Con el nuevo proyecto de Estatuto de Cataluña se puede estar más o menos de acuerdo o en desacuerdo. Tan legítimo es rechazarlo como pensar, en mi caso, que es un buen punto de partida. Sin embargo, lo que emerge en las filas de la derecha no es una opinión, sino una oleada de anticatalanismo con el cual el PP pretende erosionar la mayoría progresista en España. La máxima expresión de ese encizañamiento fueron las declaraciones de Esperanza Aguirre dejando a Cataluña fuera del “territorio nacional”, o las de Acebes vinculando ETA y el proyecto de Estatuto. Poco atrás quedan las delirantes y anticonstitucionales propuestas de Rajoy: que el Estatuto sea sometido a referéndum en toda España, escribirlo de nuevo entre Zapatero y él, etc.

1. Sin duda, algo tiene que haberse hecho mal desde los partidos que en Cataluña han apoyado el proyecto de Estatuto, y también por el conjunto de la izquierda española, para que el PP haya logrado imponer la confusión en el “bloque progresista”. En el debate que tuvo lugar en el Congreso de diputados, las explicaciones dadas por la delegación del Parlamento de Cataluña y las intervenciones de Zapatero fueron razonables, contundentes y convincentes, pero eso no basta para reconducir las cosas. La apuesta del PP es sumir en la confusión a, digamos, uno de cada diez votantes de la izquierda, arrastrar el voto de alguno de ellos y llevar el resto a la abstención, con la intención de ponerse por delante del PSOE en intención de voto, por ahora, y en voto real cuando lleguen las próximas elecciones generales. Esa operación exige una respuesta clara y sin mezquindades.

2. El proyecto de Estatuto no justifica tanta alarma e inquietud. Creo que debe ser modificado en ciertos aspectos, pero en otros muchos es un soplo de aire fresco y de apertura a nuevos derechos de ciudadanía.
El proceso de reforma del Estatuto de Cataluña se desarrolla con plena normalidad institucional y es razonable que el Congreso de diputados lo haya admitido a trámite, con el rechazo exclusivo del PP, cuyas propuestas para impedir la tramitación de la reforma han sido disparatadas, comenzando por la peregrina idea de que la Mesa del Congreso tramitase el proyecto de Estatuto como reforma constitucional, algo legalmente imposible, o la pretensión de que el Congreso rechazase tomar en consideración el proyecto, tal y como se hizo con el “Plan Ibarretxe”, obviando así diferencias esenciales:
a) El proyecto fue aprobado en Cataluña por el 89% del Parlamento, mientras que el Plan Ibarretxe pasó por los pelos el listón del 50% gracias a tres votos de Batasuna.
b) La violencia de ETA impide abordar en el País Vasco un debate de esa embargadura en igualdad de condiciones.
c) “Una comunidad vasca libremente asociada al Estado español” dista mucho de “una comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y este Estatuto”.

3. El procedimiento de reforma de los estatutos garantiza…
a) Que no habrá un nuevo Estatuto no deseado en Cataluña por su mayoría parlamentaria y por la mayoría de sus ciudadanos. El proceso empieza y termina en Cataluña.
b) Que desde Cataluña tampoco se puede aprobar unilateralmente un nuevo Estatuto que afecta a las relaciones de Cataluña con el Estado y con otras comunidades. Debe pasar por las Cortes españolas.
Un nuevo estatuto requiere consenso entre el Parlamento catalán, las Cortes españolas y las ciudadanas y los ciudadanos de Cataluña. En la fase en que nos encontramos, la tarea es alcanzar un punto de encuentro que permita una reformulación del Estatuto aceptable para esas “partes”, prueba decisiva sobre el sentido de la responsabilidad de las fuerzas políticas españolas y catalanas, aunque hoy no puede contarse con un PP dispuesto a hacer de la batalla contra la reforma del Estatuto de Cataluña el punto de partida para una involución hacia una nueva “aznaridad”.
Hay quien, en la izquierda, opina que, si no hay nuevo Estatuto, no pasaría nada y que incluso fortalecería el cambio en España. No lo veo así. A mi entender, ese es el camino más rápido hacia un gobierno nacionalista (ERC-CiU) en Cataluña y hacia el desgaste de la presidencia de Zapatero y de la mayoría progresista en que se apoya.
Las fuerzas políticas fundamento de las mayorías parlamentarias en que se apoyan los gobiernos de España y Cataluña deben entender que si no alcanzan un acuerdo  estarán asestando un golpe tremendo al proceso de cambio iniciado en 2004, un proceso que en cierta forma ellas “gestionan” pero que es propiedad de la ciudadanía que lo hizo posible. También se perderá una oportunidad importante para dar un nuevo empujón federalizante al “Estado de las autonomías”. Por su parte, CiU, una fuerza política de centro-derecha, debe entender que si no hay ahora reforma del Estatuto de Cataluña, no la habrá en mucho tiempo.

