Cuando se cumplen tres semanas de la operación Plomo fundido emprendida por el ejército israelí contra la franja de Gaza y parece posible alcanzar una tregua, el gobierno de Israel continúa impertérrito su avance, lanzando bombas de fósforo sobre la ciudad, como si se tratara de la cólera de Yavéh. Gaza sigue sitiada y sometida a intenso bombardeo, incluso tras conocerse que Hamás ha aceptado las condiciones del alto el fuego propuestas por Egipto y Francia. Olmert no quiere la paz; quiere la victoria. La paz duradera que dice ambicionar es otra cosa, y no se consigue utilizando armamento prohibido por acuerdos internacionales ni matando civiles, la mitad aproximadamente de las más de mil víctimas ocasionadas hasta hoy, ni bombardeando hospitales, escuelas y domicilios. Y aunque el 78% de los israelíes aprueba la operación, es decir la matanza de palestinos, no de terroristas, ya aparecen las primeras tensiones en la belicosa troika que decidió el brutal castigo.

Uno de los motivos de la operación Plomo fundido era exclusivamente doméstico. La coalición gobernante del Kadima y el Partido Laborista, aspira a seguir en el poder tras las elecciones del 10 de febrero y sus candidatos debían competir con el candidato del Likud, mejor situado en las encuestas. Tzipi Livni, ministra de Asuntos Exteriores, ex miembro del servicio secreto israelí (Mossad) y partidaria de usar la fuerza para derribar al gobierno de Hamás en Gaza, es candidata por el Kadima, la coalición fundada por el general Ariel Sharon. Ehud Barak, ex jefe del Estado Mayor y un militar muy condecorado, es candidato por el Partido Laborista y partidario de un castigo breve antes de negociar, y Benjamín Netanyahu, ex miembro de las fuerzas especiales (Seyenet Matka) y contrario desde siempre de un Estado palestino, es candidato por el ultraderechista Likud y era el preferido en las encuestas. Los tres candidatos responden a las expectativas de la militarizada sociedad israelí, en la cual sólo una reducida minoría defiende la razón y los derechos humanos. A los tres les hacía falta una demostración de fuerza, pero ahora, ante la exigencia de la ONU de llegar a un alto el fuego y la repulsa internacional por haber causado la muerte a más de mil palestinos, Barak y Livni ven llegado el momento de parar la máquina militar y volver a la diplomacia, pero no Olmert, que busca una victoria clara que borre los mediocres resultados que tuvo el enfrentamiento con Hezboláh, en 2006, y su mala imagen al estar acusado de corrupción.

Por una desdichada circunstancia, han coincidido los deseos personales de Bush ni Olmert, que no se presentan a las elecciones; ambos están próximos a dejar el poder y, por tanto, no deben temer las consecuencias electorales de su obcecación, pero ambos se equivocan. Olmert quiere vencer y puede que esta vez lo vuelva a conseguir, pero a la larga la supervivencia del Estado de Israel depende de las relaciones de buena vecindad con los países del entorno. Los planes para reconfigurar el próximo oriente, sugeridos a Bush por los neoconservadores, han permitido a Israel acentuar su agresividad contra los palestinos y albergar la ilusoria sensación de que con la derrota de Hamás pondría fin al problema, pero sus gobiernos han olvidado que el último en llegar no puede imponer las reglas. Israel llegó en 1948, y desde entonces ha intentado imponer sus normas de manera unilateral sin lograrlo del todo. Tarde o temprano no le quedará más remedio que negociar con los palestinos.

En este aspecto, para ayudar a Israel a reflexionar es preciso hacer algo más que condenar la masacre. Parte de la población europea se ha mostrado sensible a ese atropello con manifestaciones en varias ciudades. Ahora, los gobiernos deberían apoyar a sus poblaciones, cuyos elementos más sensibles ante la vulneración de los derechos humanos les marcan el camino a seguir. Hay que aprovechar la proximidad de las elecciones europeas para presionar a los gobiernos y sobre todo a los partidos de izquierda para pasar de las palabras a los hechos respecto a las relaciones con Israel.

No basta la condena de la ONU, que Israel se salta siempre; hay que tomar medidas que afecten al trato privilegiado que la Unión Europea dispensa a Israel: solicitar indemnizaciones por la destrucción de infraestructuras palestinas financiadas con fondos de ayuda europeos, suspender los acuerdos económicos, en particular los que tengan que ver con la venta de material bélico (armas, bombas, minas), eliminar la participación israelí de los eventos deportivos y culturales de Europa (Eurovisión) y finalmente retirar a los embajadores.

Hay que tratar a Israel como un Estado terrorista, que vulnera de manera sistemática los derechos humanos. En esto, Europa no puede seguir a remolque de las decisiones de los halcones de EE.UU. Con sus iniciativas, la Unión Europea puede ayudar a Obama a cambiar la beligerante política de los republicanos, que ha alentado la agresividad de Israel. Obama no debe ser un rehén del lobby judío norteamericano, y mucho menos la Unión Europea, ante un objetivo que es justo: establecer la paz en la zona y un Estado unificado para Palestina.