Más allá de la polémica por los restos de Lorca, del enésimo intento por limpiar el callejero de resonancias totalitarias, del puñetazo en la mesa de Baltasar Garzón… más allá de todo eso hay una inquietud social, cada vez más extendida, por recuperar el pasado y dar voz a aquellos que callaron durante tantas décadas. Son cada vez más amplias y numerosas las iniciativas que, en torno a la así denominada memoria histórica, están conformando en la sociedad española un auténtico movimiento social por la recuperación de la dignidad de quienes fueron víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. No es ya cuestión, aunque bien podría serlo, de reclamar responsabilidades penales o políticas por aquellos crímenes, sino del ejercicio de la más básica dignidad de las personas.

Como el rumor del poema, se trata de un movimiento que persiste y crece en el tiempo, a pesar de las dificultades, y como respuesta inevitable al déficit contraído por la democracia actual desde su instauración, desde que se decidió que la paz había de construirse sobre el olvido. Se trata de una inquietud que no es nueva, y que no puede concluir con una tímida ley cuyo texto final parece diseñado más para zanjar el debate y cerrarlo en falso que para satisfacer las demandas de las personas a quienes va dirigido. Una “ley de memoria histórica” por la cual el Estado no asume la búsqueda y exhumación de los desaparecidos (como correspondería según el derecho internacional), ni declara la anulación de las sentencias franquistas (como hiciera en su día Alemania con las del régimen nazi), ni suprime el mayor de los símbolos arquitectónicos de la dictadura (el Valle de los Caídos, construido a costa de los trabajos forzados de los presos republicanos).

Todo movimiento social nace de manera más o menos espontánea, y en diversas oleadas, por lo general no conectadas entre sí pero que acaban confluyendo. En el caso de la memoria histórica, parte de una necesidad tan elemental como la de encarar el pasado por parte de una sociedad que llevaba demasiado tiempo obligada a vivir de espaldas al dolor de sus propios familiares. Son los hijos y los nietos de las víctimas quienes empiezan a preguntarse y a indagar en ese pasado: entrevistan a sus parientes, acuden a investigadores, visitan archivos, se asocian para llegar donde el Estado se niega a intervenir. Pero también son personas sin vinculación familiar alguna con los represaliados, e incluso descendientes de los vencedores, los que se atreven a ponerse en el lugar de los vencidos y contribuyen igualmente a esta recuperación. Se suceden muy diversos homenajes, libros, documentales, jornadas y conferencias. Y es que la iniciativa institucional ha estado siempre muy por detrás de la ciudadana: las asociaciones de memoria histórica, los familiares, los historiadores, fueron quienes comenzaron la batalla.

El camino siempre tiene sus hitos, podemos citar por ejemplo la apertura de la fosa común de Priaranza del Bierzo, donde el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, busca los restos de su abuelo en el año 2000; los distintos informes de Amnistía Internacional denunciando que España incumple el derecho internacional en relación con las desapariciones forzadas cometidas por el franquismo; el multitudinario concierto-homenaje “Recuperando Memoria” organizado por el Ayuntamiento de Rivas en 2004, que se convierte sin proponérselo en el mayor acto de reconocimiento hacia los republicanos celebrado hasta la fecha; y, cómo no, la reciente iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

En cierto modo, la simiente se puso a través de la denuncia y persecución de sangrientas dictaduras ajenas a la sufrida por nuestro país. El temor y la losa del silencio eran tan grandes que había que empezar la casa por el tejado. La justicia perseguía a los criminales de las dictaduras de Argentina y Chile, la prensa divulgaba con gran detalle los crímenes de aquellos regímenes totalitarios, los políticos se hacían la foto. Pero no todos los genocidios son iguales: el holocausto judío genera consenso, y hemos visto en más de una ocasión a dirigentes del Partido Popular apoyando a las víctimas de la barbarie nazi. Esos mismos dirigentes que ponen cara de ofendidos cuando se les pregunta por la memoria histórica, que minimizan e incluso niegan la barbarie franquista, y que con tanta frecuencia realizan piruetas intelectuales con la patética pretensión de confundir un régimen totalitario con una democracia legítimamente constituida.

El gran mérito de Garzón ha sido atreverse a llamar por su nombre a la naturaleza del franquismo: crímenes contra la humanidad. El pasado 16 de octubre, fecha para el recuerdo, el juez se declara competente para instruir las denuncias sobre 114.266 desapariciones, y habla de “rebelión contra el régimen legalmente constituido de la República”, a través de un “plan de exterminio sistemático de sus oponentes políticos” y, en referencia a la situación actual, de “rehabilitación institucional ante el silencio desplegado hasta la fecha”, puesto que “el Estado no puede borrar sus propios crímenes”. A la mañana siguiente, leer tales afirmaciones en la prensa, con profusión de titulares, resultaba de una satisfacción inaudita para cualquiera con la mínima sensibilidad para apreciar el valor reparador de esta causa, se vea o no afectado por ella. No era nada difícil imaginar la sonrisa tranquila de quienes tanto tiempo habían estado esperando un momento así: los expertos, historiadores y arqueólogos que se afanan en divulgar estas cuestiones por toda España; los familiares que esperan ansiosos localizar las fosas comunes donde yacen sus seres queridos; los propios supervivientes republicanos, cada vez menos, y cómo no los represaliados por pelear por la democracia en la clandestinidad; también los muy escasos ya brigadistas internacionales, enterados quizá a través del eco que tuvo la noticia en la prensa extranjera; pero sobre todo los que, en suma, se han sentido alguna vez conmovidos por tanta injusticia.

Luego, al poco de los previsibles y furibundos ataques hacia el magistrado por parte de aquellos que siempre han carecido de la mencionada sensibilidad, comienzan las dificultades. Unos días después, el propio presidente Zapatero declara que “el franquismo ha sido ya juzgado por la historia”. Un mes más tarde, la fiscalía, cuya acción depende del Gobierno, amenaza con paralizar la iniciativa y, finalmente, Garzón se inhibe a favor de los juzgados territoriales, una acción que puede ser vista como una renuncia pero que se parece más a la maniobra de un superviviente. Casi al mismo tiempo, un grupo de intelectuales presenta en Madrid un manifiesto de apoyo al juez. A modo de portavoz, el hispanista irlandés Ian Gibson califica de “vergüenza” que el Gobierno socialista no sólo no se atreva a llegar tan lejos como Garzón, sino que para colmo le impida hacer su trabajo. Son tiempos de cobardía política, y como en otras ocasiones es tarea de los intelectuales dar un paso adelante.

La brecha que dividió hace 70 años a la sociedad española, las famosas heridas abiertas no cerrarán ni mucho menos cicatrizarán mientras el Estado, garante de los derechos individuales, no tome las medidas necesarias para responder a estas demandas. Mientras tanto la supuesta transición no habrá terminado, y los españoles no podremos volver la mirada desde el pasado, con dolor pero con dignidad, y encarar un futuro en común. Todo lo que sean soluciones parciales sólo servirán para que la reivindicación continúe. Lo decía José Saramago en una entrevista reciente, preguntado sobre el tema: “Este movimiento ya no lo para nadie”.