Trasversales
Armando Montes

La querella de las lenguas

Revista Trasversales número 12, otoño 2008




Tras la aparición del “manifiesto por la lengua común” (MLC), firmado por Savater, Vargas Llosa, Castilla del Pino, Álvaro Pombo y otras personas a las que respeto, ha tenido lugar una intensa polémica. Quiero dar mi opinión, contraria a lo expresado en ese manifiesto.

1. En este debate no están en juego los derechos humanos. La polémica se sitúa en el ámbito de los derechos políticos, entendiendo por ello no los derechos humanos vinculados a la acción política (libre expresión, asociación, etc.) sino derechos que emanan de disposiciones legislativas que no conculcan los derechos humanos pero bien podrían ser de manera muy distinta sin tampoco conculcarlos.
Hay aspectos sobre el uso público de la lengua que requieren regulación política democrática. Y estoy de acuerdo con el citado manifiesto cuando dice que “Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios, ni mucho menos las lenguas mismas”, ya que los derechos siempre terminan haciendo referencia a personas.
Ahora bien, los derechos lingüístico-políticos de los ciudadanos son derechos sobre un territorio, en un marco político y social dado y fruto de decisiones políticas sobre la convivencia social. Creo que los promotores del MLC también son de esa opinión, pues hablan de derechos de los ciudadanos y no de derechos de las personas. Tampoco reivindican el derecho de cualquier persona a recibir la educación en el idioma de su elección, sino que reivindican el derecho de todo ciudadano español a recibir la educación en castellano, sin reivindicar igual derecho en relación a las lenguas propias de determinadas comunidades autónomas, sobre las que sólo dicen que deben figurar en los planes de estudio “en diversos grados de oferta”.

2. EL MLC resalta que sólo el castellano goza del deber constitucional de ser conocido y de la presunción de que todos lo conocen. El artículo 3 de la Constitución da carácter de lenguas oficiales al castellano en toda España y a las lengua propias de las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, siendo cierto que sólo para el castellano dice que “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
Es plenamente constitucional que, de acuerdo con su Estatuto, una comunidad autónoma establezca que en ella todos sus ciudadanos, en coherencia con el carácter oficial de su lengua propia, también “tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Considero constitucional, además de razonable y justo, que el Estatuto de Cataluña establezca que: “Totes les persones tenen el dret d’utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han d’establir les mesures necessàries per a facilitar l’exercici d’aquests drets i el compliment d’aquest deure. D’acord amb el que disposa l’article 32, no hi pot haver discriminació per l’ús de qualsevol de les dues llengües
A decir verdad, los promotores del MLC reconocen que sus demandas podrían exigir “una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos”, lo que es muy legítimo. Yo también considero que debe modificarse nuestra Constitución en varios (otros) aspectos.
Las realidades plurilingües son tratadas en diversos países democráticos de forma diferente. Desde idiomas oficiales distintos en zonas diversas de un mismo Estado hasta el “centralismo lingüístico”. Hay que pisar tierra, sin aferrarse a principios generales pues no estamos hablando de la pena de muerte o de la libertad de expresión. Estamos hablando de qué opciones se adecuan mejor a las realidades sociales y más benefician a quienes habitan en un territorio con dos lenguas oficiales. Me ceñiré al caso catalán.
En Cataluña la gente se entiende, hablando cada cual en lo que quiere e incluso pasando una misma persona de una lengua a otra durante la conversación. En el País Vasco hay aún bastantes personas que no entienden nada de euskera. Eso no ocurre en Cataluña. Hay que tenerlo en cuenta.

3. El escenario principal, aunque no exclusivo, de la querella lingüística, es el sistema educativo. Citaré algunos  criterios establecidos por el Estatuto de Cataluña:
“El català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament universitari i en el no universitari”.
“El professorat i l’alumnat dels centres universitaris tenen dret a expressar-se, oralment i per escrit, en la llengua oficial que elegeixin”.
“Els alumnes tenen dret a rebre l’ensenyament en català en l’ensenyament no universitari. També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar l’ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua habitual en incorporar-se a l’ensenyament. L’ensenyament del català i el castellà ha de tenir una presència adequada en els plans d’estudis”

En resumen, se propone un sistema que debe garantizar el conocimiento de ambas lenguas y en el que, normalmente, la lengua vehicular será el catalán.
Por su parte, los firmantes del MLC proponen:
Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común

En resumen, exigen que quien lo desee sea educado en castellano. Ni piden ni niegan un derecho similar para quien desee educarse en catalán, ya que sólo indican que “Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta”. Piden que el sistema educativo garantice el conocimiento del castellano, sin pedir lo mismo para el catalán.
Es evidente que tanto la ley vigente como la propuesta del MLC son asimétricas, potenciando en el primer caso el catalán y en el segundo el castellano. Yo me decanto por el modelo establecido por el Estatuto de Cataluña aprobado por el Parlamento catalán y por el Congreso de los diputados, porque su “asimetría” viene a compensar una situación desigual, mientras que la asimetría de la propuesta del MLC viene a acentuar tal desigualdad.

