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consejo editorial de Trasversales

Urgencias vitales: aborto libre y eutanasia

Revista Trasversales número 10, primavera 2008




Ya hay nuevo Gobierno y celebramos que no lo presida Rajoy. Ahora, toca que atienda sus obligaciones, entre ellas las que quedaron pendientes de la anterior legislatura. Ninguna más urgente que la modificación de la legislación sobre aborto.

Están en los juzgados miles de expedientes de mujeres. La Guardia Civil visitó a algunas de ellas y muchas ya han prestado declaración. Centros autorizados, como Isadora, y su personal sufren agresiones, actuaciones  judiciales e investigaciones injustificadas, cierres "preventivos" y provocaciones como la obligación de retirar restos fetales ¡en coches fúnebres! que Esperanza Aguirre ha impuesto a la clínicas madrileñas.

Quienes promueven esta campaña persiguen la involución de la mentalidad social, boicotear la restrictiva normativa actual, impedir la aprobación de una legislación más avanzada y crear condiciones para hacerla más regresiva en el futuro. No son provida, sino antielección, al igual que los enemigos de la regulación de la eutanasia.
Su estrategia tiene dos facetas:
- Manipular conciencias, presentando el aborto como infanticidio. Para ello, agitan el siniestro fantasma de un presunto niño de siete meses triturado.
- Acumular denuncias contra mujeres, centros y personal sanitario, para, como mínimo, amedrentarles.
Un feto no es un niño. Nadie ha visto las trituradoras que, según Ana Botella, "todos" hemos visto. Un 90% de los abortos se hacen en las 12 primeras semanas. Menos del 2% se hace tras la semana 21, pese a que el 98% de los abortos carecen de plazo por tener como causa graves riesgos para la salud de la mujer embarazada. Así que los abortos a los siete meses de gestación son poquísimos, legales y siempre en condiciones de grave riesgo. Pero esta gente no atenderá a razones, pues los abortos de "30 semanas" y las trituradoras son para la agitación callejera, mientras que jurídicamente se dedican a rebuscar o inventarse irregularidades administrativas en abortos de 10, 14 ó 20 semanas para criminalizarlos. Esta estrategia despiadada no pretende "salvar niños" sino imponer a las mujeres que lleven su embarazo hasta el final, ¡incluso si pueden morir o destrozarse psíquicamente! Así no evitarán los abortos, pero podrían hacernos retornar a los abortos clandestinos o “a Londres”.

Lamentablemente, es una estrategia eficaz para sus turbios propósitos. Y lo es porque la normativa vigente les da cobertura ideológica y jurídica. El Código Penal niega el derecho a decidir de las mujeres. Una mujer con un embarazo no deseado y que, por esa sencilla y suficiente razón, decida abortar es considerada delincuente digna de hasta un año de cárcel.
La consideración del aborto voluntario como delito, salvo en tres supuestos excepcionales, emite un mensaje antielección light y desplaza la confrontación desde su foco principal, el derecho a decidir, hacia un aspecto marginal, las excepciones, instaurando un régimen de inseguridad jurídica que hace de cada mujer que aborta y del personal sanitario "presuntos culpables" expuestos a la denuncia de cualquier fanático.

Poner fin a esta cacería de mujeres y de profesionales de la salud, así como dar pleno reconocimiento a los derechos reproductivos de las mujeres, requiere con urgencia una nueva regulación:
- que saque el aborto voluntario del código penal, reconociendo a las mujeres el derecho a decidir sobre su maternidad;
- que no deje fuera de la ley nada que ahora esté permitido;
- que garantice el derecho a abortar gratuitamente, en el sistema público y en todos los territorios.


Esta legislatura, más aún, los inicios de esta legislatura deben traer, por fin, la despenalización del aborto voluntario. En esto no cabe más "plazo de gracia" al Gobierno y al Parlamento. Sepa Zapatero, la ministra de Igualdad y los ministros de Justicia y Sanidad que esto es casus belli para muchas de las personas que hemos evaluado positivamente la anterior legislatura, pese a su decaimiento final.

Igualmente, es impostergable abrir ya la reflexión política sobre la eutanasia para proceder a su regulación antes de 2012. La situación es similar. La Conferencia Episcopal ha lanzado andanadas ideológicas contra la eutanasia que no existe y las administraciones regionales gobernadas por el PP han hecho la guerra a los cuidados paliativos que sí existían. En Madrid, hoy se muere con más dolor por culpa de decisiones políticas.

La dignidad no reside en morir con o sin dolor, sino en nuestro derecho a decidir, en la medida de lo posible, sobre su momento y sus circunstancias, el dolor entre ellas. Quien muere con dolor no es indigno, pero atacan nuestra dignidad si nos niegan la capacidad de autogobernar nuestra vida en tan trágica ocasión. Nadie puede interferir en ello; por el contrario, las instituciones públicas deben poner los medios para el libre ejercicio de la autonomía personal. El suicidio asistido y la eutanasia consentida, reclamada llegado el momento o por previo testamento vital, debe ser regulada y los servicios paliativos generalizados y protegidos. A nadie obligará, a todos protegerá.

¿Por qué en España el aborto voluntario y la eutanasia consentida son delito, aunque la izquierda ha gobernado durante 1983-1996 y 2004-2008? ¿Tal vez por qué son "pecado"? ¿Tal vez por falta de coraje en una parte de la izquierda para hacer frente a la barbarie clericalista? ¿Tal vez, también, porque en esa izquierda sigue activo el virus patriarcal y el virus de una ideología político-religiosa antihedonista que hace apología del dolor, del sufrimiento, del sometimiento y de la renuncia a la autonomía personal y colectiva? La nueva transformación que España requiere hace esencial la emergencia de un impulso ciudadano laicista capaz de presionar sobre “los políticos”.
 

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