En la situación política hay una sensación de quietud. Decir esto puede parecer una herejía, cuando el ruido de los anatemas, los escándalos y el Apocalipsis sigue siendo una constante en la verborrea opositora del PP y, sobre todo, en los núcleos mediáticos sembradores de conflicto y enfrentamiento. Arropado el país en una buena situación económica (mas allá del modelo superficial y de alto riesgo basado en el consumo interior, la construcción y la obra pública, el desequilibrio de la balanza de pagos y el endeudamiento privado masivo), nada especialmente llamativo convulsiona el país, salvo las llegadas en cayucos de inmigrantes subsaharianos y la zozobra del proceso de paz en Euskadi, que parecen soliviantar a algunos ciudadanos.

A mitad de legislatura, Zapatero sigue teniendo un respaldo muy importante (aunque con un leve desgaste) y, sobre todo, Rajoy cada día se aleja más de ser una alternativa consistente, siendo su papel sustituido cada vez más por Jiménez Losantos, Pedro Jota y sus portavoces políticos: Zaplana y Acebes. Con un cierto apaciguamiento, vía financiación, de la Conferencia Episcopal, de la Iglesia y de sus organizaciones, en su papel cohesionador y movilizador del entramado confesional y reaccionario que soporta al PP, el enfrentamiento con el Gobierno lo lideran la COPE, El Mundo y todos los que suministran munición a los “gestores” del 11-M, los citados Acebes y Zaplana. A pesar de esto, la derecha ha configurado un núcleo duro de gran peso social, situado en posiciones de derecha extrema que sigue fielmente las consignas difundidas desde las ondas hertzianas, refractante a cualquier diálogo e intolerante con cualquier política más matizada, como evidencian los anatemas contra Piqué o Gallardón y la guerra abierta contra el ABC.
La política del PP y su fundamentalismo es uno de los elementos que traba el avance del país y de los derechos ciudadanos. Su instalación en la mentira y la agitación dificulta extraordinariamente progresar en cuestiones tan estratégicas como la paz en Euskadi, la inmigración, la construcción europea, la articulación territorial del Estado y la política exterior; en todo ello la derecha levanta barreras de intransigencia que enturbian el panorama más allá de la dificultad que los problemas por sí mismos crean.

El Gobierno, particularmente Zapatero, no ha perdido el rumbo de su compromiso de cambio, reforma, paz y derechos que selló con sus electores la noche del 14-M, pero no tiene el mismo impulso ni la misma fuerza social que a principio de legislatura. Después de una primera fase donde primó la audacia y el cambio, con la retirada de Irak y el impulso de los derechos sociales e individuales, y en la que el apoyo social se manifestó a pesar de la bullanguería de la derecha y la Iglesia, el desgaste causado por la polémica del Estatut, la continuidad del conflicto con la Iglesia en torno a educación y financiación, así como  algunos problemas político-económicos como la OPA sobre Endesa, condujeron al Gobierno a intentar limitar los focos de conflicto mediante una política de apaciguamiento de algunos focos sociales opositores.
Si a ello le añadimos las dificultades del proceso de paz en Euskadi y la crisis de los cayucos en Canarias, la agenda del Gobierno se limitó buscando no abrir más focos de tensión. Así, en la Ley de Memoria Histórica se produce un frenazo a la reparación de la injusticia histórica, aguando totalmente el contenido reparador de las víctimas del franquismo y buscando un reequilibrio imposible; a la vez se busca satisfacer la voracidad financiera de la Conferencia Episcopal y apaciguar la campaña eclesial contra el Gobierno, incrementando el porcentaje de IRPF destinado a su financiación, aunque se avance en el pago de IVA (de acuerdo con las demandas de la Comisión Europea).
A la vez, se atrasa la introducción de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y se toleran las tropelías que, en comunidades autónomas como Madrid, se cometen contra la enseñanza pública propiciando la transferencia de recursos públicos para uso privado, la segregación por sexos, el adoctrinamiento inconstitucional...

El Gobierno busca aminorar los conflictos generados por la confrontación con la derecha y acallar algunas críticas por la profundidad del impulso reformista procedentes de presumibles “aliados” . Si a ello le añadimos que no hay más tensión social que la generada por la derecha y que las bases sociales de la izquierda se encuentran en líneas generales satisfechas con la actuación de Zapatero, en un consenso político desconocido para las diversas tendencias progresistas, y sólo se expresan ejes de movilización parciales o temáticos, nos encontramos con una situación que, pese a ser positiva, puede tener serios riesgos.
En primer lugar, porque ante situaciones complejas y reales como la inmigración o el tema autonómico el consenso social no es tan amplio y en muchos sectores que se identifican con la izquierda el miedo y el chovinismo local causa mella en los apoyos gubernamentales; por eso el PP y su entorno se afianza en estos elementos importantes de prejuicio político y social.
En segundo lugar, el Gobierno no cuenta con un partido capaz de conectar y movilizar a la sociedad alrededor de estas grandes batallas ideológicas, políticas y pedagógicas  contra la reacción y la resistencia al cambio. Las debilidades, en líneas generales, de las oposiciones socialistas a los Gobiernos autonómicos y locales del PP hacen recaer mucho más en el equipo de Zapatero que en el PSOE el impulso del proceso modernizador que encabeza el presidente.
La movilización social desde la izquierda tiene sólo expresiones sectoriales, puntuales y fragmentarias, aunque hay que señalar que las organizaciones de la sociedad civil han tenido un gran protagonismo en la articulación e impulso de las reformas, especialmente las organizaciones de mujeres (a pesar de las polémicas internas), los sindicatos, las ONG de acción social, las ONG de desarrollo, las organizaciones medioambientalistas y ecologistas y, en menor medida, las organizaciones de la comunidad escolar en la reforma educativa (que es justamente donde las cesiones a la derecha han sido mayores). Sin embargo el riesgo de una izquierda desmovilizada por autosatisfacción no es menor.

Tras un periodo de dos años sin otro proceso electoral que el gallego, se aproximan las primeras pruebas del Gobierno Zapatero ante las urnas. En noviembre Cataluña, aunque aquí se juzgará más bien la experiencia del tripartito, y en la primavera próxima una parte importante de las autonomías y todos los municipios. Van a ser un test significativo del impulso de cambio y de la resistencia de la derecha, pero, mientras tanto y aunque las elecciones sean un referente importante, se hace sentir la necesidad de un segundo aliento para el pacto de la sociedad con Zapatero  que se expresó en la noche del 14-M, un segundo impulso que profundice socialmente el proceso de reforma y transformación que estamos viviendo. Ello es necesario para volver a galvanizar a las fuerzas sociales y generar un escenario político más limpio, más claro y más democrático.