La debacle sufrida por Izquierda Unida en las últimas elecciones ha vuelto a sacar a relucir el debate sobre la ley electoral. Aunque los resultados obtenidos por IU, que lamento por injustos y haberse producido precisamente en una de sus étapas de mayor lucidez política, no son achacables sólo a la ley electoral, la ley electoral es totalmente injusta y debe ser cambiada para que cada persona pueda votar lo prefiera sin la sensación de que no sirve para nada.
Cambiarla: ¿para qué? Cambiarla: ¿cómo?

Para qué cambiar la ley electoral

Antes de proponer fórmulas técnicas, es preciso definir qué se quiere obtener con el cambio.
Si se quiere que el partido que gobierne pueda hacerlo sin necesidad de pactos con otras formaciones políticas y tenga manos libres para su acción, el cambio debería ser hacia un sistema aún más mayoritario, tipo el británico o el francés.
Si se quiere obtener un sistema en el que todos los votos tengan el mismo valor, con igual influencia sobre la composición del Congreso de diputados, el cambio debe buscar mayor proporcionalidad entre votos y escaños. Esa es mi opción.

Algunas voces parecen querer las dos cosas, lo que es imposible. De forma interesada, se ha usado el injusto número de escaños de Izquierda Unida -incluso por personas más bien hostiles a IU- o de UPyD… afirmando que el sistema electoral favorece a las fuerzas nacionalistas o regionalistas en detrimento de las fuerzas implantadas en toda España. En un principio pensé en ignorancia, pero ya hay información más que suficiente para poder afirmar que quien insista lo hace en aras de un proyecto que pretende marginar de la vida política española a fuerzas como PNV, CiU, BNG, etc.
La situación real es la siguiente: el sistema electoral favorece mucho al PP y al PSOE, perjudica mucho a fuerzas como IU o UPyD, y, finalmente, afecta relativamente poco a las fuerzas de ámbito territorial delimitado, ya que suelen obtener un porcentaje de escaños similar al porcentaje de votos, perjudicados unas veces, beneficiados otras. Acusar de trato de favor hacia el PNV o ERC, en vez de señalar que los beneficiados por la ley electoral son los grandes partidos de implantación estatal (PSOE y PP), es tan absurdo como si, tras que A diese una paliza a C, en vez de denunciar la brutalidad de A se acusase a B por no haber sido víctima de la agresión. Eso sólo tiene una explicación: se quiere que a partir de ese momento las palizas las reciba B.
Por tanto, ir hacia un sistema más proporcional, como debería hacerse, debilitaría la representación de PSOE y PP y les haría más dependientes de su capacidad de negociar acuerdos con otras fuerzas políticas, ya de ámbito estatal, como IU o UPyD, ya de ámbito territorial como PNV, CiU, BNG, ERC, etc.

Yo estoy por eso. Creo que con un 40% no se debe gobernar. Creo que las mayorías parlamentarias, estables o de coyuntura, deben sumar al menos un 51% de apoyo social. Y si para eso hay que negociar, ceder, modificar proyectos, habrá que hacerlo, aunque en algún caso nos moleste. No es que yo sea especial partidario de que no haya mayorías absolutas, pues si prefiero una candidatura a las demás también prefiero que saque un 60% a un 49%, pero por encima de mi preferencia política se encuentra la democracia, el principio "una persona, un voto", que no se cumple por el hecho de que cada persona eche una sola papeleta a una urna, sino porque cada papeleta influya de la misma manera. El que el voto de una persona de Soria tenga más influencia en el resultado que el voto de una persona de Barcelona es una aberración comparable a que el voto de un abogado o una metalúrgica tuviese más peso que el voto de una arquitecta o un enfermero, el de una persona alta más que el de una persona baja, etc.

Por tanto, sí, hay que ir hacia un sistema más proporcional. Asumiendo las consecuencias de ello, claro. Más proporcionalidad implica más necesidad de coaliciones, de acuerdos, de pactos… Y debe ser proporcionalidad para todas las fuerzas políticas, no un retorcido sistema para laminar a CiU o al PNV.

Cómo cambiar la ley electoral

Como ejercicio de propaganda y pedagogía política, es muy legítimo exponer qué sistema se considera el mejor posible. Por ejemplo, a mí me gustaría alguna de las fórmulas que mejor harían coincidir el procentaje de votos en toda España con el porcentaje de escaños obtenidos. No voy a entrar en ello, sin embargo, porque la modificación de la ley electoral es una urgencia política.
Si queremos que la ley pueda cambiar durante esta legislatura, tiene que ser con fórmulas que encajen en lo definido por la Constitución, ya que no hay ninguna posibilidad política, dado el actual peso parlamentario del PP, de que la Constitución pueda cambiarse en este aspecto durante la legislatura 2008-2012. Eso excluye, en lo inmediato, fórmulas, como una lista de ámbito estatal para asignar 50 escaños adicionales. Cincuenta escaños más lo permite la Constitución, pero no permite una circunscripción supraprovincial. Es lamentable, pero es así.

