Una sensación de placidez se ha instalado en la vida política después del ¡¡Uff!!! Desde el 9 de marzo se puede mirar hacia delante e incluso la luz del ambiente es más grata.
Frente a la arenga catastrofista y destructiva de todo del Partido Popular (PP) y la derecha corporativa reaccionaria (conglomerado formado por la Conferencia Episcopal, las sectas ocultas -Opus, legionarios-, jueces reaccionarios, creadores de odio mediático), la amplia mayoría del país ha optado de forma clara por la continuidad del cambio, el entendimiento y la profundización democrática.

Uno de los espectáculos que esperábamos desde hace más de diez años se está produciendo: la pelea interna en la derechota. Llega el momento del paso de facturas y de recoger las tempestades que generaron con los vientos de la anterior legislatura. Hasta el poder económico, tan proclive en nuestro país al apoyo explícito a la derecha, toma distancias ante la insolvencia de la conducción política conservadora y las “figuras” tipo Pizarro. Es evidente que uno de los rasgos del próximo periodo es el del reacomodo político de la derecha. Enterrado el 11-M (a pesar de la tenacidad patética de Pedro J. y sus acólitos), con el tema de ETA mellado ante los éxitos policiales y el exitazo político del PSE, con la cantinela manida del España se rompe (que les ha dado tan espléndido resultado en Cataluña), el PP encabezará su política de oposición (que no dejará de ser altisonante) con tres temas claves: la crisis económica, es decir, el precio del vaso de leche y las hipotecas; la inmigración como causa del desempleo, la inseguridad ciudadana y la carencia de servicios sociales; y recuperará más puntualmente la entrega a los nacionalismos y las concesiones a ETA, aunque esa cantinela esté ya enormemente debilitada. Junto a ello cualquier avance en la laicidad de la sociedad o los derechos de la mujer será contestada agitativamente a medias con los obispos. Esa es su hoja de ruta centrada sobre todo en los dos primeros temas planteados: crisis económica e inmigración.

El PSOE busca (con apoyo y demanda social para ello) una legislatura tranquila, con mayor paz política no sólo con el PP (lo que no depende sólo de ZP) sino también con las tensiones nacionalistas. Esta búsqueda de calma, en una coyuntura económica mucho más desfavorable que la anterior, puede conducir a un periodo de menor empuje reformista. Por varias razones. La primera, porque una parte del impulso ya se produjo y lo que hay que hacer ahora es consolidar y hacer que lleguen a los ciudadanos los beneficios de los cambios, lo cual no está garantizado; la segunda, porque la nueva oleada de reformas necesarias (aborto, laicidad, relaciones con la Iglesia, apuesta por la educación pública, ajuste de las competencias territoriales)  no está contemplada en la propuesta electoral, y, en tercer lugar, porque no hay una demanda social estructurada y potente y cada uno de esos temas es fuente de un frente de batalla durísimo con el PP y los obispos, que se aferrarán a ellos para desgastar al Gobierno e intentar liquidar la perspectiva de un tercer mandato Zapatero.
Zapatero y el Gobierno tienen por delante una legislatura donde, a pesar de la peor situación económica, tienen el enorme reto de movilizar al país que quiere que el cambio avance. Las incógnitas en el PP son muchas, pero posiblemente no muestre una cara tan retrógrada capaz de movilizar automáticamente al electorado progresista. El primero que tiene que implicarse con el cambio es el Gobierno, el mayor error sería un gobierno de gestión de la crisis y de bajo perfil, ello provocaría un proceso de desafección del apoyo recibido el 9-M y en el que los problemas lógicos del proceso de gobierno serían un elemento de desgaste permanente si no hay un proyecto político que convoque a la sociedad.

El riesgo político de un gobierno de bajo perfil y sin impulso reformador es alto, pues la derecha y la Iglesia habrán logrado eliminar de la agenda temas vitales de derechos sociales: aborto, aplicación de ley de igualdad, eutanasia; se mantendrá una gestión inadecuada de bienes públicos decisivos como la educación, la sanidad y el medio ambiente y no se avanzará en la modernización de un Estado moderno, descentralizado y laico.

