El cuerpo nos pide salir en defensa de un gobernante, hacer un breve paréntesis en un activismo cívico-político centrado en la reinvindicación social para salir al paso de la oleada de calumnias y críticas dirigidas contra José Luis Rodríguez Zapatero.
Más que las mentiras y desvaríos de la “derecha furiosa”, nos preocupa que numerosos comentaristas políticos progresistas e incluso dirigentes socialistas significativos optasen por lanzarse a la yugular de Zapatero tras el criminal atentado de ETA en Barajas, no sólo para criticar la gestión del “proceso” hacia el fin de la violencia etarra, sino también para poner en cuestión el conjunto de la gestión realizada durante tres años de gobierno.

No queremos blindar a este Gobierno frente a la crítica. Sólo puede coincidir 100% con un gobierno quien renuncia a pensar por sí mismo. No nos gustan, por ejemplo, las cesiones realizadas a la Iglesia católica, ni lo timorato del proyecto que debería hacer justicia a las víctimas del franquismo, ni el retraso en abordar la prometida reforma de la restrictiva ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tampoco la política fiscal o la insuficiencia de las medidas adoptadas para garantizar el derecho a una vivienda. Pero a la hora de hacer un “balance de legislatura” es preciso adoptar un punto de vista más amplio.

Lo primero que nos sorprende es que se atribuya a la gestión de Zapatero un escaso peso de la “cuestión social” y de los problemas ciudadanos. De hecho, siendo tan intensa y profunda la agenda legislativa de estos tres años de legislatura, nos sentimos tentados a preguntar a tales críticos: “¿No son ustedes los que han sido fascinados por la reforma de los estatutos y la polémica sobre política antiterrorista, escribiendo una y otra vez sobre ello y minusvalorando lo demás?”, “¿No son ustedes quienes ante la crispación provocada por el PP buscan una injusta simetría en las responsabilidades de la misma?”.
A nuestro entender, estamos viviendo el periodo más reformador desde que recuperamos una Constitución democrática. La actividad política y legislativa llevada por este Gobierno, sostenido e impulsado por una mayoría parlamentaria plural, ha sido intensísima y ha beneficiado o beneficiará a muchos millones de personas.

El principal obstáculo para el reconocimiento social de esa actividad reside en que la derecha, con alguna ayudita, ha conseguido centrar la tensión del debate político en los terrenos elegidos por ella y en términos distorsionados, aunque también es verdad que Zapatero y sus ministros no han logrado comunicar a la población el verdadero alcance de lo mucho y bueno que se ha hecho, a lo que puede haber contribuido, por el lado positivo, una renuncia ética al autobombo, que se plasmó legislativamente en diciembre de 2005 en la prohibición de que la Administración General del Estado haga publicidad que enaltezca al Gobierno o denoste a otras Administraciones. ¡Cuán de menos echamos en falta una normativa semejante en muchas ciudades y comunidades autónomas, de lo que podemos dar fe aquellos de nosotros que residimos en el Madrid gobernado por Aguirre y Gallardón!
En el mismo sentido de trasparencia han ido la nueva regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y altos cargos (abril 2006), el Código de Buen Gobierno (marzo 2005) y el esfuerzo en marcha para una nueva regulación de la financiación de los partidos, incluyendo, entre otras cosas, la prohibición de las donaciones anónimas. Otro ejemplo de ese talante ha sido la renuncia a una TVE de control gubernamental exclusivo o el punto final puesto a la costumbre del PP de legislar sobre los más diversos temas por medio de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos del Estado.

Nunca valoraremos lo suficiente la histórica decisión de retirada de las tropas españolas de Irak, que ha salvado la vida de muchos soldados españoles y ha evitado que España esté comprometida en una operación bélico-política arrogante y sea una pieza de la estrategia neocon, cada vez más delirante y peligrosa, ahora ya en contra de la opinión y del voto de los ciudadanos de Estados Unidos, aunque siga recibiendo el apoyo de Aznar y Rajoy.

Ningún gobierno ha ido tan lejos en España, y muy pocos en el mundo, en la tarea de liquidar el reaccionario entramado legal del régimen heteropatriarcal y fomentar la erradicación social de las actitudes discriminatorias.
La ley contra la violencia de género, la abolición de la discriminación matrimonial que pesaba sobre lesbianas y gays, la aprobación en julio de 2005 de la persecución extraterritorial de la mutilación genital femenina, la ley de identidad de género y la ley de igualdad, que recorre trasversalmente todos los ámbitos de la vida social, representan un cambio de dimensión revolucionaria, aunque podamos pensar que en tal o cual aspecto podría haberse ido más lejos o se requiere un esfuerzo aún mayor en su desarrollo.

