La aversión de los gobiernos conservadores a los datos estadísticos  dificulta cualquier estudio sobre la realidad sanitaria de la Comunidad de Madrid. Pero eso no debe llevarnos al silencio. Es preciso que la opinión crítica sobre un servicio público no se subordine a la parquedad de los datos, a su utilización fraudulenta, a su generalización abusiva a fin de camuflar las desigualdades generadas por una política que sólo los ingenuos calificarán de errónea. La presidenta, su consejero, su gobierno y su partido, lo tienen claro: en la política sanitaria “la suma de todos” se orienta al servicio de la desigualdad… y del negocio.
Resulta benevolente calificar de conservador al Gobierno regional. Ni la ideología de sus componentes, ni los grupos sociales a los que representa ni sus prácticas políticas son moderadas, respetuosas o equilibradoras del conjunto social. Se situan en el espacio de la derecha extrema, clerical, clasista, a la par que “castiza” y antiliberal, por más que reivindiquen el liberalismo entre sus señas de identidad.

Salud y derecho

“Las políticas públicas se evalúan en relación con el impacto sobre la equidad, tienen en consideración las cuestiones de género y conceden prioridad a los grupos sociales más desfavorecidos…”. Así se expresan los Objetivos 1 y 2 de la OMS sobre la necesidad de impulsar la equidad y la solidaridad para la salud.
La contribución de las políticas sanitarias a la calidad de vida apenas representa el 10%. Factores demográficos, socioeconómicos, laborales, medioambientales y culturales añaden el resto. Las políticas sanitarias pueden paliar lo efectos negativos de las condiciones estructurales. Pero también pueden ampliar la desigualdad, acrecentar el sufrimiento, subordinar la salud a criterios de rentabilidad y establecer de forma visible la diferenciación o adscripción al grupo social de pertenencia… Las opciones que se adopten no dependen tanto de la riqueza de la comunidad autónoma de que se trate, como de la voluntad política por afrontar un problema y un derecho.

¿Es la salud para el Gobierno regional un derecho de ciudadanía? Formalmente, así se reconoce. Sin embargo, en la práctica los derechos sociales pueden transformarse en derechos de usuarios ante ciertas prestaciones reconocidas o recomendadas. Pero el derecho del ciudadano y el derecho del usuario tienen naturaleza diferente y el segundo no debe suplantar al primero, pues cuando esto sucede los servicios públicos dejan de ser cauce para el ejercicio y satisfacción de los derechos humanos en su vertiente social. La coexistencia entre lo público y las esferas de negocio se exteriorizan sin rubor. En el fondo, subyace la idea de que un servicio público debe asegurar la satisfacción mínima de un derecho, pero nada impide que cada persona, en función de su nivel económico o posición social, pueda ampliar o mejorar la calidad y cantidad de las prestaciones asistenciales. ¿Por qué la sanidad ha de ser diferente? A fin de cuentas ya se acepta con la educación, las pensiones, la vivienda, el acceso a bienes culturales, la utilización de infraestructuras públicas…

Un modelo de clase

La traslación de políticas neoliberales a los servicios públicos constituye una pauta de actuación de un modelo que debe ser cuestionado desde posiciones progresistas. La liberalización de los servicios públicos, avalada por el BM, el FMI y la OMC da cobertura internacional a iniciativas de adecuación, modificación e, incluso, desmantelamiento del Estado de Bienestar. ¡Como si la democracia fuese posible con la restauración de la “beneficencia”!
Esas intenciones parecen razonables a quienes piensan que los derechos sociales no pueden ampliarse, que las políticas fiscales no deben constreñir la iniciativa económica, que el equilibrio presupuestario debe sacrificar la equidad, que la globalización bajo sus formas actuales permite al sector privado llegar más allá de donde lo hace lo público… Crecimiento, siempre crecimiento, porque sin crecimiento no se puede redistribuir (?); liberalización, más liberalización para los negocios, sin los que “no hay riqueza”; desvalorización del factor trabajo y eliminación de los obstáculos sociales y laborales a la “competitividad” y la libertad económica...
Nada avala estas ideas tras dos décadas de hegemonía del pensamiento neoliberal. Cualquier balance responsable  reconoce sus lastimosos efectos sobre la economía, la vida humana y el planeta. La brutalidad de sus prácticas sociales, económicas y políticas se expresa en forma de guerras, pobreza y debacle ambiental, sin que algunos sectores políticos considerados progresistas parezcan darse cuenta. Los hay que asumen acríticamente sus postulados mientras otros, los más, se consideran impotentes para desarrollar políticas alternativas.