4. No creo adecuada la frecuente caracterización del proyecto como “nacionalista” o imposición de CiU y ERC. Es un Estatuto de consenso en una Cataluña en la que hay una mayoría progresista (PSC, ERC, IC), pero también una mayoría nacionalista (CiU, ERC), y en política democrática hay que conseguir mayorías para hacer leyes. Ahora toca un nuevo consenso, cuyo punto de partida es el proyecto en tramitación pero que tendrá que ser matizado para conseguir el apoyo mayoritario de las Cortes españolas.

4a. El artículo 1 del proyecto declara que Cataluña es una nación y que se constituye como comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el Estatuto. El uso constitucional del término “nacionalidad” fue, pura y simplemente, una forma de hablar de lo entonces “innombrable”, los territorios en los que muchos de sus habitantes se consideran miembros de una “nación” propia. En todo caso, la Constitución no dice que no haya más nación en España que la “nación española”, por lo que podrá estarse a favor o en contra de que Cataluña es una nación, pero en ningún caso es cuestión de “constitucionalidad”.
En España hay personas con diversos sentimientos “nacionales”, muchas se sienten miembro de varias naciones y otras hay a las que nos basta con considerarnos parte de comunidades políticas articuladas de ciudadanas y ciudadanos (Estado, comunidades, ayuntamientos... Unión Europea). En los textos de contenido constitucional en sentido amplio (incluyo a los estatutos de autonomía), podrían adoptarse dos enfoques:
- O limitarse a establecer las reglas de funcionamiento de una comunidad política y los derechos y deberes ciudadanos, sin referencias a “identidades nacionales” que pertenecen al ámbito de los sentimientos.
- O incluir de alguna forma tales sentimientos en los textos constitucionales o estatuarios, en función de las mayorías políticas suficientes en cada caso existentes.
Mi opción preferida sería la primera. No obstante, el camino seguido en España ha sido otro. La Constitución habla de “nación española” y se dice fundada sobre ella, y obtuvo en su momento un consenso político mayoritario para ello. El proyecto de Estatuto dice que Cataluña es una nación, con un consenso del 89% en su Parlamento. La mayor parte de los españoles se sienten parte de una “nación española” y la mayor parte de los catalanes sienten lo mismo respecto a una “nación catalana”, lo que no excluye ciudadanía común. ¿A qué viene tanto escándalo?

4b. El Estatuto hace una declaración de derechos ciudadanos muy positiva y avanzada. Tiene carácter “de principios”, pendientes de su desarrollo legislativo. Pero es bueno que tales principios existan. Algunos han propuesto sustituir toda esa parte por una breve referencia a los derechos establecidos por la Constitución, dado que todos los españoles debemos tener los mismos derecho y deberes. Ese enfoque es discriminatorio, anacrónico e irreal:
- Las declaraciones de derechos y deberes son práctica habitual en los diversos estatutos de autonomía.
- Hay un dinamismo de los derechos. La Constitución española no dio protección específica contra la discriminación por razón de opción sexual, pero resulta muy adecuado que el Estatuto de Cataluña sí lo haga, como lo es que incorpore la perspectiva de género a través del artículo 41, la obligación de velar para que la libre decisión de las mujeres sea determinante en lo que afecta a su cuerpo y a su salud reproductiva y sexual, etc.
- La “igualdad de derechos” no es absoluta en el “Estado de las autonomías”, pues la asignación de competencias permite ciertas desigualdades territoriales: ya antes de aprobarse la reforma del matrimonio, varias comunidades autónomas habían reconocido el derecho de adopción por parejas homosexuales, mientras que en otras no estaba permitido; las comunidades pueden reconocer prestaciones sanitarias que otras no prestan, e incluso algunas llegan a la aberración de casi suprimir el impuesto sobre sucesiones.

