Es 1 de diciembre de 2008. Aún se ignora si Lukoil se convertirá en el mayor accionista de Repsol, antigua empresa pública cuya privatización fue iniciada en 1989 por Felipe González y, tras varias privatizaciones parciales más, culminada en 1997 por José María Aznar. En enero 2009 la situación puede haber cambiado mucho. Además, soy profano en temas económicos. Pese a todo, escribo porque en este affaire están implicadas prácticas ilustrativas de la actual crisis económico-financiera y porque debemos opinar, pese a nuestras limitaciones, sobre aquellas decisiones que nos afectan.

¿Debe importarnos a la gente común el futuro de empresas privadas como Sacyr o Repsol? ¿No deberíamos decir “con su pan se lo coman”?

Están implicados miles de puestos de trabajo. Además, Repsol actúa en un sector estratégico para la vida social, en el que además posee el 31% de las acciones de Gas Natural, que, a su vez, tiene el 10% de los derechos de voto de Unión Fenosa y un plan para hacerse con el 100% en 2009. Lo que ocurra en todo este embrollo nos afectará.

¿Por qué Sacyr está tan apremiada en vender su 20% de acciones de Repsol, actual participación mayoritaria?

Sacyr, empresa constructora e inmobiliaria, compró esas acciones con una típica operación de apalancamiento, similar a las que han proliferado en estos años y que, llegada la época de vacas flacas y transformada la deuda en multiplicador de pérdidas y no de ganancias, han dado lugar a la crisis financiera y económica. Sacyr acordó con varias entidades financieras un préstamo de 5.175 millones de euros, con vencimiento a cinco o seis años (he encontrado referencias diferentes al respecto). Durante ese periodo pagaría sólo intereses, dejando la devolución del principal a un pago único final. Ignoro si para hacer ese pago final Sacyr tenía previsto vender las acciones a buen precio o si se proponía refinanciar la deuda. Los intereses a pagar establecidos fueron el euribor + 1% en 2007 y 2008, euribor + 1,1% en 2009 y 2010, y euribor más 1,2% después. Considerando que en 2007 y 2008 el euribor ha oscilado entre un 4% y un 5,5%, y que en 2007 fueron 417,3 millones de euros los beneficios netos que su participación en Repsol aportó a Sacyr, puede verse que lo que los dividendos dejan tras el pago de los intereses anuales del préstamo no es mucho y que, desde luego, no da para amortizar la deuda una vez que venza el préstamo. Eso no parecía grave, ya que Sacyr cuenta como activo con el valor bursátil de sus acciones en Repsol (llegó a estar a 30,6 euros/acción, tres por encima del precio al que compró) y porque nada obliga a que una inversión sea recuperada en sólo cinco o seis años.
Ahora bien, aquí surge lo específico de la situación de Sacyr y de la coyuntura económica actual. En primer lugar, Sacyr no debe sólo esos 5.175 millones de euros, sino unos 18.000 millones, que se reducirán a sólo unos 12.500 millones con la venta de Itinere. En segundo lugar, ha caído en picado el valor bursátil de Repsol: Sacyr compró su participación a 26,7 euros por acción, y a fecha de hoy están a poco más de 14 euros. En tercer lugar, esa caída afecta a las garantías del préstamo, pues las entidades acreedoras reclaman la ampliación de garantía con otros activos, como prevé el acuerdo para el caso en que el valor de las acciones caiga por debajo del 105% de la deuda (a fecha de hoy está en torno a un 70%). En cuarto lugar, la economía no atraviesa momentos boyantes en los que pueda esperarse que Sacyr haga grandes beneficios ni que los dividendos de Repsol aumenten de forma espectacular; tampoco cabe esperar una pronta recuperación del valor bursátil de Repsol hasta valores similares a los de su compra por Sacyr.
En definitiva, entiendo que la actual situación, con Sacyr como accionista mayoritario de Repsol, no es sostenible y podría derivar en grave situación de crisis en la propia Repsol.

¿Es aceptable la solución Lukoil?