Por tanto, busquemos la mejor propuesta posible, dentro del marco constitucional, hasta que éste pueda ser modificado.

¿Qué limites impone la Constitución al sistema electoral?
- El número de escaños del Congreso debe estar entre 300 y 400
- La circunscripción electoral es la provincia, en la que la elección se realizará atendiendo a criterios de representación proporcional.
- Ceuta y Melilla tienen un escaño cada una. La ley electoral asignará una representación mínima inicial a cada provincia y el resto de los escaños se repartirán entre todas las provincias en proporción a la población.

¿Por qué este sistema provoca una desviación muy significativa entre escaños y votos obtenidos? ¿Por qué Izquierda Unida, en vez de los 13 escaños que corresponderían a su 3,8%, sólo ha obtenido 2? ¿Por qué UPyD sólo 1 en vez de los cuatro que le tocarían? ¿Por qué PP y PSOE tienen entre 12 y 15 más de los que les corespondería?
Hay un factor muy citado: la regla d'Hont. Efectivamente, influye en la desproporcionalidad entre votos y escaños… pero no es elemento decisivo. De todas formas, es una de las disposiciones de la ley electoral que puede ser cambiada sin chocar con la Constitución… y debe serlo.
La regla d'Hont es la fórmula con la que la Ley electoral pretende acogerse al mandado constitucional de atenerse, en cada circunscripción, a criterios de representación proporcional. Atribuye a cada persona candidata un número de votos igual al número de votos de la candidatura de la que forma parte dividido por el puesto ocupado por esa persona. Por ejemplo, si una candidatura saca 36.000 votos, a las seis personas que encabezan la lista se les atribuyen, respectivamente, 36.000, 18.000, 12.000, 9.000, 7.200 y 6.000 votos.
En realidad, esta regla es seudoproporcional y representa una interpetración abusiva de lo que dice la Constitución, ya que sería perfectamente posible utilizar una regla realmente proporcional, con los redondeos necesarios, claro está, debidos a la imposibilidad de que una candidatura saque 2,6 o 3,8 escaños. A mayor tamaño de las candidaturas, menor es la distorsión causada por esta regla, pero, en todo caso, puede provocar desviaciones adicionales de escaños en detrimento de las candidaturas minoritarias.
Pongamos un breve ejemplo, estructuralmente similar -no idéntico- a Sevilla. Pongamos que las candidaturas A, B y C obtienen el 58%, 32% y 6% de los votos, y que el resto de las candidaturas se llevan el 4%. Pongamos que esa provincia tiene 12 escaños. Un reparto proporcional daría 6,96, 3,84, 0,72 y un cajón de sastre a repartirse 0,48. Con los redondeos necesarios según mayor resto, el resultado final serían 7, 4 y 1 escaños para A, B y C. Pero con la regla d'Hont habría nueve personas en la lista A y 5 en la lista B por encima de la cabeza de lista de C, que quedaría así relegada al puesto 15, lejos de las 12 primeras posiciones. C, por ejemplo IU, acaba de ver como d'Hont le escamotea un escaño.
Ahora bien, la influencia de la regla d'Hont en la desproporcionalidad entre escaños y votos es bastante menor a la que causa la distribución de escaños por provincias, aunque no es insignificante.
La causa principal reside en lo que ocurre en las provincias pequeñas, que, relativamente hablando, son casi todas. En 39 de las 52 circunscripciones sólo han obtenido representación dos (una en Ceuta y Melilla) candidaturas (siempre PSOE y PP). Por tanto, en el 75% de las circunscripciones todos los votos obtenidos por las candidaturas que ocupan el tercer puesto son absolutamente inútiles, tanto daría que no hubiesen votado quienes las apoyaban.
La influencia de esto es muy notable. Si, por un lado, el número de escaños asignados a una provincia "pequeña" es insuficiente para que en el reparto le pueda tocar algo a quienes ocupan el tercer puesto, ese número de escaños es excesivo en relación a su peso poblacional en toda España, ya que cada provincia parte de un mínimo de dos escaños, repartiéndose proporcionalmente el resto, lo que implica una distorsión favorable a las provincias menos pobladas. Por lo tanto, en todas esas circunscripciones, y ya hemos visto que son una amplia mayoría, el voto a opciones minoritarias no vale nada, mientras que el voto recibido por las dos mayoritarias tiene una influencia excesiva en el resultado general, devaluando la representación de las provincias grandes, que, precisamente, son las únicas en los que la distribución se acerca a la proporcionalidad dando oportunidades a las "terceras" o "cuartas" opciones.
Para resumirlo con unos ejemplos. En Lugo, casi un 15% de los votos no valieron para nada, pero el otro 85% está sobrerepresentado en el Congreso (89.000 habitantes por escaño); en Barcelona, sólo un 4% de los votos se quedaron sin representación, pero el 96% que la tiene está infrarepresentado (172.000 habitantes por escaño) en el Congreso.

