La asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) se ha convertido en una arma de oposición para los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad. La iglesia española y el Partido Popular la han usado como instrumento político de desgaste del Gobierno español, llegando a extremos surrealistas en el País Valenciano con la obligatoriedad de impartir la asignatura en inglés por dos profesores, con el objetivo de impedir el desarrollo normal de la materia y desprestigiarla socialmente. En este artículo repasamos brevemente la historia de este conflicto, analizamos los contenidos de la asignatura y las movilizaciones convocadas por la Plataforma por la Enseñanza Pública.

Ciudadanía versus religión

Desde que se anunció que la nueva ley de educación, la LOE, incorporaba una asignatura nueva denominada Educación para la Ciudadanía, la Iglesia Católica española y el Partido Popular han puesto en marcha una fuerte campaña de oposición al considerar que suplanta la educación en valores que corresponden al ámbito familiar.
La historia de esta oposición es bastante conocida, pero vamos a ilustrarla con algunos de los comentarios que han hecho estos sectores: la declaración de los obispos del 28 de febrero de 2007 hace una referencia explícita al “nuevo concepto de homofobia” que “esconde una visión de la constitución de la persona más ligada a las llamadas ‘orientaciones sexuales’ que al sexo. De ahí que el sexo, es decir, la identidad de la persona como varón o como mujer, sea suplantado por el ‘género’ precisamente cuando se señalan los criterios según los cuales se evaluará la conciencia moral de los alumnos de Secundaria”. EpC, afirman, “introduce en las conciencias de los jóvenes el relativismo moral y una ideología desestructuradora de la identidad personal (la ideología de género)”.

Por su parte, la FAES, fundación del Partido Popular, acusa a los autores de los libros de texto d’EpC de “razonar en clave marxista” y difundir valores anticapitalistas, antioccidentales, antiamericanos, antiPP y anticristianos.
Todas estas declaraciones retóricas no son otra cosa que el intento de forzar la recuperación de los valores familiares cristianos y del terreno perdido por el catolicismo en la sociedad y en la educación, agravado por el reconocimiento legal del que la realidad se empeña en mostrar: que la unidad familiar es diversa, que existen varios modelos familiares y que el colectivo homosexual también tiene derecho a formar familia. Aun así, la división entre los sectores de la derecha contraria a EpC y a la LOE se hizo patente cuando el Ministerio de Educación llegó a un acuerdo con la FERE, una de las dos patronales de los colegios católicos. A cambio de impartir la asignatura, el MEC permitía que estos colegios adaptaran los contenidos a su ideario católico, con lo cual la presión de una parte de la oposición al Gobierno quedó desactivada.

Pero, ¿qué enseña EpC?

Los contenidos de la asignatura están organizados en 5 bloques: habilidades sociales y comunicativas (diálogo, debate, juicios propios, etc.); relaciones personales y en sociedad (familia, amistades, entorno social, etc.); derechos y deberes; instituciones políticas y convicencia en sociedad, y el mundo globalizado. El objetivo es fomentar “el aprendizaje de los valores democráticos y de la participación democrática con el fin de preparar a las personas para la “ciudadanía activa” tal y como recomienda el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
Los contenidos que recoge el Real decreto del Ministerio han sido modificados por la Conselleria d’Educació en el currículum de l’ESO, pasando por el filtro ideológico del gobierno valenciano. El resultado es un currículum derechizado en el que se han suprimido o modificado las referencias “incómodas” para la iglesia y el Partido Popular: aspectos como la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos; las relaciones entre hombres y mujeres; las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales; la feminización de la pobreza, etc.
El Gobierno valenciano, no obstante, no se ha conformado con eso, sino que, para acabarlo de arreglar, introduce la obligatoriedad de impartir la asignatura en inglés y así remachar el clavo del boicot. Esta medida se ha convertido en la punta de lanza de las protestas y movilizaciones que la comunidad educativa está realizando a lo largo y ancho del País Valenciano.
En cuanto a los contenidos de la asignatura, una lectura detenida del currículo valenciano pondrá en evidencia su confesionalidad y el uso sectario que el gobierno de la Generalitat ha hecho. Por ejemplo, en el campo afectivo-sexual, desaparecen las referencias a la discriminación entre hombres y mujeres, el conocimiento del cuerpo de los otros, la valoración de la diversidad sexual, tipo de relaciones interpersonales, afectos y emociones, críticas a los prejuicios sexistas y homófobos, entre otras.

Una movilización unitaria

Para manifestar el rechazo al modelo de enseñanza de Ciudadanía en inglés y la política educativa de la Generalitat, la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública (STEPV, CCOO, UGT, FAPA, Escuela Valenciana, asociación de  estudiantes FAAVEM, las asociaciones de las direcciones de primaria y secundaria y la asociación de inspectores ADIDE-PV), convocó durante los meses de octubre y noviembre diversas concentraciones y manifestaciones en numerosas localidades valencianas en las cuales participaron miles de docentes, estudiantes y padres y madres. En los distintos actos de protesta, un clamor colectivo pidió la dimisión inmediata del Conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora. También se han realizado más de 350 encierros en los institutos de educación secundaria y en las escuelas.
La movilización educativa se ha convertido en una movilización social en contra de la enseñanza de EpC en inglés y de la política educativa del Gobierno valenciano. Asimismo, hay convocada una gran manifestación para el sábado 29 de noviembre y una jornada de huelga general a la enseñanza para el 17 de diciembre. La Plataforma no dejará las movilizaciones hasta que no se detenga esta situación y se normalice la enseñanza de la asignatura en una de las dos lenguas oficiales del País Valenciano.

