El proyecto de los socialistas vincula íntimamente la refundación de la República y los objetivos que traza para Francia:
- conseguir el pleno empleo en el marco de un desarrollo sostenible;
- construir la igualdad real;
- hacer triunfar a Francia en Europa y en el mundo.
Pues la crisis económica, social y política que debilita el país y exaspera a nuestros conciudadanos es simultáneamente una crisis de los resultados, como testimonian en primer lugar los daños causados por la inseguridad social y por la precarización generalizada, y una crisis de la democracia. Desde hace cinco años la derecha ha mostrado la arrogancia del poder, la obstinación en el debilitamiento del pacto social, la ceguera en la dirección de la economía. Francia es una nación eminentemente política donde el Estado es el garante del pacto social y donde la República se tambalea sobre su base si falta a su promesa. Debemos relegitimar la acción pública, reforzar su eficacia y restaurar la credibilidad de la palabra política. Los franceses no están reñidos con la política, sino que no soportan más el cinismo en ella, la ausencia de ética y la concepción clientelista del poder, todo ello tan característico de la derecha.

¿Qué constatan y viven nuestros conciudadanos? La República se deteriora a causa de desigualdades indignantes; el poder adquisitivo ha sido atropellado; la escuela carece ya de los medios para funcionar bien; la investigación y Universidad han sido empobrecidas y el empleo precarizado por doquier. Imperan la privatización y el enmarañamiento de los poderes, en detrimento del interés general. En vez de franqueza, transparencia y debate público, se impone el  reino del disimulo y el abuso de autoridad, como ha mostrado el recurso al artículo 49-3 de la Constitución [que permite al gobierno sacar adelante un texto sin someterlo a votación, vía el rechazo a una moción de censura que la oposición debe presentar si quiere oponerse a él] y a las ordenanzas para eludir el debate en la sede de la representación nacional.
El Contrato de primer empleo (CPE) fue el símbolo de esta manera de gobernar, y solamente la movilización de la juventud, los sindicatos y las fuerzas de izquierda permitió hacer retroceder el Gobierno. La tergiversación de la descentralización se tradujo en la falta de compromiso financiero del Estado y en la transferencia de cargas sobre las colectividades territoriales, sin ningún tipo de miramientos hacia las que más carencias tienen.
Desde hace cinco años, la derecha se niega a entender que los franceses han hecho sonar varias veces la señal de alarma. La irresponsabilidad al más alto nivel exacerba la crisis democrática. Los franceses quieren, como mínimo, ser escuchados y comprendidos. Nos corresponde crear las condiciones que permitan salir de esta espiral descendente: la no inscripción en los padrones electorales, las abstenciones, los votos en blanco, los votos de protesta.

El proyecto de los socialistas asume la dimensión de esta crisis. Esta “nueva República”, que está en el corazón del compromiso que asumimos ante los franceses, se basa en cuatro pilares:
- Una democracia representativa que represente mejor a las francesas y a los franceses en su diversidad. Una democracia en la que la responsabilidad sea la norma (comenzando por el Jefe del Estado) y sea restablecida la soberanía del Parlamento. Queremos fundar una nueva República parlamentaria. Eso supone suprimir las reglas que atan las manos de la representación nacional (voto bloqueado, artículo 49-3, control excesivo del orden del día por el Gobierno, recurso abusivo a las ordenanzas y a los procedimientos de urgencia) e instituir el mandato único para los parlamentarios. Eso supone que el Primer Ministro y el Gobierno estén vinculados por un contrato de mayoría y que presenten su programa de trabajo al inicio de cada sesión del Parlamento. Eso supone finalmente que el estatuto penal del Presidente del Estado sea reformado.
- Una democracia social reforzada. Nuestras relaciones sociales se caracterizan por un sindicalismo demasiado débil, que no pesa lo bastante ante la patronal, y por una negociación colectiva que está desatendida. Nuestra tarea será reequilibrar los poderes entre capital y trabajo. Ésta es la razón por la que abrí un debate sobre los medios que deben aplicarse para reforzar los sindicatos e ir hacia un sindicalismo masivo que es condición necesaria para una democracia social viva y beneficiosa para los asalariados y para la salud de la economía. En los países europeos donde los sindicatos son potentes, los asalariados gozan de un empleo más protegido y están mejor remunerados. Ahora bien, es eso lo que debemos alcanzar: asegurar el empleo, crear una seguridad social profesional, aumentar el poder adquisitivo.
- Una democracia “más directa”, como dice nuestro proyecto, que amplie el poder de iniciativa de los ciudadanos y su derecho a ser consultados. Eso es lo que se llama democracia participativa, que no representa, contrariamente a lo que se pudo entender, un debilitamiento de la democracia representativa. Es, para los cargos electos que la pongan en práctica, un medio para analizar el impacto de las políticas que dirigen y reajustarlas si fuere necesario. Es también una manera de atraer hacia la política a los ciudadanos que se han alejado de ella pero pueden reincorporarse.
- Una descentralización que llegue a buen término y que sea equitativa. Para garantizar el éxito de nuestro proyecto, necesitamos una nueva República que se apoye en una democracia representativa renovada, en una democracia social reforzada y en una democracia más participativa, y también en una descentralización exitosa, ya que todas las decisiones que puedan tomarse más cerca de los ciudadanos deben ser así tomadas. Pero la descentralización supone que el Estado, contrariamente a lo que hace la derecha  hoy, desempeñe plenamente su papel para establecer normas comunes, garantizar la cohesión nacional, velar por el pacto social y garantizar la igualación de medios. Para conseguir la descentralización, es necesario un Estado fuerte, eficaz y justo, es decir, un Estado que garantice que la transferencia de recursos y la transferencia de competencias sean simultáneas. La misión esencial de un Presidente de la República es velar por ello.