Así pues, tres factores se suman para desvalorizar los votos dirigidos a fuerzas políticas significativas pero minoritarias en las provincias en que se presentan:
- En las provincias pequeñas, los votos que reciben no valen para nada
- En las provincias en las que más probable es que obtengan representación, las más o menos grandes, toda la representación de esa provincia está infravalorada, lo que les afecta de forma especial, ya que no pueden compensar ese efecto con sus resultados en las pequeñas, como hacen sobradamente las fuerzas mayoritarias.
- La regla d´Hont puede hacerles perder escaños en aquellos lugares, medianos o grandes, en los que un reparto proporcional les colocaría en posición de obtención de escaño. Por ejemplo, sin contar los votos procedentes de la emigración, pues es una información de la que no dispongo en este momento, en Madrid la regla d'Hont asignó 18, 15, 1 y 1 escaños a PP, PSM, IU y UPyD, cuando un reparto estrictamente proporcional entre todas las candidaturas presentadas les habría asignado 17, 14, 2 y 2, con ganancia de IU y UPyD.

¿Cómo mejorar la proporcionalidad? Podría pensarse que, dado que los pocos escaños de las provincias pequeñas impiden que en ellas obtengan representación las "terceras fuerzas", la solución sería aumentar los escaños de esas provincias, pero eso tendría un efecto contrario al deseado, salvo que fuésemos a un Parlamento monstruo, inoperante y… anticonstitucional, ya que el número máximo de escaños del Congreso es 400, sólo 50 más que los hoy establecidos por la Ley electoral. Por el contrario, lo que hay que hacer es acercarse más a una proporcionalidad real entre escaños y población de cada provincia, disminuyendo la excesiva influencia que hoy tienen las provincias menos pobladas. Eso no es una "maniobra" que sacrificaría a ciertas provincias para forzar la proporcionalidad, sino que sería un acto de justicia en el camino de que cada persona tenga un voto igual al de cualquier otra, ya que las provincias pequeñas están sobrerepresentadas con el actual sistema.

¿Cómo lograr que la distribución de escaños por provincia se ajuste más a su peso en la población total? Teniendo en cuenta que cada provincia cuenta con un mínimo inicial de escaños (actualmente 2), por lo que 102 escaños ya están asignados y quedan 248 a distribuir según población, caben dos vías: disminuir el número de escaños mínimos de partida (a 1, claro está, pues dejarlo en 0 sería anticonstitucional) o aumentar el total de escaños del Congreso hasta 400. Puede hacerse una sola de esas cosas o ambas:
- Mantener 350 escaños pero disminuir el mínimo fijo a 1. En ese caso habría 52 escaños ya asignados y 298 a repartir según población. Barcelona pasaría de 31 a 36 escaños, Madrid de 35 a 41, Álava de 4 a 3 y Segovia de 3 a 2.
- Pasar a 400 escaños, manteniendo el mínimo de 2. En ese caso habría 102 escaños ya asignados y 298 a distribuir según población. Barcelona pasaría a 37 escaños, Madrid a 42, Álava a 4 y Segovia a 3.
- Pasar a 400 escaños y establecer el mínimo fijo a 1 escaño por provincia. En ese caso habría 52 escaños ya asignados y 348 a distribuir según población. Barcelona pasaría a 42 escaños, Madrid a 48, Álava a 3 y Segovia a 2.

En resumen, todo parece indicar que, dentro de la Constitución, el cambio posible de la Ley electoral para acercarse a la máxima proporcionalidad permitida sería el siguiente:
a) Elevar el número de escaños a 400 (me parece un número excesivo, pero por el momento no parece haber otra vía para paliar las injusticias de la ley electoral).
b) Cada circunscripción tendrá un escaño asegurado, más los que corresponan por el reparto según población de los 348 restantes.
c) Sustituir la regla d'Hont por un sistema de distribución directamente proporcional en cada circunscripción, con los ajustes precisos para el redondeo de decimales.

Aunque he manejado datos provisionales y no he estudiado todas las circunscripciones, creo que este sistema, con los resultados de 2008, habría dado a IU 11-12 escaños, por debajo de los 15 que le corresponderían en un parlamento de 400 con su 3,8%, pero mucho más que los dos que ha obtenido con la ley vigente sobre los 13 que le habrían correspondido en este Congreso de 350.

¿Habría soluciones mejores? Sí, pero creo que no caben en la Constitución. Lograr en esta legislatura el cambio posible será la mejor manera de ir convenciendo de que hay que ir a un sistema realmente proporcional y modificar la Constitución. Por descontado, si hay propuestas mejores y constitucionales, inmediatamente me sumaré a ellas.
Proporcionalidad, sí. Sabiendo, claro está, que eso implica que para gobernar harán falta más negociaciones y más acuerdos.  Aunque para mí eso no es lo importante, sino la proporcionalidad en sí misma. Libres e iguales, sí. Así que también votos iguales.