El idioma, como la historia, como el ser
humano y como la vida misma, es un “ente vivo” que se transforma según
el uso que de él se hace en el transurrir del tiempo, y según
la impronta social de su significado. Tal es el caso de la palabra “concordato”,
término del lenguaje común cuya principal acepción, en
los últimos tiempos, ha sufrido un trasvase semántico hacia
las competencias de un lenguaje especializado. Desde hace años, hablar
de “concordato” en España presupone hablar del Concordato Iglesia-Estado.
Pocos somos ya los que empleamos este término concreto aludiendo a
su significado genérico original.
Sin embargo, inexplicablemente, buena parte de la población
ignora la existencia de este Concordato o Acuerdo entre el poder público
español y la Iglesia Católica. Este acuerdo se firmó
en 1.953 entre Franco y la jerarquía eclesiástica, asegurando
tácitamente por escrito los privilegios (que eran todos) de la santa
Institución en el régimen franquista; posteriormente, en 1.976,
ante las transformaciones acaecidas tras el cambio de régimen político,
se volvió a firmar un acuerdo entre el Estado Español y la
Santa Sede que modificaba apenas el acuerdo anterior.
Para documentar mínimamente al posible lector profano en la
materia, es conveniente recordar que el mencionado Concordato dota a la Institución
Católica de unos privilegios más que considerables a cargo del
erario público español, privilegios que no tienen parangón
en ningún país de nuestro entorno democrático. Resumiendo
mucho, en base al Concordato, la Iglesia Católica en España
goza de unos enormes ingresos económicos a cargo del Estado, unos
anacrónicos privilegios en el sistema educativo, además de
unos derechos a nivel político, jurídico y social que no le
corresponden según la supuesta aconfesionalidad del Estado Español.
A partir del posicionamiento político de la Iglesia en los últimos
tiempos contra el gobierno, y de su injerencia intolerable en las cuestiones
sociales y políticas, somos muchos los españoles que nos cuestionamos
la conveniencia de seguir financiando con los impuestos de todos una institución
que ha caído con evidencia en posturas antidemocráticas y que
se ha erigido, más que en un espacio para la espiritualidad, en un
espacio para la confrontación y la crispación social y política,
y, en consecuencia, en un claro peligro para la convivencia pacífica
y democrática de los españoles.
Son ya muchas las voces que, desde diversos ámbitos, reclaman la
derogación o, al menos, la revisión, del polémico y
anacrónico concordato para dar cumplimiento real al derecho a la libertad
de conciencia garantizada por la Constitución. El nuevo gobierno tendrá
que plantearse esta cuestión que, a estas alturas, ya rebasa la competencia
política y se está convirtiendo en una cuestión social
que hay que revisar sin demora. No será fácil esta asignatura
para el nuevo gobierno, pero me temo que será impostergable y estará
en el punto de mira de amplios sectores sociales.
España ha cambiado mucho, se ha transformado de acuerdo a la evolución
democrática de la sociedad. El laicismo es, precisamente, uno de esos
valores que avalan la consolidación de la democracia en base al respeto
a la libertad de conciencia de todos los ciudadanos. La tradición religiosa
o cultural nunca debe de ser óbice para la transgresión de
las libertades básicas, y el ámbito de las creencias espirituales
debe replegarse al terreno de lo estrictamente privado y personal.
A la gran mayoría de los españoles demócratas del siglo
XXI, ya no nos asusta ni el infierno, ni el supuesto castigo divino, ni el
fuego eterno. Nos asusta la intolerancia, las guerras, la insolidaridad, la
mentira, la manipulación soterrada, los fanatismos políticos
o religiosos, el poder neoconservador en el que prima el valor del dinero
sobre el de las personas, la impotencia de observar que parte importante del
planeta soporta altas dosis de miseria y de injusticia; nos asusta la irracionalidad,
las dictaduras, las teocracias, el poder en manos de tiranos indecentes,
el desprecio a los derechos humanos,...y nos asusta, quizás especialmente,
cualquier ideario que contemple la represión de la libertad como derecho
intrínseco del ser humano.