Uno de los principales indicadores del desarrollo democrático de un país se sustenta en el grado de bienestar de su ciudadanía.
El avance en derechos sociales y la consecución de mayores y mejores oportunidades para todas las personas, hombres y mujeres, conforma sociedades más comprometidas, tolerantes, solidarias y en términos socioeconómicos, más eficaces.
En nuestro país se han producido cambios sociales profundos y trascendentales en poco tiempo, si tenemos en cuenta la duración de nuestra joven democracia, y en gran parte ha sido posible gracias a gobiernos socialistas que han sabido combinar progreso económico con un fuerte impulso de las políticas sociales.
Entonces se trataba de construir el Estado del Bienestar, de garantizar la Seguridad Social universal y de establecer estructuras y servicios sociales que dieran cobertura a las demandas de la ciudadanía en condiciones de igualdad. Así, se lograron conquistas como el divorcio o el aborto, aún quedaba mucho por hacer en materia de equidad entre hombres y mujeres.
En esta nueva etapa, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha enarbolado la bandera de “más derechos, más democracia”, sin perder de vista que el impulso de políticas públicas con perspectiva de género resulta ser fórmula rentable para conseguir una sociedad más igualitaria, y por lo tanto más próspera.
De hecho, ha conseguido visibilizar con hechos su apuesta decidida por las políticas de igualdad desde el inicio de su legislatura introduciendo la paridad en el equipo ejecutivo del Gobierno, nombrando a Mª Teresa Fernández de la Vega como vicepresidenta y con la creación  de una Secretaría General de Políticas de Igualdad.
Eso nada más empezar, porque no se trataba de medidas efectistas, sino que su compromiso electoral en campaña contra la discriminación de la mujer se convirtió muy pronto en ley siendo presidente al impulsar como primera iniciativa legislativa del Gobierno socialista la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Una reclamación histórica de las organizaciones de mujeres que llevan batallando contra esta lacra social desde hace años y que se aprobó con el consenso de todos los partidos políticos en el Congreso en diciembre de 2004.

 Sin embargo, los y las socialistas somos conscientes de que aún queda camino por recorrer hasta la plena igualdad real. Es cierto que la igualdad formal está reconocida en el art. 14 de nuestra Constitución, pero también que es deber de los poderes públicos remover los obstáculos que dificulten la plenitud del disfrute de la igualdad, tal y como obliga el artículo 9.2 de la Constitución Española.

Los datos objetivos responden con extraordinaria contundencia:
- La brecha salarial entre hombres y mujeres es de casi un 30% de media y la tasa de actividad registra una diferencia de 22 puntos según la EPA (Encuesta de Población Activa) del III trimestre de 2006, en detrimento de las mujeres (47,83%) frente a los hombres (69,48%).
- Las empresas del IBEX 35,  las de mayor cotización en España, sólo tienen un 2,5% de mujeres en sus Consejos de Administración y la inmensa mayoría de los empresarios son hombres, el 70,8%, frente al 29,2% de mujeres, según datos del INE.
- Por cada hombre que abandona, aunque sea temporalmente, su puesto de trabajo por razones familiares, lo hacen 27 mujeres, según datos del INE.

Ahora, tenemos la oportunidad excepcional de intentar acabar con esta discriminación flagrante ante la que se siguen encontrando las mujeres a la hora de acceder a un trabajo, a una cátedra en la Universidad o, simplemente, a la hora de elegir su propia maternidad, a través de iniciativas legislativas valientes que como la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres suponen garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, luchar contra el acoso sexual en el trabajo, proteger la maternidad y estimular una mayor participación de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones que nos afectan colectivamente.
Para conseguir estos objetivos, resulta esencial la corresponsabilidad en las tareas familiares y en la crianza de los menores. Las españolas compaginan hogar y trabajo a costa de doblar su jornada laboral diaria y ese es el principal escollo que se encuentran a la hora de acceder o permanecer en un puesto de trabajo en condiciones de igualdad con sus compañeros varones.

