Tras más de una década de desaparición de América Latina de la primera página de la actualidad mundial y donde las noticias no eran precisamente de carácter esperanzador, venimos desde hace unos cinco años recibiendo noticias de otro tipo: cambios políticos, propuestas de integración regional, autonomía frente al vecino del Norte, aparición de nuevos dirigentes y nuevos movimientos. Surge Chávez, surge Lula, Kichner logra romper el rumbo de la decadencia argentina, Lagos se consolida y, sobre todo en el último año, se profundiza un giro a la izquierda que se expresa en las victorias electorales contundentes de Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia y Bachelet en Chile, cada una con sus significados específicos pero en el marco de una tendencia general.
En este periodo también se han producido algunos hechos de signo político menos esperanzador: Por encima de todo, la crisis de Lula en Brasil por la corrupción en el PT, pero también pesa en el debe la tremenda dificultad de los países centroamericanos para salir del atasco, aprisionados entre una derecha embarcada en las políticas más conservadoras, rapiñeras y elitistas y una izquierda anquilosada, que vive de los recuerdos de la gloria guerrillera para mantenerse como una losa burocrática y en gran medida corrupta frustrando las aspiraciones de los sectores populares que dicen representar. O la falta de perspectivas políticas claras en Perú y Ecuador.

Aunque cada región latinoamericana e incluso cada país es una realidad diferente, estamos en un proceso en el que el conjunto del subcontinente ha logrado, en relación a Estados Unidos y otros países del primer mundo, una autonomía política bastante importante, sobre todo en relación al periodo anterior (1980-2000), en el que la aplicación férrea del Consenso de Washington, con los aplausos entusiastas de las élites locales, destruyó el poco Estado reequilibrador que existía y desestructuró aún más la capacidad de competencia económica de la región. A esta autonomía ha ayudado sin duda “el giro Irak” de la Administración Bush, que le ha llevado a conceder poca importancia a lo que sucedía en su “patio trasero”, y la importante penetración de otras multinacionales de origen europeo (especialmente España y Francia) e incluso de capital chino.
En segundo lugar, podemos hablar de una amplia camada de nuevos dirigentes políticos que hacen de la lucha contra el desequilibrio social una de sus banderas más identificativas, más allá de la opinión que nos pueda merecer cada uno de ellos: Bachelet, Evo Morales, Kichner, Lula, Chávez, Tabaré Vázquez. Este  carácter innovador es difícil de negar, y todos ellos cuentan con un importante respaldo social y político. Todos, exceptuando relativamente a Bachelet, llegan en el marco de una profunda crisis, cuando no hundimiento, de los partidos políticos “tradicionales”. Incluso hasta la misma figura de Fox o el ascenso de López Obrador se puede inscribir en esta tendencia renovadora. Y esta “novedad” parece que va a continuar en los próximos procesos electorales. Sólo Uribe, Saca y Bolaños aparecen como incondicionales de las políticas impulsadas por el Departamento de Estado de EEUU, avalados por el “tragapopulistas” Aznar.
Un tercer elemento a retener es que a pesar de las caídas de gobernantes como producto de la movilización social, estas crisis nunca se han resuelto mediante una salida militar, lo que tiene que ver con la terrible experiencia de las dictaduras ya vividas, con su sangrienta historia de sangre y de corrupción. Como se verá más adelante, “no hay malestar con la democracia sino en la democracia”. Ha habido momentos de crisis, como en Bolivia y Ecuador, donde parece milagroso que la salida final no haya sido una dictadura.

