De la vivienda se viene hablando mucho, y la verdad es que existe el problema que aparece en primer plano, el del acceso a la vivienda digna, tal y como proclama nuestra Constitución, aunque la cuestión es mucho más amplia y comporta plantearse un diagnostico completo y unas alternativas sincronizadas. Cosa que hemos instado desde el Consell Valencià de Cultura mediante algunos informes, con escaso eco en las instituciones autómicas y municipales.
No negamos el hecho concreto de las dificultades de acceso, nacidas de un desarrollo del negocio inmobiliario orientado al beneficio fácil e inmediato. Se han ido planteando medidas legislativas, y ahora en vísperas de la confrontación electoral se ha abierto la temporada de ofertas y “soluciones” espectaculares, tanto por quienes gobiernan como, también, por quienes aspiran a hacerlo. Todo ello teniendo en vigor desde el pasado mes de Julio una nueva ley del suelo que tiene algo que ver con la cuestión.

Tal vez valdría la pena señalar algunos elementos que están muy relacionados y que necesariamente deberían articularse a la hora de abordar el problema sin las prisas y los inmediatismos de unas elecciones. No cuestiono la oportunidad de tratar este problema en los programas electorales, simplemente apunto a que la cosa no debería limitarse a eso, pues sospecho que pasadas las elecciones la inmediatez cese. Igualmente, y con una cierta perspectiva, habría aspectos sobre los cuales, con independencia de otros factores, pudiera haber acuerdos sociales y políticos, eso que se conoce como consenso.
 Hay dificultades para acceder a las viviendas, y las ciudades y pueblos crecen a costa del mundo rural y del patrimonio,medio ambiental y paisajístico. El suelo urbanizable aumenta, en detrimento del equilibrio entre ciudad y campo, como señala el profesor Oriol Nel.lo: “La dispersión de la urbanización sobre el territorio ha venido a borrar de manera irreversible el límite físico de la urbe”. Pese a ese desmesurado crecimiento, hacen falta viviendas. ¿Contradicción o despropósito?

Ante el problema del acceso, que es el más evidente, nos encontramos con una progresiva degradación de los centros históricos, pues salvo contadas excepciones estos se desocupan, con una doble consecuencia: se pierden los elementos identitarios de nuestros pueblos y ciudades, se generan diferencias sociales y espacios marginales.
Las prisas políticas, en este momento, se centran en construir todavía más, edificar más y más viviendas, pero esta vez “sociales”, en facilitar recursos económicos o prestamos, y en facilitar el alquiler. No hay que insistir mucho para evidenciar cómo el PP, que ha venido a ser el representante de los poderes inmobiliarios, ahora intenta subirse al carro.

Como ya he indicado hay una novedad legislativa que con su aplicación puede contribuir a frenar el proceso urbanizador y mejorar parcialmente la situación. Estoy aludiendo a la nueva ley del suelo y algunos de sus principales avances. Tengamos presente, sin embargo, que esta norma estatal convivirá con los modelos urbanísticos autonómicos, como es el caso del mio, el valenciano, el cual creó la figura del agente urbanizador, tan criticada o cuestionada por los abusos que a su amparo se han cometido y que ha merecido la reprobación de las instituciones europeas.
En esta situación, vale la pena indicar como tenemos desde hace tiempo mucho legislado que de bien poco ha servido, pues los ayuntamientos han optado mayoritariamente por propiciar la construcción, sea la urbana o la de segundas residencias, otra paradoja esta última de la situación presente. Como muestra de ello, tenemos el instrumento creado por la legislación del suelo, y desarrollado en leyes autonómicas, que permitiría sacar al mercado las viviendas desocupadas por incumplimiento del deber de conservación: el registro de edificación y  rehabilitación forzosa, el cual casi no se ha utilizado.

Por otra parte, la nueva ley del suelo de 2007 puede contribuir a frenar la expansión excesiva al exigir criterios de sostenibilidad y de recursos hídricos. La cuota de viviendas sociales del 30% podría incluir, también, la rehabilitación de lo desocupado. Las ayudas o prestamos son una parte; ahora bien, centrar el problema en la simple ampliación  del número de viviendas sociales nuevas, sin limitar la expansión urbana, seria a mi juicio una simplificación errónea.
Cuando la nueva ley opta, certeramente, por “un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente”, como reza su exposición de motivos, sería una contradicción eso de más viviendas, más nuevas construcciones sociales. Hay cosas compatibles, la sostenibilidad, la recuperación de nuestros núcleos urbanos históricos, nuestros paisajes y a la vez ampliar la oferta de viviendas.
A la  hora pues de considerar el tema hay que evitar la salida fácil, la demagógica, la cual por otra parte se suele olvidar pasadas las elecciones.