Trasversales
José Manuel Roca

El Estatut en el laberinto

Revista Trasversales número 1,  invierno 2005-2006


Después de 19 meses de gestación, el 30 de septiembre de 2005 el Parlamento catalán, con una mayoría de 120 votos a favor y 15 del PP en contra, alumbró el proyecto de nuevo Estatuto. Un mocetón tan rollizo que al parecer no cabe en la cuna. La duda es si debe arreglarse la cuna para que se encuentre a gusto el mocetón o si el fin buscado era traer al mundo a una criatura con el propósito de remodelar la cuna, como aseguran algunos. Pero antes de estimar la conveniencia de agrandar la cuna o ajustar la estatura del mocetón a esas dimensiones, como si fuera el lecho de Procusto, hay que hablar del clima de opinión en que el Estatut ha llegado al Congreso.
Las opiniones que han acompañado la discusión del borrador han caldeado, dentro y fuera de Cataluña, el ambiente en el que finalmente el Parlament alcanzó el acuerdo cuando el proyecto parecía embarrancado, y en el que se ha iniciado el trámite parlamentario en las Cortes.
El Estatut ha producido un largo y cálido verano literario, rico en declaraciones y réplicas de personas concernidas, juristas, constitucionalistas, comentaristas y aficionados (ahí está la opinión del gobernador del Banco de España, y, por supuesto, la mía), que han amenazado al propio Gobierno tripartito. Para Antoni Puigverd (“Un embrollo de comedia”, La Vanguardia, 1/8/2005) el Estatut era como un helado al sol y el Parlament se había derretido como un reloj de Dalí, personaje aludido también por Francesc de Carreras (“Volver a la sensatez”, La Vanguardia, 28/7/2005), que señalaba que la lógica surrealista hoy habría llevado al pintor a pedir el ingreso en ERC. No sólo el Parlament parecía fundirse por el calor de la pasión política animada por la emoción (y el cálculo) nacionalista, sino también parecía licuarse la lógica seguida hasta el momento en materia de pactos, pues un complicado juego político estaba obligando a un baile de alianzas, que sugería a los profanos hallarse en medio de un sueño o de una representación teatral, como calificaba Ramoneda la negociación (“Laicidad y poder”, El País, edición Cataluña, 26/7/2005), pero en un teatro vacío, apostillaba Félix de Azúa (“Sólo quiero lo mejor para ti”, El País, 10/11/2005), pues, según él, el público español ha desertado de las salas de conciertos donde suena el Estatuto.

Para entender los vaivenes del estío de 2005 hay que recordar que, en noviembre de 1999, CiU, en la que sería última investidura de Pujol, obtuvo el apoyo del PP a cambio de renunciar a una revisión del Estatut. La victoria por mayoría absoluta del PP en las elecciones generales de 2000 aconsejó a Maragall buscar la convergencia con las otras fuerzas de izquierda, ante un gobierno de derecha catalán apoyado por una triunfante derecha centralista. Y ERC, que había ofrecido a CiU algún pacto (rechazado), se avino a negociar con las izquierdas, que, con la oferta de reformar el Estatut, intentaban privar a CiU del monopolio del nacionalismo y ofrecer al electorado catalán un proyecto nacionalista y de izquierdas. Pero a primeros de 2003 de cara a las elecciones autonómicas, CiU se sintió libre del pacto con el PP y, junto con la designación de Artur Mas como sucesor de Pujol, creó una ponencia para reformar el marco autonómico. Mas prometió que, si ganaba las elecciones, en medio año habría un nuevo Estatuto con un acuerdo económico con el Gobierno central similar al concierto vasco.
Celebradas las elecciones en otoño de 2003, Maragall, Saura y Carod firmaron en diciembre un pacto de Gobierno (pacto del Tinell) con el compromiso de reformar el Estatuto de Cataluña y la esperanza de que CiU lo apoyase desde la oposición. Ante un PP reafirmado en sus pautas centralistas y atacado de ardor guerrero ante la crisis de Irak, se alzaba una alianza de izquierdas que representaba la España plural y pacifista. Lo cual condujo a Zapatero a afirmar, de modo tan optimista como imprudente, que apoyaría un Estatuto ampliamente respaldado por el Parlamento catalán.

