La Comunidad Valenciana tiene nuevo Estatuto desde el 11 de abril, el Congreso habrá tomado ya en consideración la reforma del Estatuto de Andalucía y l’Estatut está pendiente de referéndum en Cataluña. Emerge una tendencia hacia cierta “federalización”, dentro de lo permitido por la Constitución.

El proceso catalán ha tomado gran relevancia pública y ha creado divisiones entre “las gentes de izquierda”. Creo que han influido...
- La furibunda campaña del PP, que ha encontrado terreno abonado en los sentimientos de una parte de la izquierda.
- La colaboración que con esa campaña han hecho, de forma indirecta y quizá no querida, las declaraciones de algunos líderes territoriales y antiguos dirigentes de la izquierda.
- La acumulación de errores del Gobierno catalán o de algunos de sus miembros, en asuntos ajenos al proceso de reforma del Estatuto pero que la opinión pública ha tomado como parte del mismo paquete. Como guinda, el giro final de ERC hacia el voto negativo.
Pese a todo, la gente razonable, de una u otra opinión, puede reconducir el diálogo y el debate hacia los contenidos del proyecto.

En lo que se refiere al procedimiento se ha seguido escrupulosamente la ley. Parlamento de Cataluña, Cortes Generales, referéndum ciudadano en Cataluña: esa es la ruta. Por ley. El PP, pese a su griterío pidiendo referéndum en toda España, no ha plasmado esa propuesta de manera formal. Su “campaña de firmas” se limitaba a pedir una consulta con una pregunta absurda y sin incidencia alguna en el proceso de reforma de los estatutos. Una de las novedades del Estatuto valenciano, con el apoyo del PP, es que las futuras reformas deban culminar en consulta a la ciudadanía valenciana, sumándose así al “modelo catalán”. Un referéndum en toda España sobre l’Estatut habría sido  inconstitucional y delirante: ¿qué quedaría de la “unidad de España” si cada reforma de Estatuto fuese sometida a referéndum en toda España? La carga de enemistades y recelos que crearía llevaría, ahora sí, a la balcanización de la que Aznar tanto habla.

El texto del Estatuto de Cataluña aprobado por las Cortes Generales es razonable y generalizable. Las modificaciones aprobadas por las Cortes Generales son fruto de una negociación con resultado equilibrado, positivo y que inspirará las reformas de otros estatutos. Creo que ERC se equivoca con su “no”, porque ni siquiera desde postulados políticos independentistas parece sensato preferir el vigente estatuto al proyecto que será sometido a referéndum. Y si juega a que salga con votos de otros, pero manteniendo “la virginidad”, sería muestra de inmadurez. Es un buen Estatut. Pero la última palabra la tienen las ciudadanas y los ciudadanos de Cataluña, como debe ser.

La identidad de Cataluña. La definición de Cataluña como nación me parece aceptable, pero PSC, CiU e IC-IV han hecho un generoso esfuerzo para superar ese escollo. El artículo uno sólo dice que “Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”. El proyecto de Estatuto de Andalucía habla de “nacionalidad histórica”, como el Estatuto valenciano con su “identidad diferenciada como nacionalidad histórica”.
En el preámbulo del proyecto pendiente de consulta en Cataluña se habla de “realidad nacional” y se cita que el Parlamento de Cataluña considera a ésta como nación; el proyecto andaluz sitúa en el preámbulo la “realidad nacional” y el estatuto valenciano recalca varias veces lo de “nacionalidad histórica”. Nada para rasgarse las vestiduras, aunque pienso que tales referencias sentimentales y subjetivas sobran en los estatutos... tanto como la referencia a la “nación española” en la Constitución.
Buscar diferecias esencialistas entre nación y nacionalidad carece de sentido. El término “nacionalidad” fue resultado de un consenso constitucional. De hecho, quienes entonces se opusieron a su uso son precursores de los que hoy abominan de que el parlamento de Cataluña hable de nación. Recordemos que en 1978 el presidente fundador del PP, Fraga, decía “no entendemos [el término nacionalidad] compatible con el principio de unidad de la Nación o de la nacionalidad española”. Lo mismo que dice hoy Rajoy, pero habiendo trasladado unos metros la barricada.

