Las tecnologías digitales no son ni buenas, ni malas ni neutrales. Además de matemáticas e ingeniería todas llevan de serie unos cuantos presupuestos culturales, sociales y políticos. Ello no es malo necesariamente. O quizás sí lo sea, pero el caso es que es inevitable. Transmitir información es un acto social por lo que, de facto, cualquier tecnología de la información tiene un modelo social y político detrás, aunque su desarrollador no sea consciente. En este artículo quiero hablar un poco sobre hacia dónde tienen que apuntar esos principios políticos embebidos en la arquitectura de nuestros webs y otras aplicaciones informáticas para procesar la información. Y mi brújula social me dice que debe apuntar al republicanismo.

Siguiendo la excelente presentación del modelo del republicanismo en el número anterior de Trasversales de Luis M. Sáenz (“El nuevo republicanismo” en Trasversales, número 2, Primavera 2006), creo que si queremos capturar ese ideario político, más allá de si el régimen de facto es una monarquía o una república, lo importante es abordar la política desde el punto de vista de la vida y de las libertades de la gente.
Un principio clave de este ideal de republicanismo es la emancipación: ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas las capacidades y funcionamientos para que puedan gobernar su propia vida y sean capaces de tomar sus propias decisiones. Como explica Sáenz, se trata de una concepción dinámica, que busca la ampliación continua de derechos y libertades, ampliando cada vez más el número de ámbitos en las que los ciudadanos y ciudadanas puedan ser autosuficientes.

Este acercamiento basado en la emancipación está en buena parte ausente en los debates y análisis sobre la función pública y las tecnologías digitales. De hecho, buena parte de las discusiones se centran más en estos aspectos:
1) Economía y ecología. Las comunicaciones con la administración, el envío de información política a la ciudadanía y otras tareas de corte comunicativo a través de Internet permiten ir sustituyendo la comunicación basada en papel por correos electrónicos, portales en Internet, etc. Ello representa una reducción de costes que también tiene claras implicaciones ecológicas.
2) Comodidad para el ciudadano o ciudadana. Muchos políticos europeos siguen viendo en procesos como el voto electrónico una especie de “salvador de la democracia” al facilitar el proceso de votación y consiguiendo así una mayor participación en futuras elecciones. Una lógica similar sigue el desarrollo de muchas aplicaciones de e-administración que tienen como objetivo principal facilitar ciertos procesos burocráticos y conseguir así que sean más comunes.
3) Modernidad y prestigio. Aunque resulta un tanto frívolo, no podemos negar que una parte significativa de la insistencia de los políticos en potenciar la e-administración, el e-voto y la e-democracia en general es para dar una imagen de “estar con los tiempos”, “ser el primer país europeo en hacer X”, etcétera.
4) Eficiencia y rapidez. Al disponer de mucha información digitalizada, administraciones, partidos, asociaciones ciudadanas, ONG, etc., podrán procesar mejor y más rápido toda una serie de datos, facilitando así su forma de trabajo.
5) Accesibilidad para discapacitados. Tener informaciones públicas en formato digital permite que, si se hace de forma correcta, esa información pueda ser convertida a otros formatos, de manera que un ciego puede fácilmente escuchar desde una web el texto de una ley, o una persona con problemas de visión poder ampliar el tamaño de la letra hasta que sea finalmente legible para ella. Igualmente, las personas con problemas de movilidad podrán solventar trámites legislativos desde casa, sin necesidad de trasladarse a ningún edificio público.
6) Llegar más fácilmente a la juventud. Siguiendo un tren similar al del punto tres pero con objetivos menos propagandísticos, la idea de fondo es que a las nuevas generaciones les resultan más atractivos chats, video-juegos o webs que los libros y folletos, de manera que si queremos interesarlos en la política y animarlos a participar de la vida ciudadana lo mejor es organizar campañas basadas en estos nuevos medios.

Los cuatro primeros principios son la base de lo que podríamos llamar modelo pragmático de la función política en las TIC. Desde esa perspectiva la función central de las TIC es exclusivamente práctica: facilitar las comunicaciones desde los principios de economía, ecología, prestigio, eficiencia y rapidez. Sin ir más lejos, la reciente campaña de “Fes Internet” (“Haz Internet”) en Catalunya se basaba en esta premisa básica: Internet es útil. Así en su publicidad podía verse una pareja que tenía entradas de cine porque las habían comprado desde Internet, una señora mayor feliz de haber encontrado una receta estupenda on-line, etcétera.
Si añadimos 5 y 6 tendríamos el modelo inclusivo de funcionamiento. De hecho, es básicamente una ampliación del modelo pragmático. Los nuevos medios nos ofrecen nuevas posibilidades de transmitir información. Así que, en lugar de simplemente trasladar el formato de un medio a otro (es lo que Bolter y Grusin llaman remediación: por ejemplo, hacer una web que es como un diario y que funciona exactamente igual) intentamos hacer un medio especial, que aprovecha al máximo las capacidades del nuevo medio.
En paralelo, este acercamiento incluye conceptos políticos y éticos dirigidos a reducir la discriminación desde una perspectiva de funcionamientos: facilitar el acceso a la información a los colectivos discapacitados a partir de las nuevas posibilidades de las nuevas tecnologías. Hablamos de funcionamientos, ya que el reajuste se limita al aspecto formal del acceso: facilitar la igualdad a la hora de acceder a la información.

