Trasversales
Toñi Ortega

El caso De Juana

Revista Trasversales número 6,  primavera2007


 
La decisión del Gobierno sobre De Juana Chaos es discutible, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, yo misma tengo dudas. ¿Ha sido acertada? Políticamente, quizá haya que esperar algún tiempo para saberlo. Ética o legalmente, no creo que sea reprochable, como tampoco lo habría sido una decisión diferente.

Ahora bien, lo primero a decir, pese al griterío del PP, es que no se le ha puesto en libertad, sino en prisión atenuada, de forma plenamente legal, a propuesta de la junta de tratamiento y con informes favorables del juez penitenciario y de los médicos.
Además, por mucha repugnancia que nos cause el personaje, no está cumpliendo condena por sus 25 asesinatos, sino por un delito (discutible) de amenazas. Asesinó a 25 personas, pero esa condena ya la cumplió, pasando sólo 18 años en la cárcel, gracias a reducciones derivadas en parte de la aplicación automática de la legislación antes vigente, demasiado uniforme para casos distintos, pero también gracias a beneficios extraordinarios que le podrían haber sido denegados.

Una de las personas amenazadas por De Juana, Mercedes Gallizo, decía en una entrevista (El País, 4/3/2007):
El PP concedió a De Juana dos redenciones extraordinarias máximas, de 175 días cada una, por escribir un libro, una novela, sobre su experiencia en la cárcel donde vertía unas opiniones contra el sistema penitenciario, no sé si más duras que las de los artículos por los que ha sido condenado ahora. Por ese libro no sólo no se le procesó, se le benefició. Una de esas redenciones, concedida indebidamente, la anuló este Gobierno. La condena que ya cumplió se alargó por esta razón”.

¿A cuántos etarras concedieron los gobiernos de Aznar el tercer grado por motivos de salud, y digo el tercer grado, no el segundo, como se ha hecho con De Juana? ¿Por qué Mayor Oreja no castigó a De Juana cuando pidió champán para brindar por el asesinato de Tomás Caballero? ¿Por qué Iñaki Bilbao fue trasladado en diciembre de 1997 desde la cárcel de Tenerife a la de Almería, en el marco de traslados justificados por el ministerio del Interior en base a “la evolución del interno, puesta de manifiesto en el rechazo a los postulados de la banda terrorista y el abandono de los planteamientos que lo llevaran a delinquir”? (Bilbao asesinaría en 2001 a Juan Priede) ¿Fue una rendición el acercamiento de presos de ETA durante el secuestro de Ortega Lara, declarando Mayor Oreja que “los miembros de ETA, en el supuesto de que en un momento determinado decidieran una actuación, que ojalá no se produzca, lo tienen más complicado en el sentido de que no pueden justificar que aquí se ha producido una cerrazón y una intransigencia por parte de Interior”? Posiblemente, parte de esas medidas fueron correctas y otras equivocadas, pero no fueron utilizadas por el resto de las fuerzas políticas como bandera de oposición ni dieron lugar a acusaciones de traición, rendición o cesión a chantajes.

De Juana tiene una condena de tres años por amenazas, de la que ha cumplido año y medio. A consecuencia de la huelga de hambre, estaba en peligro de muerte. Los médicos dijeron que la alimentación forzosa también podía matarle. La situación era muy difícil.
Sin el cambio de situación penitenciaria, la Administración parecía condenada a “contemplar pasivamente la muerte de personas que están bajo su custodia y cuya vida está legalmente obligado a preservar y proteger” o a aplicar un tratamiento (alimentación forzosa) que podría matarle, como habían dicho los médicos. Dejar que muriese iba contra la doctrina del Constitucional; alimentarle podía matarle. ¿Hasta qué punto debe el Estado asumir la muerte de uno de sus presos, condenado a consecuencia de unos artículos amenazadores y que ha cumplido la mitad de la condena, si puede evitarse con un cambio legal de su situación penitenciaria que no implica liberación sino prisión atenuada? Políticamente, ¿qué era más peligroso, dar en este momento un falso “héroe” al entorno social de ETA, que podría contribuir a cohesionar unas filas que se van resquebrejando, o crear un precedente que pudiera dar lugar a nuevos retos de presos etarras?

Difíciles preguntas. El Gobierno puede haber acertado o puede haberse equivocado, la discrepancia es legítima. Pero resulta muy grave, desleal e indigno que, con formas y contenidos propios de una derecha extrema y predemocrática, se convierta en eje de la confrontación política un tema de tan alta sensibilidad, que desata tan fuertes emociones y comprensibles sentimientos de ira y de dolor en los ciudadanos. Y más grave que lo haga un partido que ha gobernando y que posiblemente alguna vez vuelva a gobernar y que debe saber que muchas veces un gobierno debe enfrentarse a problemas muy complicados, en los que se verá obligado a tomar, quizá con dudas,  la decisión que crea menos mala.

La campaña del PP da más protagonismo a ETA y Batasuna, reforzando su discurso de consumo interno “hemos doblegado al Estado”, cuando lo cierto es que el Estado, durante la presidencia de Zapatero, ha seguido desmantelando comandos y persiguiendo terroristas. ETA puede matar, pero políticamente ha sido vencida.


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