Los derechos. La declaración de derechos del Estatuto de Cataluña actualiza los derechos de ciudadanía. En algunos aspectos el texto ha sido algo descafeinado como concesión a CiU, pero es una propuesta avanzada, que moderniza el enfoque constitucional. Quienes dicen que es “intervencionista” suelen ser los que  consideran que los derechos deben quedar sometidos al “mercado”. Y la demagógica crítica de Rajoy, según la cual un Estatuto no debe generar derechos, carece de cualquier sustento, pues es práctica habitual: no menos de 25 artículos en el proyecto andaluz y todo el título dos del nuevo estatuto valenciano.

La financiación. Decaída la pretensión de que la Agencia Tributaria de Cataluña gestione todos los impuestos soportados allí para luego calcular la aportación catalana a la Hacienda del Estado, la actual redacción establece que la Agencia catalana gestionará los impuestos propios de la Generalitat y los estatales cedidos totalmente, mientras que el resto de los impuestos, incluidos los cedidos parcialmente, serán gestionados por la Agencia estatal.  Para los impuestos cedidos parcialmente el proyecto definitivo precisa las proporciones de esa cesión (50% para IRPF e IVA), lo que estaba ausente del primer proyecto dado que en él la Generalitat recaudaba todo y luego aportaba una parte, mientras que en el texto enmendado una parte de los impuestos soportados en Cataluña van al Estado y otra a la Generalitat, sin prejuicio de que, como establece el artículo 206, “los recursos de la Generalitat podrán ajustarse para que el sistema estatal de financiación disponga de recursos suficientes para garantizar la nivelación y solidaridad a las demás Comunidades”.
Este modelo es generalizable. Comparando los proyectos catalán y andaluz, hay amplia coincidencia en cuanto a la descripción de los recursos, el papel de las agencias tributarias y la comisión mixta económico-fiscal. El listado de tributos cedidos coincide en ambos proyectos, aunque el andaluz no define el tipo de cesión ni, por tanto, fija los porcentajes de cesión parcial; pero lo establecido en el Estatuto de Cataluña tenderá a ser el punto de partida de todas las  comunidades autónomas, salvo renuncia a ello.
El artículo 206.5 establece que “la aplicación de los mecanismos de nivelación y solidaridad no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per capita entre las Comunidades Autónomas antes de la nivelación”. Esa limitación a la redistribución es asumible, de escasas consecuencias y generalizable a todas las comunidades autónomas. Además, hay que resaltar que una renta media alta no excluye la necesidad de fuertes inversiones sociales, ya que los territorios “más desarrollados” suelen incluir zonas de marginación extrema y, en muchos casos, “clandestinizadas” e ignoradas estadísticamente. La redistribución debe ser social, no territorial.
No quiero pasar por alto el cinismo del PP, que critica esta fórmula pero propuso para las Islas Baleares una restricción al principio de solidaridad muy fuerte y no generalizable, pidiendo que la modulación de ingresos “en ningún caso podrá suponer reducciones que sitúen la financiación per capita de la Comunidad Autónoma de las Illes Baleares por debajo de la media del resto del conjunto del Estado”. Eso es radicalmente antidistributivo y sólo podría ser privilegio de algunas comunidades autónomas, ya que es matemáticamente imposible que ninguna comunidad quede por debajo de la media, salvo si la financiación per capita fuese exactamente la misma en todas las comunidades, lo que resulta técnicamente imposible y políticamente indeseable por ignorar la diferencia de necesidades.

La cuestión lingüística. Desde fuera, creo que en Cataluña castellano y catalán conviven perfectamente como lenguas oficiales en Cataluña, pese a algunos extremistas de ambos signos. El catalán es la lengua propia de Cataluña. Altos dirigentes del PP han apoyado a quienes piden que allí el castellano también sea “lengua propia”, pero en el Parlamento valenciano y en las Cortes Generales la derecha ha apoyado que el “valenciano” sea, como es, la única lengua propia de la Comunidad valenciana.
El proyecto de Estatuto fija que “los actos jurídicos realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales tienen, en cuanto a la lengua, plena validez y eficacia” (art. 32). El artículo 33 establece el derecho de opción lingüística ante las instituciones y administraciones públicas, y el 34 hace lo mismo para consumidores y usuarios de bienes, productos y servicios. Para que todas las personas puedan ejercer su derecho de opción lingüística es preciso que en las administraciones públicas, empresas, comercios, etc., se disponga de la capacidad de atender a quienes hablan en castellano y a quienes lo hacen en catalán. Pero eso no implica discriminación, sino que es condición para la igualdad.
En la Universidad, profesorado y alumnos pueden hablar y escribir en la lengua oficial que quieran. Normalmente, en la enseñanza el catalán será la lengua vehícular y de aprendizaje, lo que, con los apoyos necesarios, me parece adecuado, ya que, por razones pedagógicas y de convivencia social, creo que, como establece el artículo 35.3, los alumnos no deben ser separados en centros o grupos de clase diferentes por razón de su lengua oficial.