El Gobierno valenciano contra el plurilingüismo

La ocurrencia del Gobierno valenciano de impartirla en inglés no es para mejorar el conocimiento de esta lengua por parte del alumnado, sino para impedir su normal desarrollo académico. De hecho, en muchas escuelas falta profesorado de inglés para impartir la asignatura en educación infantil o primaria. Todos los agentes sociales que formamos parte de la Plataforma consideramos que hace falta avanzar en un modelo educativo plurilingüe, pero no en estas condiciones. Es necesario dotar a los centros de profesorado competente, iniciar el aprendizaje de las lenguas extranjeras desde las primeras etapas educativas, reducir las ratios de las aulas, dotar los centros de medios suficientes para el ejercicio de la asignatura, respetar los proyectos lingüísticos y la autonomía de cada centro.

Todo no es Ciudadanía

Además de devolver la normalidad a los centros con respecto a la enseñanza de Ciudadanía, la Plataforma exige una negociación real para abordar los compromisos pendientes, a la par que otros aspectos urgentes, y dar una respuesta inmediata a los problemas endémicos que sufre la enseñanza. En concreto, exigimos:

La inmediata construcción de una red pública de escuelas infantiles de 0-3 años.
La creación de 300 puestos de trabajo de lengua extranjera para garantizar el aprendizaje del inglés al alumnado de 4 y 5 años.
La negociación de un nuevo mapa escolar que dé respuesta a todas las necesidades de escolarización.
La mejora de las plantillas de todos los centros públicos.
La catalogación lingüística inmediata de los puestos de trabajo de secundaria.
La distribución equilibrada del alumnado con necesidades educativas especiales, de compensación educativa y recién llegado, entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.
Las medidas para garantizar que todo el alumnado domine por igual las dos lenguas oficiales al acabar sus estudios, así como el dominio de una lengua extranjera.
El diseño, ejecución y evaluación de programas educativos para compensar las desigualdad del alumnado y para la obtención del Graduado de Educación Secundaria Obligatoria.
Las medidas para evitar el abandono escolar y para garantizar la continuidad de la alumado en los estudios postobligatorios.
El cese de las personas que ocupan puestos de trabajo accidentales de la inspección educativa que hayan sido nombrados de forma arbitraria.
La gestión democrática de los centros. Elección de las direcciones de los centros por parte de la Comunitat Educativa.
La retirada de la Orden de Educación para la Ciudadanía y la paralización de cualquier proceso administrativo iniciado contra el profesorado o las juntas directivas.
El avance hacia la gratuidad de la enseñanza.

Frente las imposiciones, la movilización

En este contexto, Francisco Camps President de la Generalitat Valenciana, ha proclamado que el Gobierno que preside está legitimado para imponer sus criterios y desarrollar la política educativa del Gobierno valenciano.
Las políticas que quiere imponer están aprobadas por su partido, en Madrid y en Valencia, pero no cuentan con el apoyo del conjunto de la comunidad educativa valenciana. La gestión diaria del Conseller Font de Mora está presidida por las imposiciones y las amenazas al trabajo del profesorado. En este sentido, Educación para la Ciudadanía se ha convertido en la punta de lanza de una larga serie de problemas del sistema educativo valenciano que exigen soluciones inmediatas.
El ataque planificado que el Conseller d’Educació está perpetrando contra el sistema educativo valenciano no es ninguna broma. Este Gobierno denigra la enseñanza pública y fomenta la enseñanza confesional y sumisa: privatizaciones, imposiciones, nombramientos a dedo, incumplimiento de leyes orgánicas y sentencias judiciales, publicación de normas sin consenso, introducción de uniformes en los centros, etc.
La problemática originada por la obstinación del consejero de imponer la enseñanza de Educación para la Ciudadanía en inglés ha permitido, de manera paradójica, que el mundo educativo reaccione para retomar la defensa de un sistema educativo público, el único que garantiza la igualdad de oportunidades y fomenta la democracia y la conciencia crítica.
Pero no es suficiente con la indignación de los diferentes actores de la comunidad educativa y de las ciudadanas y los ciudadanos. Las personas más conscientes debemos ser capaces de traducir el malestar con el desarrollo de un abanico de iniciativas imaginativas, que sean capaces de conectar con la voluntad de cambiar las cosas. Porque, con el concurso de todas y todos, estamos demostrando que en el País Valenciano otro modelo de educación es posible.
Las propuestas y las acciones más modestas que van desperdigándose por institutos y escuelas en cualquier parte del País deben conformar de manera progresiva una red sólida y extensa que permita parar el deterioro sistemático que las políticas del Partido Popular están infligiendo a los servicios públicos. Estamos convencidos de que la actitud consecuente y responsable de todas las personas implicadas y su compromiso con la escuela pública, mostrará la cara oculta del actual Gobierno de la Generalitat.