A tenor de lo dicho y de lo hecho por el Partido Popular (PP) en esta legislatura, un observador poco avezado en asuntos de este país podría tener la impresión de que la destemplada actuación de la derecha es una reacción defensiva ante las reformas emprendidas por un gobierno de extrema izquierda. Inmediatamente vendrían a la mente de nuestro imaginario mirón las medidas más drásticas de los programas izquierdistas del siglo pasado: proceso constituyente, abolición de la monarquía e instauración de la república, reforma de la judicatura, progresiva colectivización de la economía, reforma agraria y expropiación de latifundios, impuestos crecientes para las grandes fortunas, abolición de la herencia, nacionalización de bancos y monopolios, cogestión de las empresas por sindicatos o consejos obreros, expropiación de las propiedades de la Iglesia, supresión de las órdenes religiosas, abolición del matrimonio y de la escuela católicos, educación pública laica, obligatoria y gratuita, sustitución de las fuerzas armadas por un ejército popular republicano y de la policía por la guardia nacional, entre otras.
Nada de esto ha ocurrido. El Gobierno de Zapatero se ha mostrado, como era de esperar, moderado y dialogante, incluso tibio en sus réplicas y dubitativo en su propuestas, y el PP ha conservado importantes cuotas de poder institucional: disfruta de una nutrida representación en el Senado y en el Congreso, tiene la capacidad de influir en importantes resortes del Estado como la judicatura, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Constitucional, gobierna en 53 ciudades con más de 50.000 habitantes, de ellas 22 capitales de provincia, y en seis comunidades autónomas, desde donde se resiste a aplicar medidas del Gobierno de la nación, con el apoyo de la Iglesia católica, cuya jerarquía tiene sobrados motivos para callarse, dado el generoso trato recibido del Gobierno.

 ¿Qué le ocurre al PP? ¿Cuál es el drama que ha provocado el resentimiento de sus dirigentes y la reacción enardecida de sus seguidores? Pues muy sencillo: perdió unas elecciones generales que esperaba ganar y, como un niño caprichoso, ha cogido una rabieta que le va a durar cuatro años. Una pataleta que muestra su mal talante para perder. La derecha de este país ha mostrado que tiene mal talante para ganar y mucho peor para perder.
Si la estancia de Aznar en La Moncloa mostró que una de las principales tareas de su Gobierno era convertirse en una crispada oposición de la oposición, la actual dirección del partido conservador muestra que puede ser una crispada oposición del Gobierno y que en España, que cree suya, nadie puede tratar de gobernar tranquilo si no acepta lo que el  PP le dicte desde la oposición. Y esta actitud, en medios y fines, forma parte del nefasto legado de Aznar, cuya vigencia se va a dirimir en las próximas elecciones legislativas.

No es difícil hacer el balance de la actitud de la derecha en estos cuatro años, cuya oposición ha consistido en ofrecer una visión de España amenazada por la catástrofe. El objetivo ha sido dibujar una situación de emergencia, “España se rompe territorial y moralmente”, que justificase un adelanto de las elecciones, con las cuales el PP retornaría al poder del que fue ilegítimamente despojado, para volver a salvar a España de un gobierno socialista.
Esta estrategia, en la que no se puede hablar sólo de deslealtad sino de juego sucio, ha pasado por diversos momentos.

Deslegitimar el origen democrático del Gobierno

El frustrado intento de ganar las elecciones generales de 2004 mintiendo sobre la autoría del atentado del 11 de marzo marcó la estrategia del PP para toda la legislatura, pues, obligados a dejar el poder precipitadamente, sus dirigentes tuvieron que explicar a sus votantes el hecho, insólito desde la transición, de haber pasado de la mayoría absoluta a la oposición, ocultando naturalmente las verdaderas causas que les llevaron a tal situación.
Como no podían admitir que se trató de un justo castigo por haber mentido a la ciudadanía atribuyendo el atentado a ETA, sabiendo que fueran terroristas islamistas, se vieron obligados a inventar una explicación que les exculpara. Y echaron mano de un recurso habitual en tiempos de Franco, que atribuía la resistencia a la dictadura a la conspiración judeo-masónica, a las consignas de Praga y de Moscú o a la envidia de las decadentes democracias occidentales.

Así, el PP no fue desalojado del Gobierno por su política ultraliberal, clerical y antisocial, por sus errores (“Prestige”), sus mentiras (de nuevo el “Prestige”, “Yak 42”, Gescartera o las misteriosas armas de destrucción masiva de Sadam Hussein), por su desdén con los gobiernos autonómicos que no eran del PP, por la crispación introducida en la vida política o por el incondicional apoyo dado a la aventura imperial de Bush en Irak, sino por una conspiración. Es decir, trataron de explicar la derrota electoral no por el rechazo mostrado por una parte importante de la ciudadanía al programa y a las maneras de gobernar de Aznar y por el estrambote -haber mentido en una situación de emergencia nacional para ganar las elecciones- con que habían terminado la legislatura, sino por una conjura del PSOE con etarras, islamistas y agentes extranjeros para desalojar del Gobierno al PP y poder retirar las tropas españolas de Irak.
De este modo, el balance de ocho años de aznarismo quedaba para beneficio de inventario y, por lo tanto, seguía vigente, la cúpula del PP se veía exonerada de responsabilidad en la derrota del partido y se sembraba la duda sobre la victoria del PSOE, con lo cual el Gobierno de Zapatero carecería en el futuro de legitimidad por un vicio de origen.

