En febrero de 2007 la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados publica sus conclusiones sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país después de un año largo de intenso trabajo. Dichas conclusiones son decepcionantes en el sentido de que las trabajadoras del sexo seguirán ejerciendo en la misma situación de desprotección en la que están actualmente, sin derechos y sometidas a las arbitrariedades de las administraciones municipales.
Esta Comisión ha adoptado un punto de vista sesgado y cargado de prejuicios morales que no tiene en cuenta la realidad de las personas trabajadoras del sexo. Así, aunque en dichas conclusiones se reconoce que no existen estudios fiables sobre la realidad de la prostitución, todas las medidas que se proponen parten del prejuicio de que sólo una mínima parte de la prostitución se desarrolla de manera voluntaria, concluyendo que: “No tiene sentido diferenciar la prostitución coaccionada de la voluntaria”, equiparando constantemente la prostitución voluntaria con la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Esta equiparación adolece del mínimo rigor científico y práctico y tiene como consecuencia la invisibilización de todas aquellas personas que ejercen la prostitución de manera voluntaria y que deberían haber sido contempladas también como sujetos de derecho desde el punto de vista legislativo.

De hecho, se niega el derecho a ejercer la prostitución a personas adultas, no se contempla su capacidad de consentimiento y se les trata como sujetos menores de edad, como seres “victimizados”, fáciles de ser engañados.... En definitiva, no se contempla de manera realista a las prostitutas: mujeres que viven de un trabajo estigmatizado socialmente, que sufren discriminación y que son estigmatizadas como si fueran una clase particular de mujeres, diferentes del resto. Por el contrario, los trabajos de la Comisión refuerzan el estigma hacia las prostitutas e ignoran sus derechos.

La filosofía abolicionista -que ha presidido de manera mayoritaria los trabajos de la Comisión- ha llevado a analizar la prostitución de una forma excesivamente abstracta, desconsiderando los elementos concretos y subjetivos que mueven a algunas mujeres a realizar este trabajo. Esta forma de acercarse a la prostitución impide ver precisamente la realidad de las prostitutas, sus deseos, sus exigencias, sus miedos y sus problemas. Impide también conocer sus puntos fuertes y su modo de combatir las injusticias y discriminaciones que sufren. Bajo el supuesto de defender los intereses de “LA MUJER” se deja en la total indefensión a este sector concreto de mujeres.
Esta abstracción e ideologización de los análisis del feminismo abolicionista hace que las prostitutas aparezcan como una categoría homogénea e impide ver las diferentes situaciones en las que se ejerce la prostitución. Situaciones tan diversas como la de aquellas obligadas por las mafias a ejercer en régimen casi de esclavitud, la de quienes ejercen como mal menor pero están deseando abandonarla o la de quienes lo hacen por decisión propia, entre las que también existe una gran diversidad (por cuenta propia, explotadas laboralmente por los dueños de los clubes, en la calle, en locales cerrados, con chulos que las “defienden” pero también las presionan...).

No contemplar esta diversidad en los análisis y las discusiones resulta inaceptable. Considerar a todas las prostitutas coaccionadas a ejercer la prostitución quita gravedad a quienes realmente están obligadas por terceros y somete a persecución y a peores condiciones de trabajo a quienes ejercen por decisión propia.
Uno de los objetivos fundamentales del feminismo es la construcción de las mujeres como sujetos autónomos, no dependientes de los hombres y con capacidad de decisión, aunque los márgenes de actuación varían enormemente de unas mujeres a otras. En este sentido, creo que las propuestas feministas tienen que contribuir a ampliar estos márgenes, a empoderar a las mujeres y a hacerles ganar en autonomía. Y para que esto pueda ser algo más que una buena intención es necesario partir de las mujeres de carne y hueso y las situaciones reales que viven, pues a veces por defender la dignidad de LA MUJER (en abstracto y con mayúsculas) nos olvidamos de la dignidad de las mujeres que tenemos a nuestro lado.

