Trasversales
José Manuel Roca

La transición inconclusa

Revista Trasversales número 5,  invierno 2006-2007


 
Así como la dictadura franquista estuvo ideológicamente justificada por el mito originario de lo que el bando vencedor en la guerra civil llamó con notorio abuso un alzamiento nacional y cristiano, o una cruzada contra el bolchevismo, el actual régimen político español está ideológicamente legitimado por el mito originario de la transición o restauración democrática, basada en la acordada reforma del Estado franquista y plasmada en la Constitución.
En este relato, convertido en nuestro moderno mito fundacional, en una ficción compartida, los elementos racionales y visibles, los componentes históricos y sociológicos verificables, se combinan con pasajes notablemente ambiguos y con zonas de penumbra, cuya permanencia debe más a la buena voluntad de los ciudadanos que a su correspondencia con la realidad social. Pese a ello, se ha convertido en hegemónico.
Este relato sobre la transición, en el que se reparten halagos en abundancia para sus protagonistas, afirma, en síntesis, que el cambio de régimen es un proceso en sí mismo democrático -transición democrática-, cuya realización ha sido posible por la madurez cívica de que hizo gala el pueblo español, porque fue conducido de manera serena por una clase política responsable -tanto la élite proveniente del franquismo como la surgida de la oposición-, por el respeto mostrado por los llamados poderes fácticos, en particular el Ejército, y por la intervención de la Iglesia católica en favor de la reconciliación entre españoles; por haber estado impulsado por un noble motor -la Corona- y haber sido patroneado hasta buen puerto por un excelente timonel, el Rey.

Esta delineada explicación, ideal, o ideológica, ya que responde a intenciones derivadas de conveniencias de grupo e intereses de clase, al pretender que esa interesada representación de la realidad sea socialmente asumida, trata de eliminar las diferencias, destacar los acuerdos y ocultar los intereses particulares que, provenientes, sobre todo, del bloque social dominante durante el franquismo, han conseguido pervivir en el nuevo Estado de derecho.
Igual que sucede con el mito arcaico, el moderno relato legitimante para cumplir su función necesita ser recordado, repetido hasta ser aceptado y convertido en una incuestionable explicación que adquiere la misma consistencia que un mito, que lo tenido por cierto sin refutación racional posible. Pero nuestro moderno relato fundacional, en definitiva, el discurso que debe ser recordado, se yergue, curiosamente, sobre la amnesia.

El día en que muere Franco, 20 de noviembre de 1975, señala el fin de una era y el comienzo de otra, erigida sobre la base de la desmemoria general, por la que el país entero parece afectado por una repentina y artificiosa epidemia de mal de Alzheimer que impide recordar. Epidemia si cabe más dolorosa, porque está destinada a hacer olvidar no sólo los hechos remotos sino la historia inmediata. A partir de esa fecha, los ciudadanos deben renunciar a sus recuerdos e ilustrar su memoria histórica con el mito fundacional.
El posteriormente alabado consenso con que se teje la transición es resultado de la correlación de fuerzas en noviembre de 1975, que es claramente favorable a la derecha y, en particular, a aquella que desea realizar en el régimen los cambios ineludibles para conseguir la homologación europea y asociar España al Mercado Común. Es, por tanto, una correlación desfavorable para las fuerzas democráticas interesadas en efectuar profundas reformas, y en particular para los partidos de izquierda y de la extrema izquierda que propugnan una ruptura completa con la dictadura.
El principal mérito de estas fuerzas políticas, apoyadas en las movilizaciones de obreros, estudiantes, sectores intelectuales y nacionalistas, es haber desgastado el régimen, pero no lo suficiente como para acabar con el franquismo político ni haber reducido de modo considerable el sociológico. Y esa debilidad se hace patente a la hora de negociar los pactos de la transición, pues coloca a unas fuerzas de la derecha, que cuentan con una legitimidad declinante pero aún con suficiente vigor, con el poder que concede la interpretación de la legalidad y la experiencia en el uso de los aparatos del Estado a lo largo de cuatro décadas, frente a unas divididas fuerzas democráticas recién salidas de la clandestinidad y cuyos dirigentes proceden en muchos casos de la cárcel o del exilio. Debe recordarse que fueron las Cortes franquistas y sólo ellas las que elaboraron la Ley de Reforma Política, que el Partido Comunista fue legalizado dos meses antes de celebrarse las primeras elecciones generales, en junio de 1977, a las cuales no pudieron concurrir con sus nombres los partidos de la extrema izquierda, porque eran ilegales. Y que tales elecciones tuvieron luego un carácter constituyente sobrevenido sin haber sido convocadas para tal fin.
Sobre esta desproporción se teje el consenso o acuerdo acerca de las reglas del juego político, sobre la base de respetar el tablero y de no exigir cuentas a nadie, lo cual supone que a unos se les perdonan unas cuentas que ya han saldado sobradamente, mientras a otros se les garantiza que nunca las habrán de saldar.