Si tuviésemos que definir, a grandes rasgos, las líneas de actuación que en política sanitaria desarrolla el Gobierno regional, tendríamos que resumirlas en tres características: desigualdad, privatización y propaganda.

Lo incómodo de localizar la desigualdad

En poco más de un lustro la Comunidad de Madrid ha crecido en un millón de habitantes superando, actualmente, los 6 millones. Parece habitual que cambios demográficos de esta magnitud originen desajustes en las políticas públicas y especialmente en las sanitarias.  Pero el impacto demográfico de la inmigración no obliga al desarrollo de desigualdades a menos que una opción política así lo decida, como ha hecho el gobierno Aguirre-Lamela.
Según el estudio “La Sanidad en la Comunidad de Madrid 2006”, el gasto sanitario público sitúa a Madrid por debajo de la media. En el año 2003 la inversión más alta correspondía a Cantabria con 1.219 euros por habitante y la menor a Baleares con 735, siendo la media 965 y en Madrid 882. En el año 2006 era La Rioja la que más recursos destinaba a este servicio público (1.412), y en el otro extremo se situaba Valencia con 982; la media se elevaba a 1.158 y Madrid invertía 1.017 euros por habitante.
En el periodo 2003-2006 el gasto sanitario público ha crecido un 20%, pero en Madrid lo ha hecho un 15%. Esto da idea de la preocupación sociosanitaria de los gestores actuales, teniendo en cuenta que el crecimiento demográfico resulta en Madrid muy superior a la media.
El deterioro de la sanidad pública se asocia a la inversión insuficiente. Según datos de CCOO, en el periodo 2002-2006 el número de cartillas sanitarias ha crecido en nuestra región un 14%, mientras los recursos de los Centros de Atención Primaria lo han hecho 3,3% y las camas hospitalarias se han reducido un 2%. La situación sólo se sostiene si la oferta privada se expande con la misma intensidad que dejación demuestre el Gobierno regional. Los gastos en bienes y servicios y las transferencias corrientes destinados a empresas privadas alcanzan casi la mitad del presupuesto. Con la futura entrada en servicio de los nuevos hospitales, financiados por grandes empresas y que serán “alquilados” a la Comunidad, el déficit sanitario público seguirá creciendo.
Si los datos medios son una aproximación a la realidad, difícilmente ilustran sobre situaciones concretas que requieren actuaciones específicas. La “media” de las cosas oculta espacios de desigualdad. La negativa a localizar y actuar en dichos espacios desvela la naturaleza política de este Gobierno y a qué grupos sociales sirve y se debe.
Uno de los espacios en que la desigualdad muestra agudas diferencias sociales tiene que ver con la mortalidad. Según datos de El País publicados en 2003 y referentes al periodo 1994-1998, en los distritos madrileños de Vallecas y Villa Vallecas (250.000 y 70.000 habitantes, respectivamente) se observan 69.523 años de vida perdidos, variable utilizada en salud pública para calcular la incidencia de la mortalidad prematura en una población. Los limitados recursos y las prioridades que establecen no contemplan la igualdad como valor social y democrático.
Aunque el sistema sanitario no puede superar las desigualdades sociales en cuanto a nivel de renta, estudios, hábitat y calidad del trabajo, la aparición de colectivos vulnerables y de procesos emergentes vinculados al “estilo de vida” deben contemplarse como actuaciones de intervención preferente. El sistema sanitario puede limitar el impacto negativo de esas desigualdades. Situaciones distintas requieren tratamientos y recursos diferenciados.

