El anteproyecto de ley presentado en el consejo de ministros el 20 de diciembre pretende sustituir la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por otra aún más restrictiva del derecho de las mujeres a decidir según sus convicciones, aspiraciones y circunstancias, libremente y sin intromisiones del Estado.

La maternidad es una decisión íntima y personal. Lo que debe ser responsabilidad pública y social es garantizar que toda criatura nacida tendrá acceso en condiciones dignas a alimento, vivienda, vestido, agua, electricidad, sanidad y educación; que las mujeres que desean ser madres puedan hacerlo en condiciones adecuadas; que todas las mujeres que quieran interrumpir un embarazo no deseado puedan hacerlo en condiciones seguras en el marco del sistema sanitario público. Eso sí es ser pro-vida.

Aunque la legislación actual tampoco reconoce plenamente el derecho a decidir de las mujeres y tiene graves insuficiencias, la normativa propuesta sería un paso atrás muy importante, por detrás incluso de la ley de 1985, tanto por las restricciones que impone como por el papel subordinado y subalterno que asigna a las mujeres. Una ley así dañaría la vida de muchas mujeres, insulta a todas y daría lugar a numerosos abortos clandestinos en condiciones peligrosas, especialmente entre jóvenes y mujeres con escasos medios económicos.

¿Qué supone esta propuesta de Gallardón, Rajoy y sus demás ministros?

Desaparecería la posibilidad de interrumpir el embarazo en las 14 primeras semanas a petición de la mujer, a la que se acogieron en 2012 el 91,26% de las IVE realizadas. Más de cien mil mujeres serían arrojadas cada año a una maternidad impuesta, a un aborto clandestino o en otro país, o a la incierta ruta de las "causas" o "supuestos", dependiente de decisiones ajenas.

Restringiría, complicaría y alargaría el acceso a la IVE en los supuestos específicos que permita la ley, con una sesgada "información" disuasoria dada por equipos "especiales", obligadas semanas de "reflexión", recorridos por varios centros sanitarios tratando de obtener numerosos dictámenes...

Quitaría a las jóvenes de 16 y 17 años el derecho a decidir incluso en los supuestos contemplados por la ley, pues de no contar con el asentimiento de todos sus representantes legales la decisión la tomaría un(a) juez.

La legislación propuesta por Rajoy y Gallardón presenta a las mujeres como personas "irresponsables", víctimas de sus propias decisiones y, por tanto, necesitadas de tutelaje por el Estado, la judicatura, la familia o los servicios sanitarios. Nos convierten en ciudadanas de segunda, como se nos convirtió al impedir que las mujeres sin "pareja masculina" tengan acceso público a la reproducción asistida.

El ministro de Justicia alardea de que con su ley desaparecería la responsabilidad penal de las mujeres que interrumpan su embarazo ilegalmente, pero esa hipócrita medida, basada en la consideración de que las mujeres no son responsables de sus decisiones, recuerda la situación en la que, bajo el franquismo, los gays iban a la cárcel mientras que las lesbianas eran frecuentemente encerradas en manicomios, pues ni siquiera se les reconocía su propia sexualidad "delictiva".

El movimiento feminista lleva décadas exigiendo la despenalización de la IVE, pero eso no se refiere sólo a las mujeres que toman esa opción, sino también al personal sanitario implicado y a la propia práctica de la IVE legalmente y con seguridad. Despenalizar es reconocer la capacidad de decisión de las mujeres, no ese ninguneo machista "incapacitador" de las mujeres que rechacen una maternidad impuesta y a las que Gallardón "perdonaría" tras forzarlas a un aborto clandestino.

El "anteproyecto Gallardón" pondría a muchas mujeres ante una elección entre maternidades no deseadas y abortos clandestinos o autoabortos. No reconoce en ningún caso la libre decisión de las mujeres, convierte en una carrera de obstáculos el acceso a la IVE en los pocos casos que permitiría la ley, establece un cerco sobre los entornos personales, asociativos o sanitarios en los que la mujer pudiera encontrar respaldo, creando un nuevo delito de "incitación al aborto" y una sospecha sistemática sobre los dictámenes médicos y sobre los centros sanitarios en los que se realicen abortos, a los que se prohibiría toda información pública relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo, en un contexto en el que, durante 2012, el 93,5% de las intervenciones se realizaron en clinicas privadas.

Para dar respuesta coherente a los "argumentos" demagógicos del ministro de Justicia y lograr una solución duradera que garantice la completa despenalización de la IVE y el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres, hay que entender y explicar que toda lista restrictiva de "causas" y "supuestos" será arbitraria y contradictoria, ya que sólo a la mujer embarazada corresponde evaluar sus motivos para llevar adelante un embarazo o para interrumpirlo.

No obstante, también es necesaria una amplia unidad de acción defensiva para exigir, al menos, la retirada de este anteproyecto. No se trata de la actitud personal de cada persona ante el aborto, sino del derecho de cada mujer a actuar según sus convicciones y circunstancias, de la misma forma que sólo defiende la libertad de expresión quien defiende el derecho de quien piensa diferente. Unamos fuerzas para no retroceder casi 30 años, sin renunciar a ir a por más quienes lo veamos necesario.

La sociedad tiene que responder ante este atropello, apoyando esta lucha. Sin respeto a los derechos de las mujeres no hay igualdad ni libertad ni democracia.

Tienen que responder quienes votaron en 2011 a un PP que se proclamaba "liberal", si por ello entendieron algo más que la "libertad" de las élites económicas y políticas para reforzar sus privilegios y expoliar a la población. Tenemos que responder las personas, movimientos y mareas en lucha contra los diversos recortes sociales que estamos sufriendo, ya que los derechos de las mujeres tienen que formar parte de la agenda común sobre la que podemos construir la alianza social que necesitamos para poner fin a todos estas agresiones que amenazan y precarizan nuestras vidas.

¡Derecho a decidir! ¡ NO A LA LEY GALLARDÓN! ¡Hay que echarlos!