Trasversales
Félix Taberna
Respuesta a los retos de la reforma del Estado

revista Iniciativa Socialista 77, otoño 2005. Félix Taberna es coordinador ejecutivo de Política Institucional y Modelo de Estado de IU


El propósito de este artículo no es otro que el de explicar sucintamente la propuesta de federalismo solidario, republicano y transformador que defiende Izquierda Unida y enlazarlo con la agenda política de reformas institucionales en que nos hayamos inmersos. Conscientemente las califico de ‘reformas institucionales’ porque los cambios van más allá y no estamos sólo contemplando las reformas estatutarias. La Agenda de Estado está nucleada a partir de múltiples proyectos que pasan por cambios sustanciales en el Tratado Constitucional de la Unión Europea, la Constitución Española, los estatutos autonómicos y las Bases de Régimen Local.
Ante este reto de reformas, podemos situarnos en dos actitudes: la primera, más fácil y menos comprometida, la del que tiene miedo al cambio, la del que sólo ve riesgos de enfrentamiento, de división... O en la actitud del que contempla estas reformas como una oportunidad para el ciudadano, para que éste recupere sus legítimos espacios de poder, fortaleciendo el comunitarismo.  Esta es la actitud en la que nosotros nos situamos.
El reto puede ser pretencioso, pero no es otro que el de asumir un nuevo ‘renacimiento de la política’. Un reto tras el que se sitúe al ciudadano/a en el centro de la acción política. La respuesta ciudadana francesa y holandesa en el refrendo ante el Tratado Constitucional de la UE ha puesto de manifiesto las debilidades políticas de nuestro actual sistema y cómo la rebelión democrática ciudadana muestra hartazgo hacia lo que se está construyendo. En este hilo argumental, alguno o muchos, pensarán que lo más alejado del interés ciudadano son las reformas de estatutos, de la Constitución Española y europea que se ciernen sobre nosotros…, que estas cosas sólo interesan a las élites o que, como mucho, es un invento de los políticos.  Y es cierto que el interés popular está alejado de estos temas. Los instrumentos sociométricos indican el escaso interés ciudadano por las reformas estatutarias.  Sin embargo, he aquí el reto: perseguir la repolitización de la sociedad. Enfocar estas reformas como lucha por el poder ciudadano. Situar las reformas institucionales como interés en sí y para sí de los ciudadanos. Las propuestas políticas, desde el republicanismo cívico, ante estas reformas, deben ser: más poder, más derechos y más comunidad. En definitiva, ampliar el concepto de ciudadanía como sujeto político directo pleno de derechos.
Nada más provocador (pro-vocare: hacer hablar) que proponer, ante la reforma de la Constitución, la necesidad pedagógica y radical de un Jefe de Estado elegido democrática y directamente por el conjunto de los ciudadanos. Nada más aleccionador, ante las reformas estatutarias, que proponer mecanismos ágiles de consultas populares ante temas de relevancia, así como promover presupuestos participativos y controles democráticos. Nada más fuerte para los intereses próximos que blindar, en los textos a reformar, los derechos ciudadanos y ampliar los de nueva generación a través de Cartas de Derechos. Por cierto, la reforma proyectada en el Estatuto de Cataluña, avanza, en algunos aspectos, en más derechos que la Constitución Española.
La sociedad de mercado, máxima reguladora, no sólo nos secuestra nuestra naturaleza política sino también persigue desarraigarnos, desagregarnos. Pasarnos de ‘Ciudadanos’ a ‘Clientes’. La izquierda no ha sido capaz en muchas ocasiones de comprender y entender que la identidad es un factor político de primer orden. La identidad, el sentimiento de pertenencia, es un agregado más de bienestar. La emancipación no sólo es económica sino también cultural.  Nunca hay que despreciar lo colectivo, lo comunitario, lo nacional. Hay que partir del reconocimiento político de las identidades, incluyendo las nuevas identidades creadas por los procesos migratorios para aproximarse a la realidad. El fenómeno de particularización, de resurgimiento y fortalecimiento de las diferentes identidades culturales, ha sido una forma  social espontánea de evitar la disociación social del individuo que provoca la globalización y que debe ser tenido en cuenta. No es extraño contemplar el rebrote de los nacionalismos como respuesta a la pérdida cultural del individuo.
Desde una concepción republicana, el federalismo se convierte en el mejor modo de organización política. Federalismo desde su acepción etimológica, que parte del pacto entre ciudadanos (foedus: pacto). El federalismo debe ser concebido como pacto entre el ciudadano y el poder, un pacto entre diferentes para agregarse común y políticamente. Propugnamos la unidad federal construida sobre la libertad y la voluntad, sobre el derecho a la libre determinación de su futuro por cada comunidad política. Reivindicamos el concepto de patriotismo de los derechos. La patria está en los derechos, no en un territorio determinado elevado a solar sagrado. Y los derechos, sean individuales o colectivos, se deben incorporar en las reformas estatutarias y en la Constitución.