El salario mínimo, referencia también para diversas prestaciones sociales, ha crecido muy por encima del incremento del coste de la vida. Más de medio millón de personas que vivían y trabajaban en nuestro país en situación irregular han regularizado su presencia, obtenido un contrato legal y convertido en sujetos de derechos laborales y deberes fiscales, lo que indigna a quienes prefieren trabajadores sin papeles para pagarles menos y hacer demagogia reaccionaria y xenófoba, pero no puede por menos que satisfacer a cualquier buena persona. La reforma de la Ley de Montes ha establecido nuevas trabas al uso especulativo de terrenos forestales incendiados.

El permiso de conducir por puntos y la ley reguladora del uso del tabaco en espacios públicos han sido excelentes iniciativas, protectoras de la vida y la salud de los ciudadanos. No son leyes “paternalistas”, como dicen algunos, pues, a diferencia de otras normas “prohibicionistas” vigentes, no prohíben fumar ni conducir, sino que protegen los derechos de terceras personas que sufren los riesgos de decisiones no tomadas por ellas: víctimas inocentes de accidentes de tráfico, peatones atropellados, fumadores pasivos, etc.
La ley de promoción de la autonomía personal, pese a que debe ser criticada por el insuficiente grado de profesionalización de las tareas de atención propuesto, conlleva el primer reconocimiento de un nuevo derecho ciudadano y mejorará paulatinamente la vida de muchísimas personas.

Y, sí, “el talante”. Claro que nos importa si el presidente del Gobierno de España es un energúmeno que desprecia a los que no le dan la razón, o si es alguien que respeta a la ciudadanía y a las instituciones. Eso afecta a la esencia misma de la democracia.
Efectivamente, en esta legislatura también se ha puesto en marcha un proceso de reforma de estatutos de autonomía, en los términos previstos por la ley. Así ha sido, en Cataluña o en Valencia, en Baleares o en Andalucía, porque los parlamentos de estas comunidades lo decidieron. El buen sentido y la capacidad de diálogo está permitiendo alcanzar un punto de encuentro razonable entre las Cortes españolas, los parlamentos autonómicos y la opinión de los ciudadanos de las comunidades implicadas, sin que se “rompa España”. Sólo en un caso no pudo ser, pues el denominado “Plan Ibarretxe” carecía del respaldo de casi la mitad de la población vasca y excedía lo que la legalidad vigente puede acoger. Entre otras cosas, porque un debate de esa envergadura nunca será libre en Euskadi mientras haya bombas y pistolas etarras por medio.

Y el tan citado “proceso”… Zapatero y algún alto cargo hicieron ciertas declaraciones optimistas que deberían haber omitido, como han reconocido. Pero el comportamiento político del Gobierno ha sido adecuado. Una vez detectada una posibilidad de que se abriese una vía hacia el final de la violencia, era obligado explorarla, como hicieron los anteriores gobiernos. Nunca se habló con tanta transparencia como ahora, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el Partido Popular. Tal vez habría sido conveniente un proceso más discreto, pero no era posible cuando la derecha no paraba de acusar al Gobierno de mentir y de ocultar. En esas condiciones, o se renunciaba a la exploración o se daban explicaciones públicas. Intentarlo fue la opción correcta. ETA ha destrozado, por ahora, esa vía. Culpa de ETA es, de la misma forma que el atentado del 11-M no fue culpa de Aznar, sino del terrorismo islamista, aunque paradójicamente eso quieran ocultarlo hoy… los propios seguidores de Aznar. Culpa de los Aznar, Acebes y Rajoy fueron las mentiras que siguieron al atentado y aquellas que siguen lanzando para enturbiar aquella tragedia, incluso a costa de favorecer la estrategia de defensa de los presuntos culpables procesados. Zapatero, por el contrario, no ha mentido.

Vaya pues, en estos momentos difíciles, una modesta opinión: ZP merece apoyo pues lo está haciendo bien, alentando un proyecto político reformador que, yendo mucho más allá de las fronteras de uno o varios partidos, sintoniza con un ánimo social de cambio del que millones de personas nos sentimos parte activa y orgullosa. Eso, en realidad, es lo que ha irritado y enfurecido a los anclajes reaccionarios y excluyentes de la peor derecha.
Los ciudadanos progresistas tenemos la responsabilidad de mantener la calma, esquivar la provocadora invitación a la quiebra de la convivencia social que día a día lanza esta derecha y, desde esa serenidad y sin perder nuestra capacidad crítica, comprometernos firme y abiertamente con esta apasionante época de cambio y expansión de los derechos, apoyando lo bien hecho e impulsando nuevos cambios, pues aún es mucho lo que queda por hacer.