En la última batalla en la que está empeñada la Iglesia Católica española, la CONCAPA está actuando como avanzadilla, como va siendo habitual. Se niega al Estado la potestad de dar una educación ciudadana que permita la interiorización de los derechos humanos y constitucionales. La Iglesia pretende enseñar religión como cualquier asignatura de tipo científico, con una alternativa de cultura religiosa en general, lo que ya consiguieron con la LOCE durante el gobierno del PP.
Consideran que su interpretación del mundo y del comportamiento humano se puede dar en la escuela, destinada a todos los ciudadanos, pero no la interpretación legal en el país.

Los sectores progresistas y sindicales han pretendido primero que las enseñanzas cívicas y constitucionales fueran transversales a las otras materias, esto es, que se enseñaran con ellas, sobre todo en historia y en filosofía. La experiencia ha mostrado que el tratamiento transversal ha fracasado, ni siquiera se suelen explicar los contenidos de la Constitución española. Así que, manteniendo como base que todo el centro educativo debe permitir una formación y educación democrática y cívica, parece imprescindible informar y hacer  reflexionar a los estudiantes sobre cómo comportarse en un país plural, con diferentes religiones, creencias y opiniones. Se trata de fortalecer lo común.

Sin embargo, hay creencias que conspiran contra la convivencia. Basta pensar en las versiones del Islam que propugnan la inferioridad de la mujer, la ablación del clítoris o la violencia contra el infiel, la de los Testigos de Jehová opuesta a la transfusión de sangre o las creencias de la Iglesia Católica contra el divorcio, las prácticas anticonceptivas, el aborto o el matrimonio entre homosexuales. Son creencias contra el mundo actual, pero lo más importante es que las creencias personales no pueden servir para negar las normas existentes para todos. En eso consiste una sociedad laica.

La ofensiva de la Iglesia, a través de la CONCAPA, para que los padres hagan objeción de conciencia a la Educación para la Ciudadanía es intolerable, lo mismo que lo sería que objetasen la gimnasia o la música algunos musulmanes.

De nuevo puede comprobarse el temor del gobierno y del PSOE al enfrentamiento con la Iglesia, puesto que ha permitido una adaptación católica de la materia, pues eso es lo que ha pactado con la FERE. Esto es intolerable, si en España hay unas leyes deben ser iguales para todos, pero parece que en lo que toca a la sexualidad o a la familia se las objeta. Cada uno puede comportarse como quiera, pero dentro de las leyes comunes, y no puede enseñar en la escuela de todos sus creencias particulares.

Esta nueva batalla no puede entenderse más que por la resistencia de la Iglesia a dejar de imponer sus doctrinas a toda la sociedad. Se consideran portadores de la Verdad y no admite el pluralismo social. ¿No es esto el mantenimiento de aquellas actitudes que castigaban con la cárcel o la hoguera la discrepancia? ¿No brota de la confusión de los órdenes religiosos y civiles, con predominio del primero?
Los partidos democráticos, no sólo los de izquierda, tendrían que romper con la tutela católica y construir una sociedad laica en España. La sociedad española es más plural ideológicamente que en los años anteriores, debido a la evolución social y a la inmigración. Por lo tanto habrá cada vez más conflictos si el Estado y la sociedad no avanzan decididamente en el laicismo.

El primer paso para abrir este camino está en sustituir el Concordato del 79. Hay que plantear un estatuto con todas las religiones y creencias que las sitúen en un nivel personal, donde la Iglesia Católica deje de tener el peso que tiene en todos los ámbitos y especialmente en el escolar.