Estas luces y sombras nos permiten hablar de la paradoja latinoamericana, en el sentido de que América Latina es hoy la única región en desarrollo en la que la totalidad de sus gobernantes han sido electos democráticamente o han llegado al poder por mecanismos de sucesión constitucional (salvo Cuba) pero en la que la democracia coexiste con altos niveles de pobreza y de indigencia (41% y 18% respectivamente) y la peor distribución del ingreso del mundo, junto a fenómenos altamente preocupantes como la violencia. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 140.000 personas son asesinadas cada año, y una de cada tres familias latinoamericanas es víctima de una agresión criminal. Según la misma fuente, los costes de la violencia para el año 2000 fue de 168.000 millones de dólares, o sea, el equivalente al 14,2% del PIB regional.
La región puede mostrar con gran orgullo, por primera vez en su historia, dos décadas y media de gobiernos democráticos. Pero, por otro lado, enfrenta una creciente crisis política, económica y social que está generando serios problemas de gobernabilidad Se mantienen profundas desigualdades, existen altos niveles de pobreza, el crecimiento económico per cápita ha sido casi insignificante en los últimos 25 años (si bien ha crecido en los últimos tres años), siete de cada diez nuevos puestos de trabajo se generan en el sector informal y en un buen número de países ha aumentado la insatisfacción ciudadana con la democracia y con las élites, expresada en algunos lugares por un extendido descontento popular con consecuencias desestabilizadoras que han producido la finalización adelantada de los mandatos constitucionales de más de una docena de presidentes de la región entre 1978 y 2005. Por otra parte, no hay aún una mejoría sensible en relación con la inestabilidad política en algunos países (sobre todo de la región andina) pese al buen momento económico que América Latina vive desde el 2004, con las mejores tasas de crecimiento de los últimos 25 años.
El apoyo a la democracia se mantiene en una situación de “estancamiento” o de “equilibrio de bajo nivel”. Para ser más precisos, el apoyo a la democracia ni ha aumentado ni se ha desplomado. El apoyo de la democracia, medido por el Latinobarómetro (LB) durante los últimos 10 años,  evidencia un nivel de soporte estable entre el 53% y el 63%. El apoyo al autoritarismo se ha mantenido entre el 15% y el 20%. Lo que ha crecido es la indiferencia entre democracia y autoritarismo (desde 14% a 22%) y los niveles de insatisfacción con la democracia, sobre todo con las principales instituciones de la democracia representativa, en especial con los parlamentos y los partidos políticos.
Los latinoamericanos creen que sus democracias benefician a unos pocos, no a las mayorías (24% cree que se gobierna para el bien del pueblo y 72% indica que lo hacen para beneficio de intereses poderosos). Sin embargo, no desean un retorno a las dictaduras. En efecto, el 62% expresa que nunca apoyaría un gobierno militar y sólo un 15% está a favor de un gobierno autoritario en algunas circunstancias. Pese a las muy divulgadas advertencias de que la región corre el riesgo de un regreso a las dictaduras, más de la mitad de los latinoamericanos continúa apoyando la democracia pese a que son pocos los que consideran que está funcionando adecuadamente, por lo que podríamos hablar de demócratas insatisfechos. Ciertamente, mientras un 53% apoya a la democracia sólo un 31% está satisfecho con su funcionamiento (LB 2005).
La pervivencia y resistencia de la democracia en América Latina durante este cuarto de siglo en sociedades con altos niveles de pobreza, con la peor distribución del ingreso del mundo, con mala performance económica, con divisiones étnicas profundas, bajísimos niveles de confianza interpersonal, ciudadanía de baja intensidad y con pésima calidad institucional, evidencian la particularidad de la democracia latinoamericana. A la luz de todos estos datos pareciera estar claro que el apoyo a la democracia no está directamente correlacionado con la satisfacción con la misma.
En cambio, vemos que la satisfacción con la democracia está directamente correlacionada con la acción del gobierno y sobre todo con la percepción sobre la credibilidad del presidente, como lo demuestran claramente casos tan dispares como los de Colombia con Álvaro Uribe, el de Argentina con Néstor Kirchner, el de Uruguay con Tabaré Vásquez y el de Chile con Ricardo Lagos.

La corrupción sigue siendo una debilidad de la región, y los recientes acontecimientos sucedidos en Brasil a causa de las denuncias de corrupción contra miembros del gobierno del Presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva acentúan el problema, al afectar al país más grande de la región y una de sus principales economías.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2004 que elabora Transparencia Internacional (TI), sobre 140 países, América Latina está por debajo del promedio mundial con 3,5 puntos de promedio general, quedando Chile con la mejor calificación (7,4) y Paraguay (1,9) con la menor (en una escala, de peor a mejor,  de 1 a 10). La corrupción generó varias crisis políticas en América Central, incluida la que provocó la renuncia de un ex presidente de Costa Rica como Secretario General de la OEA.
Una de las características más preocupantes que sobresalen del informe de 2005 es la sensación de fragilidad del Estado de Derecho y la percepción de no igualdad ante la ley. Dado que no todos pueden ejercer plenamente sus derechos, no todos están dispuestos a cumplir con sus obligaciones y, por lo tanto, tampoco sienten que deben acatar la ley. La cultura de la legalidad se ve socavada por la desigualdad ante la ley y por comportamientos anómicos. El 78% de los entrevistados considera que los ciudadanos no cumplen con la ley.

