciones, de experiencias compartidas denominado España? En mi opinión, la respuesta es categóricamente afirmativa. ¿Niega España a Catalunya, a Euskadi, a Galicia? En mi opinión, no. No han sido “los españoles” los enemigos de sus ciudadanos, lo habrán sido los reyes, los cuerpos de oficiales españolistas, el dictador, con el soporte de unas clases dominantes, incluidas las provenientes de los países sojuzgados, que optaron por el poder central frente a los derechos nacionales. Los espacios donde la libertad floreció en España (periodos de vigencia de la Constitución de 1812, las dos Repúblicas, el antifranquismo, la restauración democrática a partir de 1978) se han caracterizado por la conquista de las libertades de los ciudadanos y la ampliación de los derechos territoriales, exceptuando el caso de las guerras carlistas. La lucha por la libertad ha sido una lucha compartida. Esta España plural es la que trajo a los habitantes de la pell de brau que glosaba Salvador Espriu los dos únicos momentos históricos de civilidad de los últimos siglos. Recordemos como en los momentos últimos de la lucha contra la dictadura esa pluralidad era un elemento de orgullo para todos y una aportación a un nuevo futuro democrático. La simbólica consigna identitaria del antifranquismo catalán, llibertat, amnistia i estatut d’autonomia, recogía esa unidad compartida entre la lucha por los derechos individuales y los colectivos.
Aun con el incremento de peso político de los nacionalismos independentistas o secesionistas (crecimiento del cual uno de los principales catalizadores ha sido ese gran creador de nacionalismo que es José María Aznar), aquellos que defienden la exclusión identitaria, que en el caso vasco incluiría una exclusión “racial” (no se trata sólo de la peligrosa anécdota del RH de Arzallus, sino la afirmación de vasquismo exigida por algunos dirigentes de Batasuna para poder participar en los procesos electorales), son una clara minoría; incluso los que contemplan el futuro separados del resto de España como legítima opción política, son también minoritarios. Mayor es el peso que al calor del españolismo imperial de la derecha tienen los sectores intolerantes con la diferencia y el hecho diferencial de los tres territorios históricos y particularmente con el catalán, la importancia que para la estrategia de recuperación del poder tiene la confrontación interterritorial para el PP hace que la agitación alrededor de la desmembración de España sea uno de los grandes problemas a abordar, además esta política de “defensa de la unidad de España” penetra también en el territorio de la izquierda y de sus partido, es de sobra conocida la pulsión “española” de Bono, Ibarra, Vázquez, Simancas..., así que el encaje del discurso de Zapatero tiene dificultades en el seno del PSOE, y el encuentro con Galicia, Catalunya y Euskadi sufre ofensivas desestabilizadoras desde las mismas filas del partido del Gobierno. Sin embargo, aquellos que apostamos por la España plural, de un claro contenido federal, podemos configurar un espacio mayoritario de cambio, derechos nacionales y de avance en los derechos ciudadanos. Es esta España plural la que hoy permite, si se actúa con un mínimo de equilibrio e inteligencia, aprovechar una oportunidad histórica en el avance del marco de convivencia y en la profundización de los derechos democráticos, sociales y civiles.
Frente a visiones demasiado focalizadas en “lo nacional” es necesario destacar que ésta es una batalla que no se gana en cada uno de los territorios en cuestión sino en el conjunto de España. Muchas veces eso es olvidado u obviado por los que defienden una nueva articulación de los territorios, embarcados en una carrera por la afirmación del catalanismo o del vasquismo sin ver la necesidad  de transmitir un mensaje global sobre lo compartido. Detengámonos un momento a pensar qué impacto tan diferente hubies tenido el mismo tripartito catalán si uno de los mensajes transmitidos al resto de las autonomías españolas hubiese centrado y reivindicado la historia construida juntos y no solamente la reivindicación  del nuevo Estatuto y su focalización en la financiación, o que diferente sería si el Gobierno presidido por Maragall hubiese difundido en el resto de España una nueva política de escolarización a través de las oficinas municipales como la que inició el actual Conseller en Cap Bargallo, o la necesidad de una escuela pública plenamente laica -por lo que el tripartito soporta los ataques de la derecha clerical nacionalista-, o la política de protección medioambiental que da un giro frente a la vorágine urbanística del periodo CiU. Por ejemplo, casi nadie conoce fuera de Catalunya que el articulo 1 del proyecto de Estatut del tripartito tiene un alcance desconocido en la garantía de derechos cívicos y sociales, dando por mandato estatutario protección a los sectores mas débiles de la sociedad.
