El criminal atentado cometido por ETA en Barajas el 30 de diciembre de 2006 costó la vida de Carlos y Diego Armando y  un brutal retroceso en el camino de la paz. Tras más de tres años sin atentados mortales de ETA, la barbarie ha mostrado de nuevo su rostro más cruel, absurdo e innoble.

La esperanza de un final definitivo de la violencia terrorista tiene, pese a todo, bases sólidas, gracias al enorme deseo de paz de la sociedad vasca y su hartazgo moral y político respecto al terror, así como la creciente comprensión de la inutilidad y desmesura del sufrimiento que ha derivado de la actividad etarra. Ese sentimiento fue potenciado por el contexto creado por el 11-S.
La reanudación de sus crímenes por parte de ETA debe provocar una  reacción social de enorme calado que conduzca a la más completa marginalidad al entramado que les apoya. Es necesaria la más amplia y unitaria movilización para que el rebrote criminal que hemos vivido a finales de 2006 sea un coletazo lo más breve y lo menos cruento posible.
En todo caso, el proyecto milenarista, totalitario y violento de ETA ha perdido la batalla. No podrá imponer su Euskal Herria soñada e irreal en ningún territorio. No podrá expulsar de su Arcadia a quienes no respondan a su ideal de pureza euskaldun. Son una minoría y cada vez estarán más solos.

Desde las páginas de Trasversales hemos apoyado el proceso de paz, pero no hemos caído en un optimismo irreflexivo. Sabíamos que las opciones más irracionales a veces consiguen imponerse en esos mundos ultrasectarios.
El Presidente del Gobierno anunció que el camino para el final de la violencia sería largo, duro y difícil. Es muy posible que haya sido un diagnóstico completamente acertado. El tiempo transcurrido desde el anuncio de alto el fuego permanente por parte de ETA no ha sido un camino de rosas. Y, lógicamente, nadie puede garantizar el éxito de un proceso al ponerlo en marcha. Rodríguez Zapatero debía intentarlo y lo hizo. Y si fuera posible volver a iniciarlo con garantías razonables, debería hacerlo.
Parte de las dificultades del proceso previas eran, y posiblemente serán, inevitables. Poner el cierre a la actividad profesionalizada de un grupo armado con más de 40 años de existencia siempre es extraordinariamente complejo. También es evidente que la responsabilidad de que el proceso no haya avanzado y de su criminal ruptura corresponde a ETA, a sus cómplices y a quienes son incapaces de desmarcarse definitivamente de la violencia y con un total cinismo pretenden culpar al Gobierno del fracaso del proceso y simulan que “nada ha pasado”.

No puede tampoco silenciarse la actuación desleal del Partido Popular y la instrumentalización de una de las asociaciones de víctimas del terrorismo, la AVT. Sus movilizaciones, antes del atentado de Barajas y después de él, se dirigen contra el Gobierno en lugar de dirigirse contra ETA. En un proceso en el cual todos hubieran debido poner su grano de arena para hacerlo posible, Rajoy y su derecha furiosa han arrojado esa arena al engranaje para intentar hacerlo descarrilar. Y después del atentado de Barajas han mostrado una notable mezquindad al acusar, ellos también, al Gobierno del fracaso.

En nuestra opinión, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha cumplido con su obligación moral y política, y lo ha hecho, quizá con excesivo optimismo, con mayor transparencia y calidad democrática que los anteriores Gobiernos que intentaron negociar el final del terrorismo, es decir, todos desde la transición, incluido el de Aznar, que fue el que más concesiones apresuradas hizo. No debe olvidarse que ha existido un apoyo expreso de una amplia mayoría parlamentaria, que fijo las condiciones del diálogo con ETA.

Las bases para todo diálogo deben tener un punto de partida innegociable: ninguna forma de violencia ni la amenaza explícita o implícita de su reanudación.  Y después de la alevosa ruptura de su alto el fuego permanente por parte de ETA, las garantías del cese efectivo y definitivo de la violencia deberán ser reforzadas al máximo en el futuro si vuelve a surgir una posibilidad para el fin de la violencia.
Con esas condiciones, no hay que temer al diálogo político. Las fuerzas políticas que rechazan la violencia representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos de las comunidades vasca y navarra. Hablar de política es reconocer el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas de Euskadi y Navarra a decidir su futuro con sus propias mayorías políticas sin que salvadores armados y fanáticos les usurpen su voz libre.

La democracia es el instrumento más poderoso contra los ideales totalitarios. En democracia todas las ideas pueden ser defendidas siempre y cuando acepten las reglas de juego, que deben excluir el apoyo a la violencia. Las distintas alternativas políticas deben contar con iguales condiciones para poder ser defendidas públicamente: desde las de los independentistas vasco-navarros a las de los partidarios del españolismo más centralista. Un proceso de paz sólo será posible si, en primer lugar, los partidarios del PP y del PSOE pueden defender sus ideas sin miedo en todas las localidades de Euskadi y Navarra. Y, sin duda, el independentismo no violento tiene pleno derecho a ser una opción política. La gente de izquierda debe rechazar los intentos de demonizar al nacionalismo democrático, interlocutor esencial para el fin de la violencia.

La paz sigue siendo el gran objetivo político de esta etapa. Conseguir que no haya más víctimas ni más verdugos es la meta. Queremos una paz  en condiciones que aseguren las libertades ciudadanas de todos y un proyecto estable de convivencia de todas cuantas identidades coexisten entre los ciudadanos y las ciudadanas del Estado.
Por la paz, siempre. Contra los verdugos, siempre. Contra ETA.