Cuando se cumplen dos años de la legislatura iniciada tras el 14 de marzo de 2004, las cinco principales organizaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Bird life y WWF/Adena) presentan el documento Programa por la tierra. Análisis de las propuestas ecologistas para la legislatura.
En el documento se analiza el grado de cumplimiento de las once propuestas medioambientales que las mismas organizaciones hicieron con ocasión de las elecciones generales de 2004 y que se apoyaban en tres principios básicos: que el actual modelo de desarrollo es ambiental y socialmente insostenible, que hace falta un compromiso y voluntad política para cambiarlo; y que la participación social y la transparencia son exigibles en todos los ámbitos de la administración.

Pese a algunos avances significativos como el Plan Hidrológico Nacional, la paralización del trasvase del Ebro y la Nueva Política del Agua y otros de menor envergadura, las organizaciones ecologistas suspenden la gestión ambiental del Gobierno que preside Rodríguez Zapatero. “La situación de partida que ya era claramente negativa, está muy lejos de haberse corregido”.
Las políticas que gestiona directamente el Ministerio de Medio Ambiente (política de aguas, biodiversidad, participación) son las que obtienen una mejor valoración, pero en el resto de políticas que desarrolla el Gobierno (particularmente a través de los Ministerios de Industria, Fomento o Agricultura y Pesca) el suspenso es generalizado.

Tres son los elementos principales que centran la alarma de los ecologistas:
- El cumplimiento del Protocolo de Kyoto: España es el Estado de la UE más alejado de su cumplimiento, con un crecimiento de las emisiones que además ha hecho saltar todas las alarmas sobre la calidad del aire y la salud en las zonas urbanas.
- El cierre de las centrales nucleares, amenazado por la posible reapertura del debate nuclear.
- Un desarrollo urbanístico absolutamente insostenible y depredador del litoral así como de  multitud de espacios naturales y que ha dado lugar a un creciente movimiento social que más allá del ecologismo implica a colectivos ciudadanos afectados por los abusos urbanísticos, la especulación o la construcción de grandes infraestructuras, puertos deportivos, playas artificiales, pistas de esquí...

Si bien una parte sustantiva de las políticas medioambientales ha sido traspasada a las comunidades autónomas, el documento concluye que sin un claro cambio de rumbo del Gobierno central, particularmente en los Ministerios de Industria, Fomento y Agricultura, al final de la legislatura no se habrán cumplido las propuestas del programa electoral del PSOE en materia de medio ambiente. Aún así se reconoce que se ha corregido la ausencia de debate social en las políticas de medioambiente y ha habido algunos avances sectoriales.
Tanto el primer documento de 2004 como esta primera evaluación de la acción del Gobierno a partir de las once políticas propuestas por los ecologistas para la legislatura, han sido elaboradas a partir del trabajo y los datos proporcionados por los especialistas voluntarios y activistas en los diferentes sectores de las cinco organizaciones y mediante el debate y el consenso. Suponen una prueba de la madurez política del movimiento ecologista, consciente de que sólo un cambio en las políticas gubernamentales dará respuesta a los retos del cambio climático y la sostenibilidad de la vida humana sobre el planeta.

La ecología política entre el rojo y el verde

En este contexto, la relación entre las demandas ecologistas y las opciones políticas presentes resulta paradójica y contradictoria.
Hay que señalar que las organizaciones ecologistas anuncian una futura evaluación de las políticas ambientales de los  gobiernos autonómicos. Podríamos avanzar que si el Gobierno central obtiene un suspenso generalizado con algún aprobado, las autonomías gobernadas por el PP, en particular Valencia, Murcia, Baleares o Madrid con su desaforado desarrollo urbanístico y la insostenible ampliación de la M30 madrileña obtendrían igualmente un suspenso generalizado con ausencia de aprobados parciales, y que comunidades con gobiernos de distinto signo, como Andalucía o Canarias, no les andan a la zaga, mientras la especulación urbanística, saturado el litoral mediterráneo, pone la vista en la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias y Cantabria) y Extremadura proyecta una refinería de Petróleo, con el absurdo argumento que las emisones de CO2 extremeñas son muy bajas y pueden por tanto aumentar.
Paralelamente, todas las opciones políticas incorporan de forma más o menos retórica el discurso medioambiental, aunque sus políticas hagan exactamente lo contrario de lo que predican.

