Desde la Plataforma por una Vivienda Digna hemos seguido con sumo interés el desarrollo de la nueva ley del suelo, por su capacidad de influencia en el grave problema de acceso a la vivienda que tenemos una gran parte de los ciudadanos de este país.

La opinión de consenso de la mayoría de miembros de la Plataforma es que esta ley es objetivamente mejor que su predecesora. Sin embargo, una vez más no se abordan reformas de fondo, por lo que el Gobierno y los grupos parlamentarios que han participado han dejado escapar la oportunidad de sentar las bases de un cambio de modelo. Un modelo que avance hacia la consecución del derecho a la vivienda recogido en nuestra Constitución.

Reservas de suelo protegido insuficientes

La reserva de suelo que debe destinarse a vivienda protegida en los nuevos desarrollos queda finalmente en un 30% (tras el 25% anterior al trámite parlamentario). Para la Plataforma por una Vivienda Digna este porcentaje es claramente insuficiente, ya que la cantidad de ciudadanos demandantes de vivienda que cumplen los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial suponen una demanda superior a las reservas que plantea la ley. Tal es así que las leyes autonómicas de algunas comunidades establecen porcentajes de reserva superiores.
Además, desde la Plataforma por una Vivienda Digna pensamos que el modelo de reserva de un porcentaje fijo de la edificabilidad (30% según la ley) no contribuye de forma eficaz a solucionar el problema, y que la reserva de suelo de protección oficial debería establecerse en función de estudios de necesidad que fijaran el número de demandantes en disposición de acceder a este tipo de viviendas.

Puerta abierta a una vivienda protegida “cara”

La nueva ley no hace referencia a las características del régimen de protección de las futuras viviendas que se ubicarán en un suelo protegido. Actualmente existen comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, que han “inventado” tipologías de viviendas protegidas cuyos precios están fuera de lo que se puede permitir una persona con un sueldo normal, especialmente si hablamos de una persona joven, inmigrante, divorciada, o en alguna otra situación de necesidad especial.
En este sentido, aunque la ley reserve suelo para vivienda protegida, se deja la puerta abierta a que ese suelo sea ocupado finalmente por viviendas protegidas que la mayoría de los demandantes no podrán pagar, con lo que la reserva de suelo acaba siendo inútil desde el punto de vista de la función social de la vivienda protegida.
 
Faltan medidas para evitar retrasos

Otro problema que están sufriendo los demandantes y adjudicatarios de viviendas de protección oficial es la “pereza” de los promotores a la hora de construir este tipo de vivienda frente a la vivienda libre. Esto tiene como consecuencia retrasos de hasta más de 10 años en la entrega de la vivienda protegida. Desde la PVD llevamos tiempo reclamando la vinculación de permisos administrativos de construcción de vivienda libre al estado de las promociones de vivienda de protección oficial pertenecientes al mismo plan. Sin embargo la nueva ley del suelo no recoge este punto, que sí tienen en cuenta algunas leyes de suelo de carácter autonómico.
 
Coladeros legales para escapar a la obligatoriedad de crear vivienda protegida

Es un paso atrás importante el hecho de que los artículos que fijan las reservas y los usos de los suelos que forman parte del patrimonio público del suelo permitan como alternativa a la construcción de vivienda protegida “otros fines de interés social”. A nuestro entender, esta excepción será un coladero que contribuirá al modelo actual de financiación de las administraciones públicas por medio del urbanismo, que como hemos venido denunciando, es  un “tributo” sumamente injusto y desigual, que reposa en la necesidad vital de vivienda de las personas.
 
Deben primarse los espacios ya urbanizados

En cuanto a la sostenibilidad que la ley pretende conseguir en los nuevos desarrollos, pensamos que también se han dado pasos adelante con los nuevos informes necesarios y la implicación de las administraciones involucradas. No obstante, la ley debería haber introducido alguna medida efectiva para discriminar positivamente la reutilización de espacios ya urbanizados sobre los nuevos desarrollos. Esta medida contribuiría también de forma notable a la sostenibilidad, tanto medioambiental como económica.
 
Aspectos positivos

Nos parece positivo que queden regulados por siempre los precios de venta o alquiler de las viviendas de protección construidas en los patrimonios públicos de suelo, de forma que no se pierda nunca su estatus de vivienda protegida. Sin embargo nos preguntamos porqué no se ha extendido esta medida a la totalidad de la viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial.

El hecho de que la totalidad de viviendas protegidas tengan esa calificación de forma permanente es fundamental para que siempre exista un parque extenso de vivienda de protección oficial, que contribuya a solucionar futuras situaciones de dificultad de acceso a la vivienda.
 
Sujeta al desarrollo de las Comunidades Autónomas

El resto de los puntos relevantes de esta ley son medidas que no podemos valorar desde la PVD ya que son herramientas que serán positivas o negativas en función de cómo sean desarrolladas por las comunidades autónomas. Se trata de puntos como la diferencia del derecho de superficie y de la propiedad del suelo y su regulación, el papel del agente urbanizador, o la nueva valoración del suelo en las expropiaciones, por ejemplo.
En cualquier caso, desde la Plataforma por una Vivienda Digna somos conscientes de que la principal responsabilidad de los problemas actuales de acceso a la vivienda en España es de los gobiernos de las comunidades autónomas, al estar transferidas la mayoría de las competencias sobre urbanismo y vivienda. Así, es lamentable que en la mayoría de comunidades autónomas, se siga apostando por un modelo que ignora el derecho a una vivienda digna y apoya la creación de más viviendas innecesarias, la especulación y el mantenimiento de la burbuja. La nueva ley hubiera debido también establecer mecanismos que aseguraran el cumplimiento de su espíritu también a nivel regional, pero no lo ha hecho suponemos que por evitar el riesgo de inconstitucionalidad. Seguiremos esperando a que nuestros gobernantes formalicen un pacto que separe al urbanismo de los intereses especulativos de manera uniforme en todo el Estado.
Por tanto, a partir de de la entrada en vigor de esta ley nacional, demandamos a los gobiernos de las comunidades autónomas el desarrollo de leyes del suelo que sigan el espíritu recogido en el artículo 47 de nuestra constitución y que sean la base de un mercado de vivienda asequible para todos, en lugar de buscar vías con las que apuntalar un modelo tan insostenible como el actual.
 
Tímidos avances, sin cambio de modelo

En resumen, lo deseable en esta nueva ley del suelo hubiera sido un cambio de paradigma en el que se pusiera al derecho humano a la vivienda como base inspiradora de las actuaciones de gestión del suelo, dejando en segundo plano la vocación exclusivamente seguidista del mercado que tienen las leyes actuales, algo en lo que ha puesto énfasis el relator de vivienda de la ONU en su contundente nota emitida recientemente. Sin embargo hay que decir que la nueva ley es objetivamente mejor que sus predecesoras y que por lo tanto, supone un avance.
Sin duda estos tímidos avances se están dando en parte por las manifestaciones y la presión de los movimientos sociales que buscamos una sociedad mejor y más justa en una materia fundamental como es la vivienda. Por ello animamos al conjunto de la sociedad, y en especial a los jóvenes, a seguir saliendo a la calle y tomando iniciativas para defender el cumplimiento de artículo 47 de la Constitución.