Y el País vasco… Seguirán nuevas reformas de los estatutos de autonomía, pero posiblemente este debate deba aplazarse en el País vasco. El alto el fuego permanente es un hecho positivo, pero aún no puede hablarse de verdadera igualdad de condiciones a la hora de defender las ideas políticas, ya que no puede descartarse totalmente que ETA vuelva a matar. Hay indicios importantes de que podemos acercarnos al final del terrorismo, pero aún no es un hecho, y en esas condiciones hay grandes debates que no se pueden abordar, por lo que no parece previsible una pronta negociación sobre un nuevo Estatuto vasco, al menos si PNV y EA quieren mantener su listón a la altura del “plan Ibarretxe”. La prioridad es otra, e ignorarlo fue el primer y mayor error, aunque no el único, de la anterior propuesta del Parlamento vasco.
Las acusaciones de que el Gobierno Zapatero ha hecho concesiones políticas a ETA son infundadas. La resolución que tomó el Congreso de diputados, con el voto en contra del PP, era inequívoca. El escenario político no es negociable con ETA. Decir que se negocia con ETA “la autodeterminación”, el futuro de Navarra o las instituciones vascas carece de fundamento y dificulta un proceso que requiere prudencia, coraje y flexibilidad, y en el que quizá sí haya que hablar, en su momento, de los presos etarras o de la reincorporación de Batasuna al escenario legal en un marco de fin de la violencia o clara ruptura con ella.
Lo que sí podrá ocurrir en el futuro, si este proceso llega a buen fin, es que algunos temas sobre los que hoy es legal, pero no legítimo, abrir un debate en la sociedad vasca, pasen a ser, una vez disuelta ETA y restablecida la equidad de condiciones, temas de controversia política plenamente aceptables, ya que centralismos, autonomismos, federalismos y secesionismos son opciones políticas tan legítimas unas como otras, salvo si recurren a la violencia o adoptan formas políticas totalitarias, aunque es habitual, pero no regla, que los proyectos centralizadores o secesionistas sean más proclives al esencialismo patriotero.
Cuanto antes se confirme con plena seguridad que ETA no volverá a matar y ésta se disuelva definitivamente, antes podrán unos defender libremente sus ideas sin amenazas de bombas y tiros -y eso es lo fundamental-, y antes podrán otros exponer las suyas sin la vergüenza (o desvergüenza si no sentían aquella) de saber que quienes no las comparten viven bajo amenaza de muerte o extorsión. Todo aquello que no viole los derechos humanos puede ser discutido y democráticamente aceptado o rechazado, sin pistolas por medio. Pero todo en su momento.
El fin de ETA parece ahora más cercano. No echemos las campanas al vuelo pero tampoco impidamos que se aproveche la oportunidad que se abre y que el Gobierno español está tratando correctamente de explorar, arriesgando para ello, no las instituciones democráticas como pretenden algunos, sino su prestigio y futuro, lo que merece apoyo. Lograr tamaño objetivo será un gran triunfo, no de tal o cual partido, sino de la sociedad. Entonces, como ahora, deberemos rendir homenaje a las víctimas del terror y también a quienes asumieron con más coraje, y a veces con mucha incomprensión, el compromiso ciudadano activo contra los pistoleros, expresado en acciones como las que ya en 1986, hace veinte años, inició Gesto por la Paz y continuadas después hasta ahora por ése y otros colectivos y personas que han dado la cara. A ellas un aplauso, sea cual sea su punto de vista sobre el proceso abierto, con el que no es obligado coincidir. Más aún, es imposible compartir las opiniones de todas las víctimas y de todos esos activistas, ya que, como es natural, también entre ellas y ellos había y hay diversidad, aunque alguno trate de monopolizar su representación. En todo caso, su aportación ha sido decisiva para llegar hasta aquí. Pues lo cierto es que la perspectiva hoy abierta se debe, ante todo, a que ETA ha sido derrotada socialmente. Ahora, la política debe ayudar a recoger los frutos, aunque sin bajar la guardia ante una organización de asesinos con una ideología totalitaria.