En enero de 2004, el PSOE firma un acuerdo programático con la Confederación de Los Verdes. Los Verdes, que a lo largo de dos décadas han encontrado dificultades para acceder por sí mismos a la representación política salvo en algunos pequeños municipios, logran con este pacto un diputado en el Congreso en Sevilla, adscrito al Grupo Parlamentario Socialista, y un diputado en el Parlamento Europeo en las elecciones de junio del mismo año, que se integra en el grupo Los Verdes-ALE. Anteriormente ya habían obtenido representación en ciertos parlamentos autonómicos, unas veces en coalición con IU (Valencia, Baleares) y otras en listas del PSOE (Andalucía). Como fruto de estas alianzas rotas después total o parcialmente, recompuestas y vueltas a romper en diversas ocasiones, tanto Iniciativa per Catalunya como varias federaciones de IU añaden el término verde a sus siglas, mientras sectores de Los Verdes se mantienen al margen de la alianza “rojiverde”. Tales son los casos de Andalucia (IU-CA-LV), Euskadi (EB-B), Baleares (EU-V) aparte de la propia Catalunya con ICV.
En marzo de 2004 queda constituido en Roma el Partido Verde Europeo, en el que se integra la Confederación de Los Verdes como partido de pleno derecho en España e Iniciativa per Catalunya-Verds como partido observador de ámbito catalán. En cuanto al Congreso de los Diputados, IU suma sus tres diputados a los dos obtenidos por ICV para constituir el grupo Izquierda Verde-IU-ICV. La alianza rojiverde que mantienen IU e ICV tiene una traducción europea contradictoria con el eurodiputado de IU adscrito al grupo Izquierda Unitaria Europea-IVN y el de ICV a Los Verdes-ALE.

Así pues, sin entrar a valorar las políticas ecológicas de poscomunistas y verdes con  sus complejas interferencias, pues el acceso que tienen al gobierno es nulo en el ámbito estatal, muy limitado y siempre circunscrito a alianzas con los socialistas (PNV en el caso de Ezker Batua-Berdeak) en el ámbito autonómico, y el análisis de la política municipal sería muy complejo y variado, lo cierto es que se producen tensiones tanto dentro de los verdes como en IU a causa de sus complejas relaciones. IU se queja de la competencia electoral de Los Verdes y trata a toda costa de integrar o apropiarse de la marca verde. En este contexto se puede decir que el espacio político verde resulta bastante complejo en España y difícil de entender para los no iniciados.
Mientras en Europa verdes y poscomunistas constituyen familias políticas claramente diferenciadas tanto ideológicamente como electoralmente, en España el galimatías rojiverde y verdirojo está servido, trufado además de las interferencias del nacionalismo periférico y la tradicional configuración centrífuga de la Confederación de Los Verdes que parece haberse instalado también en el ámbito de IU.

Al llegar al ecuador de la legislatura y amparándose en los déficits de la política ecológica del gobierno, particularmente el tema de la energía nuclear, el sector verdirojo de Los Verdes fuerza la máquina hacia la ruptura de la alianza con el PSOE cambiando bruscamente de caballo al firmar un protocolo con ICV por el que ambas organizaciones se reconocen como hermanas. Los verdes que defienden el modelo de Los Verdes europeos, prágmático, europeísta y ligado al movimiento ecologista se agrupan en la corriente “Espacio Verde” en defensa del proyecto político verde que un sector de la antigua Confederación, dicen, se precipita a abandonar.
IU, que sufre las tensiones entre el sector rojiverde que lidera Llamazares, aliado con ICV, y el sector PCE se debate entre la conveniencia de la etiqueta verde y las esencias del comunismo.
Curiosamente, en este complejo panorama de verdes verdiverdes y verdirojos y rojos rojiverdes y rojirojos, en una cosa coinciden Espacio Verde y el Partido Comunista: se trata de dos proyectos políticos claramente diferenciados, con distintas ideologías, distintos espacios electorales y distintos modelos de organización y acción política, que los rojiverdes y verdirojos pretenden mezclar.
Frente a la madurez política que ofrece el movimiento ecologista, Los Verdes, incapaces de copiar el modelo europeo -alemán sobre todo, pero también del Benelux, nórdico, británico, francés o italiano- presentan una inmadurez congénita. Si en Europa el espacio verde está definido y aunque minoritario tiene una presencia y una visibilidad diferenciada de otras familias políticas e ideológicas, en España, el espacio verde está todavía por construir.