“En marzo cumpliremos cuatro años desde que los españoles nos eligieron para conformar una mayoría parlamentaria que llevara a cabo una vocación de cambio de una política nueva que había salido como mandato de las urnas, una mayoría de iniciativa propia y de autonomía política, que escuchara a la gente y que trasladara la voz de los ciudadanos a las Cámaras; que conformara un gran liderazgo compartido en la sociedad con esa mayoría que está por las reformas, que está por los avances, que está por la mejora social, que está por la extensión de derechos y libertades, que está por la convivencia y que está por una España que en el mundo haga la tarea de la cooperación, del diálogo y de la buena vecindad con todos nuestros socios preferentes” (José Luis Rodríguez Zapatero, reunión con el Grupo Parlamentario Socialista, 11 de septiembre de 2007)

Un proyecto de cambio de la mayoría, un proyecto de modernización, en el que ciudadanos y ciudadanas tengan más derechos, más equilibrio social y territorial. Ese proyecto de modernización y de cambio es el compromiso de Zapatero y esa propuesta es la que hace que la mayoría de los españoles (según todas las encuestas) quiera la continuidad del Gobierno Zapatero. Bueno, esa propuesta y también el pavor que da la vuelta de una derecha fundamentalista que, en boca de uno de sus principales gurús (Jiménez Losantos), incita a una “metafórica” violencia: “hay que apuñalar al adversario hasta que se desangre”.
La agitación clerical-derechista de toda la legislatura no ha logrado tejer los mimbres de una mayoría social para derrotar a la izquierda, pero sí ha logrado un efecto paralizador en la profundidad de las políticas de avances y ha generado en el Gobierno y sobre todo en el PSOE un vértigo al cambio que hace que esa mayoría favorable a la profundización del mismo esté muy poco movilizada tanto social como electoralmente. Y el gran riesgo de las próximas elecciones procede tanto de los nubarrones del panorama económico como de la pasividad de aquellos que configuraron la mayoría el 14-M de 2004.

Después del debate del Estado de la Nación y los cambios producidos en el Gobierno, donde la izquierda pasa a la ofensiva y el PP aparece arrinconado, sucesivos hechos que definen un rumbo errático provocan un cierto desánimo en el electorado progresista.

El primero, el Gobierno de Navarra. Tras una gestión confusa y equivocada del proceso (que además llevó a perder el Gobierno Canario), el PSOE federal da luz verde al Gobierno de UPN, frustrando no sólo las expectativas de cambio de los navarros, hecho en sí muy grave que deja al PSN en una fuerte crisis, sino a la vez muestra del temor a las campañas españolistas del PP y su cohorte mediática. Las dificultades que plantean la diversidad y la pluralidad de España, azuzadas hasta el paroxismo por el nacionalismo español, son un dato de la realidad que no puede ser obviado; ya vimos el daño que causó al proyecto de cambio la lamentable gestión del nuevo Estatuto en Catalunya.

El segundo, la falta de una estrategia de alianzas estable y clara. Tras una primera fase en la que los acuerdos con IU y ERC daban estabilidad y marcaban un rumbo a la izquierda, se ha pasado a un sistema de alianzas punto a punto que genera una importante incertidumbre política y parlamentaria (veanse las enormes dificultades con los Presupuestos de 2008 y la Ley de Memoria Histórica). Se corteja ora al PNV, ora a CiU, se acuerdan pactos puntuales con el grupo mixto y se llega en el caso navarro a desdeñar el pacto con Nafarroa Bai, una fuerza mucho mas coherente (a pesar de los ataques continuos de Batasuna) y con más cultura de pacto que ERC, cuyos amagos de crisis del tripartito catalán son continuos.

La crisis de las infraestructuras catalanas es un hecho de enorme trascendencia. Una sociedad que ha ido mostrando su hartazgo por los debates soberanistas se encuentra con una crisis en su sistema básico de movilidad y de vida: energía, carreteras, trenes… lo que abre el riesgo de una mayor defección de la vida política en una de las sociedades mas activas y determinantes del rumbo político de España. La crisis de las infraestructuras catalanas no es un problema de este verano ni de esta legislatura, tiene que ver con muchos gobiernos anteriores y con la política de 23 años de gobierno de CiU y su apuesta por la privatización de las infraestructuras públicas: carreteras de peaje, sanidad privatizada en alto porcentaje, prioridad a la escuela privada y concertada, sobreexplotación del medio ambiente y la costa. Sin embargo, para los ciudadanos el problema se presenta hoy y las soluciones se le demandan a los gobiernos actuales, a Zapatero y Montilla, por eso es grave que desde el Ministerio de Fomento se dé como respuesta la paciencia o que desde un punto de vista más global el Ministerio de Hacienda retrase la aplicación del Estatuto, aunque finalmente se haya llegado a un acuerdo en la negociación de los Presupuestos, lo que demuestra la inutilidad política de estirar la cuerda de la negociación generando malestar. Cataluña ha sido siempre un componente básico de cualquier proyecto de cambio progresista en España y no puede perderse su inestimable colaboración.