Una legislatura sin euforia económica

La situación económica ha empeorado, aunque sea cierto que España está en mejores condiciones de abordar la coyuntura, pero para ello hace falta un impulso donde  algunos de los resortes escapan al Gobierno, como sería la medida, central en la percepción social, de rebajar los tipos de interés, y por ende del precio del endeudamiento hipotecario. Junto a ello hay algunas propuestas que deben orientar hacia la reactivación: obra pública, impulso decidido de las políticas sociales a través de la Ley de Dependencia y otras, trabajo de calidad, vuelta a un mayor énfasis en las políticas activas de empleo, un enfoque de género en el mercado laboral y un marco general de incremento de la productividad a través del I+D+i y de sustitución de los sectores ejes de la economía española (donde los indicadores son positivos pero de una maduración más lenta que las necesidades inmediatas).
En este marco la política fiscal debe ser un elemento activador pero en un sentido diferente al que tomó el PSOE en campaña electoral mediante la política de los “cheques regalo”, que han podido tener un efecto electoral levemente positivo pero que no generan un ciclo estable de dinamización de las economías domésticas y de la economía en general. El primer elemento por el que se va a valorar al Gobierno es por su respuesta en este campo, y esto pasa no sólo por el carácter de las medidas que permitan una dinámica positiva de la economía desde el punto de vista macroeconómico, sino también por incidir en la sensación de los ciudadanos, y en este sentido hay que hablar claro y contraponerse al catastrofismo del PP (“cuanto peor mejor”) mediante políticas y no en el enroque de que las cosas van bien o menos mal de lo que dicen los otros.
El estallido de la “burbuja inmobiliaria” era algo anunciado y fuente fundamental de los desequililbrios internos de nuestra economía. Ésta tenía y tiene un grave problema generado por el PP, cuyo origen está en decisiones político-económicas del Gobierno Aznar (avaladas por sus socios de entonces, CiU y PNV): junto a las privatizaciones de las empresas públicas y el “regalo” a “sus amigos empresarios”, los Vilallonga, Cortina, Francisco González y su fichaje estrella Pizarro, la otra gran medida económica inmediata fue el vuelco incontrolado hacia la burbuja inmobiliaria y la cimentación del territorio a través de la Ley del Suelo de Rato que entregaba casi todo el territorio a los promotores inmobiliarios. Esta Ley, junto a la falta de un política adecuada de financiación de los municipios, han sido el foco fundamental de la destrucción del medio ambiente, los entornos vitales y la generación de un sistema de corrupción que ha pervertido la relación de los ciudadanos con la política en muchos territorios.
Ante ello. el Gobierno socialista ha sido timorato en la aplicación de un nuevo modelo, aunque dio pasitos en una dirección positiva de cambio: a) incremento en la inversión en I+D+i  (aunque tanto la inversión pública como sobre todo la privada en este ámbito es menor que en los países más avanzados de nuestro entorno); b) una nueva Ley del Suelo, que se realiza al final de la legislatura cuando ya el sector había iniciado la desaceleración; c) una nueva Ley de Gobierno de los Municipios que no llega a nacer por la resistencia de los poderes autonómicos socialistas. La verdadera apuesta por una economía innovadora con alto valor añadido, con capacidad de crear empleo estable y de calidad se tiene que dar ahora, en un momento de desaceleración, incremento de precios, bajada de la creación de empleo y desequilibrio de la balanza comercial.