Se había comenzado la legislatura jugando sucio, porque una mentira obligaba a otras para taparla, pero eso era lo de menos, ya que se pensaba que la estancia en la oposición sería breve. Y a ese propósito ha dedicado el PP sus recursos humanos y materiales, sin haber conseguido adelantar las elecciones.

Descalificar la labor del Gobierno

La tarea de deslegitimar al Gobierno ha ido acompañada de la de desgastarlo utilizando el tema del terrorismo, primero el islamista, confusamente unido con el etarra en la teoría de la conspiración, y después éste último con ocasión de la negociación con ETA. El primero fue extremadamente útil mientras duró la Comisión de investigación parlamentaria del 11 de marzo, pues Pujalte y Del Burgo tuvieron un foro en el que contar sus fantasías -de ahí la resistencia a poner límite temporal a la Comisión-, reforzadas por las opiniones de Acebes, Rajoy y Zaplana y del propio Aznar en su comparecencia -no hay que buscar a los responsables en desiertos lejanos-, y permitió acusar al Gobierno de tratar de confundir a la ciudadanía con sus conclusiones -la comisión de la mentira, según Zaplana; un fiasco, según Rajoy-, y durante la instrucción del caso (que Rajoy quiso abortar) y la celebración de la vista, actualmente en espera de sentencia.
Después, agotados los intentos de vincular a los etarras con el atentado del 11-M, el filón islamista fue quedando en ganga y la atención se dirigió a la negociación con ETA. El PP puso a la moribunda organización terrorista y a su entorno de plena actualidad, con alguno de sus matarifes en primer plano, y los mantuvo en la agenda política a fuerza de bronca. Rajoy acusó a Zapatero de hacer concesiones territoriales a ETA a cambio de paz y volvió a exigir la ilegalización del Partido Comunista de la Tierras Vascas, que Acebes legalizó, y más tarde, la de Acción Nacionalista Vasca.

El atentado de la T-4 y la ruptura de la tregua mostraron que el Gobierno no había cedido a las pretensiones de ETA, lo cual no obligó a los dirigentes del PP a reconocer que se habían equivocado ni a abandonar el tema, porque, tomando como artículo de fe todo lo que publica Gara, el paso siguiente fue pedir al Gobierno las actas de la negociación con la banda.
En todo este proceso, el PP no sólo ha utilizado el terrorismo como tema para la confrontación política, como ya había hecho en 1993, sino que ha utilizado a las víctimas de modo indecente para enfrentarlas entre sí y sacarlas a la calle contra el Gobierno más que contra el terrorismo, contando con el beneplácito de la Conferencia Episcopal.

Arteramente unido al terrorismo y al nacionalismo (Plan Ibarretxe), el tema de la reforma de los estatutos autonómicos ha sido otro de los motivos de confrontación del PP con el Gobierno, empezando por el catalán -un disparate, según Rajoy; supone la derogación de la Constitución; un cambio de régimen, según Aznar-, que suscitó entre sus bases una reacción contra Cataluña, cuya factura acabó pagando Piqué, pero permitió desatar una campaña españolista, apoyada también por la Curia, en la que la derecha volvió a exhibir en la calle su noción de la España excluyente y centralista, apropiándose de símbolos que son del Estado, no del PP. Que el Estatut esté recurrido ante el Tribunal Constitucional por artículos que aparecen en los Estatutos de Valencia y Andalucía, aprobados por el PP, es otra muestra del oportunismo de los populares.

En la estrategia de la derecha, además de ilegítimo por su origen, el Gobierno socialista debía parecer sumiso con el nacionalismo -Zapatero gobierna para dividir, Aznar dixit-, débil ante el terrorismo internacional, imprudente en sus iniciativas, desorientado en política exterior, revanchista con el pasado (Ley de Memoria Histórica), entregado ante ETA y traidor con las víctimas. Pero ello no bastaba, pues el Gobierno debía aparecer ante la opinión pública incompetente y mediocre en la gestión habitual, para lo cual la estrategia pasaba por impedir la acción de gobierno distrayendo la atención con asuntos distorsionados o que podrían ser muy importantes para el PP pero no para el resto del país, planteando comparecencias del Gobierno para los mismos asuntos y obstruyendo, en definitiva. Para poder vilipendiar e insultar en la calle al Gobierno, éste debía ser mostrado como incompetente en las instituciones.