Juegos y palabras


A pesar de los sobresaltos que sacudieron al gobierno tripartito (entrevista de Carod con dirigentes de ETA, su dimisión, anuncio de tregua de la banda en Cataluña, auditorías de CiU, hundimiento del túnel del Carmel, asunto del 3%), la derrota del PP en las elecciones de marzo de 2004 facilitó la labor reformadora, pero el resultado electoral condicionó tanto la intención de Zapatero como las aspiraciones de ERC, azuzadas por CiU desde la oposición. Con ello se abrió en la Generalitat una etapa inestable, debida a las diversas estrategias aplicadas a un juego que ha estado limitado en sus extremos por dos partidos políticos de la derecha católica, CiU y PP, enfrentados en el tema autonómico pero coincidentes en la posición ocupada en el debate sobre el Estatut: ambos en la oposición, con fuerza y poco que perder.
CiU, consciente de que sin el voto de sus 46 diputados no se alcanzarían los dos tercios necesarios para aprobar el nuevo Estatut, competía con ERC en demandas nacionalistas, en especial en materia de financiación (similar al cupo vasco, como había prometido Mas). Parte del precio por dejarse querer fue impedir la reforma de la ley electoral que otorga un plus de representación a la Cataluña rural, donde CiU cuenta con un amplio vivero electoral, en perjuicio de la urbana, más favorable a la izquierda. La amenaza de hacer imposible la reforma ha pendido todo el verano sobre los miembros del tripartito. El riesgo era pasarse y quedar fuera del acuerdo final, pero CiU siempre podría argüir ante sus electores que había intentado alcanzar lo máximo posible. Pujol había advertido del peligro de igualar los estatutos de autonomía y de que el nuevo Estatut fuera inferior al vigente. En este aspecto, y ante las demandas de moderación provenientes del PSC, tanto Mas como Durán acusaron a ERC de entregarse a las rebajas solicitadas desde Madrid y de renunciar al concierto económico tras estar años pidiéndolo. Pero ERC advirtió a CiU de que si fracasaba la reforma del Estatut se olvidase de futuros pactos, y al tiempo invocó los derechos históricos para blindar las competencias, lo que provocó la acusación del PSC de radicalizarse para competir con CiU por el electorado nacionalista. Sin embargo, en ERC, pese a la presión recibida desde el PSC, han sido conscientes de su fuerza en el tripartito y ante las necesidades del Gobierno central, como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y en el terreno de las declaraciones han caldeado el ambiente todo lo que han podido. Seguros del apoyo de CiU, en medio de sus tensiones con el PSC, Carod Rovira afirmó que la inclusión de los derechos históricos era inmodificable y que serviría de base para ampliar la financiación autonómica, pero, estando todavía el borrador en discusión, Carod, quizá recordando uno de los ácidos epigramas de Larra (Aquí yace el Estatuto; nació y murió en un minuto), indicó que, de aprobarse, el Estatut no duraría muchos años: Que no se engañe quien piense que estamos aprobando un Estatut para los próximos 30 años (...) en el momento en que haya nuevas necesidades y que se modifique la actual correlación de fuerzas, Cataluña no tiene ninguna otra salida responsable que volver a hacer un nuevo cambio institucional. Estas declaraciones del 25 de julio fueron seguidas por otras del diputado de ERC Juan Tardá (4 de agosto), que levantaron la consiguiente polvareda al proponer una reforma constitucional que reconozca el derecho de secesión, permita la federación de comunidades autónomas, elimine la provincia como circunscripción electoral y establezca el castellano, el catalán, el gallego y el vasco como lenguas oficiales en todos los territorios.

Opiniones de este jaez no han facilitado la labor de Zapatero. En el PSOE a medida que avanzaba la redacción del texto crecía la preocupación, sobre todo en lo referido a los derechos históricos, a la consideración de Cataluña como nación, a la financiación y al blindaje de competencias, y pronto se hicieron públicas las discrepancias internas.  Mientras Montilla trataba de moderar a ERC y mantener vivo el tripartito, Rodríguez Ibarra afirmaba que la reforma sólo pretendía conseguir más dinero y que lo demás era cuento, Chaves admitía que el Estatuto andaluz podía ser más avanzado que el catalán y se negaba a admitir una relación bilateral de Cataluña con el Estado central en materia de financiación, Alfonso Guerra aseguraba que tal como estaba el texto era difícil que se aprobara en las Cortes, Jordi Sevilla y Fernández de la Vega defendían un amplio acuerdo, también con el PP, para evitar que el Estatut embarrancara en las Cortes, Maragall protestaba por las interferencias de sus compañeros de partido y Zapatero se veía obligado a poner orden entre los suyos.
En todo este lío, la actuación de Maragall ha tenido importancia capital por su empeño por lograr durante su presidencia el segundo y definitivo Estatut. ERC ha conseguido que la política catalana, la del Gobierno y la de la oposición, gire sobre el catalanismo, de forma que sus socios, en estos primeros años de legislatura, han puesto más interés en airear los aspectos nacionalistas de su programa que los que corresponden a un proyecto de la izquierda.

