Por fin se ha abierto el camino hacia la reforma de la restrictiva legislación que aún considera la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como delito penado con cárcel salvo en tres supuestos extremos. Pese a ello, desde que esa normativa está en vigor, durante más de veinte años, no han cesado los ataques de los obispos, de los sectores más ultraconservadores y de los grupos contrarios a la libre elección.

Estos primeros pasos se han conseguido gracias a múltiples iniciativas sociales, autoinculpaciones, concentraciones, manifiestos y campañas diversas, propuestas presentadas en el Parlamento por BNG e IU, presiones de las mujeres del PSOE que consiguieron en el congreso de su partido que se asumiese la necesidad de cambiar la ley, la carta dirigida a Bibiana Aído por más de 1.100 personas, etc.
Nosotras, al reivindicar una legislación más avanzada, no queremos forzar las convicciones personales de nadie, como insinúan o proclaman quienes también se oponen a la educación sexual y a los medios anticonceptivos. Sencillamente, pedimos que cada mujer pueda decidir sobre su maternidad.

Se necesita una ley con la que bajo ninguna circunstancia una mujer pueda ir a la cárcel o ver rota su intimidad por haber interrumpido un embarazo. Lo justo sería que la ley reconozca el derecho de las mujeres a decidir sin tutelas ni restricciones, pero, en caso de que la opción final del Parlamento sea el establecimiento de un plazo de libre decisión sin condicionantes, éste debería abarcar, al menos, las 22 primeras semanas, manteniéndose sin restricciones el actual “tercer supuesto” por grave riesgo para la salud física o psíquica de la mujer y absorbiendo en el plazo de libre decisión los actuales supuestos por violación o riesgo fetal.

La IVE debe regularse como una prestación sanitaria gratuita normalizada en la red pública de salud de todas las comunidades autónomas, dando seguridad jurídica al personal sanitario.

Hay que contar con las mujeres. El Gobierno y el Parlamento tienen que escuchar las propuestas de los colectivos feministas y de las asociaciones de mujeres, estableciendo un diálogo permanente con las mismas. Las mujeres debemos jugar un papel protagonista cuando están en juego nuestra autonomía, nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra maternidad, nuestra salud y nuestras propias decisiones.

Sabemos que este periodo va a estar cargado de presiones y campañas contra una posible legislación avanzada sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Campañas promovidas por la Iglesia, el PP y los sectores más conservadores de los estamentos políticos, judiciales, etcétera. El Gobierno tiene que mantenerse firme en la decisión de cambio y buscar el apoyo de los sectores más progresistas de la sociedad, entre los que se encuentran sus propios votantes, y de los grupos políticos que ya se han manifestado a favor de una nueva ley y que, si el grupo parlamentario socialista se compromete también sin fisuras a votar una reforma progresista, garantizan una mayoría absoluta parlamentaria que se sumaría a la mayoría social existente.