Estos principios son importantes, sin duda, pero pienso que las tecnologías de la información pueden ir mucho más allá, potenciando los aspectos de emancipación y facilitar la igualdad de los ciudadanos no sólo en funcionamientos, sino también en capacidades, siguiendo el concepto de igualdad postulado por Amartya Sen. ¿Cómo podemos potenciar estos aspectos y conseguir implicar las nuevas tecnologías en la construcción de este nuevo republicanismo? Hay muchas tareas a realizar, que espero ir desgranando en artículos futuros, limitándonos hoy a una presentación de factores básicos.

En primer lugar, hay que preguntarse por el modelo de funcionamiento político detrás de nuestra aplicación. Si uno analiza portales y otros espacios virtuales de construcción o debate colectivos, se encontrará básicamente con uno de estos tres modelos:
El dirigista. Un equipo, autoseleccionado, se responsabiliza de los contenidos y decide qué informaciones están accesibles. Si se permite la participación exterior, o bien tiene un aspecto menor (comentarios breves de un artículo) o bien han de ser previamente examinados por el equipo para decidir su publicación posterior.
El asambleario. Aunque hay un responsable o responsables técnicos de mantenimiento, los contenidos se construyen de forma conjunta, cada cual aporta lo que parece más significativo y posibles cambios, censuras, etc, se deciden mediante votación. El valor o interés de los contenidos y subsiguientes decisiones sobre qué va en portada u otros asuntos se hace también cuantitativamente, a partir de las votaciones de los usuarios.
El meritocrático. Es lo que en la jerga de Internet se conoce como modelo Slashdot: en función de la participación de cada usuario en diversas tareas, y en cómo los otros usuarios puntúan sus contenidos, los usuarios van acumulando “puntos” y se van haciendo progresivamente más decisivos en la comunidad, teniendo más facilidades a la hora de decidir qué se publica, poder publicar sin filtrado previo, etc. Los puntos son, sin embargo, revisables: si la persona en cuestión reduce su ritmo de trabajo o sus contribuciones ya no se consideran tan valiosas, acabará perdiendo “puntos”, pudiendo incluso acabar perdiendo los “privilegios” de edición de que dispone.
Uno podría pensar que estos modelos más o menos cubren todas todas las posibilidades, pero lo cierto es que no es así. El diseño de comunidades virtuales o de “software social” está todavía en sus inicios y hay muchos más modelos, con muchas más posibilidades para crear espacios de emancipación en la red. Por otra parte, muchas veces los modelos no vienen tanto planteados desde una perspectiva política, cultural o ética como de una definición ingenieril, con lo que muchas veces los objetivos sociales del proyecto no se acaban correspondiendo con la tecnología utilizada para crear la herramienta.

En segundo lugar está la cuestión de la e-inclusión. Ya hemos hablado del tema en un artículo anterior y sin duda volverá a aparecer, pero ahora me gustaría dejar una cuestión clara. El supuesto dilema “pan u ordenadores” no es tal. Es necesario luchar en todos los frentes, y el hecho de que muchas personas todavía no sean capaces de utilizar un ordenador, ya sea por razones económicas, educativas o sociales, no ha de ser un obstáculo para insistir en ese desarrollo emancipatorio de las nuevas tecnologías. Afirmaciones acerca del supuesto elitismo de las nuevas tecnologías y su poca eficacia en el mundo de la inclusión social no tienen sentido y básicamente demuestran la miopía de la persona que las propone. Es como si unos científicos descubrieran una cura para un 10% de los cánceres y los “progresistas” dijéramos que eso es discriminatorio y que hay que esperar a que el sistema cure el 100% de los cánceres.
La alfabetización digital e informacional son elementos clave en cualquier política progresista. Es la única garantía de una sociedad de la información justa e igualitaria; es la garantía de la república digital, podríamos decir. Ello no significa que no podamos utilizar las tecnologías digitales entre aquellos colectivos que pueden usarla para mejorar su vida y facilitar procesos emancipatorios, más bien todo lo contrario. La alfabetización digital resulta mucho más fácil cuando los futuros usuarios son capaces de contemplar su utilidad aquí y ahora.

Otra cuestión importante es la propiedad de las herramientas y contenidos. Dejando de lado debates más generales sobre la propiedad intelectual o acerca de si los intermediarios siguen siendo aceptables en el caso del entretenimiento, un proyecto emancipatorio con TICs implica la propiedad comunitaria de las herramientas y contenidos asociados al proyecto. Básicamente, es imposible asegurar que la persona que utiliza una aplicación específica está realmente emancipándose si en paralelo la herramienta y los contenidos que utiliza no están totalmente a su alcance y puede decidir la mejor forma de usarlos, dentro evidentemente del respeto a la ley y los derechos de los demás. Utilizando la terminología de Isaiah Berlin, sólo podemos asegurar un espacio de libertad negativa en la red si ciertas aplicaciones y contenidos clave -los necesarios para establecer procesos de emancipación- son totalmente configurables por el usuario. En caso contrario, los derechos, libertad y emancipación de los ciudadanos y ciudadanas dependerán de una tercer persona, que es la propietaria de esas herramientas y contenidos.

Resumiendo: la próxima vez que participe en el desarrollo o mejora de una aplicación digital, una vez revisados los criterios técnicos de su construcción, los apartados de diseño acerca de usabilidad y accesibilidad, y las aplicaciones prácticas que el sistema tendrá, dedique unos minutos a pensar en el modelo político detrás de esa aplicación, y sobre todo piense en formas de potenciar la emancipación de los ciudadanos y ciudadanas en el proceso de usarla.