Cuando antes he señalado la oportunidad histórica que se abre, sobre todo a partir del proceso abierto con la derrota electoral de PP (representante genuino y autocomplacido del nacionalismo español), me estoy refiriendo a que esta construcción institucional de la España plural no está exenta de trabas, problemas y dificultades. La primera es la oposición de la derecha tradicional española a cualquier proceso de construcción cívica de otro modelo diferente al del centralismo tradicional. No hace falta recordar su trayectoria política-histórica y el espantajo de la “destrucción de España” como gran bandera de reagrupamiento frente a “los separatismos” -los otros nacionalistas- y “los blandos” -el Gobierno Zapatero- que conducirían a la “ruptura de España”. No es sólo el PP quien encabeza esta “cruzada nacional”, sino que su potente batería mediática, sectores importantes del empresariado, una parte significativa de las clases medias urbanas, la jerarquía eclesiástica y sectores populares que sienten cuestionados sentimientos identitarios básicos se implican de forma mas o menos activa en la “defensa de España” favoreciendo el proyecto centralizador y homogeneizador del conglomerado de la derecha española. Por eso, la batalla por la institucionalización de la España plural no se da en la pugna de cada uno de los territorios con el Gobierno central o las instituciones centrales, sino en el conjunto de España y en dos direcciones: en primer lugar, derrotando políticamente al PP globalmente y en cada uno de los lugares (nadie podrá negar que los resultados de las últimas elecciones vascas y gallegas favorecen todo el proceso) y, en segundo lugar, con un gran esfuerzo pedagógico conjunto que eluda los conflictos simbólicos o de cortoplacismo electoral (da vergüenza observar a CiU defendiendo ahora los derechos históricos catalanes, cuando sostuvo sin rubor a un Aznar expresión pura del nacionalismo imperial), lo que significa un esfuerzo de los progresistas de todo el país pero de forma muy especial de los catalanistas, vasquistas o galleguistas para poner en valor la pluralidad y la riqueza.
La sensibilidad primaria que rodea el tema tanto en cada nación como en el conjunto de España es muy grande, altamente manipulable por el PP y con efectos fácilmente contrarios a los buscados: lo que provoca aplausos en un sitio, encona rechazos en otro. Para hacer realidad de esa posibilidad debemos tener en cuenta este factor de sensibilidad y así debemos responder adecuadamente a una serie de preguntas. ¿Cómo se puede articular un proceso donde la gran mayoría de la ciudadanía se sienta cómodamente integrada -que no homogeneizada- y que sea, sobre todo, una comunidad no basada en “esencias” nacionales sino en derechos esenciales? ¿Cómo podemos lograr que los derechos catalanes, vascos y gallegos no sean contemplados como la negación de una articulación común en España? ¿Cómo podemos lograr que “español” no sea un insulto en Euskadi, o “catalán” sinónimo de interesado y mezquino en Madrid? Deberemos realizar un extraordinario esfuerzo de civilidad, despojarnos de batallas nominales y gestos para la galería, sabiendo que se puede generar una importante mayoría para un proyecto que sin negar culturas ni historias propias avance de forma común por la vía de los derechos de ciudadanía y la solidaridad interna y externa.