Los principales problemas de los latinoamericanos siguen siendo el empleo y la delincuencia, si bien hay variaciones importantes entre los países. Los datos del Latinobarómetro 2005 muestran que para un 30% de los habitantes de la región el problema más importante (al igual que en el año 2004), es el desempleo, al que sigue la delincuencia. Solamente en tres países la delincuencia es considerada más importante que el desempleo: Chile, Guatemala y México (en estos dos últimos países es indudable el peso social de la misma). De igual forma, en relación con el problema del desempleo, los datos muestran que para un 75% de trabajadores latinoamericanos, la principal preocupación es quedar sin trabajo en los siguientes 12 meses.
El manejo de las expectativas (uno de cada dos latinoamericanos cree que su situación económica mejorará en los próximos 12 meses) será uno de los factores claves para la gobernabilidad. En tan sólo un año, 12 países renovarán sus presidentes, además de haber en varios países (El Salvador, República Dominicana, Argentina) elecciones de medio periodo de gran importancia. Sólo a finales de 2006 habrá un panorama más despejado (Argentina, Chile, México, Brasil y toda la región andina) acerca del mapa político de la región.

En América Latina no hay desafección con la democracia como sistema, sino con sus principales instituciones y con las élites políticas debido a la falta de resultados, a la falta de eficacia.
Como señala Daniel Zovatto, Director Regional para América Latina de IDEA (Organización internacional especializada en el análisis de los sistemas políticos),  “En otras palabras, no hay malestar con la democracia, pero sí hay malestar en la democracia. Las poblaciones rechazan mayoritariamente los gobiernos militares, apoyan a la democracia y a la economía de mercado pero demandan de éstas resultados, bienes y servicios públicos (disminución de la pobreza y de la inequidad, inclusión social, empleo, seguridad, educación, salud, etc.). Son exigentes con sus élites políticas y tienen altas expectativas, cuentan con bajos niveles de lealtad ideológica y parecieran estar dispuestos a sacrificar algunas libertades a cambio de más orden y de prosperidad, así como a tolerar un poco de mano dura de parte de sus gobiernos”.

Por todo lo hasta aquí analizado es de prever que la situación política de América Latina seguirá siendo compleja, con niveles de alta volatilidad e inestabilidad en algunos países debido a las demandas ciudadanas y las elevadas expectativas que existen en la población pero ello no implica un retorno a los gobiernos militares ni que se esté dando un giro hacia el autoritarismo. Existe, eso sí, una gran demanda de igualdad, de inclusión, de movilidad social. El cambio más importante que se debe dar en la región, si queremos consolidar la democracia, es que los habitantes perciban que se está gobernando para ellos, para el bien de las mayorías y no para el beneficio de unos pocos. Mientras ello no ocurra es muy probable que pese a las reformas económicas y políticas que puedan tener lugar, sigamos en esta situación de estancamiento o de equilibrio a bajo nivel, donde el apoyo a la democracia no retrocede pero tampoco avanza. Incluso en algunos países es probable que las cosas empeoren antes de mejorar.