Al servicio del negocio

Es habitual concentrar en la idea de privatización el conjunto de iniciativas tendentes a modificar la naturaleza del Sistema Sanitario. La privatización es más sutil que la fragmentación y venta de lo público. La introducción de criterios de competitividad y rentabilidad mercantilizan cualquier evaluación sobre la eficacia de lo público y lo social, estimulando las unidades productivas del bien “salud” en función de la reducción de sus costes. Así se entiende la precarización de las plantillas, la quiebra de la planificación y la primacía de la cantidad sobre la calidad.
Se fomenta el crecimiento del sector privado, en paralelo al deterioro del sector público. Se externalizan actividades complementarias o auxiliares y se avanza, simultáneamente, en concertaciones con el sector privado. El trasvase de recursos de lo público a lo privado es continuo y sostenido. Según los presupuestos sanitarios 2003 de la Comunidad de Madrid, los gastos corrientes de bienes y servicios y las transferencias corrientes al sector privado representaban el 48,5% del presupuesto; en el año 2006 ya son un 50,4%. En 2006, son privados el 47% de los centros sanitarios y el 37% de las camas hospitalarias.
La separación entre financiación pública y provisión privada permite que sectores sociales acomodados tengan su propio seguro subvencionado con recursos públicos, mientras se insinúa la introducción del copago para determinadas prestaciones en el sector público. También se altera el ámbito de la toma de decisiones, con diversas fórmulas de gestión privada y semiprivada, o la creación de entidades con personalidad jurídica (fundaciones, empresas públicas, concesiones administrativas, sociedades mixtas…). La Sanidad Pública no desaparecerá, pero está amenazada como servicio público, como elemento corrector de desigualdades, como redistribuidor de la riqueza colectiva.
El gobierno del PP apuesta por el incremento de la privatización y el debilitamiento de lo público. Conciben la coexistencia de diferentes niveles de asistencia o prestación: un sector sanitario público mínimo, limitado, próximo a la beneficiencia, y otro privado, asociado a altos niveles de renta y más del gusto de las clases alta y media-alta. Este modelo necesita un sector público parasitado por lo privado, lo que permite que el negocio sea sostenible.
Este modelo, desarrollado en Gran Bretaña, se denomina PFI (Iniciativa de Financiación Privada). No mejora la calidad de vida ni la salud de la población, introduce profundas desigualdades y es más caro. En los ocho nuevos hospitales, las empresas adjudicatarias recibirán entre 4 y 6 veces la inversión realizada mientras se hipoteca la Comunidad de Madrid para los próximos 30 años.

La propaganda en marcha

En esta legislatura la reducción de las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas ha constituido la referencia fundamental del compromiso del Gobierno regional. El sistema de cálculo adoptado (cita con el anestesista) vulnera los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad y Consumo y compartidos por todas las Comunidades Autónomas, hasta el punto de que el Consejo Interterritorial de Sanidad no toma en consideración los datos de Madrid, que no se pueden comparar con el resto. Cuando un problema es estructural, y las listas de espera lo son, las medidas de choque no necesariamente son negativas, pero inevitablemente la situación volverá a reproducirse, aunque de momento suponga un formidable lucro para las compañías privadas.
Cuando una política determinada expresa sin complejos su naturaleza de clase a favor de una minoría privilegiada, tratará de escapar de cualquier forma de control democrático de la gestión. La gestión no se muestra ni se fiscaliza, de ahí que los Consejos de Participación no se hayan puesto en funcionamiento, que todo sea opaco, oculto, secreto. La sociedad civil no deja de ser un incómodo testigo, siempre ausente y a quien nunca se debe rendir cuentas.
La Suma de Todos no es de todos ni para todos. Acompañados de su poder mediático presentan realidades tan idílicas como inexistentes, destilan mentiras sin cuento, ocultan su negligencia de pésimos gestores, sus intenciones de hacedores de negocios, su mediocridad, su moral frailuna… No en vano sus asesores “intelectuales” proceden de entidades dedicadas a la cruzada contra todo aquello que pueda parecer democrático, progresista o sencillamente humano. Las asociaciones antiabortistas y “provida”, los enemigos de la eutanasia, las fundaciones “contra la droga”, sus ONGs “caritativas”… no dejan de proliferar y, lo que es peor, sus ideas antihumanas, a las que no indigna el sufrimiento y que son contrarias a la autonomía individual, imponen su moral sobre el conjunto social.
Quienes no compartimos sus valores, ni sus creencias ni sus modos, procuraremos que el 27 de mayo la “mayoría social” de la región de Madrid se convierta en “mayoría de izquierdas”, poniendo fin a un gobierno de la derecha extrema que nunca debió ser tal.