Este acuerdo prolonga su sombra hacia el porvenir, pues el consenso táctico -el pacto coyuntural entre las élites políticas- se convierte en el diseño estratégico de la desmemoria social y en el acuerdo doctrinal que deberá alumbrar la posterior interpretación de los hechos, según lo acordado en el pacto fundacional erigido sobre el olvido. Y todo lo que salga del marco definido por este pacto debe ser suprimido. Queda, pues, proscrita la memoria por ser contraria al recién adquirido espíritu democrático y tolerante y a la reconciliación.
Rememorar se vuelve sospechoso; recordar antiguas trayectorias, inconfesables lealtades, viejos usos (no sólo viejos abusos) y pasados agravios se considera una muestra de intolerancia, una prueba de no estar suficientemente preparado para la democracia; un signo de incivilidad o la evidencia de que se conservan todavía viejos rencores, que deben ser desterrados en bien de la reconciliación nacional y de la convivencia democrática.
La memoria, que proporciona la identidad al individuo al hacerle consciente de su ubicación en el tiempo y en el espacio, como nos recuerdan los testimonios de tantos exiliados, pierde valor como testigo histórico y se asocia únicamente al escozor de agravios no reparados. Con ello, puesto que el pasado debe quedar obligatoriamente olvidado, se pretende conseguir un régimen político que mire solamente al porvenir.

Así, la pérdida de la memoria histórica no es solamente una consecuencia de la limitada capacidad del intelecto humano para almacenar datos, sino el efecto de una deliberada estrategia que persigue lo que se podría denominar construcción social del olvido -que nada tiene de biológico- para evitar la desafección política que pudiere venir del examen crítico y retrospectivo del pasado más reciente.
El pacto de la transición, con sus límites y silencios, permitió abordar la reforma del Estado y poner en marcha el régimen parlamentario, pero, tal como deseaban la derecha y el centro, no rompió los lazos, ni siquiera ideológicos, con el pasado inmediato. Con ello, al no haberse realizado una explícita condena del origen golpista del régimen franquista ni de su perpetuación como una dictadura durante 40 años, la subversiva legitimidad del franquismo permaneció intacta. Situación que el PSOE respetó en gran medida cuando llegó al Gobierno, en 1982.

Empero, la llegada al poder del Partido Popular, en 1996, no sólo consolidó esa tendencia, sino que -sin complejos- promovió la rehabilitación del franquismo. La llamada por Aznar segunda transición consistió en realizar el trayecto contrario a la primera y en tratar de borrar la ruptura pactada en que se basó el consenso constitucional, para establecer la continuidad entre la dictadura y la monarquía parlamentaria, de tal manera que, según esta interpretación, el régimen franquista no habría sido antidemocrático sino sólo predemocrático, puesto que las bases políticas y desde luego las económicas de la España actual estarían contenidas de forma embrionaria en la dictadura. Operación en la que han colaborado amanuenses de la historia amarilla [término debido a García Tójar, “El desolvido de España. Sobre algunos problemas en la frontera entre la historia y el periodismo”, F. Ortega (coord.), Periodismo sin información, Madrid, Tecnos, 2006] como Moa y Vidal, que han reemplazado a viejos historiadores franquistas en la justificación del semifallido golpe de Estado que condujo a la guerra civil.

Transcurridos más de treinta años desde la muerte de Franco, la consolidación del régimen democrático, la estimación general de los derechos humanos y la emergencia de una ciudadanía más exigente (los sistemas democráticos, por imperfectos que sean, generan demócratas) han permitido poner sobre la mesa la necesidad de cerrar ese ominoso capítulo de la transición (y aún de más atrás), pero, como antaño, la derecha religiosa, la Iglesia, y la derecha política, el PP, se niegan a hablar del asunto, como se han negado hasta hoy a retirar de calles y templos símbolos de la dictadura.
A la derecha, que ahora se las da de ultraliberal y se permite dar lecciones de democracia, no le gusta que le recuerden sus lazos con el franquismo y aduce que la izquierda quiere reabrir viejas heridas y tratar de ganar ahora una guerra que perdió en 1939, como indicaba un editorial de ABC: “La revisión crispada y revanchista no va a cambiar el pasado, ni hará que la guerra civil la gane quien la perdió, ni que la actual democracia no fue fruto de una ruptura traumática” (ABC, 15/12/2006).
Pero no se trata de eso. No hay revancha, sino solicitud de rehabilitar a quienes fueron juzgados y condenados por delitos que hoy están reconocidos como derechos y al régimen por cuya defensa fueron represaliados, pues, aunque hubo excesos y víctimas en los dos bandos, como señalan la Iglesia y la derecha (lo que es cierto), no es moralmente defendible ni políticamente aconsejable, al menos en democracia, equiparar a quienes promovieron y apoyaron un golpe militar con quienes defendieron a un gobierno legítimo; ni a quienes defendieron el franquismo con quienes se le opusieron; ni a quienes se beneficiaron de la dictadura con los que la padecieron.
No se puede dar por cerrado un capítulo, dramático por más señas, de la historia reciente de este país sin abordar ese lacerante problema, máxime cuando no se trata ya de crear tribunales para juzgar responsabilidades políticas ni de imponer sanciones o castigos, sino de rehabilitar la memoria de los miles de víctimas de un régimen surgido de un golpe de Estado y mantenido por la fuerza durante 40 años.
Sólo al cinismo se puede atribuir la actitud del Partido Popular de utilizar a las víctimas del terrorismo para torpedear la intención del Gobierno de llegar a un fin dialogado del terrorismo y no querer saber nada de las víctimas de la represión franquista, que son muchas más y en muchos casos ni como víctimas constan.
En este aspecto, no se puede dar por concluida la transición mientras no sean rehabilitados quienes fueron ejecutados por sus ideas, los que fueron reos por una rebelión militar que promovieron quienes les juzgaron y condenaron; mientras haya desaparecidos, muertos ilegales, muertos clandestinos; personas cuyos restos todavía siguen perdidos por descampados y cunetas.



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