Los cambios ministeriales suponían una inyección de proyección social a un Gobierno con presencia política particularmente baja; en ese sentido fueron bien recibidos. Sin embargo, se ha vuelto a transmitir la imagen de descoordinación y falta de proyecto global. Las primeras y balbuceantes propuestas de Carme Chacón en Vivienda o la iniciativa de Bernat Soria sobre atención bucodental, fueron contestadas desde la ortodoxia del superávit, generando una importante esquizofrenia en el mensaje, como ya había sucedido con otras iniciativas de gasto social. El encontronazo de César Antonio Molina con Rosa Regàs fue, además, un malísimo gesto hacia toda la gente independiente que desde el mundo de la cultura pero también desde otros ámbitos, había apostado activamente y sin aspiraciones de “carrera política” por el proyecto reformista de ZP.

Otros hechos, como la incertidumbre económica y particularmente la crisis de las hipotecas, la renuncia de Imaz en el PNV, los nuevos problemas con ERC en Cataluña, la apertura de grietas en el bipartito gallego, el riesgo cierto de prorroga de presupuestos por falta de apoyos parlamentarios, la desigualdad en la distribución del crecimiento económico, el atasco de la Ley de Memoria Histórica, configuran un panorama donde la sensación de descoordinación en el Gobierno y falta de perseverancia en un cambio progresista y plural crece. Parece como si todo se pospusiese a volver a ganar las elecciones aprovechando la situación de crisis de liderazgo en el PP y atendiendo en cada momento al problema que aparece cada día. Así,  con las propuestas sociales se permite que parezca una oferta de bazar en lugar de un asunto de justicia (mas allá de la idoneidad de tal o cual medida). Se está incurriendo en el error de apabullar con un volumen de datos que justifican lo hecho, lo cual está bien, pero que ocultan o difuminan lo esencial del mensaje político que es imprescindible dar.
No se pueden ocultar las dificultades reales que afectan a millares de personas cuando se encuentran acogotadas por la subida del Euribor, o los precios del consumo familiar se incrementan a mayor ritmo que los salarios, o cuando las dificultades de acceso a la vivienda no han sido superadas, o cuando las rentas del trabajo disminuyen su peso en la renta nacional, o cuando la escuela pública no aparece como el referente educativo central y determinante de la política del Gobierno, o cuando las cercanías fallan en Catalunya. El Gobierno no se puede escudar en la catarata de datos positivos de su gestión porque los problemas para la gente siguen existiendo. Uno de los rasgos más positivos que había tenido el Gobierno era la capacidad de reconocer fallos y debilidades, insuficiencias y dificultades, ello le hacía más cercano y fiable, merecedor de más confianza ciudadana, por eso es preocupante un sesgo autocomplaciente que se observa desde hace meses y un indiscutible alejamiento de la realidad de los ciudadanos.

La política social, tras haber generado instrumentos poderosos como la Ley de Dependencia o la Ley de Igualdad, se queda en el aire entre la financiación insuficiente, la lentitud burocrática y la desidia de las autonomías (esencialmente las gobernadas del PP) en su puesta en marcha, sin que se sea consecuente y se inicie una ofensiva para su aplicación y para que los ciudadanos perciban los derechos conquistados. La política de los cheques (vivienda, natalidad, etc) tiene posiblemente un impacto electoral positivo, pero no consolida esos derechos y no se basa en una política fiscal consolidada y progresiva. La bajada de impuestos parece ser el tótem al que se agarra el Gobierno para disputar las clases medias a los que hacen de ello su bandera electoral, un PP  que donde gobierna incrementa la presión sobre los ciudadanos como nadie.

La renuncia a una política educativa que cambie en profundidad el sistema parece un hecho. La política de regate corto aparece de nuevo ante la presión de la Conferencia Episcopal, y se pone como esencial mantener el acuerdo con la patronal de la enseñanza religiosa, aún a costa de que Educación para la Ciudadanía se convierta en un pandemonium donde cada uno puede decir lo que quiera, mientras la Escuela Pública pierde su centralidad en el sistema educativo (por mucho que se incremente su financiación) en beneficio de la escuela concertada y la privada. Lamentablemente, la apuesta por la escuela pública no ha sido una de las características mas significativas de los dirigentes socialistas.

La nueva propuesta de la izquierda cara al 2008 debe representar un salto en la consolidación de una sociedad abierta, de derechos, de equilibrio social, de dialogo territorial, de laicismo, de lucha contra la pobreza y por la paz en el mundo. A esa propuesta seguro que se volverán a sumar los millones de ciudadanos sobre los que se asienta la actual mayoría para el cambio.