Victimizar a las mujeres no ayuda en nada a cambiar su situación, por el contrario sirve para que el Estado ponga en marcha una serie de medidas proteccionistas que frecuentemente se aplican pasando por encima de la voluntad real de las trabajadoras del sexo.
Para entender bien las situaciones complejas que se dan en el mundo de la prostitución es necesaria una mirada multilateral, amplia, una mirada feminista integradora de las diferentes causas y problemas que confluyen en la realidad concreta. La prostitución y la situación de las prostitutas no puede ser explicada por el afán de dominio y prepotencia de los hombres y de su sexualidad. Por el contrario creo que es fundamental que contemplemos otros factores, por ejemplo que estamos en sociedades mercantiles que tienden a sacar al mercado y convertir en mercancía muchos de los servicios que antes se desarrollaban en el marco de las estructuras sociales y familiares: como por ejemplo el cuidado de menores y ancianos, la comida preparada... Por ello no es extraño que los servicios sexuales también se hayan mercantilizado y que quienes los utilizan no sean siempre ni necesariamente hombres prepotentes, con afán de dominio y que abusan de las trabajadoras (que los hay) sino en muchos casos hombres solitarios, con dificultad para desarrollar relaciones sexuales y personales satisfactorias, hombres que quieren encontrar un momento de satisfacción sexual sin más complicaciones.

Otro problema del feminismo abolicionista es su afán penalizador, un afán que no se manifiesta exclusivamente ante este problema. Para ese sector del feminismo la solución pasa por penalizar a clientes, proxenetas y el entorno de la prostitución pues sin demanda y sin facilidades para su ejercicio se acabará con la oferta, sin necesidad de penalizar a las prostitutas. Más allá de lo que significa desde el punto de vista de los valores que se proponga la idea del castigo como solución, el problema fundamental es para qué sirve y qué repercusiones tiene en la práctica. La experiencia de otros países o ciudades (Suecia, Barcelona…) demuestra que la penalización sirve justo para lo contrario: no sólo no acaba con la prostitución y las mafias sino que clandestiniza el ejercicio de la prostitución, favoreciendo los aspectos mafiosos y dejando a las mujeres más desprotegidas y en peores condiciones de trabajo. En Suecia, según el Consejo Nacional de Salud y Bienestar del Gobierno sueco y el subjefe de la Brigada Antivicio de la Policía de Estocolmo, ha disminuido el número de suecas que ejercen en la calle (fundamentalmente porque se han trasladado a apartamentos en zonas residenciales) pero ha aumentado el número de extranjeras traficadas por las mafias (Diario El Mundo 24 de noviembre de 2005). Además, no es cierto que la penalización no afecte a las mujeres que ejercen. En la medida que obliga a todas a dejar la prostitución, aquellas que quieren seguir ejerciendo son acosadas y perseguidas por la policía, como está pasando por ejemplo en Madrid desde que se puso en marcha el Plan contra la Esclavitud Sexual. De manera que las ideas abolicionistas llevadas a la práctica conviven con políticas prohibicionistas que penalizan y reprimen a las mujeres que se niegan a ser “reinsertadas”.

Parece claro que ante la prostitución caben diferentes valoraciones morales, habrá a quién le parezca mejor o peor en función de las ideas que se tengan sobre la sexualidad, porque creo que, en última instancia, éste es el problema. Todas las personas “venden” algo para poder subsistir y la gente progresista y de izquierdas siempre se ha planteado mejorar las condiciones, nunca la abolición de ningún trabajo. Las críticas que desde la izquierda se han hecho al trabajo asalariado nunca han impedido luchar por la mejora de las condiciones en las que éste se realiza.
Pero parece que si esto se plantea con la prostitución es porque lo que se intercambia son servicios sexuales. En este sentido, y respetando las posiciones de cada cual en relación a la sexualidad, no creo que las feministas tengamos que ser las garantes de la moral pública estableciendo qué sexualidad es la políticamente correcta y cómo deben ser las relaciones sexuales entre mujeres y hombres. Por ese camino, el riesgo de caer en moralismos normativos que acaben coaccionando y limitando la capacidad de autodeterminación de las mujeres es evidente. Creo que las relaciones sexuales, al igual que otras relaciones que establecemos los seres humanos deben de estar guiadas por el respeto, la libertad, la capacidad de decidir... el que sean comerciales o no debería importar tan sólo a quienes participan en ellas.

Medidas necesarias en el terreno legislativo

Es necesario defender los derechos de todas las mujeres que ejercen la prostitución, teniendo en cuenta la diversidad de situaciones. Y en primera instancia hay que separar lo que es delito (la prostitución forzada) de la prostitución por decisión propia.
Frente a la prostitución forzada es necesario que se persiga con determinación a las mafias que mantienen a las mujeres trabajando en un régimen de esclavitud. Pero las acciones que se realicen deben poner en primer término la protección de las mujeres que denuncian y no su criminalización, y ofrecerles la posibilidad de quedarse en nuestro país, pues eso es lo que muchas de ellas desean.
Para el sector de mujeres que han interiorizado el estigma que la sociedad hace recaer sobre las prostitutas, que se sienten mal trabajando en esta actividad y desean abandonar el ejercicio de la prostitución, es necesario que se destinen recursos económicos y materiales y alternativas de formación y empleo reales y efectivas, a los que puedan acogerse voluntariamente.