¿Piensas que la participación democrática de los ciudadanos debe pasar por mecanismos del tipo “ley de iniciativa ciudadana” (un millón de firmas para formular propuestas de ley)? ¿No sería más útil y operativo permitir que cada ciudadano exprese en todos los ámbitos (municipios, departamentos...) sus propuestas de mejora de los servicios públicos o de lucha contra el despilfarro?
Sí, es necesario instaurar esos procedimientos que facilitan la participación democrática. La ley de iniciativa ciudadana prevista en el proyecto socialista establece el depósito de una petición avalada por un millón de firmas procedentes de, al menos, 30 departamentos. Se prevé también que los ciudadanos puedan recurrir al Consejo constitucional.
El refuerzo de lo que el proyecto socialista denomina “democracia directa” no implica ni desconfianza hacia los cargos electos ni debilitamiento de la democracia representativa. Es una manera de ayudar a los cargos electos a evaluar las políticas que desarrollan y de ayudar a los ciudadanos a interesarse en la acción pública en el periodo que media entre dos procesos electorales.
En este marco se inscribe la propuesta de que los ciudadanos puedan participar en la evaluación de las políticas llevadas a cabo en los territorios, como ya se hace, por otra parte, en numerosas colectividades locales de izquierda vía, por ejemplo, de un “observatorio de los compromisos”.
En todo caso, lo importante es el debate democrático. Permite una toma de conciencia colectiva más concreta de aquello que no funciona bien. Permite atravesar la frontera entre representantes y representados.

¿No se debería disminuir en el futuro los poderes del jefe del Estado, en particular en lo que se refiere al derecho de disolución de la Asamblea nacional?
El Presidente o la Presidenta de la República, es alguien que, en primer lugar, personifica Francia, la confianza que Francia puede encontrar en sí misma y la manera en que podemos creer de nuevo en nuestro futuro. Le corresponde hacer funcionar bien al Estado y decir a la Nación en nombre de qué valores debemos actuar. A él o a ella pedirán los ciudadanos, tras su elección, que aplique el pacto social en los términos del compromiso que haya asumido durante la campaña electoral. El Presidente o la Presidenta de la República debe estar presente para velar por los grandes temas y comprometerse en ellos. Los franceses ya no quieren un Presidente irresponsable y evanescente.
Pero la fundación de la “nueva República” que proponemos a los franceses requiere también el reforzamiento del Parlamento, privado hoy de los medios preciso para controlar al ejecutivo y cumplir plenamente su papel legislador. En cuanto al poder de disolución de la Asamblea nacional, en una democracia parlamentaria -y deseamos que nuestra democracia pase a serlo plenamente- es lo equivalente a la responsabilidad del Gobierno ante la representación nacional. Si se suprime lo uno y lo otro, entonces queda un sistema presidencial a la americana, y esa no es la opción tomada por el proyecto de los socialistas.
Rocard decía que era necesario “descolonizar la provincia”. ¿Cuáles son sus propuestas para profundizar la descentralización y para una verdadera regionalización de la República Francesa? Pienso, en particular, en tres esfuerzos a realizar: la evolución de las circunscripciones territoriales para configurar regiones coherentes; la autonomía y la responsabilidad financiera de las regiones y departamentos; la profundización democrática de las instituciones representativas por medio de la democracia participativa y de verdaderos contrapoderes de control y evaluación...
La derecha ha tergiversado la descentralización, reduciéndola a una transferencia de cargas del Estado hacia las colectividades territoriales. Nos corresponderá volver de nuevo a una descentralización fiel a los principios establecidos en 1981 por la izquierda y entrar en un nuevo periodo de descentralización, una descentralización que sea exitosa.
Se clarificarán en primer lugar las relaciones entre el Estado y las colectividades locales, y se compensará íntegramente toda transferencia de competencias. He dicho en sucesivas ocasiones que las colectividades locales estaban mejor situadas que el propio Estado para garantizar necesidades hoy no satisfechas, como, por ejemplo, el alojamiento estudiantil o la renovación de las prisiones. Sin afectar en estos ámbitos, por supuesto, a las prerrogativas del Estado en cuanto a la enseñanza superior o la justicia. En un país descentralizado, el Estado debe desempeñar plenamente su papel regulador y garantizar la igualdad entre los territorios. Si eso falla, la descentralización se traduce en desigualdades insoportables.
Nuestro proyecto propone mejorar la democracia local, limitando la acumulación de mandatos, estableciendo un verdadero estatuto del cargo electo, modificando el método de escrutinio de los consejos generales. Más descentralización, con más democracia local, una distribución más equitativa de los recursos y una clarificación de los papeles respectivos del Estado y las colectividades. Así, devolveremos a la descentralización su sentido real y su eficacia.