Según el estudio del Instituto de la Mujer “La conciliación de la vida familiar y la vida laboral: situación actual, necesidades y demandas”, presentado el pasado año, las mujeres que trabajan fuera dedican luego casi el mismo tiempo a las labores domésticas y al cuidado de hijos y mayores dependientes. Pero no sólo eso, el 46% de los españoles en edad laboral aseguraba en dicha encuesta que la mujer debe dejar su empleo al tener un hijo y sólo el 0,6% apostaba por el padre.
Para combatir esta percepción tan injusta y, sin embargo, tan extendida entre la ciudadanía, hemos contemplado en la Ley el permiso de paternidad, una reivindicación histórica de las organizaciones en defensa de la igualdad y un compromiso del Partido Socialista que reconoce un nuevo derecho personal e intransferible a los hombres.
Aunque la realidad demuestra que este permiso no se encuentra entre las prioridades del sexo masculino, de hecho ha sido una demanda de las organizaciones de mujeres fundamentalmente, la corresponsabilidad es una conquista irrenunciable que equilibrará las desigualdades entre hombres y mujeres sobre todo en el terreno laboral y otorgará a los hombres los mismos derechos para poder ocuparse de sus hijos e hijas cuando nazcan.
En el trámite parlamentario en el que se encuentra en estos momentos el proyecto de ley, se han producido mejoras sustanciales tras las aportaciones de los diferentes grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados.
En este sentido, el dictamen aprobado el pasado 12 de diciembre en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales garantiza la ampliación del permiso de paternidad a quince días frente a los diez previstos en un primer término, pero con el objetivo de mejorarlo a cuatro semanas en ocho años.
Asimismo, la nueva redacción incorpora otras importantes novedades, como la ampliación del subsidio por maternidad, cuya cuantía será ahora del 100% (antes del 80%) del Indice Público de Renta de Efectos Públicos que está fijado en 479,10 euros al mes y 15,97 al día.
Esta prestación se recibirá durante 42 días naturales a partir del nacimiento de un hijo y de acuerdo a unos tramos de edad. Las madres menores de 21 años podrán disfrutar de esa ayuda siempre que estén dadas de alta en la Seguridad Social, pero no se les exigirá periodo mínimo de cotización. También las trabajadoras autónomas van a poder beneficiarse de algunas bonificaciones significativas. Entre ellas, estarán exentas de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social durante las 16 semanas de baja por maternidad y tampoco las abonará por el trabajador o trabajadora que se vean obligadas a contratar como sustituto.

El próximo día 21 de diciembre en el Congreso de las Diputados, España dará un paso imparable hacia la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres con la aprobación de este proyecto de ley que en febrero pasará al Senado y que definitivamente volverá a la Cámara Baja en marzo de 2007.
Una oportunidad única también para que el Partido Popular demuestre su verdadero compromiso con las mujeres y se sume al consenso, ya que fue el único partido que se abstuvo en la votación del dictamen el pasado 12 de diciembre.
Su denodada batalla contra el concepto de democracia paritaria recogido en la Ley y que supone que ningún sexo tenga menos del 40% ni más del 60% de representación en las listas electorales, ni en los consejos de administración de las empresas, ha basado el grueso de las críticas a este proyecto. Sin embargo, proponen como alternativa que se subvencione a los partidos que incluyan a mujeres en sus listas, como si el derecho a participar en igualdad de condiciones se pudiera comprar con dinero.
En este sentido sostiene el PP que las personas deben acceder al empleo, a la política, o a la dirección de las empresas, en función de su mérito y capacidad. Parece un argumento en principio inobjetable. Pero si recordamos por ejemplo, que el 97,5% de los Consejos de Administración de las mayores empresas españolas son hombres o que los contratos temporales o a tiempo parcial son ocupados por mujeres en una proporción de 3 a 1, sólo nos caben dos opciones: o, tal y como parece indicarnos el PP, las mujeres no tienen suficiente mérito y capacidad frente a los hombres que la poseen de manera natural, instintiva y masiva o, como propone el PSOE, estimulamos los cambios que produzcan una sociedad más justa y democrática, capaz de realizar una importante apuesta estratégica de desarrollo económico y social que mejorará nuestra competitividad, con leyes como la de Igualdad para acabar con la discriminación o la Ley de Autonomía Personal.

En este contexto, según nos revela el Libro Blanco de la Dependencia, el 83% de las personas que cuidan a una persona dependiente son mujeres. Este nuevo compromiso electoral cumplido, y recientemente aprobado en el Congreso por amplísima mayoría, servirá por una parte para liberar a las mujeres cuidadoras de una carga que tradicionalmente se ha dado por supuesta que es tarea femenina, que además se encontraba fuera del mercado laboral y era invisible para los servicios sociales.
Muchas mujeres dejaron su trabajo o incluso nunca llegaron a ejercer una profesión por el cuidado de familiares. Han pasado enfermedades depresivas y físicas sin que tuvieran ningún reconocimiento y por supuesto, no cobraron por el trabajo que realizaron.
Esta ley que establece un nuevo derecho de ciudadanía, el de las personas dependientes, intentará subsanar esta grave desigualdad ya que, por una parte profesionalizará este trabajo constituyendo una fuente de ingresos para las personas cuidadoras que de forma voluntaria decidan acceder a este tipo de remuneración y por otra, responsabiliza al Estado y a la sociedad en su conjunto en el deber de atender debidamente el derecho de la persona dependiente.
Por tanto, igualdad entre hombres y mujeres como fortalecimiento del Estado del Bienestar, como impulso para la profundización de la calidad de la democracia.
Igualdad, como marca del socialismo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha conseguido instalar a España entre la vanguardia de los países europeos que consideran la ampliación y garantía de derechos humanos como sinónimo de constante progreso.