El consejo de ministros del 27 de julio de 2013 aprobó el proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL), que posterga institucionalmente a las entidades locales, especialmente a las rurales, las quita importantes competencias y las somete a tutelaje por parte del Estado, las comunidades autónomas (CCAA) y las diputaciones provinciales, institución ésta última especialmente opaca y alejada de la ciudadanía.

a) El proyecto recorta las competencia propias de los ayuntamientos. En particular, suprime las siguientes:

- La prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, excepto en cuanto a la "evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social".

- La participación en la programación de la enseñanza y la intervención en los órganos de gestión.

- La participación en la gestión de la atención primaria de la salud

- La inspección y control sanitario de mataderos, de industrias alimentarias y bebidas.

- La protección del medio ambiente fuera del ámbito urbano

- El transporte colectivo fuera del ámbito urban

b) También suprime la reserva establecida a favor de las entidades locales en cuanto al abastecimiento no domicilario de aguas, el suministro de gas y calefacción, los mataderos, mercados y lonjas centrales y los servicios mortuorios.

c) Los municipios de menos de 20.000 habitantes (95% de los existentes) también pierden el control sobre parte de las competencias propias de los ayuntamientos, pues pasarían a depender de las diputaciones provinciales las siguientes:

- Recogida de residuos

- Limpieza viaria

- Abastecimiento no domiciliario de agua potable

- Acceso a los núcleos de población

- Pavimentación de las vías

- Tratamiento de residuos

- También perderían la competencia sobre contratación, que sería centralizada por las diputaciones.

d) Se quita a los municipios la potestad de desarrollar actividades que complementen a las propias de otras instituciones, en ámbitos como educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente.

e) Salvo que les sean delegadas por el Estado o las CCAA, los municipios no podrán ejecutar competencias no propias que estén siendo ejecutadas por otras administraciones.

f) El proyecto de ley limita radicalmente la capacidad de los ayuntamientos para exigir solicitud de licencia de cara a la realización de actividades económicas potencialmnete dañinas.

- Las razones de protección del medio ambiente sólo podría aplicarse si se refieren exclusivamente al lugar concreto donde se realiza la actividad.

- Las razones por protección del patrimonio histórico-artístico sólo podrán aplicarse si hay colocación de instalaciones o infraestructuras físicas y el caso de que se trate está previsto en una ley que lo regule.

- La potestad municipal de someter a autorización actividades económicas que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público desaparece sólo podrá ejercerse si ese uso provoca que "el número de operadores económicos del mercado sea limitado" (!!).

g) El proyecto quita personalidad jurídica a las juntas vecinales, es decir, a las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal, como caseríos, aldeas, barrios, concejos, pedanías u otros, y deja su regulación en manos de las CCAA, suprimiendo la normativa que establecia para ellas la existencia de un órgano unipersonal ejecutivo de elección directa -una especie de alcalde(sa) de barrio por elección directa- y de un órgano de control compuesto en conformidad con los resultados de las elecciones municipales en las mesas vinculadas al territorio afectado, sustituible por el Concejo Abierto, es decir, una asamblea vecinal.

h) Abre las puertas a otro fuerte recorte salarial al personas municipal estableciendo que los Presupuestos Generales del Estado puedan fijar un límite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos en función del grupo profesional y tras características.

En resumen, esta agresión contra el municipalismo pretende imponer nuevos recortes sociales, coartar la democracia local y vecinal, bloquear nuevas experiencias políticas de oriegen local, poner el espacio rural al servicio de proyectos especulativos, aumentar el control de los aparatos provinciales, regionales y estatales de los grandes partidos sobre los municipios y minar aún más las posibilidades de control de la ciudadanía sobre los gobernantes. Provocará la supresión de muchos servicios sociales, dificultará el acceso a otros y dará lugar a la pérdida de muchos empleos.