Aunque en nuestro país carecemos de estadísticas institucionales para realizar estimaciones oficiales  sobre sucesos de racismo, xenofobia y otras expresiones de intolerancia,  basta leer los periódicos o navegar por Internet para comprobar las numerosas señales de fanatismo y la extensión de los numerosos incidentes por prejuicios y odio al diferente. Estos hechos se confirman cuando personas afectadas de colectivos vulnerables como sucede con  inmigrantes, indigentes, homosexuales, gitanos, musulmanes y otros colectivos culturales, sociales e ideológicos, testimonian con su dolor las agresiones recibidas desde la intolerancia mas extrema, por una criminalidad arrogante que se sabe trivialmente perseguida por nuestro Estado de Derecho.
En efecto, durante los últimos seis meses se han prodigado las movilizaciones xenófobas en distintas ciudades españolas, explotando los prejuicios de un tratamiento incorrecto de la inmigración en medios de comunicación y las expresiones poco éticas de referentes políticos;  hemos comprobado como grupos ilegales continúan realizando conciertos de música racista con  permisividad institucional vergonzante;  vemos ondear banderas neonazis en los fondos ultras de los campos de fútbol sin que nadie mande retirarlas, además de incidentes notorios y graves dentro y fuera de los estadios de fútbol; observamos su propaganda ilícita y su arrogancia en Internet, en numerosas webs y foros que gozan de impunidad, y mas grave aún, se han producido centenares de agresiones a personas y entidades con numerosos heridos, incluso asesinatos como el de Carlos Javier Palomino y lesiones  irreversibles como la que dejó  tetraplejico a Miwa Buene; en definitiva, vivimos un serio rebrote de acciones neofascistas en España, muy significativo en Valencia, Madrid y Cataluña, que se caracteriza, a diferencia de la década de los 90, por una fuerte y visible componente de agitación y una dinámica de violencia mas clandestina, no reivindicada.

Sin embargo, siendo todo inquietante, nos debe de empezar a preocupar  la contaminación social, política e institucional que está produciendo el discurso xenófobo, cuyos mensajes estigmatizan y convierten en presuntos delincuentes al conjunto de inmigrantes, satanizan la diversidad religiosa y privan a las personas de colectivos diferenciados de la igualdad de trato,   y todo ello sin defensa, porque no tienen derecho al sufragio, ni acceso a los medios de comunicación. Se extiende un discurso, un lenguaje político y mediático, éticamente muy incorrecto, plagado de tópicos e inexactitudes que no solo daña a las minorías, nos daña a todos porque pone en peligro la convivencia social, el proceso de construcción intercultural de la democracia y el desarrollo de los valores de solidaridad, tolerancia y derechos humanos.

Pero no son solamente las instituciones quienes yerran, también el propio tejido social que desde la responsabilidad que tiene en el deber cívico de proteger los derechos humanos, adopta posiciones de indiferencia ante hechos que no solo debería reprobar, lo que debería es denunciar. Resulta mas preocupante cuando esas conductas de intolerancia y hostilidad a la diversidad  penetran o se acercan al ámbito escolar, hecho difícil de evitar en tanto que la escuela vive en ósmosis con el resto de la sociedad y si estas acciones están presentes en la calle, por lógica acabaran proyectándose en el interior de los centros educativos. Sin embargo percibimos que no se genera la reacción legal, democrática, pertinente para protegerse frente manifestaciones de xenofobia e intolerancia, entendiendo que la violencia o la incitación al odio, como los grupos que lo promueven, son ilícitos en la escuela, en la calle y en las gradas del fútbol.

No obstante, aunque hemos avanzado normativamente con la Ley contra la violencia, el racismo y la intolerancia en el deporte y con los decretos de trasposición de la Directiva Europea y Consejo de Igualdad de Trato, la actuación institucional sigue siendo insuficiente. Incluso  al objeto de hacer cumplir la legislación penal al respecto, se hecha en falta la existencia de una Fiscalía Especial para perseguir de oficio los crímenes de odio y delitos de intolerancia, que hoy por hoy gozan de cierta impunidad latente; resulta no menos necesario una Ley  de Igualdad de Trato contra la Discriminación  y un Plan Integral  que proteja los derechos de personas y colectivos afectados, también por violencia y otros tratos degradantes de intolerancia, reforzando su dignidad y respeto. Esta Ley debería otorgar la residencia permanente a aquellos inmigrantes que hayan sido víctimas de una agresión xenófoba, como mensaje inequívoco de solidaridad y amparo social frente a quienes practican esta intolerancia.

En consecuencia, para que no siga ganando terreno la intolerancia,  ni encuentre abono el fanatismo, evitemos con todos los instrumentos normativos a nuestro alcance, así como con la imprescindible educación en valores cívicos y de derechos humanos, que el pensamiento y la calculada agitación de odio se instale en cualquier espacio social, especialmente en cualquier rincón de un centro educativo. No olvidemos nunca que el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, la homofobia y otras manifestaciones de intolerancia no solo son inmorales, sino que además, son ilegales. La Educación y la Justicia tienen la palabra.