 El acuerdo sobre el marco autonómico, alcanzado por el PSOE en la reunión de Santillana para asumir las posiciones de los socialistas catalanes de cara a reformar los estatutos de autonomía, y la posterior afirmación de Zapatero de apoyar un estatuto que estuviera respaldado por el Parlamento catalán han sido interpretadas por Maragall como un aval personal, y, en aras de llegar a un amplio acuerdo en Cataluña (el 90% del Parlament), ha servido en bandeja a Zapatero una patata caliente que el Congreso debe cocinar para satisfacer el gusto de muy distintos comensales.
El Estatuto debe acomodarse a la Constitución, pero a la vez debe satisfacer a los partidos catalanes que lo han propuesto. Debe respetar la alusión a la identidad (Cataluña es una nación), bien en estos (problemáticos) términos o en otros que satisfagan a los catalanes, pero sin exacerbar los sentimientos separatistas; es decir, sin ofender ni alentar. Su contenido no debe quedar por debajo del anterior ni defraudar a fuerzas muy exigentes (amenaza de ERC de retirarlo si los retoques no gustan), pero tampoco puede suscitar agravios comparativos con otras comunidades autónomas, sobre todo en materia de financiación.
Las salidas a la situación son todas malas para los nacionalistas y para las izquierdas, que ofician de madrinas de los primeros, porque benefician al  PP, que con el mismo esfuerzo puede derribar a la vez a dos gobiernos: al de la Generalitat, desalojando a la odiada alianza de izquierdistas, ecologistas y separatistas que ocupa el poder autonómico, y, por carambola, al Gobierno de España, expulsando del poder a Zapatero, al que esta derecha arriscada nunca ha reconocido como un gobernante legítimo.

En esta operación, la derecha ha conseguido otro tanto a su favor: dividir al PSOE. Rajoy dice muy ufano que la mitad del partido de Zapatero está con él. Es una bravata, pero en el tema de la configuración territorial del Estado algo hay de eso.

La estrategia de la derecha

El margen de maniobra de Zapatero es bastante limitado, si tenemos en cuenta que tiene enfrente una derecha enfurecida, con una noción patrimonial del país y del Estado. Si España pertenece a esta derecha por herencia (por historia, por religión y por conquista), sólo puede ser gobernada por un partido de la derecha, así que la estrategia de vocerío, descalificación, movilización callejera y obstrucción parlamentaria es la manifestación práctica de que aquí, salvo el PP, nadie más puede aspirar a gobernar en paz. Esta estrategia es coherente con la ofensiva, en su día, contra los gobiernos de Felipe González y con la fábula de la conjura que culmina en un brutal atentado para derrotar al  PP en las elecciones de marzo de 2004 [ver capítulo II, “La pérdida del Gobierno”, del libro La derecha furiosa, Madrid, SEPHA, 2005] aunque de cara al gran público se afirme que este acoso, sin tregua ni principios, al Gobierno del PSOE se efectúa en nombre del interés nacional, de la responsabilidad o de la unidad de España. La derecha juega con estas sonoras palabras que pueden confundir a gentes mal informadas, pero está pensando en otra cosa. Y Rajoy en particular, porque no ha hecho otra cosa que perder elecciones y ve en la batalla contra el Estatut la gran oportunidad (quizá la última) de afirmarse como digno sucesor de Aznar.
En el Estatut la derecha ha hallado el mejor pretexto para afirmarse en su cerril postura, porque afecta al núcleo del programa del PP: la unidad de España, entendida como centralismo y uniformidad más que como la combinación y el equilibrio de diversidades, que se une con otros dos ingredientes esenciales del programa, catolicismo y autoridad, que se consideran garantes de la unidad. El Estatut afecta a la función primordial que en el programa del PP tienen la configuración del Estado (confesional y centralista), su noción del gobierno (autoritaria) y su concepción del país (uniforme y obediente).