La pluralidad de España es una de sus mayores riquezas, pero la de Catalunya, Euskadi y Galicia también. Todos vivimos en sociedades mestizas y no es más catalán Llach que Miguel Poveda, ni  Quim Monzó que Vázquez Montalbán; ni mas vasco Mikel Laboa que Imanol, ni Bernardo Atxaga que Luis Martín Santos; ni mas gallego Manuel Rivas que Celso Emilio Ferreiro, ni menos español ninguno de ellos que Antonio Muñoz Molina,  Antonio López, Estrella Morente o Paco de Lucia, sobre todo porque el intento de identificar a cualquier persona que exprese una lengua, una música, una cultura o un país con un solo aspecto de su riqueza creativa, con una sola fuente de generación de lo nuevo es reductor, empobrecedor y en definitiva mezquino. Y esta pluralidad de nuestros territorios que ha sido generada en siglos de imbricación y contacto se encuentra actualmente en proceso de ampliación por el fenómeno migratorio. Ese es el grave problema de los nacionalismos identitarios: la exclusión, la no asunción de lo externo, y no me estoy refiriendo sólo aquí a los nacionalismos periféricos sino también y con mayor énfasis aún al nacionalismo español, aquel que envuelto de destino en lo universal y homogeneidad intenta encorsetar la riqueza de la convivencia de las diversas culturas y capacidades que se extiende por la península ibérica (y es bueno recuperar ese concepto tan abandonado como el país vecino: Portugal).

Un nuevo periodo no suficientemente aprovechado

Desgraciadamente este último año no ha sido adecuadamente aprovechado: con un Gobierno español dispuesto a explorar un nuevo escenario, con una derecha grogui asentada en un discurso ultranacionalista, con una nueva distribución electoral en Euskadi que permite abrir un proceso más dialogado, con una crisis evidente del terrorismo etarra, con un gobierno en Cataluña que generó grandes expectativas, con un nuevo gobierno en Galicia que emite un claro mensaje de cambio y con un alto grado de tranquilidad en el resto de las autonomías, nos encontramos al día de hoy con los procesos semiestancados, con debates formales que han ocupado los espacios de fondo, alimentando la alharaca “gran española” del PP. Se ha jugado con cierta frivolidad con la complejidad de la situación y, lejos de hacerse pedagogía sobre el conjunto de la ciudadanía, se ha jugado como si se estuviese en una partida de poker, todo ello consumiento el corto crédito de expectativa que se generaba en la población ante un tema tan  transcendente y sensible.
La oportunidad sigue existiendo, la legislatura sigue viva, el nuevo escenario lo favorece, pero cada una de las grietas que se abren en el proceso, es aprovechada demagógicamente por una derecha interesada exclusivamente en romper la mayoría parlamentaria y social que abrió este nuevo periodo de esperanza y de dialogo.

Lo local: el gran olvido en el debate territorial

Todo el debate tiene que ver, no sólo con la expresión de una nación, sino sobre todo con una nueva articulación del poder que responda a los cambios sustanciales que se han producido en nuestro país, en el mundo y en nuestro entorno en los últimos 25 años, de los que quiero resaltar tres: globalización económica y comunicativa, Unión Europea y procesos migratorios.
En esta nueva articulación casi todos los protagonistas afirman la voluntad de lograr un mayor ejercicio de los derechos de ciudadanía y una mejora de los servicios a la misma, señalando que si ahora son necesarios nuevos Estatutos de Autonomía -lo que comparto- es para generar convivencia cultural, calidad democrática y progreso socioeconómico. Se afirma con razón que la proximidad de la administración con los ciudadanos (principio de subsidiaridad) es garantía de mejores servicios y mayor eficacia en la prestación de servicios públicos. Sin embargo, debemos huir de lugares comunes y analizar críticamente la situación de los gobiernos autonómicos. En la gran transformación producida en la vida de los ciudadanos en los últimos cinco lustros han existido tres protagonistas institucionales ejecutivos: gobierno central, gobiernos autonómicos y gobiernos locales, más un cuarto protagonista sustancial por su peso en la financiación: la Unión Europea. Si el primero, particularmente en las primeras tres legislaturas presididas por González, generó las bases del tardío Estado del Bienestar español, los segundos lograron la articulación del equilibrio territorial y de servicios de su ámbito, y los terceros han sido vanguardia de la transformación real de la vida cotidiana de los ciudadanos y del establecimiento de sólidas raíces democráticas en la sociedad española. Sin embargo, la distribución de recursos ha sido profundamente desigual. España tiene uno de los menores índices de descentralización local (medido en porcentaje de gasto público ejecutado) de toda Europa, y los Gobiernos autonómicos han sido un claro tapón para ello; al comienzo de la transición, desde la izquierda señalábamos que la distribución del Gasto Público debía realizarse de acuerdo a los siguientes porcentajes: 50% Administración del Estado, 25% gobiernos autonómicos y 25% ayuntamientos. Pues bien, mientras las comunidades autónomas han pasado de ejecutar el 12% en 1986 al 32,3% en 2003, los entes locales han pasado del 12% al 13,3 % en el mismo periodo (los países del norte europeo se sitúan mas allá del 30%). Ese es un problema gravísimo que sólo está presente de forma marginal en la actual discusión. Hemos asistido a una extraordinaria voracidad presupuestaria y de poder por parte de los gobiernos autonómicos, muchas veces vinculada a la distribución del poder interno en los partidos, mientras que el abandono de lo municipal desde los dos niveles superiores de la administraciones ha sido pavoroso transformándose en un problema especialmente grave cuando empuja y facilita que los municipios recurran al uso del suelo (lo que fue impulsado por la vigente Ley del Suelo del PP), a la promoción inmobiliaria, a los ingresos atípicos y al endeudamiento como forma natural de financiación, desviando el papel reequilibrador y de mejora de la calidad de vida de sus habitantes que habían tenido en los primeros veinte años de gestión democrática. Nos encontramos ahora con que los gobiernos locales, en forma cada vez más preocupante, impulsan la urbanización descontrolada, la obra pública desmesurada y la destrucción medioambiental.
