Trasversales
José Luis Redondo

Las líneas rojas del Estatut

Revista Trasversales número 1,  invierno 2005-2006

En un artículo escrito hace algunos meses analizaba la imparable reforma del Estado español, sometido al impulso de transformación de los estados a causa del proceso globalizador, la formación de la UE y el surgimiento de los impulsos identitarios. También valoraba el impacto de la reforma del Estatuto de Cataluña, que iba a marcar el límite para las reformas de los otros estatutos.
El estatuto pactado en Cataluña se ha acercado fuertemente a las posiciones nacionalistas debido al esfuerzo conjunto de CiU y ERC. Se han pasado los límites a los que puede llegar el Gobierno y el PSOE. Esta situación marca uno de los peores escenarios posibles.

El debate en el Congreso de los diputados ha permitido a Zapatero señalar las líneas rojas, límites que ya se habían indicado anteriormente, pero parece que no con bastante contundencia como para que Maragall tuviera que respetarlos en la negociación del Estatuto. El juego de Maragall de comportarse como nacionalista en Cataluña y constitucionalista en Madrid ha conducido a un estatuto de difícil reforma.
Uno de los escenarios posibles sería que los límites propuestos por el PSOE se impusieran. Enmiendas que dejen claro que la formulación de Cataluña como nación es predominantemente cultural y no pueda ser base para reclamaciones ulteriores, que separen las competencias y la legislación de Cataluña y del Estado, pero sobre todo que permitan un sistema de financiación y tributario al Estado. Un sistema como el propuesto en el proyecto de Estatuto, si se generalizase a otras autonomías, dejaría al Estado sin competencias y teniendo que gestionar sus recursos bilateralmente con cada Comunidad Autónoma.

Parece difícil llegar a este acuerdo, porque CiU no pierde nada retirándose de él y a ERC le sería muy difícil no seguir sus pasos. Si CiU se retira y la delegación del Parlamento de Cataluña tiene que renunciar al Estatuto, probablemente se producirían elecciones anticipadas en Cataluña en las que el Estatuto de consenso sería la bandera nacionalista, elecciones en las que puede darse la derrota de Maragall y un gobierno nacionalista; en cualquier caso se abre la posibilidad a la manipulación nacionalista de un enfrentamiento entre Cataluña y España. Paradójicamente, la agitación y la campaña anticatalana del PP y de sectores afines puede empujar a CiU y ERC para que acepten cambios significativos del Estatuto.
El éxito de un estatuto reformado o su fracaso en el Congreso no sería demasiado negativo, al final, para el Gobierno de Zapatero, si tiene que ir a elecciones anticipadas por falta de apoyo de ERC. Sin embargo el debate del Estatuto ya está suponiendo un fuerte desgaste. A largo plazo lo más negativo puede ser que aparezca un enfrentamiento, entre Cataluña como sujeto ideal que construye el nacionalismo y España, el “otro” enfrentado.

Mientras tanto, la campaña goebeliana del PP, de los medios que le acompañan y de miembros de instituciones del Estado como el Consejo General del Poder Judicial, está haciendo mella. La opinión pública está siendo reforzada en su nacionalismo español frente al nacionalismo catalán, designado como el malo de la película que tiene el poder concedido graciosamente por el presidente del Gobierno. Esta consigna de la ruptura de España, que se recita expresamente o como violación de la Constitución, está sirviendo al PP para subir en su expectativa de voto a la vez que baja la del PSOE. Si el Gobierno mantiene firme sus posiciones, tenga éxito o fracase la reforma del Estatuto, podrá presentarse con una carta impecable de respeto a la Constitución y puede recuperar sus apoyos.
Si las posiciones del PSOE se impusieran y se llegara a un Estatuto constitucional y generalizable, la posición del PP y de un ala del PSOE sería imposible. El éxito supondría que las demás autonomías tendrían que optar por este camino, tanto las gobernadas por el PSOE como por el PP y la campaña del PP quedaría anulada. En el otro escenario, el de la retirada del Estatuto por el Parlamento de Cataluña, tampoco podría el PP mantener sus acusaciones a Zapatero de ruptura constitucional y de llevar a España a un panorama balcánico.

Es importante analizar, independientemente de los errores del Gobierno en este proceso, las posiciones de las tendencias centralistas dentro del PSOE.
Siempre han existido posiciones a favor de una España centralizada y homogénea dentro de la izquierda y son de larga tradición en la historia del PSOE. Es uno de los problemas de un partido, que tiene que hacer propuestas para toda España, a la vez que conciliar estas posiciones con las más federalistas del PSC y del Partido Socialista del País Vasco. Sin embargo la polémica con la que se ha recibido las propuestas catalanas, tanto durante las deliberaciones como en su resultado, parece sospechosa. Las declaraciones extemporáneas y hasta los insultos de Rodríguez Ibarra, de Bono y en tono menor de Simancas, parecen apuntar a la desestabilización del Gobierno. No ha sido sólo un debate en el interior del PSOE, sino la afirmación de un polo de referencia más cercano al PP que a las posiciones del Gobierno en la reforma territorial. Han tensionado innecesariamente la relación con el nacionalismo catalán, han defendido una España más centralista que federal. Es así comprensible que Bono sea el ministro más popular, ya que le apoya una parte del electorado del PP. Una de las dificultades que tendrá que vencer Zapatero son estas discrepancias, unificando en un sentido ampliamente federal las dos almas del PSOE.
La reforma de la estructura del Estado no puede basarse solamente en la de los estatutos, es imprescindible la del Senado. Sin un Senado que una, que sea verdaderamente federal, será muy difícil un funcionamiento unitario del país. Los impuestos, la sanidad, la enseñanza, la gestión del agua y del medio ambiente y muchas materias más necesitan de acuerdos y legislación común, porque son materias gestionadas por las Comunidades Autónomas. Cuanto más materias gestionen más tendrá que gobernarse desde el consenso y por lo tanto con espacios de poder comunes. El debate realizado en el Senado demuestra que el PP no está por la labor, y sin su cooperación no hay reforma posible del Senado.
Paradójicamente la negativa del PP a todo cambio, su utilización de todos los problemas de Estado como arma para deteriorar al Gobierno, puede producir mayor “ruptura de España” que la que vienen anunciando. La reforma del Senado supone la de la Constitución, y sin ella sólo quedarían como instrumentos de cooperación las reuniones del Gobierno con las autonomías, que no tienen función legislativa ni ejecutiva. Así que se facilitarían las tendencias centrífugas y los enfrentamientos continuos con las autonomías gobernadas desde fuerzas políticas que no coincidan con las que están en el Gobierno central. Se haría así muy difícil el gobierno del Estado independientemente del signo político que éste tenga.


Trasversales