En el debate que tiene lugar en la Unión Europea sobre la inmigración, dos de las posturas más intransigentes proceden de Francia y de Italia, con gobiernos sustentados sobre los sectores más extremos de la derecha. Las propuestas del Gobierno Berlusconi, sugeridas por su ala fascista, se acercan a las del Frente Nacional francés, algunas ya asumidas por Sarkozy.

La UE recibe anualmente entre 1,5 y 2,5 millones de inmigrantes, tiene censados a 18 millones, un 3,7% de la población, y se calcula que hay otros 8 millones de sin papeles, lo que no indica que sean delincuentes, sino que no figuran como residentes y que  son contratados al margen de la ley. En el contexto de la crisis económica,  una parte de la población, instigada por la derecha retrógrada, ve a los inmigrantes como competidores desleales ante una oferta de empleo en retroceso y unos servicios sociales en declive por la privatización. Fuentes de la Comisión Europea admiten que hasta el año 2040 la Europa comunitaria necesita 20 millones de inmigrantes. La gran pregunta es en qué condiciones los quiere.

El Tribunal Europeo de Justicia ha sentenciado que los trabajadores polacos en Alemania puedan recibir un salario inferior al de los alemanes. Aprovechando su turno en la presidencia, el Gobierno de Eslovenia ha propuesto autorizar en la UE jornadas laborales “voluntarias” entre las 60 y las 65 horas semanales.

Con la idea de que Francia debe elegir a los inmigrantes que necesita, Sarkozy ha hecho planes para prohibir las regularizaciones masivas, acelerar la repatriación y alargar el internamiento, expulsar a menores aunque estén estudiando, establecer la obligación de hablar francés y firmar contratos de integración en origen. Pero tales planes se quedan cortos al lado de la intención que manifestó Berlusconi de convertir en delito la inmigración ilegal y de la puesta en marcha de un sistema de incremento de condena en los delitos cometidos por sin papeles. La propuesta se ha justificado en el interés del Gobierno de velar por la seguridad de los italianos, en medio de una demagógica campaña que exalta la xenofobia, mientras que al mismo tiempo se modifica la legalidad para procurar impunidad al jefe del Gobierno y otras autoridades.

“El puño de hierro es necesario con los que delinquen”, ha indicado el ministro Rotondi, pero no emprende una ofensiva contra la Mafia o la Camorra, sino contra un colectivo muy vulnerable: los gitanos, en su mayoría rumanos, que han sido elegidos como víctimas propicias de la ira o al menos la desconfianza popular. Los prefectos de Roma, Nápoles y Milán van a disponer de poderes especiales para expulsar a ciudadanos de etnia gitana, aunque muchos tengan ya nacionalidad italiana.

Lo que llega del Gobierno de Berlusconi es como un virus, que contagia a la Europa comunitaria en un momento delicado. Cuando se perciben las dificultades para avanzar en las reformas políticas y establecer un sistema que permita adoptar decisiones, y crecen las presiones de partidos ultraneoliberales y conservadores para reducir las prestaciones del Estado de Bienestar y despojar a los trabajadores de derechos adquiridos, las iniciativas de Berlusconi vienen a reforzar las peores intenciones patronales y a impulsar un capitalismo salvaje y a la vez corrupto. La reciente aprobación por la Eurocámara de una directiva sobre el retorno de inmigrantes es una prueba de ese contagio.

Por amplia mayoría, el día 18 de junio el Parlamento Europeo aprobó la que ha sido llamada directiva de la vergüenza, que permite retener hasta 18 meses a los inmigrantes sin documentos, expulsar menores hacia países distintos de los de origen y prohíbe regresar en cinco años a los que se acojan a la repatriación.

Que la directiva haya sido aprobada sin admitir enmiendas por 369 votos a favor, 106 abstenciones y 197 en contra, indica cómo están las cosas. Y que 34 eurodiputados socialistas hayan votado a favor y 49 se hayan abstenido, frente a 100 que han votado en contra (con 37 de IU, 36 verdes, 11 independientes, 7 liberales, 5 no inscritos y un popular) indica cómo están las cosas en la izquierda en general y en la española en particular, porque de los 19 socialistas españoles presentes, 16 votaron a favor de una Europa si no de dos velocidades, sí con dos categorías de ciudadanos, que es la que se perfila con directivas como ésta. Asistimos así a la construcción de una Europa xenófoba y dispuesta a conculcar derechos elementales para no compartir una pequeña parte de su bienestar.

Desde la regularización realizada al inicio de la anterior legislatura, que se presentó como lo que había que hacer, la actitud del Gobierno de Zapatero ante el fenómeno de la inmigración ha dado un giro copernicano, al que no es ajena una cesión ante la crispación originada por el Partido Popular, azuzado a su vez por la extrema derecha, como tampoco lo es la presión del fascio sobre Berlusconi y de Le Pen sobre Sarkozy. La derecha más extrema de Europa presiona sobre los gobiernos y no parece que exista mucha intención de hacerle frente.

Ante la situación de debilidad y desconcierto por la que atraviesa la izquierda, la moderada y la radical, Zapatero podría haber sido un polo de referencia para aglutinar las fuerzas opuestas a unas derechas que quieren hacer de Europa sólo una Europa del capital. Pero su discurso y sus actos  parecen orientados a corto plazo a buscar votos en el caladero del “centro”, que es hacia donde se dirige el PP, si en el próximo congreso salen las cosas como espera Rajoy. Con lo cual el resultado electoral de la operación de Zapatero, con una crisis económica por medio, es bastante incierto, pues le va a privar de apoyos por la izquierda y fortalece a las derechas europeas.