En el número anterior de Trasversales, varios artículos aludían a las actitudes que han convertido la intervención política de los cuadros del Partido Popular en una derecha furiosa, pero existe una paradójica faceta de este áspero modo de hacer política aún no bien percibida. Se trata de aquella que hace de los populares una derecha separatista.
Los dirigentes del PP han hecho de la “defensa de España” ocupación exclusiva. Transmiten a sus seguidores la idea de que nadie está tan preocupado como ellos por lo que ocurre en el país, y que nadie salvo ellos atina a percibir y a resolver sus problemas, entre los cuales el más acuciante sería, según ellos, el de la unidad territorial, “amenazada” hoy como nunca por la debilidad del Gobierno ante la ofensiva de ETA, ayer mortecina y ahora renacida (por culpa de Zapatero), y la presión nacionalista del Estatuto catalán (culpa también de Zapatero). España camina hacia una balcanización, ha dicho Aznar (como siempre, desde el extranjero), acusando a Zapatero de llevarnos al abismo.

Sus dirigentes no dejan de recordar que el PP es un partido de patriotas. Es más, se consideran los únicos verdaderamente comprometidos en defender los intereses de una España unida porque se creen los verdaderos españoles. Lo peor no es que se atribuyan en exclusiva este sentimiento de pertenencia, sino que crean que España realmente les pertenece, con lo cual el vínculo patriótico alcanza su genuina dimensión cuando se llena de interés crematístico y el sentimiento de pertenencia se transforma en el de propiedad. Así, en el PP existe la creencia de que sentirse español es, sobre todo, sentirse propietario de España. Pero el PP , además de ser un partido con unos rasgos ideológicos muy marcados, ahora orientados hacia la extrema derecha por discursos y actitudes, es también un partido de negocios y de negociantes.
Lo decía hace ya tiempo Vicente Sanz, entonces presidente del PP valenciano, en una charla telefónica con Zaplana: Yo estoy en política para forrarme. Más claro, imposible.
Ha llovido desde entonces, pero la relación del PP con los negocios realizados al amparo del poder ha persistido, no hay más que ver cómo está Madrid y recordar casos donde las actividades empresariales y la prisa por forrarse bordean la legalidad, como en la zona franca de Cádiz, en Castellón (caso Fabra), las tramas de Canarias y la tela de araña de Polaris World en Murcia, como casos recientes. Así que dejar de gobernar no es sólo dejar de mandar sobre la vida de partidarios y adversarios, sino dejar de hacer buenos negocios a la sombra del Estado.

 Este desmedido alarde de patriotismo sentimental (y monetario) ya es viejo. “España, lo único importante” fue la consigna de la primera campaña electoral de Alianza Popular, esgrimida como si este país no importase a otros partidos. En realidad, la consigna, que confundía España con el régimen de Franco, quería decir que el franquismo era lo único importante y que había que defender su legado a toda costa. La resistencia de AP ante las reformas de la transición y las reticencias de sus diputados (y de Aznar) ante la Constitución residían en eso; en que no querían apartarse de las Leyes Fundamentales de la dictadura, incluso para reformarla.
Por lo dicho, pocas dudas caben de que a los miembros del PP España les interesa. Otro tema es que les interese su unidad tanto como dicen. Les interesa España unida siempre que ellos gobiernen. Si no es así, la noción propagandística de la unidad de España deja paso a un separatismo de facto, que dentro del territorio nacional va configurando otra España (nacional, por supuesto) compuesta por zonas enardecidas en las que gobierna el PP. Son territorios, a veces reales, a veces simbólicos, arrebatados a la convivencia y entregados al insulto y a la crispación. Este territorio comienza en FAES y en la calle de Génova de Madrid y se extiende por las sedes provinciales del PP, el Congreso y el Senado, cámaras y gobiernos autonómicos, ayuntamientos y otras instituciones políticas, jurídicas y administrativas, asociaciones civiles y colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales, jerarquía católica, medios de comunicación y por cualquier lugar en que el PP conserve cuotas de poder o disponga de influencia. Es media España, separada a toque de corneta -es una metáfora- por el exabrupto parlamentario, el libelo infamatorio, el titular engañoso, la emisión episcopal o la hoja parroquial, enfrentada cada día a la otra media, que aguanta como puede la embestida, porque en estas lides el partido del Gobierno está claramente en desventaja.

Es una España que, en parte, estaba en embrión y en parte ha sido levantada después, puesta en marcha por el Gobierno de Aznar con la llamada segunda transición. Una España que emanaba de los despachos oficiales y que con la fuerza del poder aspiraba a impregnar todos los rincones del país para borrar las huellas de la transición y de la etapa socialista, pero que manifiesta su afán separatista tras la derrota del equipo de Rajoy el 14 de marzo de 2004.
A partir de esa fecha, en el PP no se admite que la derrota electoral les haya llevado a la oposición y se decide seguir gobernando en ámbitos y territorios considerados propios. Se estima que la victoria de Zapatero no es legítima, y los lugares donde el PP dispone de algún poder se convierten en fortines para desgastar al Gobierno y en santuarios para empezar la reconquista. La alusión de Fraga a Covadonga no es sólo una metáfora; es un grito de guerra.
Desde ese momento, para el PP ya no hay asuntos de Estado, sino sólo de partido. Y aunque la unidad de España forme parte de la habitual retórica patriotera de sus dirigentes, en la práctica España como unidad desaparece y su lugar lo ocupa la zona nacional, los ámbitos y territorios gobernados por el PP.