4. El MLC alega que la actual situación perjudica educativa y laboralmente al sector castellanoparlante de la población catalana. Dicen:
Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
Hace ya algunos años, un colectivo con posturas similares, Convivencia Cívica, afirmaba que:
“En Cataluña, existe una diferencia muy sustancial entre el rendimiento académico de los alumnos castellanohablantes y catalanohablantes. Sus tasas de fracaso escolar son notablemente distintas: 42,62% y 18,58%, respectivamente”.
Ignoro la procedencia de esos datos (citaban el informe PISA 2003, en el que no encuentro nada relacionado con eso) y no dispongo de otros alternativos, por lo que ni los acepto ni los rechazo, sólo daré otra perspectiva, comenzando por algunas aclaraciones sobre la clasificación en catalanoparlantes y castellanoparlantes.
En Cataluña no no cabe marcar esa diferencia como nítida división. Los catalanoparlantes dominan el castellano oral y escrito en igual medida que pueda dominarse en cualquier otra zona de España. Y casi todas las personas que usan preferentemente el castellano comprenden el catalán, aunque en esta franja es donde más marcada es la distancia entre el conocimiento de ambos idiomas, particularmente en su variante escrita. En lo que sigue usaré los términos castellanoparlante y catalanoparlante de forma relativa, como referencia a qué idioma manejan habitualmente o sienten como más propio.
Entre lengua “de origen” y lugar social hay allí una clara correlación, aunque se esté atenuando. En Cataluña, los inmigrantes llegados durante varias décadas ocuparon preferentemente un lugar social proletario. Durante el franquismo esos inmigrantes y sus descendientes no tuvieron opciones de socialización en catalán, dada la persecución que sufrió esa lengua. Pese a la movilidad social de las generaciones posteriores, en término medio las personas de orígenes no catalanes aún ocupan en la escala social lugares más subalternos, no porque sus antecesores viniesen de Extremadura o Andalucía, sino porque eran proletarios, y también en Madrid los nietos o hijos de gente obrera ocupan, en término medio, un lugar en la escala social inferior al ocupado por los nietos o hijos de burgueses o sectores acomodados.
¿No podría ser que si en Cataluña hubiese más fracaso escolar en la franja castellanoparlante eso no se debiese al idioma que hablan, sino a la posición social que ocupan?

5. El informe PISA 2006 indica que los factores que más influyen en los resultados escolares son:
- El nivel cultural y académico de la familia
- El nivel socioeconómico de la familia
- El nivel cultural y socioeconómico medio del alumnado del centro en el que se estudie
- Recursos (libros, habitación propia, Internet)

La puntación media en España de los estudiantes de hogares con estudios máximos “obligatorios no finalizados” es 439, mientras que en hogares con estudios universitarios es ¡524! Si comparamos hogares con menos de 10 libros y hogares con más de 500 libros, las puntuaciones son 407 y 542, una diferencia brutal que pone de relieve que la “igualdad de oportunidades” de la generación x+1 es imposible sin igualdad material en la generación x.
Los factores esenciales en la desigualdad escolar son de tipo social. Si hay diferencias de resultados en Cataluña entre castellanoparlantes y catalanoparlantes se debe ante todo a las situaciones sociales previas, no al idioma. La población castellanoparlante no progresará socialmente por recibir las clases en castellano en un sistema educativo que no le garantice que adquirirá un conocimiento adecuado del catalán, sino a través de políticas de igualdad social y de elevación de sus niveles socioeconómicos y culturales medios. Estamos ante una desigualdad de clase, no idiomática. Y esa desigualdad de clase se reforzaría con políticas que no promuevan el conocimiento de la lengua propia del lugar en que habitan.