Tengo la impresión de que la entrada de Lukoil en Repsol sería una operación de alto riesgo. No digo esto por simpatías hacia el “gran capital nacional”, que me da el mismo frío o calor que el “gran capital extranjero”. Además, hablar de “independencia nacional” sería bastante cínico tratándose de Repsol, dadas las maneras en que esa empresa a adquirido empresas públicas argentinas o bolivianas. Así que voy a tratar de explicar lo que de arriesgado veo en la venta del 20% de Repsol a Lukoil y por qué considero que el Gobierno español debe intervenir.
En primer lugar, estaríamos ante una repetición aumentada de la operación hecha por Sacyr en su momento y que tan mal ha salido. Una vez más, un apalancamiento exagerado y con cobertura insuficiente. Lukoil compraría a Sacyr el 20% de las acciones de Repsol subrogándose los actuales créditos, y quiere que las entidades acreedoras le financien la compra de casi un 10% más. Todo ello, de nuevo, poniendo como garantía básica las propias acciones de Repsol que así adquiriría, aunque están en discusión, y en eso reside el actual tira y afloja de la negociación, las garantías adicionales que Lukoil debe dar mediante activos propios.
En segundo lugar, las dudas que se ciernen sobre la credibilidad financiera de Lukoil y sobre la conducta de varios de sus accionistas. En Expansión, 21/11/2008, bajo el título “Lukoil se lanza a por Repsol con la peor calificación crediticia del sector”, se decía que Lukoil “tiene la peor calificación de crédito entre los grandes grupos petroquímicos del mundo” y  que “coquetea con las calificaciones que suelen recibir los bonos basura”. Eso resulta especialmente grave dado el carácter de la operación. Algunos analistas interpretan que el hecho de que Lukoil esté ofreciendo el doble de lo que valen las acciones en Bolsa no se debe sólo al habitual “plus” por compra en gran escala sino que incluye un “plus de riesgo” por la baja calidad crediticia de Lukoil. Pero, además, desde muy diversos medios se han resaltado otras sombras relacionadas con el origen de la empresa, sus vínculos con el Gobierno ruso y los comportamientos de algunos de sus directivos y accionistas, cosas en las que ahora prefiero no detenerme pero que deben ser tenidas muy en cuenta.
Tal vez en enero Lukoil ya sea propietaria de ese 20% de Repsol o tal vez haya fracasado la operación. Tal vez, si ésta cuaja, pasen los años y se compruebe que Lukoil no ha dado más problemas que los esperables de cualquier otro grupo empresarial. Tal vez... pero, si de mí dependiera, no correría ese riesgo.

¿Puede el Gobierno español interferir, de alguna manera, en una operación de compra de acciones entre grupos privados? ¿Debe hacerlo en este caso?

Resulta un tanto que paradójico que Zapatero haya declarado que “En el respeto al libre mercado no me pidan un intervencionismo que no puedo hacer”, en un tiempo y país en el que el presidente de la gran patronal ha afirmado que “Creo en la libertad de mercado, pero en la vida hay coyunturas excepcionales. Se puede hacer un paréntesis en la economía de libre mercado”.
Vivimos una situación de emergencia. Y en esta operación están implicados miles de puestos de trabajo, entidades financieras y empresas puntas del sector de la energía. Pensar que eso no afecta al “bien común” y que el Gobierno puede lavarse las manos sería una dejación imperdonable.
La clave aquí no es tanto Sacyr como las entidades financieras a las que podría considerarse como “propietarias virtuales” del 20% de Repsol. Pero como su negocio no es la energía, sino las finanzas, ellas no quieren ser propietarias de Repsol, sino asegurarse los intereses del préstamo y la devolución final o renovación de éste por alguien. Ahora bien, a las exigencias del bien común antes señaladas (empleo, abastecimiento de energía, evitar una catástrofe financiera) se suma el esfuerzo que toda la sociedad está haciendo a través de las medidas de apoyo al sector financiero adoptadas por el Gobierno y el Parlamento, como el fondo de 30.000 millones de euros (ampliable hasta 50.000 millones) para adquisión de activos financieros. En tales condiciones, el Gobierno no sólo puede, sino que debe intervenir para limitar riesgos y garantizar que ese esfuerzo social tenga resultados positivos.
Así, por ejemplo, no es admisible que, en tiempos de fuerte restricción crediticia, la inyección pública realizada sea utilizada para pagar dividendos -como en Estados Unidos ha ocurrido- o para seguir dando préstamos de alto riesgo para operaciones dudosas. Y el crédito a Lukoil para financiar esta operación -se está hablando de hasta 8.000 millones de euros- sería un crédito de alto riesgo.
El Gobierno debe intentar impedir que Repsol y las entidades financieras acreedoras se vean implicadas en operaciones de alto riesgo. Y ahora tiene especiales argumentos y legitimidades para decir claramente a las entidades financieras que no es admisible que destinen 8.000 millones de euros a Lukoil. Decididamente, el Gobierno debería intervenir (o haber intervenido). No hacerlo ahora puede provocar que deba hacerlo más tarde en condiciones muchos peores y con un coste mucho más alto. Debo reconocer que ignoro el margen legal que tiene para impedir la “operación Lukoil” (vía, por ejemplo, la CNMV), pero creo que está en posición sólida para disuadir a las entidades acreedoras de emprender tal operación y que podría ser un elemento activo de la solución.
Pero no basta con un planteamiento en negativo. La desconfianza hacia Lukoil no debe ocultar que la situación actual también es crítica, ya que Sacyr necesita “librarse” de Repsol y para Repsol es un riesgo que sus acciones sigan en manos de Sacyr. Que todo siga como está no es una alternativa.