Ante este reto que tienen los latinoamericanos y particularmente los movimientos sociales y los dirigentes y representantes políticos se abren diversos retos a los que hay que responder y que yo sintetizaría en tres:
Construcción del estado democrático como factor de reequilibrio social, articulación del país e integración social. No estamos hablando de volver a las viejas instituciones estatales, muchas de ellas símbolo de ineficacia y de corrupción, sino de aprovechar el proceso de refundación para generar un arquitectura estatal plenamente democrática con independencia de poderes y apertura a la participación y el dialogo social. Y este proceso tendrá peculiaridades diversas, pero las condiciones básicas de la democracia son comunes (la separación de poderes es una de ellas). Ésta es la clave respecto a las tendencias “populistas” contra las que hacen bandera los dirigentes conservadores, el problema por ejemplo de Chávez no es de legitimidad democrática, que tiene sobrada y refrendada, el problema clave es que en lugar de generar una institucionalidad democrática y garantista de los derechos basa todo en la capacidad de subvencionar los apoyos sobre la base del excedente petrolero, en lugar de generar una estructura de servicios de carácter estatal (educación, salud), moviéndose en el peor de los estilos de las campañas de propaganda, con el riesgo de que que cuando pase el impulso, el flujo o la financiación no quede casi nada, como han mostrado otras experiencias cercanas.
No basta con contar con miles de médicos o enseñantes cubanos para responder a las necesidades inmediatas, se trata de generar una estructura sanitaria y educativa con profesionales y recursos estables, y esto, que se plantea con claridad en Venezuela, va a ser también tema clave en Bolivia, Perú y Ecuador.
Una de las piezas clave de la democracia reside en los derechos humanos. En Colombia, Uribe ha sido denunciado, con pruebas, por la violación sistemática de esos derechos, y eso, que para un Aznar es un elemento accesorio (como Guantánamo) en la lucha antiterrorista, debe ser asunto de principios para la política exterior del actual Gobierno español. La separación de poderes es otro de los elementos básicos: hay que desterrar parlamentos que tienen presupuestos de inversión para que los diputados hagan sus propias campañas (Honduras), o las judicaturas absolutamente dependientes de los partidos (Nicaragua). La existencia de mecanismos de rotación de funcionarios en función del partido o la fracción gobernante (“la pega” boliviana) es un agujero por el que se escapa todo el esfuerzo de la cooperación externa en la generación de una Administración del Estado estable y profesionalizada.
Apostar de una manera decidida por un proceso de integración regional total o parcial. Desde el acceso casi en paralelo de Lula y Kichner y mucho más desde el impulso de la “revolución bolivariana” de Chávez-Castro éste ha sido un tema central. El reciente fracaso de la implantación del ALCA en la Cumbre de las Américas nos reafirma en la recuperación de una gran autonomía por parte de la mayor parte de los países latinoamericanos. Sin embargo, ya sea por exacerbación nacionalista (ahora vemos el conflicto sorprendente por la implantación de una fábrica de papel de capital español en Uruguay o Argentina) o por inadecuados protagonismos en la conducción de los procesos, este proceso imprescindible ha avanzado muy poco; particularmente grave es el insuficiente avance del MERCOSUR que posiblemente debería marcar la pauta a la integración regional y donde tanto Brasil como Argentina no han sido capaces de superar la competencia por los mercados internos de sus aliados. Gran trascendencia va a tener la resolución de la política energética, donde la propuesta venezolana, de gran interés, todavía no ha tenido respuesta adecuada y en la que la nueva situación boliviana va a tener un gran impacto. La declaración de la Petrobrás brasileña de abandono de Bolivia (posteriormente no confirmada) después de la llegada al poder de Evo es un ejemplo de oportunidad no aprovechada. Medidas simbólicas y también resultados prácticos, como la apertura por parte de Chile de un corredor hacia el mar para Bolivia, serían emblemáticas de la nueva situación de entendimiento regional.
Desarrollo de una política de inclusión en el sistema político de todos los sectores hasta el momento marginados. La victoria del MAS boliviano es un ejemplo en relación a un sistema que siempre había sido dominado por las élites “blancas” incluso en el proceso postrevolucionario de finales de los 50, en un país con mayoría indígena. La victoria de Bachelet en Chile refleja la irrupción de la mujer latinoamericana en la dirección política: hace menos de dos años, en Chile se tenía la absoluta convicción de que la Concertación había tomado un camino equivocado al dilucidar las primarias entre dos mujeres, Soledad Alvear por la Democracia Cristiana y Bachelet por el Partido Socialista, ¡¡una mujer en un país tan machista como Chile, es imposible!!, gritaban los comentaristas. Por suerte, el país estaba por delante de los mentores políticos y de la opinión pública. La integración de la mujer es uno de los campos donde más camino hay que recorrer, ante integrismos religiosos que impiden los derechos más básicos en el terreno de la salud reproductiva. Los derechos de la mujer en áreas como Centroamérica y los países andinos  y la inequidad de los sistemas políticos latinoamericanos son grandes asignaturas pendientes.

Para decirlo de manera más directa, lo que está en juego en muchos países y en muchos sistemas sociales no es el buen gobierno sino la gobernabilidad misma. El riesgo ya no es el mal gobierno sino la ingobernabilidad y la amenaza que conlleva de anomia y desintegración social. De ahí la urgencia de construir proyectos políticos viables de carácter plenamente democráticos, con perspectiva de integración regional despojándose de nacionalismos y llenándose de solidaridad que hagan de la lucha contra el hambre y el desequilibrio social bandera básica de la acción política. Proyectos inclusivos que no dejen fuera a ningún sector de la ciudadanía y que permitan a las mujeres ocupar un lugar central en la nueva Latinoamérica.
Desde fuera y particularmente desde España hay que apostar por un fuerte apoyo a estos procesos; la reforma de las cumbres iberoamericanas para transformarlas en un sistema tipo “Naciones Unidas” es un primer paso, y el apoyar las apuestas políticas de los nuevos gobiernos progresistas latinoamericanos otro imprescindible, pero abandonando aquí ese resabio nacionalista que hemos vivido alrededor de la “defensa de las empresas españolas”, que tienen una parte de la propiedad en los fondos de inversión norteamericanos, obviando el carácter de expolio que han tenido algunas de las inversiones en los años 90.

Latinoamérica tiene una oportunidad, apoyémosla.