En la economía de lo público, Musgrave señaló tres tipos de funciones: estabilizadoras, redistributivas y asignativas. Esta división nos permite hacer un recorrido sobre la articulación del poder mas eficaz para los ciudadanos.
Las primeras afectan al nivel más macro, y son aquellas que requieren operar en un marco más amplio. Actualmente, en el caso de España están afectadas por las políticas que determina la Unión Europea. Estas funciones corresponden al manejo de las principales macromagnitudes (empleo, precios, política I+D+I, infraestructuras...) así como a la política monetaria (condicionada por la de la UE) y la fiscal (independientemente de su posterior desagregación recaudatoria y de las competencias específicas que se establezcan en cada administración), y esto supone la fijación de un marco estable de competencias a nivel central así como el papel de los gobiernos autonómicos. En un mundo marcado por la generación de espacios supranacionales no es posible la involución hacia los estados-nación -ni el español, ni el vasco o catalán-, y ésta es una de las grandes contradicciones de los nacionalistas (no hay mas que ver los vaivenes del PP ante la Constitución europea) y de los independentistas que, por un lado, quieren la afirmación estatal y por otro no descolgarse del proceso de transnacionalización.
La función redistributiva implica la distribución de la riqueza individual y territorialmente, y supone un doble enfoque. Desde el punto de vista global, el establecimiento del principio de solidaridad social y territorial, de forma que se logre una auténtica igualdad en el acceso a los servicios y recursos públicos, así como en la calidad de los mismos. Pero también la  existencia de mecanismos coparticipados y consensuados en la función redistributiva. La solidaridad social e interterritorial es para la izquierda un punto de identidad básico. La defensa del equilibrio en los servicios sociales básicos, como educación, salud y caja única de la Seguridad Social, son elementos claves de la apuesta por un proyecto plural, pues sería un tremendo anacronismo que la demanda de una Europa social fuese acompañada de la defensa de los privilegios de las regiones más ricas. Este es uno de los grandes terrenos donde el engranaje entre gobierno central y gobiernos autonómicos debe actuar.
Las funciones asignativas, aquellas que responden de forma más directa a las demandas sociales y ciudadanas, deben situarse en mayor cercanía a las personas. La proximidad y sensibilidad de los gobiernos locales permite definir con mayor eficiencia las necesidades y preferencias de los ciudadanos, y ajustar el bien o servicio público, eliminando ineficacias y costes indebidos a la vez que permite una mejora continua de la calidad. La participación de los ciudadanos, incluso en la definición de prioridades como ha sucedido con las experiencias de presupuestos participativos, permite un extensión de la democracia ciudadana y una mayor implicación de las comunidades en el desarrollo de las funciones de la Administración. En las funciones asignativas participan tanto los gobiernos autonómicos (con una función asignativa obvia en su territorio), pero en este campo los gobiernos locales deben recuperar un papel que han ido perdiendo de forma creciente, dañando la proximidad de la relación de la democracia con la ciudadanía.