Con ello vuelven los viejos resabios de la derecha, contrarios al liberalismo, al laicismo y a la democracia, que Franco tan bien representó, ahora azuzados por la rabia provocada por una insospechada derrota electoral. Porque, junto con lo anterior, el PP ha heredado el mal perder de la vieja derecha española. Y también el incondicional apoyo de la Iglesia católica, que, convencida de que España es la tierra de María (Juan Pablo II dixit), no ha dejado de recordar el peso de las raíces cristianas en la unidad del país. Realidad reconocida, según Rouco Varela, en la mayoría de las Constituciones, por el valor singular de la Iglesia católica en la ordenación del Estado y de la sociedad, incluso con la fórmula de religión oficial.  De nuevo nos enfrentamos a la acción concertada de dos fuerzas sociales que representan comportamientos políticos no ya escasamente democráticos, sino directamente premodernos, pues ni la Iglesia ni el PP aceptan, en la práctica, las consecuencias de la soberanía de los ciudadanos.
Los dirigentes del PP no aceptan los efectos directos de su derrota electoral: la alternancia en el poder y que otro gobierno pueda cambiar o derogar las leyes que ellos promulgaron. Y la Iglesia no acepta su papel en una sociedad abierta, democrática, tolerante y esencialmente laica, no en el sentido de que la mayoría de sus ciudadanos sean agnósticos, sino en el sentido de que no profesan una sola religión, amparada de modo exclusivo por un Estado confesional. La Iglesia, en este y en otros casos, no acepta las leyes civiles surgidas de un sistema político basado en la opinión de los ciudadanos y no en su magisterio.

La apelación al consenso, esgrimida ahora por los dirigentes del PP, es simple retórica. El clima de opinión suscitado por la virulenta intervención de estas dos fuerzas recuerda el clima imperante en 1978, mientras se discutía la Constitución, y las posturas, semejantes a las de hoy, mantenidas por Alianza Popular. Entonces, y a pesar de las renuncias de la izquierda, costó mucho llegar al consenso, aun con UCD. El 31 de octubre de 1978, el texto definitivo de la Constitución se sometió a la aprobación de ambas cámaras. En el Congreso fue aprobado por 325 votos a favor, con 5 votos en contra de Alianza Popular y 1 de Euskadiko Ezkerra, y 14 abstenciones, en su mayoría de diputados nacionalistas, pero 3 abstenciones fueron de Alianza Popular, así que de 16 diputados de AP, la mitad no apoyaron la Carta, porque se apartaba de las Leyes Fundamentales del régimen franquista. Y entonces, igual, que hoy, no faltaron los discursos de tipo apocalíptico advirtiendo sobre la desmembración de España, provenientes casi de las mismas voces. Hay que recordar, también, que, en 1979, el joven Aznar, imbuido de reaccionaria rebeldía, se despachaba en la prensa contra la recién nacida Constitución en términos joseantonianos. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. Cada cual está en su sitio.

Pero el debate no está en la reforma de la Constitución. El Estatut no es una propuesta para reformar de tapadillo la Constitución, como arteramente propalan desde el PP, sino un proyecto de estatuto autonómico que en algunos aspectos choca con la Carta Magna. Se trata, pues, de discutir el Estatut en las Cortes para adaptarlo a la Constitución, que es a lo que se niegan Rajoy y sus acólitos, que desprecian cualquier propuesta que no sea suya. De ahí que su oferta de reescribir el Estatut para que quepa en la Constitución (para que quepa en el programa del PP), está en consonancia con otras de tipo maximalista, como retirar la Ley de Educación, negarse a reformar el Senado (que estaba en el programa de Aznar), rechazar la Ley de Defensa Nacional o recurrir ante el Tribunal Constitucional el matrimonio entre homosexuales, porque el PP no se aviene a debatir y a enmendar, sino que pretende legislar desde la oposición como si contara con mayoría absoluta.
 Como eso no es posible, se dedica a presentar un panorama catastrófico en donde todo cabe, pues contra el Gobierno todo vale. Lo mismo las filípicas de Aznar, que parecen emitidas desde los años cuarenta del siglo pasado, sobre la ruptura del Estado y la balcanización de España, o sobre el pretendido cambio de régimen acometido por Zapatero que nos lleva al borde del abismo; que las afirmaciones de Acebes y Arenas sobre la influencia de ETA en el Estatut, que para la emisora de los obispos es un golpe de Estado de los socialistas, o un camino hacia la poligamia, como ha señalado algún prelado; que las continuas arengas de Rajoy alentando el peor sentimiento anticatalán que lleva a la circulación de listas de productos catalanes a boicotear, aunque luego brinde con cava para enderezar el entuerto ante las quejas de los cosecheros y de una entidad de crédito catalana señalando un anómalo cierre de cuentas corrientes; que la oferta de Gas Natural de adquirir un paquete importante de acciones de Endesa, con la intención, según Esperanza Aguirre, de llevarse la empresa “fuera del territorio nacional”. Todo vale con tal de desgastar al Gobierno, aunque lleve aparejado también el descrédito de las instituciones y de valores esenciales de una sociedad moderna.
Escribe Claudio Magris en Utopía y desencanto (Barcelona, Anagrama, 2001), que nuestra civilización se encuentra ante el dilema de combatir el nihilismo o llevarlo hasta sus últimas consecuencias. En el PP parecen haberse decidido por la última opción.



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