¿Hay otras soluciones?

Una posible alternativa sería la compra de las acciones de Repsol en manos de Sacyr por otra empresa del sector, con mejores referencias y mejor calificación crediticia, pero ignoro si existe tal candidato. Otra opción, quizá más realista, sería su compra por las propias entidades financieras acreedoras. De hecho, seis grandes bancos y cajas acaban de hacerse con el 54% de la inmobiliaria Metrovacesa a cambio de los 4.000 millones de euros que les adeudaba esa empresa. Y el negocio inmobiliario no parece ser en esta época más prometedor que el negocio energético, así que no parece una opción descabellada, aunque realmente no soy capaz de valorar los efectos que podría tener sobre las entidades financieras implicadas.
Sin embargo, la solución que a mí me parece más atractiva es la propuesta por Cándido Méndez, secretario general de la UGT: “sería más lógico y más conveniente que, ya que hay una línea de compra de créditos y de activos a los bancos constituida por parte del Estado a las entidades financieras, que fuera el Estado y no Lukoil el que hiciera esa operación”. El único problema que veo en esta vía es el precio al que realizar esa compra, ya que el precio ofrecido por Lukoil implica una clara sobrevaloración, pero a menor precio Sacyr podría no querer vender, ya que no liquidaría la deuda. Sin embargo, en realidad el Estado no tendría que comprar directamente a Sacyr, pues lo que debería comprar y ejecutar en caso de impago es la propia deuda, lo que permitiría con cierta facilidad en propietario del 20% de Repsol, lo que abre un margen de negociación con las entidades financieras y Sacyr respecto al precio de compra, considerando que las ofertas actualmente sobre la mesa requieren refinanciación de la deuda mientras que el Estado aportaría liquidez.
La entrada del Estado como accionista de Repsol podría realizarse con dos estrategias diferentes. Una, más acorde con la idea del “paréntesis” propuesto por el presidente de la CEOE, pero que puede ponerse en marcha con la idea de una defensa de los intereses sociales de carácter general, se plantearía como operación excepcional y temporal, hasta que el Estado pueda volver a vender esa participación al sector privado, con ganancias para el patrimonio público y con garantías razonables de correcto funcionamiento de los servicios dados por esa empresa. Pese a sus limitaciones, me parece alternativa más sólida que correr la aventura con Lukoil.
La otra estrategia, la que más me atrae -y creo que no es por doctrinarismo ideológico, pues no soy fanático de la “estatalización”- sería de más largo alcance, con un horizonte más ambicioso: quedarse y comenzar a revertir el descabellado proceso, desarrollado en los últimos 20 años, de privatizaciones de empresas públicas en sectores esenciales. En resumen, creo muy justificada la titularidad pública de los servicios esenciales, lo que desde luego incluye la sanidad, la educación y la propiedad y gestión del agua, y también debería incluir un parque público de viviendas sociales de alquiler, una banca pública -ahora habría sido muy útil, aunque debo aclarar que no debe confundirse con la “nacionalización de la banca”, que plantea dificultades mucho más complejas y que en nada se parece, por ejemplo, a una “nacionalización de la tierra”- y, al menos, una sólida presencia en sectores como los transportes, las energías y las telecomunicaciones, especialmente en aquellos ámbitos que requieren grandes inversiones y en los que suelen intervenir pocos agentes empresariales, con una fuerte dependencia social respecto a ellos.
Un sector público en sectores estratégicos para la vida social es algo necesario, aunque, desde luego, no es “socialismo” ni nada que  merezca nombres similares.
Es una propuesta modesta, reformista, pragmática, puesta ya en práctica en países de economía predonderantemente capitalista. Una propuesta en la que, claro está, no se agota un proyecto socialista y libertario de progresiva autonomía personal y colectiva; una propuesta que en nada modifica el carácter capitalista de las relaciones laborales basadas en el trabajo asalariado, tanto si la propiedad es privada como si es estatal. Pero es una propuesta positiva, razonable, útil, como lo serían las propuestas que, en el marco de las empresas privadas -y de las públicas-, tiendan a reforzar el papel en la toma de decisiones de quienes en ellas trabajan aunque aún no esté abolido el trabajo asalariado.