Las injerencias de la Iglesia y el conflicto continuado entre el Gobierno y los obispos han hecho crecer la conciencia laicista en España. En esta legislatura debería poder avanzarse en la separación de la Iglesia y el Estado, pero uno de los mayores obstáculos es el Concordato.
El acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede se firmó el 3 de enero de 1979 y la Constitución en diciembre del año anterior. Es obvio que se negoció en la etapa preconstitucional. Alguna de las disposiciones pudieran ser inconstitucionales pero nadie las ha impugnado. En realidad es una puesta al día del Concordato de la etapa franquista, renovado en 1976 por Marcelino Oreja. Existe en España un temor reverencial a la Iglesia o a los conflictos con ella, pero que en realidad son imposible de evitar.
El Concordato tiene tres documentos: sobre asuntos económicos, sobre Enseñanza y Asuntos Culturales y sobre asistencia religiosa a las fuerzas armadas.
La supresión del servicio militar obligatorio convierte en obsoleto la mayor parte del último documento, salvo en que relaciona estrechamente la religión católica con el Ejército. Vemos continuamente ceremonias militares con misas y actos católicos.
Del documento sobre asuntos económicos voy a citar algunas de las disposiciones más significativas:

ARTÍCULO I
La Iglesia Católica puede libremente recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y oblaciones.
ARTÍCULO II
1. El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa.
2. Transcurridos tres ejercicios completos desde la firma de este Acuerdo, el Estado podrá asignar a la Iglesia Católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, por el procedimiento más adecuado. Para ello, será preciso que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva, su voluntad acerca del destino de la parte afectada. En ausencia de tal declaración la cantidad correspondiente se destinará a otros fines.
5. La Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración entre la Iglesia Católica y el Estado.

Muy recientemente el Gobierno de Zapatero ha subido al 0,7% la asignación en la declaración de la renta, opcional pero dentro de la aportación para todo el gasto público, no como un plus que aplicarían los católicos. Sin embargo, la Iglesia y, sorprendentemente, el Estado, se han olvidado del compromiso de autofinanciación.

ARTÍCULO IV
1. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones religiosas e Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrán derecho a las siguientes exenciones:
A) Exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de los siguientes inmuebles: (…)
B) Exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio (…)
C) Exención total de los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad.
D) Exención de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, en tanto recaigan estos tributos sobre los bienes enumerados en la letra A) de este artículo.

Como se ve, la Iglesia es una organización que no contribuye para nada a los gastos del Estado en el que está y cuyos servicios utiliza. La UE ha obligado a revisar la exención del IVA.
En realidad, la financiación de la Iglesia no sólo se hace por la aportación del impuesto sobre la renta, que era completada directamente por el Estado si no era suficiente. Recibe fondos también por las subvenciones de los centros educativos concertados, por el salario de los profesores de religión, por el mantenimiento del patrimonio artístico y por las ayudas a las ONG de la Iglesia.
En los acuerdos sobre Enseñanza merece destacarse:

ARTÍCULO I
A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se impartirá en los Centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana.

Con estos enunciados, la jerarquía eclesiástica podría intervenir todavía más en la escuela pública.

ARTÍCULO II
Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales (…)
En los niveles de enseñanza mencionados, las autoridades académicas correspondientes permitirán que la jerarquía eclesiástica establezca, en las condiciones concretas que con ella se convenga, otras actividades complementarias de formación y asistencia religiosa.

Ya pueden promulgarse nuevas leyes educativas, que si tiene que respetarse este artículo, la religión católica tendrá que darse en la escuela (como adoctrinamiento) “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. Si no se cambia el Acuerdo o no se declara inconstitucional será igual aprender matemáticas que los dogmas católicos o las ocurrencias de la jerarquía sobre el comportamiento sexual.

ARTÍCULO III

En los niveles educativos a los que se refiere el artículo anterior, la enseñanza religiosa será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza (…) Los profesores de religión formarán parte, a todos los efectos, del Claustro de Profesores de los respectivos centros.

De aquí viene el conflicto con los profesores de religión: la jerarquía de la Iglesia se permite despedirles, de hecho, no se les contrata para el próximo año, por comportamiento en su vida privada, y no quiere reconocerles derechos de antigüedad. Los tribunales vienen reconociendo que tienen iguales derechos que los demás trabajadores y, coherentemente con este Concordato, es el Estado el que paga el despido improcedente y parece que también tendrá que hacerlo con la antigüedad.
Podría citarse más artículos pero éstos son los más significativos. El Concordato es un tratado internacional entre dos Estados soberanos, no un acuerdo entre el Estado de España y la Iglesia española. Un tratado que da privilegios a una organización y a ciudadanos españoles que se sustraen en parte a las leyes comunes es una reminiscencia del Antiguo Régimen y de la etapa franquista.
A pesar de las condiciones leoninas que han obtenido, a pesar que parece reconocerse un Estado católico y no aconfesional, como dice la Constitución, los obispos se consideran perseguidos y se han manifestado en predicaciones y en la calle contra el Gobierno. Un gobierno de izquierdas que sigue mirando para otro lado o protestando débilmente. Sin embargo, puede concluirse que mientras no se denuncie el Concordato poco se podrá avanzar en la separación entre la Iglesia y el Estado, poco podrá avanzar un laicismo que cada vez es mayor entre la población.
Cada vez serán mayores las contradicciones, el aumento de fieles de otras religiones les llevará a pedir la supresión de los privilegios a la Iglesia o a su generalización. El aumento de la conciencia laicista de agnósticos y ateos, incluso de los católicos, está ganando peso entre la población y, por lo tanto, entre los votantes del PSOE. La pluralidad religiosa entre los alumnos de los colegios hace cada vez más difícil la existencia de la asignatura de religión católica. De hecho los que se apuntan están disminuyendo hasta ser el 36,8% en el bachillerato y la mitad de los alumnos de Secundaria.
Es necesario que en esta legislatura se aumente la presión sobre el Gobierno de Zapatero para desarrollar el laicismo, teniendo como eje fundamental la denuncia del Concordato.