Objetivos políticos de la legislatura

El objetivo global de la legislatura es ampliar la base social que apuesta por un proyecto de cambio, de ampliación de derechos, de reequilibrio social y de bienestar. En términos políticos territoriales significa consolidar el cambio en los territorios y sectores donde ya el 9-M se produjo una clara mayoría de progreso (Catalunya, Euskadi, Galicia, Aragón y Extremadura), avanzar seriamente allá donde el PP ha logrado una clara victoria electoral, ideológica y material frente a las izquierdas (Madrid, Valencia y Murcia) y recuperar donde la tendencia de avance del PP es más profunda que las mayorías socialistas (Andalucía, Castilla La Mancha). Como referencias electorales de aquí a 2012 tendremos las elecciones vascas, las gallegas, las europeas y las autonómicas y municipales.
Frente a la tentación de  los Gobiernos de gestión y los conflictos de baja intensidad, esta legislatura puede ser también la de los cambios y la profundización de la transformación del país, para ello hay que rearmar la movilización de la sociedad civil alrededor de la consecución de objetivos no logrados (despenalización del aborto, planes de vivienda, impulso del laicismo…), de propuestas en positivo (mejora sustancial en los servicios públicos, reequilibrio de la distribución fiscal, integración y derechos de los inmigrantes) y que eliminen lacras y rémoras del pasado (denuncia del Concordato, reforma federalizante del Senado, reforma de la Justicia, reforma Ley Electoral). El Gobierno, por su lado, debe mantener la tensión de un discurso y unas medidas que ilusionen al conjunto de la ciudadanía. No es esto lo que se vislumbra en el panorama después de la consolidación del bipartidismo y el batacazo de fuerzas como IU, por ello la presión social desde la izquierda es fundamental y además necesaria para romper un cierto autismo gubernamental de la última etapa de la legislatura pasada.
De entre todos los retos es necesario destacar tres que son sustanciales para ganar a la sociedad al proyecto de cambio

a) Cambios profundos en la gestión de lo público.
El aldabonazo provocado por el asesinato de Mari Luz ante la desidia judicial ha convertido en alarma social lo que ya era evidente a los ojos de todos los ciudadanos que se relacionen con la Justicia, en la que además se ha dado en esta legislatura el escandaloso espectáculo dado por el PP y los jueces ultraconservadores usando el Tribunal Constitucional y el CGPJ como ariete contra las decisiones del Parlamento. La huelga de los funcionarios de Justicia ponía en evidencia un sistema obsoleto, ineficaz y, todo hay que decirlo, plagado de corporativismo. Los sindicatos mostrando su disposición a reducir el absentismo, como si éste fuese un arma de la lucha sindical y no una plaga contraria a cualquier concepción responsable del servicio público.
El Gobierno Zapatero puede mostrar como uno de sus éxitos más significativos en la gestión de lo público la lucha contra la mortalidad y los accidentes de tráfico, aquí se ha mostrado una concepción contrapuesta a la indiferencia y abandono de los gestores del PP, todas las medidas han estado tomadas en dirección a evitar las muertes, acabar con la ley de la selva en las carreteras, incrementar la formación vial…tomando medidas preventivas y punitivas, haciendo campañas, rectificando cuando era necesario, y señalo este caso como contraposición a otras desidias y rutinas burocráticas como han sido la gestión de las infraestructuras en Cataluña o la gestión del agua y el control medioambiental de los litorales; enredados en la maraña de las diversas competencias y responsabilidades, en la manida cantinela de “la Administración es lenta”, en sólo responder cuando el conflicto está servido, los ciudadanos han sido los que han sufrido la falta de una cultura profunda de servicio público. ¿Por qué la eficacia mostrada por Víctor Morlán (Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación) en la resolución del tema de los transportes en Cataluña se produce cuando ya cientos de miles de catalanes tienen que sufrir la tortura diaria de la ineficacia gestora o el abandono de responsabilidades de empresas como OHL, y no dos años antes? ¿Por qué, con una previsión de sequía desde el segundo año de legislatura, las medidas no habían sido tomadas preventivamente? ¿Por qué, cuando la destrucción urbanística del litoral era ya evidente, se opta por la vía de la compra de terrenos y no por la paralización automática de obras, aunque ello supusiese un conflicto con las administraciones autonómicas o locales? ¿Cómo es posible que en la agresión de la Comunidad de Madrid a la sanidad pública en el caso Leganés el Ministerio mirase para otro lado en los primeros momentos y no realizase una intervención tajante en la defensa de los profesionales del Severo Ochoa?
Los ciudadanos demandan una presencia efectiva de la Administración y de los servicios públicos ante los problemas que surgen y ante la necesaria resolución de los mismos. El “vuelva usted mañana” debe ser desterrado de las practicas de una Administración