Pero un tanto por ciento muy elevado de mujeres, mayoritario según nuestros datos, desea continuar ejerciendo la prostitución pero en mejores condiciones. Desean ser tratadas con dignidad, sin ser estigmatizadas por desarrollar ese trabajo; desean no ser discriminadas y tener los mismos derechos que otros trabajadores; aspiran a poder trabajar en la calle pero en zonas tranquilas, seguras, sin ser molestadas y sin molestar al vecindario. Este sector de mujeres es el que con frecuencia queda en el olvido cuando se habla de prostitución y se reduce exclusivamente al problema de las mafias, de la trata de mujeres y de la esclavitud sexual.

Es imprescindible denunciar que hay mujeres obligadas por las mafias a prostituirse en régimen de esclavitud, que temen por su vida, que están secuestradas, amenazadas y que no tienen ninguna capacidad de negociar ni los servicios sexuales ni la clientela. Pero esto no puede ser equiparado a la situación de aquellas que deciden ejercer por decisión propia, aunque esta decisión esté condicionada por múltiples factores, como ocurre con todas las decisiones que las personas tomamos a lo largo de nuestra vida. Estos condicionamientos pueden ser muchos y muy determinantes, o pocos y menos determinantes, pero de lo que se trata es de mejorar la situación social de las mujeres en general y de aquellas más marginadas, pobres y excluidas en particular, para que cada vez los condicionamientos sean menores y el margen de decisión mayor.

La venta de servicios sexuales es un trabajo y debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto, articulando los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación actual colabora a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la policía y sufriendo abusos y agresiones.
Para Hetaira es fundamental que las trabajadoras del sexo se constituyan y sean reconocidas como sujetos sociales y sujetos de derechos y que, tanto el debate que se genere sobre esta actividad como las medidas concretas que se adopten, sirvan para que las trabajadoras puedan mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y que eso repercuta tanto en su autoafirmación personal como en la normalización de esta actividad. Será el conjunto de este proceso el que sirva para luchar contra el estigma. Para ello es imprescindible escucharlas y legislar atendiendo a sus intereses, sin olvidar que suelen ser la parte más vulnerable del negocio de la prostitución.

También es necesario tener en cuenta que el trabajo sexual no es un trabajo como cualquier otro. Por el estigma que conlleva y porque se ofertan servicios sexuales en una sociedad en que la sexualidad está magnificada se deben contemplar las especificidades que comporta y tenerlas en cuenta a la hora de legislar. En este sentido la legislación debe ser clara en defender la autonomía y la libertad de las trabajadoras en relación a los clientes y a los servicios sexuales que oferta, sin que nadie pueda interferir en sus decisiones.

En relación a la prostitución que capta su clientela en la calle es necesario pactar zonas de tolerancia o barrios rojos donde se pueda trabajar en buenas condiciones de seguridad, higiene y tranquilidad. Para establecer estas zonas son necesarias políticas persuasivas y no criminalizadoras pues si estas zonas existiesen la mayoría de las trabajadoras del sexo se desplazarían hasta allí, porque son las primeras interesadas en trabajar en mejores condiciones. Penalizar a quienes ejercen en la calle discrimina aún más a todas aquellas que no cumplen los requisitos que más demandan los clientes y que suelen ser imprescindibles para los dueños de los clubes: juventud, determinado aspecto físico...

Independientemente de la opinión que nos merezca la prostitución, no podemos seguir permitiendo que un sector tan amplio de mujeres se vea desposeído de los derechos más elementales. Plantear que la prostitución no puede ser una actividad socialmente aceptable porque atenta contra la igualdad y la dignidad de las mujeres es una afirmación basada en una determinada visión moral de la sexualidad. Lo que atenta a la igualdad y la dignidad son las condiciones en las que actualmente se ejerce este trabajo. Las moralidades particulares no pueden imponerse en forma de ley al conjunto social, especialmente cuando no existe consenso social al respecto y muy fundamentalmente si con ello se atenta al principio de justicia, sirviendo de justificación para negar los derechos más elementales a un sector de la ciudadanía.
Reconocer los derechos de las trabajadoras del sexo es una cuestión de justicia que no puede seguir posponiéndose bajo ningún concepto. Negar esto en nombre de la dignidad y la libertad de las mujeres en abstracto no deja de ser una nueva forma de fundamentalismo.