El 27 de mayo tendrán lugar elecciones locales y, en trece comunidades, autonómicas. Es una convocatoria de singular importancia. En primer lugar, por lo que se juega en cada territorio.  Es prioritario detener los procesos especulativos y  alejar de la política la sombra corruptora de los intereses inmobiliarios. Este fenómeno afecta a fuerzas políticas de todos los signos, pero no de forma uniforme. En muchos territorios hay una vinculación estrecha entre el Partido Popular, intereses empresariales particulares e injustificables recalificaciones urbanísticas. En Madrid, Murcia, Baleares o Valencia, esta connivencia parece animada y protegida desde instancias próximas al poder político y a los dirigentes populares. El silencio y resquemor con que el PP ha acogido las actuaciones policiales y judiciales contra este tipo de delincuencia en ciertos municipios parece responder a una protectora ley del silencio sobre la corrupción.
Los intereses particulares no deben dominar la política. Sin una noción de bien común, las instituciones se pervierten y la corrupción se generaliza, destruyendo las raíces mismas de la vida pública. “Marbella” es un peligro presente allá donde las instituciones sufren la presión de empresarios ventajistas, de especuladores sin escrúpulos y de políticos corruptos.
No hay panaceas contra la corrupción, pero ayudarán a combatirla la democratización de la vida municipal, la transparencia informativa, la creación de mecanismos de  participación directa y la celebración de consultas en temas de interés general.

Y cada comunidad autónoma merecería un análisis específico. No todas las gobernadas por la izquierda presentan la misma dinámica reformista, aunque el balance general sea más positivo. En cambio, también con diferente intensidad, las autonomías gobernadas por el PP han ejercitado  políticas muy negativas para la vida cotidiana de los ciudadanos en relación a la sanidad, la educación o la limpieza democrática. Por su extremista política antisocial se distingue el gobierno de Esperanza Aguirre, que ha llevado la sanidad madrileña a un estado deplorable, que arrincona la enseñanza pública, que manipula de foma escandalosa Telemadrid y que está vinculado a sectores empresariales protagonistas de la oleada especulativa. El relevo político en las comunidades gobernadas por la derecha es necesario para mejorar la vida cotidiana de muchos ciudadanos. En Madrid, Valencia, Baleares o Navarra, esa posibilidad existe.

La importancia de estas elecciones sobrepasa el ámbito territorial, dado el intenso momento político. Sus resultados repercutirán en las próximas elecciones generales. Un éxito de la derecha les colocaría en mejores condiciones para boicotear las reformas y para tensar al máximo la vida nacional en aras a reconquistar el poder.
Los tres años transcurridos desde la formación del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tienen balance positivo. La actual etapa reformista requeriría una presencia más activa de los movimientos ciudadanos, como acicate de la profundización de las reformas y para frenar a una derecha desquiciada que a veces  parece cuestionar las bases de la convivencia democrática. Aún así, se han producido reformas que son hitos del cambio democrático, se han reconocido derechos sociales e individuales y se han adoptado decisiones valientes. Recordemos las leyes de igualdad y de autonomía personal, la ley contra la violencia de género, la regulación del matrimonio homosexual y de la identidad de género. El Gobierno ha tomado decisiones como la retirada inmediata de las tropas de Irak o la regularización de inmigrantes. Ha gestionado una compleja reforma de los estatutos de autonomía destinada a modernizar el modelo de Estado nacido de la Constitución. En  la lucha contra el terrorismo, el Gobierno intentó, en las condiciones establecidas por el Congreso, acelerar el final de la violencia y la desaparición de ETA, sin ceder por ello a ningún chantaje de los terroristas o de sus cómplices ni frenar la acción contra ellos. Al hacer ese balance positivo, no silenciamos flancos débiles en los que hay que reclamar un nuevo impulso, como la reforma fiscal, la incapacidad de poner coto a  las exigencias de la Iglesia en ámbitos como su financiación y la educación, o la continuación de un modelo económico excesivamente conservador.

Sería inaceptable que la justa valoración de esta etapa de reformas fuera perturbada por la airada actuación del Partido Popular. Rajoy, Acebes y Zaplana (con Aznar a sus espaldas) han agitado los peores fantasmas de la derecha, resucitando el síndrome franquista de significativos  sectores de la misma y no dudando en hacer un burdo intento de patrimonializar España o de presentar a los suyos como los únicos españoles de bien.
La derecha de Rajoy se ha convertido en una derecha peligrosa, que desprecia las instituciones democráticas, que obstruye el funcionamiento adecuado de la Justicia y que insulta a sus adversarios. Una derecha que utiliza la mentira (en relación al 11-M o la lucha contra ETA,  a De Juana o al futuro de Navarra) con el apoyo de los obispos y de los sectores más reaccionarios de la sociedad. La ofensiva del PP ha demostrado su capacidad para movilizar, a través de la manipulación, a decenas de miles de personas contra el Gobierno y, ante todo, contra el impulso reformador. Pero esa capacidad, exagerada hasta el ridículo por sus fieles, no afecta a la legitimidad del Gobierno ni a la continuación del programa reformista, que cuenta en muchos casos con el apoyo de una gran mayoría social.

El 27 de mayo es necesario apoyar en las urnas el proceso de cambio y la revitalización de cada territorio, votando para ello a la fuerza progresista que para cada cual mejor represente en su municipio o comunidad autónoma la política de reforma social, desarrollo sostenible y profundización democrática.