La España real se caracteriza, entre otras muchas cosas, por la presencia de los nacionalismos ajenos al español. Son expresiones políticas que no asumen la articulación constitucional de España, ni su actual unidad, y que en algún espacio son mayoritarias. De ninguna manera son una anomalía, una enfermedad pasajera o un tumor que pueda extirparse en breve con medidas contundentes, como parecen creer algunos. Se quiera o no, tienen mucho que ver con nuestra historia, con nuestros problemas de convivencia y de identidad. Hay que contar con su existencia, aunque no se compartan.
En Izquierda Unida aceptamos la legitimidad de los planteamientos nacionalistas, pero no somos nacionalistas. Consideramos la actual configuración del Estado Español y su inclusión en la Unión Europea como un espacio compartido y un patrimonio beneficioso para la ciudadanía. Pero creemos que cualquier unidad política tiene que basarse en la libertad y el pacto. No creemos que la historia imponga, como decían antaño, ‘unidades de destino en lo universal’ obligatorias, sustraídas de la decisión que adopte cada sociedad y cada generación humana sobre su presente y su futuro. Somos partidarios de avanzar hacia un modelo federal, la máxima autonomía política y la corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas, la participación ciudadana y la solidaridad entre los ciudadanos y los territorios y, al mismo tiempo, el respeto del derecho de autodeterminación. No compartimos la obsesión por la unidad a toda costa y el intento de mantener el Estado autonómico como un Estado meramente descentralizado administrativamente, propio del nacionalismo español y, principalmente, del Partido Popular; tampoco la tendencia hacia esquemas confederales o de descentralización particularista que rompan los esquemas de solidaridad y de igualdad de derechos para toda la ciudadanía; ni compartimos los irredentismos territoriales vengan de un lado u otro.
El federalismo que defendemos es pluralista o plurinacional. Federalismo en el sentido clásico de unir mediante pacto para conseguir el autogobierno de los asuntos propios de cada una de las partes federadas, más el gobierno compartido de lo común. Pluralista porque acoge la pluralidad de identidades nacionales que pueden existir en un mismo territorio; plurinacional no únicamente en el sentido de que suponga unir varias naciones preexistentes con límites perfectamente definidos, sino porque permite la convivencia en el mismo territorio y en la misma comunidad de personas que tienen concepciones distintas sobre la nación a la que pertenecen y que mantienen distintos sentimientos de identidad. Federalismo plural para una sociedad cada vez más plural.
Sobre este pensamiento, finalmente, vayan por delante unas propuestas. Las reformas constitucionales y estatutarias en sentido federal exigirían sustituir el mecanismo de los Estatutos de Autonomía por la atribución a las Comunidades Autónomas de la potestad de aprobar su propia Constitución, dentro del marco establecido en la Constitución federal, que debiera regular, junto con la distribución de competencias, aquellos aspectos comunes que deban contener las Constituciones autonómicas.
La atribución de competencias a las Comunidades Autónomas no debiera quedar al albur de la aprobación de los Estatutos de Autonomía. La Constitución y los Estatutos debieran  hacer una distribución exhaustiva de cuáles son las competencias del Estado y de las que corresponden a las Comunidades Autónomas, incluyendo los mecanismos necesarios para un ejercicio cooperativo de las mismas, especialmente en los ámbitos donde deban producirse competencias compartidas. La garantía de las competencias de una u otra parte debe ser el propio texto constitucional y la interpretación que del mismo haga el Tribunal Constitucional, y no unas situaciones o unas voluntades políticas más o menos favorables.
Esta distribución no puede ser “simétrica”, en el sentido de que todas las Comunidades Autónomas vayan a disponer exactamente de las mismas competencias, como tampoco lo es actualmente. Las diferencias históricas, geográficas, lingüísticas, imponen que unas Comunidades ejerzan determinadas competencias (lengua propia, puertos, pesca, derecho civil) y otras no. Pero en cualquier caso, las diferencias competenciales deberán basarse siempre en razones objetivas y el nivel general de autogobierno debe ser similar.
El Estado Federal debe ser un espacio de decisión compartida. Por ello, las instituciones constitucionales deben ser configuradas con la participación de las Comunidades Autónomas. Ello debe llevar a una modificación profunda de la composición del Senado, que debe elegirse sobre la base de las Comunidades Autónomas y no de las provincias como en la actualidad; del Tribunal Constitucional, que debiera ser elegido en mayor proporción que en la actualidad a través del Senado; del Tribunal de Cuentas; del Consejo de Radio Televisión Española; etc.
En definitiva, nuestra propuesta política es recuperar el poder para el ciudadano/a, fortaleciéndole con derechos sociales, democráticos y ambientales, y estableciendo modelos de convivencia que respeten su propia cultura. Con estos valores vamos a intervenir en los debates de reformas institucionales en el ámbito europeo, estatal, autonómico y municipal. Porque todos ellos deben perseguir que al ciudadano no le secuestren lo político, que sea el soberano, más allá de soberanías. Esto se llama Federalismo republicano de izquierdas.

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