b) Derechos y territorios
Pero vayamos a otro tema de tremenda trascendencia y que se vincula tanto a la gestión de lo público como a los límites del modelo territorial. ¿Cómo es posible que el acceso de los ciudadanos a los beneficios de las leyes sociales sea desigual y no se haga nada? Tomemos como ejemplo la Ley de Dependencia; el Gobierno hace una Ley muy positiva, alabada por todo el mundo, expresión de un fuerte impulso reequilibrador de derechos, y resulta que unos, CiU y PNV, la rechazan por ingerencia en las competencias autonómicas, y otros, como Esperanza Aguirre y Francisco Camps, la boicotean para instrumentar su batalla política contra el Gobierno de Zapatero. Y podemos hablar de Educación para la Ciudadanía, de Ley de Igualdad, de legislación sobre aborto (boicoteada por activa avalando campañas infames contra las mujeres y las clínicas, o por pasiva permitiendo que el sistema público de salud se desentienda en la mayoría de CCAA). Frente a ello hay que retomar un rumbo donde estén situados por encima de toda otra consideración los derechos de los ciudadanos. Y esto es particularmente escandaloso en los dos pilares básicos del Estado del Bienestar, la educación y la salud como derechos universales.
La ofensiva de la Iglesia, la derecha y los intereses empresariales contra dos de los más importantes bienes públicos, aquellos que facilitan en primer término la integración de la sociedad y el bienestar de los ciudadanos, es persistente y continúa sin que haya tenido la respuesta adecuada por parte de la izquierda y de forma especialmente importante por parte de los Gobiernos socialistas. Ejemplos a centenas: suelo público y financiación para escuelas privadas, segregación por razón de sexo en las aulas, desmantelamiento de la red pública de salud para trocear el negocio, no aplicación de leyes estatales… todo ello sin respuesta bajo la cobertura de que los sistemas están transferidos a las CCAA. Esto es lo que rompe la igualdad de los ciudadanos en función del lugar donde se habite. Y los principales segregacionistas son los Aguirre, Camps, Valcárcel. Y éstas son las discusiones que hay que tener el valor de poner sobre la mesa. Cuando hablamos de una Reforma del Senado en un sentido federalizante estamos hablando de una Cámara con capacidad, que articule los derechos comunes y las diferencias.
Toda la discusión territorial se ha realizado alrededor del traspaso de competencias y la financiación y no de la igualación de derechos, y éste es un gravísimo error. Tenemos autonomías que son ejecutoras de gasto pero cuyo esfuerzo de ingreso no está al nivel del mismo, por ejemplo Esperanza Aguirre puede hacer campaña despiadada contra los impuestos y hablar de la necesidad de bajar los mismos pero no duda un momento en enjugar sus déficit de gestión, debidos entre otras razones a sus dispendios propagandísticos, solicitando al gobierno central más dinero, logrando con ello dos efectos: responsabiliza al Gobierno de los deterioros en los servicios y alardea de liberalismo antiimpositivo. Está muy bien que se publiquen las balanzas fiscales y Zapatero acierta en ello, es un ejercicio de transparencia necesario frente a una gestión históricamente opaca de la Hacienda, pero esto no puede ni debe servir para abrir la discusión, mezquina y reaccionaria, de si pongo más, más tengo (mas allá de que es un indicador relativo y no absoluto). Las balanzas fiscales en la Unión Europea han sido en los 20 años de nuestra pertenencia favorables para nuestro país y, sin embargo, no hemos dudado en reclamar la solidaridad de la Europa rica y hemos logrado un cambio gracias, entre otras cosas, al esfuerzo de alemanes, franceses, holandeses, etc. El principio de solidaridad es el principio de cohesión y la izquierda debe abandonar dependencias territoriales para situarse plenamente en el campo de los derechos sociales igualitarios.