¿Te consideras vinculada al laicismo? ¿Qué piensas del denominado delito de blasfemia, idea que parece propagarse en Francia, especialmente respecto a la religión musulmana? ¿Tenemos hoy el derecho de criticar las religiones?
Ninguna creencia justifica el recurso a la intimidación y a la violencia. La palabra es libre en nuestra República laica. En una sociedad libre y democrática, es necesario aceptar que otros no piensan igual que nosotros y que lo digan. Siempre se tiene el derecho a responder, pero nunca se tiene el derecho a amenazar físicamente. Velaré para que nuestro país siga siendo el de la libertad de expresión.
El laicismo es, en efecto, tanto la libertad otorgada a los cultos para organizarse libremente en cumplimiento de las leyes de la República como la libertad de cada persona para expresar sus opiniones. Es importante respetar los cultos, como es importante que los cultos respeten el pacto laico no interviniendo en los asuntos públicos. La separación del Estado y las iglesias establecida por la ley de 1905 es uno de los fundamentos más esenciales de la República.
Como siempre ocurre cuando se trata de la libertad, la batalla nunca queda definitivamente zanjada.
En cuanto a la blasfemia, se trata de lo que se denomina “crimen imaginario”, y la Revolución de 1789 suprimió esa categoría jurídica. Voltaire y muchos combatieron contra esos sistemas propios de otros tiempos.
Si algunos quieren retroceder hacia conceptos  que fueron abatidos por el siglo de la Ilustración y por la Revolución, entonces se hará necesario seguir combatiendo incansablemente. Desde ese punto de vista, la escuela tiene un papel esencial que jugar, para explicar el laicismo, para enseñar el respeto al otro y para desarrollar el espíritu crítico.

¿Cuál es tu compromiso respecto a la reforma de las instituciones y el calendario para llevarla a cabo? En particular, ¿cómo piensas modificar el papel del Senado?
El Proyecto socialista prevé un referéndum en los seis meses posteriores a una victoria de la izquierda en las elecciones presidenciales y legislativas “para someter ante los franceses un conjunto de reformas democráticas”. Son, en primer lugar, propuestas precisas e innovadoras, indispensables para renovar nuestra democracia:
- Restablecimiento de los derechos y poderes del Parlamento, suprimiendo el artículo 49-3 de la Constitución y el voto bloqueado, limitando el recurso a las  ordenanzas,  aumentando el número de comisiones permanentes e instaurando el mandato único para los parlamentarios. Suprimiendo todos los obstáculos que hoy ponen trabas al Parlamento construiremos la República parlamentaria.
- Reforma del código penal para establecer la responsabilidad del jefe del Estado, y limitación a dos quinquenios del mandato de éste.
- Compromiso de Primer Ministro y del Gobierno, al inicio de cada sesión, en torno a un programa de trabajo.
- En cuanto al Senado, supresión de su derecho de veto en cuanto a la reforma de la Constitución y democratización de su método de elección, modificando, en particular, el colegio senatorial. Por último, para garantizar la independencia de la justicia, el Presidente de la República dejará de ser Presidente del Consejo superior de la magistratura y no designará a ningún miembro del Consejo constitucional.