El PP ha introducido en el parlamento y en la prensa afín un estilo bronco y vulgar, en el que es habitual emplear el exabrupto, la interpelación chulesca, el calificativo denigrante y el insulto. Probablemente, Zapatero pasará a la historia del régimen parlamentario como el jefe del gobierno más insultado; y el PP, como un partido dirigido por camorristas, dada su afición al abucheo, al pataleo y al escándalo en las sesiones parlamentarias, rematadas casi de manera ritual con la petición de dimisiones, luego de decir a todo que no y de montar un circo por cualquier motivo sugerido por los medios de propaganda afines.
El PP se ha valido de los gobiernos autonómicos y de las instituciones donde tiene representación para resistirse a aplicar leyes generales y plantear una obstrucción sistemática, sean el nombramiento o la renovación de altos cargos (Fiscal General del Estado, Gobernador del Banco de España, Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de Telecomunicaciones), el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, que lleva casi un año ejerciendo en funciones por la resistencia del PP a renovarlo si no se le adjudica una minoría de bloqueo (9 vocales de 20 que componen en Consejo).
En su labor de desgastar al Gobierno, los populares han recurrido a sus apoyos sociales (asociaciones profesionales, de padres, colegios, jueces, médicos) y han contado con el respaldo incondicional de la jerarquía eclesiástica para mantenerlas enardecidas y sacarlas a la calle.

Otra de las tácticas empleadas por la derecha furiosa para desgastar al Gobierno ha consistido en buscar motivos para empatar; buscar hechos que pudieran ser equivalentes a los errores y desaciertos de la etapa de Aznar. El incendio de Guadalajara de verano de 2005, en el que se produjeron 11 muertes, se aprovechó para culpar al Gobierno y equipar su responsabilidad con la del Gobierno de Aznar en el naufragio del Prestige; el accidente del helicóptero Cougar en Afganistán se quiso equiparar con el accidente del Yak-42 en Turquía, sin tener en cuenta, claro, las circunstancias de uno y otro; el timo de AFINSA se quiso equiparar con Gescartera; y la presencia de tropas españolas en Afganistán o Líbano bajo mandato de la ONU se equipara con frecuencia con la invasión de Irak, naturalmente, sin tal mandato.

Dibujar la catástrofe

Con todo ello, en esta legislatura, el PP ha pretendido dibujar ante la ciudadanía una situación catastrófica: deshecho el consenso de la transición por la ambición de Zapatero, España, hundida por un Gobierno irresponsable, se rompe territorialmente con la reforma de los Estatutos de Autonomía -se balcaniza, según Aznar- y se deshace moralmente con nuevas leyes sobre derechos (igualdad, matrimonio gay, educación para la ciudadanía) y con la recuperación revanchista del pasado (Ley de Memoria Histórica).
La penúltima catástrofe que, según Rajoy, nos amenaza es la crisis de las hipotecas de EEUU, culpa también de Zapatero y no tanto del amigo de Aznar, George W. Bush. El pronóstico ha sido desmentido por los informes de la Eurozona y la reunión del Ecofin, pero eso no parece importarle. Y la última es, según Acebes, el despilfarro por el excesivo gasto social previsto en los Presupuestos Generales del Estado, que sin ser para tirar cohetes, bienvenido sea.
Eppure, sin líder…

El PP ha hecho todo lo posible para echar al PSOE del Gobierno, pero se acaba la legislatura sin haberlo conseguido y caben no pocas dudas sobre un triunfo, aún precario, del PP en las elecciones generales.
El PP ha recibido oxígeno en las municipales, pero el resultado es engañoso y además paradójico: ha subido donde es más fuerte y por ello aunque con más votos ha perdido poder territorial (Baleares y ocho capitales de provincia). El Partido ha subido, pero el máximo dirigente no.
El aumento de votos no ha podido evitar lo demás: Rajoy sigue siendo el dirigente peor valorado, Matas y Piqué han dimitido y Sanz, que en Navarra gobierna en precario, ha solicitado tener grupo propio en el Congreso. Y en el horizonte aparece un nuevo partido -el de Savater y Rosa Díez-, que puede arañar al PP algunos votos de su electorado más centrista.

Luego está el problema de la sucesión, no abiertamente planteada pero en la que todo el mundo piensa cuando realiza movimientos tácticos para acompañar al líder, en el que muchos piensan será su último viaje político.
¿Cuál es el programa de Rajoy? Aparte de inspirarse en un diccionario de insultos para obsequiar a Zapatero, poca cosa original se le conoce. Hasta ahora, hemos tenido la impresión de que las líneas maestras de la agenda política le han venido marcadas desde FAES y en asuntos de coyuntura por El Mundo, la COPE y Gara. Tendrá que darse prisa de aquí a marzo, porque las próximas elecciones legislativas pueden ser cruciales, pues suponen la última oportunidad para Rajoy y quizá para el proyecto de Aznar; se dirime su legado: hasta aquí llegó el aznarismo.

Decidirán no sólo quién gobernará España, sino quién gobernará el PP si no gana las elecciones. No se decidirá sólo la continuidad de Zapatero, sino la herencia de Aznar y el futuro de sus albaceas.