6. La propuesta educativa del MLC podría instrumentarse por medio de un sistema en castellano y otro en catalán, o con un sistema único en castellano con el catalán como asignatura. Me referiré ahora al sistema segregado, en el que unos recibirían la educación en castellano y otros en catalán, según hayan elegido (más bien según elijan sus progenitores, que en algunos casos podrían moverse más por obsesiones ideológicas que por los intereses de las criaturas). Ya hablaré luego de los sistemas únicos y diré porqué entre ellos prefiero el actual, es decir, aquel en el que el catalán es el vehículo privilegiado de la educación.
Desde el punto de vista de la formación humana y la convivencia social, es mala la separación en la escuela por criterios de tipo social. Ya la situación es preocupante: asignatura de religión, que puede terminar dividiendo una clase en cuatro o cinco grupos; empeño de algunos en excluir a sus hijos de la educación para la ciudadanía; colegios a los que se ha permitido separar niñas y niños, o que osan no admitir a criaturas con dos madres o dos padres; un sistema que subvenciona descaradamente a los más acomodados en colegios concertados liberados de las obligaciones que recaen sobre la enseñanza pública… ¿Sumamos una división por idioma?
No niego que haya circunstancias en las que tal cosa, mala, sea necesaria, la opción menos mala. Por ejemplo, el mapa lingüístico de Euskadi y la diversidad radical entre el euskera y el castellano posiblemente haga necesario que durante cierto tiempo sigan en pie varios modelos. Pero en Cataluña eso no es necesario.
¿Pero qué pasa con los conocimientos? Por mucho que se diga a favor de la mezcla y de la convivencia, ¿puede ignorarse la influencia que la lengua vehicular de la enseñanza pueda tener sobre los conocimientos que se obtienen? A mi entender, la agrupación en aulas separadas de castellanoparlantes y catalanoparlantes sería muy perjudicial... para los primeros.
Según el infome PISA 2006 un factor relevante en los resultados escolares es el nivel cultural y socioeconómico medio del alumnado del centro en el que se estudie. A iguales niveles culturales y socioeconómicos de la familia, los resultados son peores cuando la escolarización tiene lugar en una aula/centro en que el nivel familiar medio de todos los estudiantes sea menor.
Por razones que ya hemos visto, si juntamos en unas aulas a los estudiantes castellanoparlantes y en otras a los catalanoparlantes, estaremos también separando por niveles socioeconómicos y culturales familiares. Para los estudiantes castellanoparlantes disminuirá el nivel medio de su entorno escolar, mientras que para los catalaparlantes aumentará. Como el nivel del entorno influye en los resutados personales, habría una tendencia a que los resultados escolares de los castellanoparlantes bajen y a que suban los de los catalanoparlantes. Vía separación lingüística se reforzaría la tendencia, ya demasiado fuerte, a una separación clasista en el sistema educativo.

7. ¿Qué ocurriría con las “posibilidades laborales” de que habla el MLC si se aplica su propuesta educativa, que sólo pide que se garantice el aprendizaje del castellano? También en eso  tendría consecuencias dañinas para las clases subalternas castellanoparlantes.
En Cataluña, dominando el castellano y el catalán se encuentra trabajo con más facilidad que dominando sólo el castellano. A más conocimientos laboralmente útiles, más fácil es encontrar trabajo en cualquier lugar del mundo. Y muy cerrado hay que ser para no reconocer que saber catalán en Cataluña es un saber útil en un alto número de empleos. Dificultar a las nuevas generaciones un dominio completo de ambos idiomas sólo servirá para incentivar el mantenimiento de la desigualdad, en detrimento de los castellanosparlantes, pues todos los catalanoparlantes son castellanoparlantes y lo seguirán siendo.

8. Los partidarios de un modelo en el que se privilegie el castellano podrían decir que si los partidarios del “modelo Estatuto” decimos que una enseñanza con el catalán como lengua vehicular y el castellano como asignatura puede garantizar el aprendizaje correcto de ambos idiomas, también podría hacerlo un sistema de educación en castellano con el catalán como asignatura. Mi opinión es que ese sistema en castellano podría mejorar un poco el aprendizaje del castellano por parte de los catalanoparlantes, pero no el del catalán por los castellanoparlantes, mientras que el sistema en catalán puede asegurar ambas cosas, como de hecho viene haciendo dado que en Cataluña todo el mundo conoce el castellano. ¿Por qué esa asimetría? Por razones sociales, que implican puntos de partida asimétricos.
La realidad es que la población de Cataluña está mucho más inmersa en el castellano que en el catalán. El predominio del castellano en los medios de comunicación, en los espectáculos, en los libros editados, etc., sigue siendo muy notable. Además, dado que todos los catalanes manejan bien el castellano -igual de “bien”, al menos, que en otro territorio cualquiera de España-, pero hay aún franjas de población con escaso manejo del catalán (sobre todo escrito), en caso de dificultades de entendimiento casi siempre se termina recurriendo al castellano.