4c. La financiación es el principal obstáculo. Creo que en este apartado serán imprescindibles modificaciones. Entiendo que para muchos catalanes la imposibilidad de tener acceso a algo similar al concierto vasco parezca un agravio. Pero el concierto no es generalizable.
Desde mi punto de vista, el problema fundamental de la financiación según el proyecto de Estatuto no es de constitucionalidad o de “solidaridad”, sino de viabilidad. Algunas de las opciones del Estatuto relativas a financiación son asumibles y generalizables, pero el conjunto de la propuesta no lo es. Del proyecto emana un espíritu de bilateralidad –aunque no tanta como quería CiU– que en cierta forma hace depender la financiación de negociaciones entre el Estado y la Generalitat en las que o bien se alcanza un acuerdo, o bien se prorroga la situación anterior. A mi entender, la elaboración de políticas presupuestarias razonables por parte del Gobierno de España no es posible si deben ceñirse a negociaciones bilaterales con cada comunidad autónoma sin la posibilidad de tomar decisiones que no satisfagan a quienes gobiernan algunas de ellas. Que haya negociaciones y organismos bilaterales, es bueno; que las comunidades “peleen” por obtener lo máximo posible en su territorio, es admisible y posiblemente inevitable. Pero que el gobierno de España tenga que alcanzar obligatoriamente un acuerdo con todas las comunidades autónomas puede llevar a una paralización absoluta.
Creo posible e incluso conveniente una mayor “federalización” de la financiación, pero el Parlamento de Cataluña debe asumir la necesidad de cambios significativos en su propuesta, en el marco de un enfoque multilateral en que estén implicadas todas las comunidades autónomas, lo que no quiere decir que necesariamente tenga que ser idéntico el sistema de financiación de todas ellas, pero sí debe haber una referencia común y un reconocimiento del margen de decisión que corresponda al gobierno de España y a las Cortes generales en el ejercicio de sus competencias.

4d. La política lingüística diseñada por el proyecto de Estatuto me parece adecuada. Siguiendo las normas constitucionales y estatuarias, castellano y catalán son idiomas oficiales en Cataluña. El Estatuto establece que “los ciudadanos tienen derecho de opción lingüística”, que cada persona puede relacionarse con las instituciones públicas en la lengua oficial que elija y que, como consumidores y usuarios, también tienen ese derecho.
Lo que subyace en casi todas las críticas a este enfoque es que, sin cuestionar directamente la oficialidad del catalán, se pretende que el castellano sea “más oficial”, cuando ambos son igual de oficiales en Cataluña.  Así, muchos asumen como algo “natural” que constitucionalmente se establezca el deber de conocer el castellano, pero se rechaza que en el Estatuto de Cataluña se diga lo mismo sobre su lengua oficial propia, el catalán.
La oficialidad de ambos idiomas implica obligaciones para quienes ocupan empleos concretos. Si toda persona tiene derecho a ser atendida en catalán o en castellano en las administraciones públicas, eso requiere que quienes prestan esa atención manejen ambos idiomas. Claro está que este tipo de situaciones deben manejarse con flexibilidad y racionalidad, evitando exclusiones y despidos, articulando soluciones, etc. Pero esa flexibilidad depende de la gestión política, no del Estatuto. Por mi parte, no hay ningún reproche que hacer a la regulación lingüística recogida en el proyecto de Estatuto.

5. No sólo me parece aceptable que se propongan reformas constitucionales sino que creo que son necesarias. Ahora bien, en estos momentos las posiciones del PP hacen imposible reformar la Constitución en un sentido más federalista. Así que cuando algunos amigos me dicen que “si el Estatuto sobrepasa la Constitución no pasa nada, todo se puede cambiar”, yo les digo que sí que pasa, porque eso provocaría que el Estatuto no saliese adelante, ya que sería muy improbable que el Congreso lo aprobase y, en todo caso, caería en el Tribunal Constitucional.
Un nuevo Estatuto de Cataluña no puede ser inconstitucional. Ahora bien, creo que el proyecto sobre la mesa cabe, en lo esencial, dentro de la Constitución, y que si hay que hacerle cambios el motivo esencial no es podar “inconstitucionalidades”.

6. De lo que ocurra con el Estatuto dependen hoy muchas cosas, en Cataluña y en España. Espero que el sentido común y la responsabilidad se impongan, y que la reforma contribuya al cambio político y social en marcha.
Algunos quieren hacer del Estatuto de Cataluña un problema, y otros podrían convertirlo en tal si se cierran en banda ante la negociación necesaria. Pero, manejado con sentido común, es una espléndida oportunidad, una nueva ocasión para dar otro empujón a las reformas institucionales, federalizantes y democratizadoras que España requiere.