Aznar se convierte en una especie de presidente en el exilio, que aprovecha sus viajes al extranjero para hacer declaraciones contra el gobierno legítimo de su país, que perjudican no sólo al Gobierno sino también a las instituciones y a la sociedad. En este aspecto, las declaraciones tildando de desastre la política exterior o la antiterrorista de Zapatero o las efectuadas ante empresarios para desalentar las inversiones en España colocan a Aznar en el lugar de un patriota desleal o simplemente de un traidorzuelo. Y sus lugartenientes, Acebes, Rajoy y Zaplana, unen a sus seguidores para enfrentarse al resto del país en una operación de limpieza ideológica: separar el grano de la paja, separar a los buenos españoles (ellos) de los malos (todos los demás), a los fieles de los traidores (Zapatero ha sido acusado por Rajoy de perpetrar varias traiciones), a los honrados (ellos) que pierden las elecciones, de los ladrones que se las roban (PSOE). Este discurso va apareciendo por todos los rincones del país, en responsables políticos nacionales, autonómicos y locales y en entidades afines. Han tocado a rebato, hay que cerrar filas y alzarse en rebeldía para dividir España en dos zonas territoriales e ideológicas bien delimitadas: los lugares y ámbitos donde el PP gobierna o tiene poder y el resto.

Ninguna colaboración con el Gobierno. Al contrario, acosarle con crispación y mentiras, y, donde se pueda, gobernar en sentido contrario. Ni un apoyo en el Congreso sino utilizarlo como cámara de resonancia para acusar al presidente del Gobierno de todos los males imaginables (“España tiene un problema que es usted, señor Zapatero”, dice Rajoy). Los gobiernos autonómicos en manos del PP rechazan o dejan en suspenso medidas políticas del Gobierno central, como la dotación de fondos para sanidad (aunque eso no les impide cobrarlos) o aplicar aspectos en suspenso de la Ley de Educación. A la cabeza de esta insubordinación se coloca la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, en fecha reciente y con el pretexto de proteger la libertad de los fumadores, ha desafiado la ley antitabaco con un decreto que permite fumar en zonas de los centros de trabajo y en lugares públicos no dotados de los compartimentos estancos que la ley exige.
Pero ha habido dos asuntos importantes ante los que el PP ha desplegado al máximo su potencial separatista. Uno es la discusión del proyecto de Estatuto de Cataluña, que ha permitido a los populares empezar una larga campaña de descalificaciones contra el gobierno tripartito catalán, pero sobre todo contra Zapatero, que incluye la aprobación de mociones en ayuntamientos y cámaras autonómicas negando a Cataluña la consideración de nación, manifestaciones en la calle, el boicot a productos catalanes y culmina en el despropósito de proponer, con una pregunta absurda, un referéndum sobre la unidad de España, que en el ambiente crispado en que viven muchos votantes del PP se ha convertido en un referéndum contra Cataluña.
La oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de la empresa catalana Gas Natural sobre Endesa, una empresa privatizada por el gobierno de Aznar y presidida por una persona de su confianza, ha servido para echar más leña al fuego y poner en evidencia que el separatismo del PP es tan claro como el de ERC, como dejó traslucir Esperanza Aguirre al señalar que si la OPA se llevaba a cabo Endesa saldría del territorio nacional. Aunque en el PP verían con buenos ojos que saliese definitivamente si Endesa aceptase la OPA de E.ON, la multinacional alemana de la energía.
La devolución a la Generalitat de documentos que desde la guerra civil estaban en el archivo de Salamanca ha sido otro motivo utilizado por el PP para sacar a sus enardecidos seguidores a la calle, tratar de obstaculizar una medida legal y fomentar la catalanofobia.

El segundo asunto importante es el terrorismo y su posible fin tras un diálogo con ETA. En el PP han acusado a Zapatero de las peores maldades, desde romper el Pacto Antiterrorista (ignorando que Aznar no lo convocó cuando España sufrió el peor atentado de su historia) a rendirse a ETA mendigando una tregua y proponiendo un intercambio de paz por presos; los desmentidos gubernamentales no han hecho rectificar al PP, embarcado en la táctica de que todo vale contra Zapatero.
Como ya hizo en los años noventa para desgastar a los gobiernos de Felipe González, el PP ha utilizado el terrorismo de forma partidista, pero esta vez con el agravante de que ignora lo acordado con el PSOE en el Pacto Antiterrorista, que, en el artículo uno, indica: El terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo.
Y si no fuera por la deslealtad que caracteriza al PP, parecería una paradoja criticar al Gobierno por no convocar el Pacto, después de llevar un año en una campaña parlamentaria, mediática y callejera acusándole de debilidad con los terroristas, que también en este caso ha alcanzado un objetivo separatista.
Utilizando como peón de brega a la asociación que preside Alcaraz (que más parece un partido) y colocándose como el portavoz de todas las víctimas del terrorismo, el PP ha logrado dividir a las víctimas y movilizar contra el Gobierno a las asociaciones adictas. La intención separatista es tan brutal y se aplica con tanta disciplina, que alcanza caracteres patológicos. Adivinen a qué asociación de víctimas ha dejado sin subvención la presidenta de la comunidad autónoma que ha sufrido el mayor atentado terrorista de la historia de España. Está claro: a la Asociación de Víctimas del 11-M presidida por Pilar Manjón.

Y toda esta estrategia de separación, impulsada desde la dirección del PP de manera centralizada y persistente, y aplicada con tesón y disciplina en todas las instancias donde llega su influencia, que ha logrado dividir al país en dos mitades y crear un clima de crispación difícilmente soportable, ha sido realizada de modo fáctico, sin mediar una propuesta pública, una consulta o una discusión. Se ha realizado como se realiza un golpe de Estado: porque sí. Mientras acusa de separatistas a los partidos catalanes por presentar en las Cortes un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, y al Gobierno de balcanizar España por aceptarlo y discutirlo, el PP está dividiendo realmente al país por medio de hechos consumados.