Pese a la imagen distorsionada que pueda haber en otros lugares de España, en Cataluña es más fácil moverse en castellano que en catalán. Allí, para una persona en cuya familia se usa el castellano, la vida cotidiana más la enseñanza de la lengua castellana en la escuela es suficiente para un dominio del castellano similar al de otras zonas de España. De hecho, en muchos casos los padres o abuelos sólo castellanoparlantes dominan el castellano menos que sus hijos o nietos bilingües y que han estudiado en catalán. Por el contrario, una enseñanza en castellano en la que el catalán sea sólo una asignatura no permitiría que quienes son castellanoparlantes de partida y no están inmersos en medios catalanoparlantes aprendan correctamente el catalán. Y no saber catalán en Cataluña es un inconveniente, no por discriminación, sino por desconocimento de algo que es muy útil allí. A nadie le extraña que si alguien sabe castellano y chino le sea más fácil encontrar trabajo que si sólo sabe español, pero muchos se rajan las vestiduras de que   saber castellano y catalán facilite encontrar mejor empleo.
Creo que la superioridad del modelo reflejado en el Estatuto reside en que se da como objetivo para cada alumno el “conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar l’ensenyament obligatori”, de forma que en Cataluña no haya una lengua común, sino dos, mientras que el MLC limita su aspiración a que “siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común”.
Si se quiere una política lingüística que ayude a reducir la desigualdad social, en vez de reproducirla, tiene que ser una política que privilegie el aprendizaje del catalán, pues el del castellano está asegurado.

9. La ciudadanía de Cataluña tiene derecho a regular, dentro del marco constitucional, los aspectos relativos al uso de ambos idiomas que tienen relevancia pública, sin que sean necesarias nuevas leyes ni involuciones constitucionales que restrinjan esa competencia. Así como no me gustaría que la seguridad social dejase de ser competencia del Estado y no me gustó nada que bajo la presidencia de Aznar se desmembrase el sistema sanitario, veo adecuado que las competencias sobre lenguas correspondan a las comunidades autónomas allá donde tienen idioma propio.
Lo que nos une como ciudadanos de un mismo Estado no es una lengua común, sino un espacio político y social común. Y, como partidario de esa unidad, aunque me parecería oportuno que adoptase fórmulas federalistas explícitas, no soy partidario de andar tocando las narices cada dos por tres, por asuntos que no son competencia estatal, a la mayoría de la población de comunidades como Cataluña, el País Vasco o Galicia en las que hay un fuerte sentimiento de identidad nacional propia, compatible con una ciudadanía estatal común. Es normal y razonable que una comunidad con lengua propia, reprimida durante largo tiempo, potencie su uso y que, cuando esta lengua es comprendida por una importante mayoría, se haga de ella el vehículo privilegiado de la educación.
La política lingüística de Cataluña debe determinarla, en el marco general definido por la Constitución, el Parlamento de Cataluña. Y eso es lo que se viene haciendo, con plena legitimidad y bastante sentido común, lo que no excluye que en la aplicación del marco legal vigente se hagan disparates o no se tenga la flexibilidad que requiere la situación social, esa flexibilidad con la que se vive en la calle el uso del catalán y el castellano, de la que puedo dar fe como castellanoparlante bastante negado para el aprendizaje del uso oral de idiomas y que ha vivido algunos años en Barcelona sin ningún conflicto. Creo correcta esa política lingüística, en sus líneas generales, aunque pueda discrepar de ciertas regulaciones o de la resistencia a aumentar de dos a tres horas semanales el horario del castellano, lo que, por otra parte, es mucho menos secesionista que la decisión de gobiernos regionales de permitir que ciertas asignaturas no se cursen pese a ser obligatorias según las leyes comunes.
Si los firmantes del MLC lograsen para sus tesis el apoyo de una mayoría parlamentaria en Cataluña y reorientasen la política lingüística, también lo consideraría legítimo, aunque mi valoración de la nueva orientación sería negativa, pues creo que tendría malas consecuencias para las clases subalternas y para el tipo de Estado que España necesita. Estamos hablando de política, no de derechos humanos indiscutibles ni de esencias patrias. En todo caso, en un tema como éste no veo adecuado buscar en el Parlamento español lo que no logran en el Parlamento catalán.
 

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