c) Derechos sociales y laicidad

Junto a la retirada de las tropas de Irak, lo que hizo a Zapatero una referencia a nivel mundial fue la ampliación de los derechos sociales de los ciudadanos. Sin embargo, al comienzo de esta legislatura no se vislumbra una acción enérgica en el desarrollo de nuevos derechos, aun más, en algunos temas como el derecho al aborto estamos como hace 30 años, con mujeres autoinculpadas, persecución a las clínicas, inseguridad de las mujeres, presión inaceptable de las organizaciones antiaborto (avaladas y financiadas por administraciones controladas por el PP) y un Gobierno que inicialmente por cálculo electoral y ahora por falta de compromiso asiste a este aquelarre reaccionario donde hasta Rouco se permite proponer la desaparición de la cicatera legislación sobre aborto y miembros de la Guardia Civil manipula pruebas y atemorizan a las mujeres… y continúan en el cuerpo. También en el caso de los cuidados paliativos y del derecho a morir con dignidad se asiste a la agresión orquestada por Lamela y el Gobierno regional de Madrid sin que se dé salida a la situación más allá de la obligada solidaridad. La despenalización del aborto es una necesidad perentoria y las mujeres lo exigen, y entre las socialistas hay una opinión clara aunque se haya establecido un pacto de silencio electoral.
El reto de la laicidad del Estado es, como han señalado muchos analistas, la parte no completada de la transición democrática de nuestro país. Y no se puede posponer más, como en repetidas ocasiones se ha dicho por parte de muchos dirigentes socialistas: “hay que situar a los obispos en su sitio”. Los espectáculos de las concesiones para acallarlos, sin que bajasen un ápice sus decibelios en los púlpitos ni su infamia en la COPE, es algo que no convive con la sociedad avanzada y democrática que decimos querer construir; la denuncia del Concordato debe ser una realidad en esta legislatura como acto de un país que no puede convivir con acuerdos preconstitucionales y con extraterritorialidad jurídica. El segundo gran aspecto de la laicidad es el tema educativo, después de la chapuza de la Educación para la Ciudadanía a la carta de los centros educativos, se hace imprescindible su presencia curricular en todos los lugares del sistema educativo sin escapatoria ni subterfugios para los Camps y Aguirre. Pero la cuestión educativa es una cuestión estratégica a resolver que no se soluciona con el incremento de las becas, ni la enseñanza de idiomas, esto son piezas dentro de un modelo más global que el Ministerio, atenazado entre sus acuerdos con la patronal de la enseñanza FERE y las propias presiones de la concertada y la privada, no ha sido capaz de abordar para poner en primer término la calidad de la escuela pública como centro de referencia de elevación del nivel educativo y de socialización e integración social. Ahora, cuando una de las grandes medidas sociales es la generalización de la enseñanza en el tramo 0-3 años, se corre el extraordinario peligro de que en lugar de ser una pieza privilegiada de integración sea una extraordinario bocado para las patronales religiosas y privadas que encuentre otro nicho de mercado, eso sí, ¡con financiación pública!

La mayoría electoral de izquierdas del 9 de marzo ha sido en cualquier caso nítida, esa mayoría social con contradicciones en muchos temas tiene que convertirse también en una mayoría social activa y eso requiere la movilización y autonomía de la misma y la confluencia con la acción del Gobierno cuando corresponda. Por su. parte el Gobierno tiene que restablecer puentes con los que le han conducido a esta nueva victoria, no podemos contentarnos con el alivio ante el nubarrón negro que se cernía sobre nuestras cabezas, hoy hay un camino despejado para hacer que el cambio se profundice, depende del Gobierno pero también depende de nosotros, no lo podemos olvidar.