No es verdad que se haya hecho un uso excesivo del supuesto de interrupción voluntaria del embarazo por grave riesgo para la vida o la salud. Si el 97% de los abortos legales se atienen a ese supuesto es porque los otros dos casos en que la IVE está permitida, por violación o por malformación fetal, son mucho más raros. Es decir, no es que el 97% de las mujeres que quisieran abortar sufran esos riesgos, sino que los sufren el 97% de aquellas pocas a las que una ley restrictiva se lo permite, lo que es muy normal dado que los otros dos motivos admitidos son muy excepcionales y suman el 3% restante. La ley actual no es un coladero sino un estrecho embudo que coarta el derecho a abortar de miles de mujeres.
Por otra parte, quienes hablan de coladero o, más finamente, de "excesos" (*), deberían pensar que están acusando de un delito penado con cárcel a miles de mujeres que han abortado legalmente desde 1985 y a muchos profesionales de la sanidad que cumplen con su obligación. Y están diciendo que Felipe González, Aznar, Zapatero, ministros, fiscales y el sistema judicial han prevaricado permitiendo a sabiendas que se incumpliese la ley, por lo que al menos los dirigentes del PSOE y del PP deberían pensárselo antes de sumarse frívolamente a esa indigna y falsa acusación. Hay que ampliar el derecho, no "acotarlo".

(^) Un ejemplo de esto último es Javier Martínez Salmeán, miembro del Comité de Personas Expertas nombrado por el Ministerio de Igualdad, que en artículo en El País decía que: "En la aplicación de esa ley durante estos 25 años se han podido observar ciertos desajustes, ya que existe un uso excesivo, y permitido, de la indicación de grave riesgo psíquico para la mujer, uno de los supuestos que se aplica en el 97% de las interrupciones de embarazo". Con visiones semejantes no es de extrañar que dicho Comité haya emitido unas sugerencias que podrían derivar, en la práctica, a una grave limitación de los derechos de lasa mujeres que decidan abortar a partir de la semana 14.